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Con el cierre de junio, la organización Espacio Público ha registrado 700 casos de violaciones a la libertad de expresión.

En su informe mensual, la ONG informó que el mes de junio cerró con 59 violaciones al derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, la mayoría periodistas con 18 y 8 medios de comunicación.

El principal victimario han sido los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.

Esto hace que la cifra de los primeros seis meses del año se eleve a 700 y que 78 de estos casos, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle.

Espacio Público informó que los funcionarios e instituciones del Estado, usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, “principalmente de carácter público, afectando directamente a periodistas y a todos los  ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real”.

Casos destacados

La ONG destaca casos como el de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales del estado Zulia para VPI y TVVenezuela, por haber sido intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, reportando sobre la escasez de gasolina en Maracaibo.

Igualmente resaltan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga al portal La Patilla de pagar 30 millones de bolívares al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, por “daño moral e injuria”.

“La sentencia contra La Patilla es una medida arbitraria en represalia por la difusión de información de interés público en Venezuela”, agregó Espacio Público, que además rechaza la sentencia “porque vulnera los derechos contemplados en la Carta Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución”.

En otros casos también destacan el aumento de los índices de inseguridad en el país y como delincuentes han afectado medios como la sede de Radio Fe y Alegria y Alegría 103.9 FM en Anaco, estado Anzoátegui.

Durante la madrugada del sábado 8 de junio, rompieron uno de los candados, destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tablet y cámara fotográfica.

Un caso similar también se dio en Mérida, cuando el lunes 4 de junio, el personal obrero de ULA Tv y ULA FM 107.7, denunciaron el robo de la estación y los ladrones se llevaron los cables de corriente, video y sonido, además de dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde se encuentra el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.

LA SALA DE CASACIÓN PENAL  del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 29 años y seis meses de prisión contra el exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo Camacho, por el homicidio de Bassil Dacosta, uno de los jóvenes asesinados durante la protesta antigobierno del 12 de febrero de 2014. 

Dacosta, quien tenía 23 años cuando lo mataron, recibió un disparo cuando huía de la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de Inteligencia y colectivos armados contra los manifestantes que marcharon ese Día de la Juventud desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público. El estudiante de Mercadeo de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas cayó en la esquina de Tracabordo de Candelaria, en el municipio Libertador del Distrito Capital, a unos 200 metros de la sede de la Fiscalía.

Perdomo Camacho, cuya defensa había interpuesto un recurso de casación calificado por los tribunales como «manifiestamente infundado», fue penado por los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía y por motivos innobles, y uso indebido de arma orgánica, previstos y sancionados en el Código Penal.

«La acción judicial presentada no cumple con los requerimientos exigidos por el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, porque al fundamentar el recurso de casación lo que en realidad se pretendió fue impugnar la decisión del juzgador de juicio (…) Los medios recursivos no pueden ser entendidos como vías jurídicas procesales para acometer contra una sentencia que resultan solo desfavorables a los intereses de las partes», indica la ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela ante la Sala de Casación Penal, según refiere la nota del TSJ.

ALTO

BARBADOS:

Hasta Rusia apoya el diálogo de Oslo. Entienden todos los actores que Maduro debe despejar el camino para que haya una transición y elecciones tendientes a lograr la paz. Preciso mejor: a evitar la guerra y la confrontación entre venezolanos. Todos entienden ya lo difícil que es llegar a ese objetivo cuando los demócratas tienen que lidiar con la violencia de los grupos armados -civiles y militares- empoderados desde el mismísimo Palacio de Miraflores. Los puntos para poder entenderse pasan por unas elecciones libres, justas y con observación internacional. Antes por el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral sin las vestales rojas rojitas. Uno de consenso e imparcialidad. Uno en el que el país crea pues la voluntad de participar en elecciones con esas dos premisas aumenta sustancialmente la concurrencia a las urnas electorales. Sin Maduro en el poder es indispensable. Voceros internos aseguran que él no participaría luego como candidato. ¿Las opciones del PSUV se dilucidarán entre Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez? Esta concurrencia Barbados tiene una cierta presión del sector militar que no quiere una guerra fratricida ni una invasión pero que esta consciente de la gravedad de la crisis humanitaria y en todos los órdenes. Tengo entendido -por un runrún que me llega de Ginebra- que la Alta Comisionada le habría dicho a Nicolás que para solucionar la crisis tenía que llamar a un proceso electoral presidencial cuanto antes y con otro CNE. ¿En remojo las barbas? Veremos…

¿CON PREMEDITACIÓN?:

En esta columna del pasado 20 de febrero de 2019 publiqué este segmento que copio a continuación:
“¿Y ESE NOMBRE MI GENERAL?: Con suficiente autoridad para abrir el SAIME en horas nocturnas un General de División, de los mas cercanos al altísimo gobierno, pidió le emitieran nuevos pasaportes para él y su familia ante la emergencia de la situación nacional. La operación habría pasado inadvertida sino fuera que el militar solicitó que le pusieran otros nombres y apellidos en los documentos. Eso prendió las alarmas rojas rojitas. Confrontado por su superior alegó que le era necesario no dejar pistas si tuviera que salir de emergencia. Sin embargo esta en la mira y preocupa mucho a sus pares civiles y de uniforme. Tienen que confiar en él a juro me dice la fuente…”. Fin de la cita. La misma respuesta se la habría dado a un subalterno que le reclamó por que no lo advertía a él, persona de su confianza, si la situación del gobierno era tan delicada como para sacar documentos bajo otra identidad. El militar sigue en su alto cargo. Y sigue siendo de la mas absoluta confianza de Miraflores.¿Temor a mas sanciones (que ya tiene suficientes) o a la Corte Penal Internacional? Y, por si acaso, no es ministro de ninguna cartera…

GALIMATIAS ROJOS VS BACHELET:

La magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Carmen Zuleta de Merchán, aseguró que el reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, victimiza a las mujeres del país, quienes optan por prostituirse y no son forzadas a hacerlo en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude a la nación: “El Informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado… las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas”, señaló la magistrada en un tuit publicado el sábado, 6 de julio.

La periodista Lorena Meléndez de Runrun.es analiza tal premisa de la magistrada (por cierto varias veces se dijo que estuvo tentada a saltar la talanquera desde cuando Chávez) y demuestra que en el documento de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU se indicó que algunas venezolanas se han visto obligadas a intercambiar sexo por alimentos o para tener “privilegios” dentro de las cárceles del país. “Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, señala el informe en el apartado del “Derecho a la alimentación”.

Más adelante, en la sección referida a “Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”, se explicó que el centro de detención del SEBIN Helicoide no estaba adaptado “para cumplir los estándares específicos de género”, conclusión a la que llegó tras entrevistar a varias mujeres que habían estado detenidas en el lugar, quienes informaron que habían sido recluidas en la única celda femenina, que está superpoblada y es vigilada principalmente por hombres. “Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por ‘privilegios’ y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas”, reza el documento. Merchán, quien fue coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, reafirmó su tuit con varias respuestas posteriores a su publicación. “Veo con estupor que haya venezolan@s que acepten denigrar del genero y del gentilicio heroico aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable q la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia”, dijo en otro comentario.

Las opiniones de la magistrada generaron respuestas de organizaciones como Avesa, ONG especializada en derechos sexuales, reproductivos y de las mujeres. “Si tuviera un ápice de información feminista, sabría que la prostitución es uno de los grandes triunfos del patriarcado y el capital sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. No tiene que ver con la moral ni la dignidad”, publicó Avesa como contestación al tuit. De acuerdo con la web Poderopedia, la magistrada fue sancionada el 30 de marzo de 2018 “por el gobierno de Panamá al ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. ¿Y entonces?…

DOS FUNCIONARIOS DE POLITÁCHIRA FUERON detenidos tras causar heridas a un joven de 16 años en el rostro dejándolo ciego y por «accionar sus armas de fuego» contra otras cuatro personas que participaron en una protesta el lunes para exigir gas doméstico.

En un comunicado publicado este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre la detención de Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, quienes fueron imputados por «los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en perjuicio» del joven Rufo Chacón, de 16 años.

También fueron imputados por «trato cruel y uso indebido de arma orgánica» contra los jóvenes Jefferson García y Adrián Chacón y los adultos Erika Suárez y Gabriel García.

Las víctimas participaban en una protesta el lunes en la comunidad de Táriba del estado Táchira para exigir el servicio de gas doméstico y Rufo Chacón recibió «múltiples heridas» en el rostro que le ocasionaron «la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares».

En el hecho, también fueron perjudicadas las otras cuatro personas, aunque el tribunal no detalla el tipo de lesiones.

La Fiscalía, sin embargo, señaló en otro texto que el joven Adrián Chacón presentó «un traumatismo craneal leve».

Lo sucedido con Rufo Chacón ha conmocionado a parte de la sociedad venezolana y la oposición ha expresado su contundente rechazo.

«No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos. No nos acostumbramos (…) ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra», dijo en Twitter el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, el pasado lunes.

En el comunicado, el TSJ insta también «a resguardar los intereses del adolescente» al pedir abstención para «realizar publicaciones sobre el rostro».

JOSÉ GUERRA Y TOMÁS GUANIPA han sido inhabilitados como parlamentarios. Guerra es un eminente economista. Fue una decisión del Tribunal Supremo de (In)Justicia que preside Maikel Moreno en Venezuela. Moreno, antes de hacerse abogado era policía de la Disip y fue guardaespaldas del presidente Carlos Andrés Pérez. 

El plan de Maduro es bastante obvio y fue perfilado por sus asesores cubanos en diciembre de 2015 cuando la oposición obtuvo dos tercios de los diputados, porcentaje que le permitía cambiar a los magistrados venales al servicio del oficialismo. 

Maduro, a partir de 2016, asustado, decidió gobernar por medio del obediente Poder Judicial y, en consecuencia, eliminó a tres diputados indígenas de la Amazonía mediante un pretexto baladí. Esos tres diputados hacían la mayoría calificada que la oposición necesitaba para adecentar el Poder Judicial. No pudieron o quisieron sostenerlos. El TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional hasta que cedió y los diputados admitieron la primera poda.

En el verano de 2017 Maduro, siempre bajo instrucciones de los cubanos, creó otro cuerpo deliberativo llamado la asamblea nacional constituyente. El objeto era promulgar una nueva Constitución sin recovecos liberales. A principios de 2018 los chavistas se retiraron de la Asamblea Nacional con el pretexto de una violación del reglamento. Siguió, entonces, el desafuero de los diputados demócratas. Había comenzado cuando eliminaron a los tres diputados de marras. Ya son una veintena. Cuando haya menos parlamentarios demócratas que chavistas, Maduro probablemente hará regresar a sus huestes a la AN con el objeto de maniatarla, callarla o disolverla definitivamente. 

A partir de ese punto gobernará con una nueva Constitución calcada del modelo cubano, que a su vez sigue de cerca la que Stalin hizo promulgar en 1935. Allí se dirá, como en la carta magna de la isla, que cualquier regla o legislación estará subordinada al modelo “socialista” y a las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Cuba confía en que, con el tiempo, cambiará el panorama internacional adverso que hoy predomina, y Venezuela, como le sucedió a la isla, deje de ser una anomalía y todos se acostumbren a la presencia de un narcoestado corrupto del que haya escapado 20% o 25% de la población. Ya lo ha hecho 15%.

La oposición, hoy mayoritariamente dirigida por Guaidó, aunque cuenta con 85% de apoyo popular, tiene poco margen de maniobra. De nada le vale pedir una intervención militar o humanitaria si previamente no está pactada. Su mejor baza es pedirle ayuda a Estados Unidos –como sugiere el experto nicaragüense Humberto Belli– para iniciar la lucha armada con el concurso de los más de mil militares exiliados en Colombia. Al fin y al cabo, Venezuela cuenta con tres importantes fronteras terrestres: Colombia, Brasil y Guyana, y una frontera marítima asomada al Caribe en la que hay islas holandesas y británicas. 

Ante la negativa de Maduro a someterse a unas elecciones realmente libres y transparentes, el presidente Guaidó, invocando el artículo 350 de la Constitución vigente, puede reclamar el derecho a la beligerancia y terminar con la fantasía de unas elecciones libres y transparentes. Y si Washington fue capaz de crearle a Guaidó el respaldo diplomático de casi sesenta países, muy bien puede darle el espaldarazo para que los propios venezolanos conquisten con las armas el destino democrático y libre que les niegan La Habana y Maduro.

En todo caso, es suicida que los latinoamericanos se crucen de brazos ante la inmensa tragedia de los venezolanos. Ya han escapado del país más de 4 millones de personas y es muy posible que se desate una hambruna que mate a otros tantos. Maduro y sus cómplices no van a entregar la autoridad solo porque la sociedad lo demande. Fidel se lo dijo a Chávez repetidas veces: “El poder político jamás se entrega por las buenas, muchacho”. Hay que conquistarlo a cañonazos. 

El último libro de CAM es una revisión de Las raíces torcidas de América Latina, publicada por Planeta y accesible en papel o digital por Amazon.

@CarlosAMontaner

El Nacional 

EL TRIBUNAL DE CONTROL DE Caracas ordenó mantener detenidos de forma preventiva y el pase a juicio de Roberto Marrero y Juan Antonio Planchart, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.

Luego de la celebración de la audiencia preliminar el lunes 17 de junio, el tribunal de la causa admitió la acusación fiscal por todos esos delitos y ordenó que se celebre el juicio oral y público en contra de estos ciudadanos.

También admitió la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso de Marrero por ocultamiento de arma de guerra y explosivo, y para Planchart el delito de financiamiento al terrorismo.

Asimismo, ordenó mantener las medidas de bloqueo e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar y gravar bienes.

El dictamen de ambos detenidos estableció como sitio de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Roberto Marrero fue detenido en su residencia tras un allanamiento realizado por funcionarios del Sebin en marzo, acusado de liderar una célula terrorista que planeaba atentados en el país.

Juan Antonio Planchart, por su parte, fue detenido tres días después, por denuncias de haber formado parte como financista de un plan para importar sicarios al país con el fin de generar desestabilización.

El diputado de la Asamblea Nacional Richard Blanco huyó hacia Colombia luego de ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro de estar involucrado en los sucesos del 30 de abril, que califican como un “golpe de Estado”.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado informó que salió del país a través de una trocha, como se conoce a los pasos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solo no podemos y mi compromiso es con Venezuela”, fue el mensaje que escribió Blanco.

Además, indicó que su actividad a partir de ahora será “contarle al mundo la tragedia y la urgencia de activar la intervención humanitaria para rescatar a nuestro país de la narcotiranía”.

El parlamentario también señaló que es tiempo de “cero diálogo”, porque “hay que tener dignidad y no convivir con quienes le hacen daño a la patria”. Esta posición es similar a la de la plataforma Soy Venezuela, que en días pasados solicitó al mandatario encargado, Juan Guaidó, cerrar de manera definitiva las negociaciones en Noruega.

El diputado se encontraba en condición de refugiado dentro de la Embajada de Argentina en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su pase a juicio por siete presuntos delitos, incluidos cargos por traición a la patria y conspiración.

Además, el parlamentario explicó que su decisión correspondió a la necesidad de no “dejarse agarrar por los cuerpos de seguridad, que por los antecedentes de las violaciones de derechos humanos y horrendos crímenes cometidos a personas secuestradas por el régimen, hace natural que ante esta situación cualquier persona busque protección”.

Hasta la fecha, 17 diputados de la AN han sido señalados e involucrados por el TSJ y el Ministerio Público por los sucesos del 30 de abril, cuando un grupo de militares apoyado por Guaidó desconoció al régimen de Maduro.

A este grupo se le ha “revocado” su inmunidad parlamentaria por parte de la asamblea constituyente, en un procedimiento que contraviene lo establecido en la Constitución. Solo el diputado Edgar Zambrano está detenido en una prisión militar en Fuerte Tiuna, el principal regimiento militar del país.

Tres parlamentarios se encuentran en sedes diplomáticas de otros países, cuatro están exiliados, tres formalmente se declararon en resguardo y el resto siguen asistiendo a sus funciones como diputados bajo perfil.

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), José Guerra, aseguró que la medida del TSJ, afecto a Maduro, de solicitar el allanamiento tanto de su inmunidad parlamentaria como la del también parlamentario, Tomás Guanipa, solo es un acto más de desespero”.

Guerra dijo que con este tipo de acciones, el régimen de Nicolás Maduro solo pretende que la dirigencia opositora se desmoralice y se aparte de la ruta que trazada para lograr un cambio de rumbo en el país.

“La decisión del TSJ de allanar la inmunidad parlamentaria a Tomás Guanipa y a mi es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y solo le queda el arma de la represión”, dijo.

El diputado invitó a todos los venezolanos a no decaer y a continuar en la lucha. Está seguro que pronto se logrará un cambio que permita dar solución a la crisis económica, política y social que vive el país.

“Tenemos que seguir la lucha y no podemos desmayar en este momento, en estas horas decisivas para el país. Ellos quieren eso, que nos desconcentremos, que nos desmoralicemos, que no sigamos, que paremos, pero no. Vamos a seguir ahora con más fuerza. Vamos a seguir en la lucha y vamos a vencer”,afirmó.

La decisión del TSJ se conoció de manera extraoficial la tarde de este 12 de junio. El dirigente opositor Julio Borges reveló la noticia a través de su cuenta Twitter. Aún se espera el pronunciamiento oficial del TSJ.

Arrecia la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra nuestros diputados, ahora el TSJ ordena allanar la inmunidad de @JoseAGuerra y @TomasGuanipa.

Toda nuestra solidaridad con ellos, los colaboradores de Maduro pagarán por todos sus crímenes e injusticias.

— Julio Borges (@JulioBorges) June 12, 2019