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Táchira

#MonitordeVíctimasTáchira | 22 homicidios ocurrieron en el estado durante el primer trimestre de 2022
El mayor número de muertos (9) se registró en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, que limitan con el departamento Norte de Santander, Colombia, donde convergen grupos irregulares, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la megabanda el Tren de Aragua

@anggyp

 

Un total de 22 personas fueron víctimas de homicidio en el estado Táchira, durante el primer trimestre del año 2022. En el grupo 2 eran mujeres y 20, hombres.

Los hechos de violencia ocurrieron en 10 de los 29 municipios de la entidad. El mayor número de homicidios se concentró en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, ambos en zona de frontera, con un total de 9 muertos. En gran parte de los casos documentados, estos fueron ejecutados con armas de fuego.

Los municipios Bolívar y Pedro María Ureña son zonas porosas que limitan con el departamento Norte de Santander, Colombia, donde convergen diversos grupos irregulares, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que posee el control del territorio del lado venezolano. En este territorio, apetecido por negocios oscuros, está intentando incursionar la megabanda el Tren de Aragua, a cuyo grupo el gobierno regional del Táchira le ha declarado una guerra.

Esta mega banda, que opera con más frecuencia del lado colombiano de la frontera, también se disputa el control de las trochas fronterizas con el ELN, lo que deja una estela sangrienta en los pasos irregulares de ambas jurisdicciones.

El pasado 26 de enero de 2022, funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta fueron alertados de la presencia de tres cadáveres a la altura de la trocha La Isla, un camino irregular entre el barrio cucuteño Viejo Escobal, en Colombia, y el municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira.

Al parecer, los hombres fueron asesinados presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).  Dos de las víctimas del triple homicidio en la trocha La Isla fueron identificadas: Nicolás Antonio Machado Seijas, mirandino de 54 años de edad, y Rodolfo Llanos Holanda, de nacionalidad colombiana.

Las autoridades de Colombia indicaron que los cadáveres quedaron en territorio venezolano. No es la primera vez que en la zona fronteriza, las funerarias realizan levantamientos de carácter humanitarios, junto a autoridades del vecino país.

Durante el mes de febrero de 2022, se registró la muerte de un hombre señalado de pertenecer al ELN en una clínica de San Cristóbal, tras haber sido ingresado desde un conflicto armado en el corregimiento de Aguaclara, Norte de Santander. Su cuerpo fue registrado y retirado de la morgue del Hospital Central de la capital del Táchira, según confirmó Monitor de Víctimas en el lugar, pero hasta la fecha ninguna autoridad se pronunció sobre el particular. 

En el segundo mes del año, Monitor de Víctimas registró el asesinato del profesor de Historia y Geografía Miguel Ángel Guada, de 36 años de edad, que tenía discapacidad motora y lingüística. Su cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición en el municipio Independencia, vía a Rubio, el pasado 16 de febrero. El victimario le produjo la muerte tras propinarle un golpe en el estómago que le ocasionó una hemorragia, indicó su hermana al Monitor de Víctimas. Su familia lo había reportado como desaparecido el 9 de febrero.

En marzo se registró un femicidio 

Mientras que en los primeros días del mes de marzo, falleció Fanny Cecilia Contreras Urbina, de 47 años de edad, luego de resultar herida el pasado 26 de febrero, cuando su esposo, Luis Omar Patiño, sacó un arma de fuego y les disparó a ella y a la hija de ambos, Fanny Cecilia Patiño Contreras, de 29 años.

La víctima de femicidio permaneció durante más de una semana recluida en el Hospital Central de San Cristóbal, pero no resistió, ya que el disparo le afectó órganos vitales. 

Este caso deja al descubierto otro hecho de femicidio e incesto en la región andina. En el año 2021, se registraron en la frontera del Táchira un caso de incesto comprobado y siete femicidios. Las autoridades policiales informaron recientemente que las denuncias sobre violencia de género son constantes y  están entre los principales delitos en la región.

#MonitorDeVíctimasTáchira | Otros dos muertos en presunto enfrentamiento en la frontera
En una trocha que comunica Venezuela con Colombia, dos hombres murieron en un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la PNB

@anggyp / Foto: Cortesía

En la primera semana de abril se suman otras dos muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas. Esta vez fue en la trocha Centeno, entre Táchira y Norte de Santander.

Trascendió que comisiones mixtas de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) realizaban investigaciones de campo en el paso irregular fronterizo ubicado en San Antonio, municipio Bolívar, en la madrugada del viernes 8 de abril, cuando se produjo el supuesto enfrentamiento.

Fuentes policiales indicaron que los hombres portaban armas de fuego y efectuaron varios disparos a la comisión; además, aseguraron que habían detonado un artefacto explosivo.

Los hombres habrían resultado heridos y fallecieron luego de ser ingresados al hospital de San Antonio.

Solo uno de los occisos fue identificado. Era venezolano y respondía al nombre de Edward Daniel Betancourt Prasca, de 34 años de edad.

Las autoridades regionales señalaron a los fallecidos como presuntos miembros del Tren de Aragua. Hasta el momento de publicación de esta nota no se había acercado algún allegado o familiar a la morgue a reclamar los cadáveres.

Con estos dos, sumarían un total de cuatro personas muertas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas en las últimas semanas.

#MonitorDeVíctimasTáchira | Murió conductor de Expresos Mérida herido en un atraco en Anzoátegui
En un viaje que suele durar 18 horas, Álvaro José Chacón se tomó 33, debido a las retenciones en puntos de control. Esto le obligó a transitar de madrugada por la carretera del estado Anzoátegui donde el autobús fue asaltado

@anggyp / Foto: Cortesía

Un conductor de Expresos Mérida que fue herido de un tiro por asaltantes de carretera en Puerto La Cruz, murió el pasado 6 de abril en el Hospital Fundahosta, en el estado Táchira.

La víctima, Álvaro José Chacón Ramírez, de 37 años de edad, fue herido de un tiro en la ingle, en suceso ocurrido el domingo 20 de marzo, cuando el expreso que conducía con 50 pasajeros desde San Cristóbal, estado Táchira, fue abordado por un grupo de personas armadas a la altura de Puente Gómez, en el sector El Viñedo, a pocos metros del peaje Los Potocos, Troncal 9, en Barcelona.

De acuerdo con el relato de Álvaro a sus seres queridos, en la vía se consiguió una barricada de palos, a las 3:00 de la madrugada. Él frenó porque no vio a nadie alrededor y comenzó a retroceder. Fue en ese momento cuando aparecieron cerca de 10 asaltantes lanzando piedras.

De ahí lo condujeron hacia el monte, relató la esposa del chofer. “Él suplicaba que no lo mataran, que él tenía hijos y familia”, contó. Robaron a todos los pasajeros dinero, mercancía, teléfonos y equipajes.

Sin embargo, uno de los asaltantes armados, molesto porque no pudo atracar a otro carrito particular, le dio un tiro a Álvaro. Él no perdió el conocimiento y salió del monte y se arrastró por la carretera. Pidió ayuda a un vehículo particular, pero casi lo arrolla en la vía. Finalmente, vio un gandolero, se le atravesó y le hizo señas con la correa del pantalón, y este lo llevó al peaje cercano.

“Él dijo que en el peaje lo tuvieron una hora y media esperando, porque no había ambulancia”, añadió. Finalmente, fue atendido por médicos en un hospital de Barcelona y, posteriormente, trasladado a Táchira.

El tormento de las alcabalas

Compañeros de trabajo del conductor denunciaron, mientras esperaban en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, que los funcionarios de los puntos de control tienen gran parte de culpa por lo que le sucedió a Álvaro.

El bus que conducía Chacón Ramírez partió de San Cristóbal a las 6:00 de la tarde del viernes 18 de marzo, pero en cada alcabala era detenido entre 4 y 5 horas. Tan solo en el punto de control de Vega de Aza, en Táchira, lo retrasaron 5 horas militares que buscaban quitarles lo que llevaban los pasajeros, indicaron los compañeros de trabajo del chofer. Este fue el motivo por el cual el conductor y los pasajeros se desplazaban por la peligrosa carretera 33 horas después y de madrugada.

“En cada alcabala hacen bajar a toda la gente y duran 3, 4 y 5 horas. Un viaje de 18 horas que se prolongó casi 36 horas por culpa del hambre y la ‘lambuceadera’ de los militares. Es el abuso y el maltrato al usuario del transporte y a los choferes”, describió un compañero que prefirió no identificarse.

Aseguraron que, de no haber sufrido esos retrasos, Álvaro José no hubiera llegado de madrugada a esa peligrosa carretera y hoy estuviera vivo.

“Eso no tiene otro nombre, sino la decadencia de la Guardia Nacional”, señaló.

Fallas eléctricas causan 6 de cada 10 caídas de conectividad a Internet en Venezuela
De acuerdo al informe de VE Sin Filtro, Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de la región y una de las más lentas del mundo

La organización VE Sin Filtro publicó un informe en el que aseguró que durante 2021 se reportaron 50 incidentes vinculados a problemas de conectividad a internet. 

«Las fallas eléctricas son causa de desconexión en todo el país, en especial en los estados andinos y en Táchira de manera muy particular», reiteró el informe.

VE Sin Filtro realizó un monitoreo al desempeño de seis empresas de internet: la estatal CANTV y las operadoras privadas Inter, Movistar, Digitel, NetUno y Supercable.

Según el informe, este monitoreo permitió identificar incidentes en los que se presenta un decaimiento de los valores usuales de conectividad a nivel nacional y regional.

Durante 2021, VE Sin Filtro reportó 47 incidentes de caída de conectividad a Internet, siendo febrero el mes con mayor número de casos con un total de 9 incidentes reportados.

Los 47 incidentes de caída de conectividad a nivel nacional tuvieron efecto en uno o más estados de forma simultánea.

Los incidentes de 2021, evaluados por su impacto en todo el país, significaron 454 eventos regionales. 32 de estos eventos afectaron al estado Táchira, mientras que los estados Mérida, Aragua y Distrito Capital presentaron 26 eventos cada uno, el estado Guárico 25 eventos, el resto de los estados se vieron afectados por entre dos y 24 eventos.

Táchira, estado con mayor cantidad de eventos críticos

La organización señaló que el decaimiento de los niveles de conectividad en comparación a los niveles usuales se categorizó según su magnitud, identificando eventos críticos, serios y leves. 

Táchira es el estado con mayor número de eventos críticos con un total de 12, también tiene el mayor número de eventos serios que fueron 16 y leves cuatro.

Le siguen Mérida con nueve críticos, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Trujillo y Aragua con siete eventos críticos cada uno. El resto de los estados presentaron entre 6 y 2 eventos críticos.

«La mayoría de los eventos fueron serios con un total de 166, siguen los leves con 156 eventos y los críticos tiene un total de 132 eventos a nivel nacional», aseguró el informe.

60% de las fallas fueron causadas por fallas eléctricas

VE Sin Filtro explicó que estas fallas se han originado por diferentes factores, entre ellos destacan las fallas eléctricas.

Del total de incidentes identificados en 2021, 60% fueron ocasionados por fallas eléctricas.

A nivel regional ocurrieron 293 eventos, Táchira es el estado con mayor número de eventos a causa de fallas eléctricas con un total de 23.

Le sigue Miranda con 18 y Carabobo, Mérida y Trujillo con 17. Los demás estados presentaron entre 16 y dos eventos durante el año.

Uno de los incidentes reportados por fallas eléctricas ocurrió el 14 de febrero.

Un apagón ocasionó el descenso de los niveles de conectividad en 23 estados durante 19 horas y 20 minutos, el incidente inició a las 12:50 am.

A nivel nacional el porcentaje más bajo registrado fue de 37% con respecto a los niveles normales.

«Esta caída de conectividad califica como crítica y los 23 eventos también presentaron un nivel de conectividad entre 0% y 50% en comparación a los niveles normales», aseguró VE Sin Filtro.

A finales de 2021, el 17 de diciembre, ocurrió un corte del servicio eléctrico a nivel nacional del que oficialmente se dijo que había sido un “ataque al sistema eléctrico”.

20 estados del país quedaron sin luz. Los más afectados fueron Cojedes, Mérida, Barinas, Táchira y Portuguesa con niveles de conectividad de entre 5% y 11%, a partir de las 1:00 am y con una duración de 8 horas. Nacionalmente los niveles de conectividad llegaron a 26%.

13 días y dos horas de incidentes  

Con respecto a la duración de los incidentes totales presentados dentro del territorio nacional, fue de 13 días y dos horas en total.

Regionalmente, se pudo identificar que el estado Táchira, de nuevo, es el estado con mayor tiempo de fallas de conectividad con nueve días, ocho horas y 20 minutos.

Le sigue Mérida con seis días y 22 horas, de tercer lugar el estado Trujillo con seis días, 19 horas y 50 minutos.

Los estados con mayor tiempo de afectación de fallas de conectividad son de la región andina. Mientras que los demás estados se vieron afectados dentro de un rango de duración de entre 13 horas y seis días.

15,8% de la población no tiene servicio de internet

El informe señaló que al menos 15,8% de la población no cuenta con servicio de internet. Dentro de este porcentaje no se incluyen las personas que están suscritas al servicio, pero éste se encuentra inactivo.

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en febrero de 2021, solo 34,2% de la población tenía servicio de internet fijo, mientras que 73% contaba con el servicio de Internet móvil.

En febrero de 2022 la misma organización reportó una variación, ubicando el Internet fijo en 36.1% y el Internet móvil en 83,7%.

Según DataReportal en su reporte digital anual, para enero de 2021 habían 20,57 millones de usuarios de Internet en Venezuela, y para enero de 2022 habían 20,87 millones de usuarios.

«Estas cifras representan alrededor de 72,3% y un 73,4% de la población venezolana», afirmó VE Sin Filtro.

Con respecto a la distribución de los usuarios, el reporte de Conatel correspondiente al último trimestre del año 2020 evidencia un precario y desigual acceso a Internet en el país, lo que significa también una vulneración a los derechos humanos (asociación, salud, identidad, información, educación, entre otros) de la población.

Los 10 estados con menor acceso a internet son: Amazonas, Apure, Sucre, Delta Amacuro, Guárico, Falcón, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Portuguesa.

Segunda conexión a internet más lenta de la región

De acuerdo con el informe de VE Sin Filtro, Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de la región y una de las más lentas del mundo.

«Esto ocurre a pesar del aumento en la velocidad de conexión por la oferta de nuevos servicios de internet a un precio “premium” en algunos mercados», reiteró la organización.

La velocidad de la conexión a internet, junto con otros factores de desempeño, determinan si ciertos usos de internet son viables.

«Una conexión lenta o inestable seriamente limita el ejercicio del derecho al trabajo, educación, comunicación y expresión al hacer imposible que se pueda colaborar, compartir contenidos, interactuar en tiempo real, entre otros usos», explicó el informe.

Cepaz: En febrero nueve niños quedaron huérfanos tras femicidios de sus madres
Los estados con mayor ocurrencia de casos fueron Carabobo con 14,3%; Distrito Capital también con 14,3%;  Miranda con otro 14,3% y Táchira con el mismo porcentaje de casos

 

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró que nueve niños quedaron huérfanos en Venezuela en el mes de febrero, producto de 21 femicidios consumados. 

Según Cepaz, uno de los niños presenció el femicidio de su madre, mientras que, en promedio, hubo una acción femicida cada 28 horas en el país.

El Observatorio señala que los estados con mayor ocurrencia de casos fueron Carabobo con 14,3%; Distrito Capital también con 14,3%;  Miranda con otro 14,3% y Táchira con el mismo porcentaje de casos.

En enero de 2022, Cepaz registró que siete menores quedaron huérfanos y que ocurrieron 21 femicidios consumados y 6 femicidios frustrados.

Sobre las víctimas de femicidio, Cepaz indicó que todas eran de nacionalidad venezolana. El 19% era menor de 15 años. El 23,8% estaba entre 19 y 30 años. El 9.6% tenía edades comprendidas entre 76 y 84 años. Una de las víctimas de femicidio estaba embarazada.

Contexto femicida

Sobre la acción dirigida a causar la muerte violenta, Cepaz registró que en 23.8% de los casos, las víctimas fueron baleadas; en un 23.8% fueron acuchilladas y en un 14.3% golpeadas.

En el  9.5% de los casos se trató de femicidios en el contexto de delincuencia organizada; hubo  19% femicidios íntimos; 14.3% femicidios sexuales y otro 14,3% femicidios familiares.

Respecto a la relación entre víctima y agresor, en el 19% de los casos,  el victimario estuvo dentro del marco de la misma familia (padres, padrastros, hermanos, hijos, hijastros, primos).

Mientras que en el 9% de los casos el agresor no mantuvo vínculo o relación alguna con la víctima y en otro 19% se registró que la relación afectiva entre víctima y agresor estaba constituida por vínculos de parejas y exparejas, con o sin convivencia bajo el mismo techo.

Con relación a  la aparente motivación de los hechos, en el 4,8% de los casos el femicidio estuvo precedido de una escena de celos o alegatos de infidelidad íntima. En un 4,8% medió como motivación la venganza de organizaciones criminales y en otro 14,3% la agresión sexual.

Violencia fuera de las fronteras

También, en el mes de febrero, hubo 6 muertes violentas de venezolanas en el exterior. No hubo femicidios en grado de frustración

En promedio, cada 6 días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana en el exterior.

El 33.3% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en Colombia. Otro 33,3% ocurrió en Chile. Las edades registradas de las víctimas no reportaron un patrón significativo, ya que el rango fue muy abierto.

«El 66.7% de los agresores eran venezolanos; el 16.7% eran de nacionalidad extranjera y en el 16.7% no se estableció. En el 50% de los casos los agresores están en fuga», señaló Cepaz.

#RíoTáchiraEnvenenado: una cuenca binacional que agoniza en silencio en Colombia
El río Táchira ha sido testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Los enormes problemas de este sector de la frontera colombo-venezolana han invisibilizado su crítica situación ambiental
Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río Táchira mientras se enfrenta a otros fenómenos que agravan su situación en el lado colombiano: minería de material de arrastre, deforestación en su ribera y acaparamiento ilegal de agua

Por: René Mora

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Opinión de Cúcuta, Colombia

 

Cada vez que el río Táchira, fronterizo entre Colombia y Venezuela, es protagonista a nivel mundial no lo es por las afectaciones ambientales que padece sino por eventos políticos, comerciales y hasta de seguridad. Los roces diplomáticos entre ambos países, la presencia de bandas criminales, el contrabando de hidrocarburos y el constante flujo de migrantes por el cierre de los pasos fronterizos entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, han hecho que los daños ecológicos pasen desapercibidos.

El río Táchira es recordado por el concierto Paz Sin Fronteras, en marzo de 2008, cuando el cantante colombiano Juanes invitó a un grupo de artistas para apaciguar las tensas relaciones entre los gobiernos de Álvaro Uribe (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela) y así estrechar los lazos de hermandad. Sin embargo, en ese momento nadie advirtió el bajo caudal del río y no hubo reparo para que su lecho sirviera de palco para cerca de 400 000 espectadores que disfrutaban del espectáculo sobre la tarima instalada en el puente Simón Bolívar, que une a la población colombiana de La Parada con la localidad venezolana de San Antonio.

Hoy, los niveles del río Táchira siguen siendo mínimos casi todo el tiempo e incluso es posible cruzarlo a pie, sin obstáculos, solo con el temor que infunden los ilegales que controlan las trochas en esa zona de frontera, donde el contrabando es el rey y el río no es más que un escollo que hay que sortear para seguir robusteciendo las finanzas de los grupos al margen de la ley.

Cuando el caudal baja considerablemente, sobre el lecho del río apenas se vislumbran hilos de agua o se forman especies de pozos que se mezclan con las aguas servidas de las diferentes poblaciones que se asientan a su alrededor, desde su nacimiento en la cima del cerro Las Banderas, a 3368 metros sobre el nivel del mar, en el fronterizo Parque Nacional El Tamá (Venezuela), hasta su desembocadura en el río Pamplonita, en la ciudad colombiana de Cúcuta, capital de Norte de Santander. En esta ciudad es donde más se percibe la escasez del recurso ya que tiene casi un millón habitantes y concentra actividades relacionadas con las industrias mineras (carbón) y materiales de construcción (arcilla), además de ganadería, piscicultura y avicultura.

Sin embargo, durante las temporadas de lluvia el río es visto con respeto por su volumen y fuerte corriente que, en ocasiones, inunda poblaciones o destruye viviendas construidas sobre la ribera como ya ha ocurrido varias veces en La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.

Este río, que sirve de frontera natural entre ambos países durante casi todo su trayecto, es testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Pero también de una crítica situación ambiental. Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río mientras que se enfrenta a otros fenómenos que agravan el problema como la minería de material de arrastre, la deforestación en su ribera y el acaparamiento ilegal de agua.

Este es el segundo de dos reportajes que dan una mirada al problema ambiental desde ambos lados de la frontera y en el que han participado Runrun.es de Venezuela y el diario La Opinión de Cúcuta.

Vista aérea de la cuenca alta del río Táchira, en el Parque Nacional Natural Tamá. Foto: cortesía Parque Nacional Natural Tamá.

 

La agonía del Táchira

A lo largo del río Táchira, en el tramo que comprende la frontera con Venezuela, se tienen detectados al menos 55 pasos informales o trochas por donde se mueve el contrabando y el narcotráfico, actividades que se disputan bandas criminales como Los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas y Tren de Aragua.

Las principales afectaciones ambientales de esta cuenca internacional van desde el vertimiento de aguas residuales y la pérdida de cobertura vegetal, hasta el uso ilegal del recurso hídrico. De estos factores, la descarga de aguas sin ningún tipo de tratamiento es el que más preocupa a los expertos, pues esto se ve agravado por la explotación de materiales de construcción y la deforestación propiciada por las malas prácticas agrícolas y pecuarias, con poca o casi nula tecnificación.

La docente e investigadora Marjorie Sánchez, magíster en Biología de la Universidad de Los Andes y experta en recursos hídricos, señala que ríos como el Táchira se han convertido en cloacas que recogen los desechos de los asentamientos humanos sin ningún tipo de tratamiento –ni doméstico ni industrial– y comprometen la calidad del agua y la biodiversidad del ecosistema. “La descarga de aguas negras y la remoción del sustrato del cauce para materiales de construcción desmejoran los indicadores de calidad y la variedad de especies”, comenta.

Sánchez, que en el 2003 hizo un estudio de la calidad del agua del río Táchira a partir de los macroinvertebrados presentes en él, afirma que, 19 años después, la biodiversidad varió mucho y hoy casi no se consiguen especies indicadoras de buena calidad del agua, y los pocos organismos que existen se han adaptado a los contaminantes.

Varias especies de moscas y zancudos son los que predominan en los ecosistemas contaminados porque son bastante resistentes. “Esto no quiere decir que no haya dos o tres familias indicadoras de buena calidad del agua en el río, pero son mucho menos que hace 18 años, cuando se hizo el estudio”, comenta Sánchez.

La docente afirma que esto es resultado de la falta de tratamiento de agua residual, porque todo lo que desechan las actividades agrícolas, pecuarias, domésticas e industriales va al río por una tubería. “Adolecemos de esos tratamientos, por eso los ríos están como están, por la cultura de nuestros vertimientos. Aunque uno paga en el recibo del agua el vertimiento del agua que contamina, la verdad es que esos líquidos residuales pasan de la tubería al río sin tratamiento”.

 

Panorámica del río Táchira a la altura del puente internacional Simón Bolívar, entre el sector de La Parada (Colombia) y la población de San Antonio (Venezuela). Foto: Cortesía Johnny Granados Peñaloza.

 

La contaminación del Táchira también ha llegado por otros frentes. Por ejemplo, miles de peces murieron en 2015 y aparecieron apilados sobre las piedras que bordean el río Táchira, tanto en El Escobal (Cúcuta, Colombia) como en Ureña (Venezuela). En ese momento se señaló como responsable a los desechos tóxicos de una empresa azucarera venezolana y a los desvíos del cauce para el riego de cultivos de caña de azúcar.

Antes del cierre unilateral de la frontera entre Colombia y Venezuela, también en 2015, era muy común el vertimiento de las tintorerías en los municipios venezolanos de San Antonio y Ureña. “Si allá [Venezuela] no hay, aquí tampoco hay tratamiento de las aguas residuales. De este lado, el colombiano, por ejemplo, predominaban las curtiembres en la parte baja de la cuenca… Ya se podrá imaginar la calidad del agua”, señala Sánchez.

 

La eterna espera por las plantas de tratamiento

El río Táchira nace a 3368 metros sobre el nivel del mar, al noroeste del páramo de Tamá, en el cerro de Las Banderas, entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. Tiene una longitud de 87 kilómetros y desemboca en el río Pamplonita, en Cúcuta, a 326 metros sobre el nivel del mar. En su recorrido, sus aguas atraviesan siete poblaciones fronterizas: Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario y Cúcuta en Colombia; y las localidades venezolanas de Delicias, San Antonio y Ureña en Venezuela.

Solo Cúcuta vierte 2000 litros por segundo de aguas contaminadas, de las cuales más del 60 % van a parar al río Pamplonita –donde desemboca el Táchira– y el porcentaje restante al río Zulia –que desemboca en el río Catatumbo, en territorio venezolano–, según datos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor, autoridad ambiental del departamento).

Aunque los municipios colombianos están obligados a presentar un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en el caso de Norte de Santander, solo el municipio de Pamplonita tiene el plan aprobado por 10 años. El resto no está vigente. Cúcuta lo presentó en octubre de 2020 pero todavía está a la espera de su aprobación por parte de Corponor.

Hace una década había 10 puntos de vertimiento pero en los últimos años ya se han eliminado cinco. Dos continúan en operación en el municipio de Herrán, uno en Ragonvalia, uno en Villa del Rosario y uno en Cúcuta, según datos de la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de Corponor, que dice que su meta es seguir reduciéndolos.

 

El río Táchira recupera su caudal en temporada de lluvias e inunda las viviendas construidas en sus riberas, como ocurre en La Parada, en el municipio de Villa del Rosario (Colombia). Foto: Cortesía La Opinión.

 

Pero los expertos consideran que no solo se trata de reducir los puntos de vertimiento sino de empezar con la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que reduzcan la contaminación no solo del río Táchira, sino de otros como Pamplonita y Zulia. Estos proyectos serán construidos con el apoyo del Ministerio de Vivienda y estructurados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), y Corponor espera que este año inicie la contratación público-privada del diseño y construcción. Pero, por ahora, estos no son más que planes.

Uno de los obstáculos para que las PTAR  sean una realidad son los altos costos de construcción. La docente e investigadora Marjorie Sánchez explica que, durante años, se han hecho muchas propuestas para tratar las aguas residuales en la región, pero no se han concretado. “Una PTAR es de alto costo; por eso, lo que se busca con los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) es un tratamiento primario. Los estudios que hicimos hace 18 años sirvieron para establecer que ni siquiera existía ese tratamiento primario”.

El subgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS), Carlos Ibarra Rodríguez, dice que tienen priorizadas tres plantas de tratamiento: dos en el río Zulia y una en el Pamplonita, “en el Táchira no pondríamos planta sino que pasaríamos las aguas por debajo del Pamplonita, [a través] de un cruce subfluvial de 4 km hasta llegar a la planta de tratamiento”.

Ibarra explica que el objetivo es recoger las aguas residuales de la margen izquierda del río Táchira –lado colombiano– y de las que caen en el sector de Caño Picho-Canal Bogotá. El problema, como decía Marjorie Sánchez, es el dinero. Según la EIS, este plan tiene un costo de 600 000 millones de pesos (cerca de 158 millones de dólares) y requiere recursos de los gobiernos nacional, departamental y municipal para su ejecución.

 

Una diplomacia fallida y un río en el olvido

Aunque el proyecto de las plantas de tratamiento es ambicioso y pondría fin a décadas de vertimientos sobre los ríos que bañan a varias poblaciones fronterizas con Venezuela, los planes para recuperar la cuenca del río Táchira pueden resultar en vano debido al deterioro de las relaciones con el gobierno del vecino país. El río Táchira forma parte de la cuenca del río Pamplonita, y esta, a su vez, de la cuenca del río Zulia, el cual aporta sus aguas al río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo.

La Cancillería de Colombia asegura que, a la fecha, no hay relaciones diplomáticas entre ambos países y, por lo tanto, tampoco hay acciones de cooperación con ninguna autoridad, a ningún nivel, para avanzar en un plan de recuperación del afluente fronterizo.

 

El paso de combustible de contrabando por el río Táchira era muy común antes del cierre unilateral de la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Cortesía La Opinión.

 

Los únicos intentos por hacer algo por el río han venido desde la academia colombiana y venezolana que han venido liderando una serie de encuentros denominados Gobernanza en Aguas de Frontera. A la fecha, se han desarrollado dos actividades: una en el 2020 y otra a comienzos de 2021, en las que participaron universidades de Colombia y Venezuela, colegios de las ciudades de  Cúcuta y Villa del Rosario, la autoridad regional ambiental de Norte de Santander y varias ONG.

De ahí han salido tres apuestas: la conservación del parque binacional Tamá, donde nace el río; educación ambiental en colegios de la zona de influencia y la construcción de una estrategia para hacer un gran acuerdo que, a pesar de las dificultades diplomáticas, permita planificar acciones, tanto en Colombia como en Venezuela, para mejorar la calidad del agua del río y proteger las áreas naturales.

Jhon Suárez Gelvez, docente e investigador de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y uno de los líderes de Gobernanza en Aguas de Frontera, explica que los niveles de oxígenos disuelto y la baja concentración de materia orgánica en la cuenca alta, hacen que el río tenga buena calidad, pero al salir del parque Tamá, el agua se utiliza para el riego de algunos cultivos propios de la zona y recibe sus primeras descargas contaminantes en los municipios de Herrán y Ragonvalia. La contaminación persiste en Villa del Rosario y Cúcuta, y en esta última, donde el Táchira se une con el río Pamplonita, “los niveles de oxígeno bajan a cero”, resalta.

El investigador afirma que las plantas de tratamiento de aguas residuales son la mejor alternativa para limpiar los ríos pero insiste en que los esfuerzos deben ser tanto colombianos como venezolanos. “Por eso, es importante el acuerdo de gobernanza entre los dos países para que la descontaminación no sea a medias. Obviamente, este proceso debe ir acompañado de planes de ahorro y uso eficiente del agua: menor consumo, mayor caudal para el río y menor cantidad de contaminantes vertidos”, comenta.

 

Un problema más: el uso ilegal del agua

En el lado colombiano, la captación de agua del río Táchira está vigilada y regulada por Corponor pero ha representado un eterno dolor de cabeza. El promedio del caudal del río Táchira es de 1171 litros por segundo en la estación meteorológica El Tabor, en el municipio de Herrán, pero cuando llega a Cúcuta disminuye casi a la mitad (600 litros por segundos), según datos de la Subdirección de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor.

Cúcuta y Villa del Rosario son las ciudades con más concesiones. Allí se han entregado siete: una para uso del acueducto, dos para uso agrícola, dos para uso industrial, una para uso doméstico y una para actividad piscícola. En total, las siete concesiones hacen uso de 352 litros por segundo.

 

El río Táchira permanece la mayor parte del tiempo con bajo caudal, lo que permite el paso de todo tipo de bienes de un lado al otro del cauce. Foto: Cortesía La Opinión.

 

Sin embargo, es común que en algunos sectores se retenga el agua ilegalmente y que la autoridad ambiental reciba denuncias porque el agua no llega a las concesiones, afirma Juan Antonio García, subdirector de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor. La táctica más frecuente es la elaboración de trinchos —barreras de piedra hechas por colonos y personas en asentamientos ilegales— muy frecuentes en la parte baja de la cuenca del Táchira. El mayor impacto de estos represamientos de agua se ve en tiempo de sequía, cuando el caudal es menor. “Más nos tardamos en derribar los trinchos que en tener reportes de nuevos”, dice García.

Antonio Navarro Durán, coordinador del nodo norandino de la Red Bosque Seco Tropical Colombia —conformada por instituciones del sector público y privado, de orden nacional, regional y local que trabajan en la conservación de este ecosistema en el país—, explica que ese acaparamiento de agua resulta afectando la calidad del líquido pues los trinchos disminuyen los niveles del caudal y de oxígeno disuelto en el agua. “Cuando hay disminución del caudal, hay pérdida de biodiversidad. Se crea un desequilibrio en el ecosistema acuático, aparecen especies que toleran condiciones más adversas (oxígeno cero) y desaparecen las que necesitan más oxígeno: peces, macroinvertebrados. Solo el cambio de la corriente del agua afecta la dinámica del oxígeno”.

 

Han acabado con la vegetación alrededor del río

La erosión y la pérdida de cobertura vegetal en las riberas del río Táchira es otro problema que se aprecia en toda su dimensión cuando el caudal baja y es originado, según dice Corponor, por las actividades de expansión agrícola relacionadas con malas prácticas.

La tala de árboles maderables y las malas prácticas ganaderas figuran como las principales acciones que ponen en riesgo el bosque ribereño, por lo que los expertos sugieren que es necesario impulsar actividades agropecuarias de bajo impacto que permitan el manejo de los suelos y eviten su pérdida.

César Rey, exdirector de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, señala que el bosque en zonas de gran altura es fundamental para que las gotas se fijen en esa vegetación, ayudando con un aporte adicional al agua disponible. “Los dueños de predios prefieren cultivos en detrimento del suelo, del agua y la misma vegetación; una mirada a corto plazo que no toma en cuenta que su mayor patrimonio es el suelo, con sus fuentes de agua”, señala.

Aunque los expertos, e incluso las personas que viven en la cuenca del río Táchira, dicen que es evidente la deforestación —y que la  cuenca baja, entre Villa del Rosario y Cúcuta, es la zona donde hay mayor avicultura, piscicultura y cultivos de hortalizas, cítricos, arroz y yuca—, la magnitud de la pérdida de cobertura vegetal no se ha podido determinar porque no hay una clara delimitación de la cuenca binacional, según informó la Subdirección de Recursos Naturales de Corponor.

 

Mortandad de peces en el río Táchira por vertimientos industriales. Foto: Cortesía La Opinión.

 

A pesar de la falta de datos, los expertos aseguran que se necesita aumentar la cobertura vegetal a lo largo de todo el río pero, sobre todo, en su cuenca alta para que, cuando llueva, se conviertan en unos “tanques de almacenamiento” para épocas de sequía y que los bosques puedan drenar el agua y mantener el caudal del Táchira y los demás ríos de la zona. Dicen que el esfuerzo debe estar en hacer siembra de especies nativas que permitan una  restauración natural de los ecosistemas.

“Los bosques juegan un papel importante en la acumulación y la regulación del agua de los ríos, sobre todo, en tiempos de sequía. Si esa capa vegetal se quita, el agua no se acumula, se va rápido, y los caudales disminuyen», dice Juan Antonio García, subdirector de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor.

Son muchas las tareas pendientes y por ahora, la acción más cercana para mejorar la situación del río Táchira es la construcción de las plantas de tratamiento –a pesar de que es una inversión multimillonaria y una promesa sin cumplir desde hace muchos años–. Las acciones que pueda hacer Colombia siempre se quedarán cortas si las relaciones diplomáticas con Venezuela no se reanudan. La expectativa de expertos y funcionarios ambientales está en que el próximo gobierno restablezca el diálogo con el país vecino.

#MonitorDeVíctimasTáchira | Paciente psiquiátrico asesinó a septuagenario en San José de Bolívar
“Mi padre no debía morir así”, lamentó uno de los hijos de José Arístides Chacón

Un hombre de 77 años fue asesinado a machetazos en la comunidad de San José de Bolívar, sector La Vega, zona sur del estado Táchira, por un vecino que padece un trastorno mental.

Familiares y amigos, afligidos por la muerte de José Arístides Chacón, recordarán la tarde de este domingo 30 de enero como el día más terrible en la comunidad.

Eran aproximadamente las 5:00 p. m. de la tarde cuando el señor José conversaba con su vecino Hugo Zambrano, de 74 años, quien aparentemente mantenía bajo control su comportamiento.

 

En un momento Zambrano ingresó a su vivienda y, al salir, traía un arma blanca tipo machete en las manos y, sin mediar palabras, le propinó varias heridas a su amigo, a la altura de la cabeza, el cuello y el rostro.

Los gritos de dolor del señor José alertaron a sus vecinos y familiares, quienes salieron a ver qué ocurría. “Él seguía macheteando a mi papá con mucha fuerza, estaba enfurecido; tenía miedo de acercarme, pero solo pensaba en rescatar a mi padre”, relató Luis Chacón, hijo de la víctima.

Como pudieron, lograron rescatar el cuerpo del señor José de las manos de su homicida. “Ya no había nada que hacer, lo toqué y aún tenía pulso, pero estaba mal herido. A los segundos dejó de respirar”, lamentó Luis.

Al lugar del crimen acudió una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, que por varios minutos trató de controlar al hombre que aún mantenía una conducta violenta.

Al parecer, Hugo Zambrano no contaba con el tratamiento médico necesario para controlar la esquizofrenia que padece. “No justificamos el acto, fue una muerte muy terrible para mi padre, la cual no esperábamos; pero fue negligencia de la familia, quienes no le brindaron el apoyo necesario para controlar su enfermedad”, dijo.

 

Los deudos comentaron que los familiares del hoy homicida lo dejaban solo en su residencia, sin comida ni medicamentos. “Hace dos meses se escapó y se fue caminando a Táriba”, una comunidad a más de una hora de distancia a su residencia, añadieron.

Lamentaron que el septuagenario no culminara sus últimos días de vida al lado de sus 11 hijos, nietos y bisnietos. “En mis 22 años de servicio en Protección Civil, jamás había levantado un cuerpo con esas heridas; una atrocidad ver a mi padre así”, expresó Luis.

La mañana de este lunes 31 de enero, dos de los hijos de José Arístides Chacón, afligidos, esperaban la entrega del cadáver de su padre, a quien recordarán, afirmaron, como un señor alegre, dedicado a la agricultura y cría de animales.

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#MonitorDeVíctimasTáchira | Asesinaron a mototaxista que estaba desaparecido
El cuerpo de Richard Hassan Rincón fue hallado en la carretera vía las Granjas Infantiles, sector El Mirador del municipio San Cristóbal

 

El 15 de enero de 2022, el gremio de mototaxistas en la comunidad de San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, denunció la desaparición de uno de sus compañeros.

Se trataba de Richard Hassan Rincón, de 32 años, visto por última vez el 14 de enero, a las 6:00 p. m., cuando una mujer solicitó una carrerita a un sector cercano de la localidad.

De acuerdo con lo relatado por su esposa, María Cárdenas, Richard le había enviado un mensaje a las 5:26 p. m. respondiendo a un estado que ella había puesto en el WhatsApp. Después de eso no supo más de su marido.

La angustia se apoderó de su hogar, pues revivían el hecho ocurrido el 8 de mayo de 2021, cuando Richard realizaba una carrerita a un militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), identificado como Oscar Rangel, el cual fue acribillado ese día por sujetos desconocidos.

En aquel momento, Richard recibió un tiro en la pierna y sufrió una fractura que le impidió trabajar por varios meses, hasta noviembre, cuando le prestaron una moto y retomó sus labores como mototaxista.

Cárdenas comentó que en esos meses su esposo no recibió ningún tipo de amenazas, por ello estaba tranquilo trabajando.

Transcurrieron 12 días desde que Richard fue secuestrado, no se sabía nada de su paradero, sus familiares alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Hallazgo

El miércoles 26 de enero, transeúntes comunicaron del hallazgo de un hombre sin vida a un costado de la carretera, a la entrada de La Popa, vía a las Granjas Infantiles, sector El Mirador, municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Llevaba puesto un suéter negro con azul, alusivo a una línea de mototaxis, un pantalón jean y botas negras.

La mala noticia se dio a conocer: el cadáver correspondía a Richard Hassan, encontrado aproximadamente a 39,1 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo.

Al sitio acudieron funcionarios de la división de Delitos contra las Personas y la Brigada de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes hicieron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la sala de patología del Hospital Central de San Cristóbal.

A la morgue acudieron familiares de la víctima, entre ellos, su esposa, consternada por lo ocurrido, ya que esperaba que el hombre apareciera con vida.

“Él tenía 13 años como mototaxista, nunca tuvo problemas con nadie; cuando mataron al dirigente del PCV, él le estaba haciendo la carrera”, relató Cárdenas.

Comentó que su marido militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela desde hacía 14 años, pero no había tenido algún contratiempo con sus compañeros de partido.

Richard dejó huérfanos a un adolescente de 14 años y un niño de 9 años. “Él era el sustento de nuestro hogar”, dijo la mujer.

Una fuente indicó que a la víctima le dieron tres tiros en la zona torácica, y fue asesinado en el sitio del hallazgo.

Hasta la fecha, no se tiene conocimiento sobre quiénes pudieron causarle la muerte al hombre.