La justicia nunca ha estado de lado de ellos. Les ha dado la espalda aunque hicieron carrera apegada a ese valor con uniforme y placa de policía. Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años no ha sido demostrada. Aún así, siguen pagando condenas sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. Para ellos es un derecho negado. Son nueve hombres, los primeros presos políticos del Gobierno que enfrentaron el juicio más largo del país y ahora luchan contra un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.
Todos los recursos legales han sido empleados por sus defensores. Theresly Malavé es una de las abogadas que lleva sus casos. Ella ya perdió la facultad de sorprenderse.Vivir la injusticia tan cerca así lo ha determinado. Para ninguno de estos ex funcionarios ha sido posible apelar al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece en la ejecución de sentencia el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena.
El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina, el sargento Julio Rodríguez, y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 por la jueza Marjorie Calderón. Han pasado 14 años y ya debían gozar “no de un beneficio, sino de formas distintas de cumplir la pena verificando conducta del detenido con exámenes psicosociales y de buena conducta realizada por evaluaciones de equipos multidisciplinarios”.
Cinco veces han sido sometidos a pruebas de ese tipo. María Bolívar recuerda muy bien la que se le hizo a su sobrino, Erasmo Bolívar hace dos años. Fue después de una visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. “Ella prácticamente les dijo que ya habían cumplido su condena. Después yo fui a tribunales en Maracay, donde está la causa de ellos, y me dijeron que nada de eso iba a progresar porque faltaba una orden del alto Gobierno”.
Malavé lo explica: Con 1/4 de la pena pueden optar por el destacamento de trabajo, que consiste en salir a diario a cumplir funciones de empleado en alguna empresa y regresar a su centro de reclusión; con 1/3 les corresponde el régimen abierto en el que se le permite vivir en una casa alejada del lugar de los hechos; con 2/3 a libertad condicional con régimen de presentación en tribunales; y con 3/4 al confinamiento por trabajo y estudio.
Laura Molina lleva muy bien las cuentas relacionadas con el caso de su esposo, el subcomisario Marcos Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses. El 15 de junio de 2007 se le venció el destacamento de trabajo, el 5 de noviembre de 2008 el régimen abierto, el 25 de junio de 2014 la libertad condicional, y el 15 de octubre de 2015 el confinamiento. “Tiene más casi dos años en la cárcel de gratis”. Los cálculos del cabo primero Arube Pérez, son similares, la diferencia la marca un año y dos meses — su sentencia fue de 17 años y 11 meses — y le correspondía el destacamento de trabajo el 30 de septiembre de 2007, el régimen abierto el 25 de marzo de 2009, la libertad condicional el 5 de marzo de 2015, y el confinamiento el 30 de junio de 2016.
A Bolívar, Rovaín, Molina y Rodríguez se les han vencido dos fórmulas: Destacamento de trabajo el 15 de octubre de 2010, y régimen abierto el 15 de abril de 2013. Mientras que los comisarios Forero y Vivas han debido reinsertarse al campo laboral el 3 de junio de 2012 y vivir en una residencia asignada desde el 3 de de diciembre de 2014. Simonovis también tiene las mismas dos medidas vencidas: la primera el 22 de mayo de 2012 y la segunda el 22 de noviembre de 2014.
Solo algunas medidas humanitarias se han dado. Pero no han sido suficientes. Rodríguez, Forero y Vivas la recibieron en 2011, y Simonovis en septiembre de 2014. Todos por razones de salud están en sus casas. Pero podrían volver junto a los otros seis ex Policías Metropolitanos, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, si se determina que sus patologías han mejorado.
EL JUEGO DE LOS JUECES
Los familiares de los presos por los hechos del 11 de abril de 2002 ya perdieron la cuenta de la cantidad de jueces que han llevado el caso de los funcionarios. Pero hay uno en particular que recuerdan: Doménico Di Gregorio Rossi, quien fue destituido por el Gobierno como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.
