El recién reelegido presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revisar los casos de los opositores que se encuentran en prisión para concederles beneficios procesales, y caminar así hacia un gobierno de reconciliación.
Durante su discurso de proclamación el mandatario venezolano pidió a la presidenta de la Comisión de la Verdad de la ANC “que, por favor, promuevan con mi aprobación como jefe de Estado, un conjunto de medidas de beneficios para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas, dijo.
Maduro precisó que estos beneficios no alcanzarán a “asesinos” e instó a los constituyentes que forman parte de este grupo de trabajo elaborar cuanto antes las propuestas para él evaluar las concesiones.
“Podemos dar un conjunto de gestos que avancen a un proceso de reconciliación de reencuentro, de perdón entre los venezolanos, le pido a la Comisión de la Verdad , doctora Delcy Rodríguez -presidenta de la comisión y de la ANC- que demos un paso audaz, gigantesco, adelante, se lo pido, por favor”, pidió.
Junto a otros anuncios de carácter económico y político el líder de la llamada “revolución bolivariana” aseguró que busca que este segundo mandato sea “un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno de unidad nacional, para hacer la revolución, pero que sea un gobierno de unidad de la nación para profundizar y retomar el camino revolucionario”.
El jefe de Estado, que ha llamado a todos los factores políticos, y a sus exrivales a participar en un diálogo de entendimiento dijo que “están las puertas de Miraflores abiertas, inclusive para aquellos con los que tenemos muchas diferencias, quiero escucharlos (…) porque en todos hay siempre un núcleo de verdad”.
Varias decenas de opositores permanecen encarcelados o con medidas de arresto domiciliario acusados de cometer delitos contra el gobierno, muchos de ellos jóvenes manifestantes que participaban en protestas callejeras que degeneraron en manifestaciones violentas.
Hoy, los familiares de los “presos políticos” venezolanos exigieron a la Fiscalía dar garantías de vida y de la integridad física de estos privados de libertad, luego de denunciar que llevan siete días sin que se les informe sobre las condiciones en las que se encuentran.
La semana pasada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas se presentó una revuelta de los “presos políticos” ahí recluidos que denunciaban “torturas” por parte de los funcionarios de seguridad y que concluyó sin que se concretaran varias de sus exigencias, incluyendo la liberación tras una cárcel injustificada.
Luego de eso, un grupo de mujeres detenidas por motivos políticos inició una huelga de hambre, que según los familiares de los presos, fue levantada por los funcionarios del Sebin de manera “violenta”.
La ONG Foro Penal Venezolano dijo hoy que la situación de los “presos políticos” en este momento es “grave” porque no se conoce información de algunos, mientras que otros no están recibiendo la atención médica que necesitan y cifró el número de opositores apresados en 338.
Cuanto más resiste el régimen, más se hunde el país y cuanto más resisten los demócratas, más crece la esperanza de Venezuela. Ante un país tan maltrecho y dictatorialmente reprimido, mucha gente suspira por la reconciliación; sin duda imprescindible, pero tan equívoca como el “diálogo” si no se aclara. Cuando se pide que el torturador y el torturado se reconcilien, no es para que, “reconciliados”, aquel continúe torturando. La reconciliación es fin de la tortura, reencuentro y abrazo de ambos en su renovada condición humana.
¿Dónde está Dios en este infierno?, se preguntan muchos. Para esta noche oscura, pocas veces he visto un texto de la Escritura tan luminoso como la primera carta de Juan: “Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor” (1 Juan 4,8). “A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud con nosotros” (4,12).
Reconciliación en Venezuela no como un eslogan engañoso, ni una táctica hipócrita para excluir al adversario y prolongar este estado de muerte y de miseria. Reconciliación sí para pasar de la muerte a la vida. “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es homicida y saben que ningún homicida posee la vida eterna” (3,14). Es criminal invocar el nombre de Dios o la “reconciliación” para desde el poder seguir matando, con las armas y con las políticas económicas y sociales que quitan el alimento, la salud y la libertad.
Nacemos de nuevo (creyentes religiosos y no creyentes) cuando en nuestro interior reconocemos al otro como a nosotros mismos y abrimos la puerta a la reconstrucción de la vida compartida por “nos-otros”, por el otro y por mí. Jesús nos dice que nadie tiene más amor que quien da la vida por otro y que dar la vida no es perderla sino ganarla. “Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos” (3, 16).
La vida nace en estos jóvenes que la están dando para que otros la tengan; en su interior se prendió esa luz misteriosa que aclara sin palabras que su vida se multiplica cuando viven para otros, para Venezuela, incluso para sus asesinos de hoy. Es criminal hablar de “reconciliación” para disfrazar y legitimar la opresión y el régimen de muerte. Reconciliación sí, para juntos rescatar la vida. Esa luz interior –contraria al espiritualismo evasivo– da sentido a la acción que transforma instituciones de muerte, cuarteles represores, bancos centrales de miseria, inflaciones y ruinas empresariales agonizantes, para convertirlos en caminos de vida. Caminos idealmente formulados en la Constitución, pero violados en la práctica.
Reconciliación para la reconstrucción. Basta de falsas palabras, dice la carta de Juan. “Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad” (3, 17-18). Hora de la verdad para enfrentar a este régimen corrupto que, en la mayor abundancia de nuestra historia, ha implementado políticas e instituciones que condenan a 80% a la pobreza, disparan la deuda interna y externa, elevan el déficit fiscal a más de 15%, reducen brutalmente el PIB y llevan la inflación al primer lugar mundial… Algo inaudito. La encrucijada entre el amor y el odio en la conciencia y el corazón de los venezolanos tiene que ver con la política, la banca, la producción, la educación…Que no nos venga algún clérigo vendido al régimen-poder a exigir obispos ciegos y mudos, que “no se meten en política”. “Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Juan 4,20-21). Amar es reconstruir el país para que haya vida donde reina la muerte. No nos reconciliamos con el pasado, ni con el presente de muerte, sino en y para la construcción del futuro. Solo en la reconstrucción de las políticas e instituciones de vida se nos llamará “benditos de mi Padre” porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me curaron… (Mateo 25,35). Quienes se consideran agnósticos se extrañan de esa bendición, pues piensan que ellos nunca se encontraron con Dios, pero Jesús nos dice en nuestra conciencia: “Les aseguro que lo que han hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí” (Mateo 25,40). Por eso son “benditos de mi Padre”.
No es hora de disfraces, ni de mistificaciones religiosas para evadir la realidad y bendecir el crimen, la exclusión y la inhumanidad. Hambre, sed, cárcel, asesinato, exilio, exigen respuesta política en esta encrucijada entre la vida y la muerte nacional. La falsa constituyente es una trampa para evadir y perpetuar la muerte. La reconciliación solo es verdadera si afirma la vida del otro y lucha por ella en un “nos-otros” ciudadano, proclamado en la Constitución de 1999, pero negado en la práctica. Reconciliación verdadera en la construcción de la nueva educación y valores, las nuevas relaciones sociales, nueva empresa productiva y la nueva política. Reconciliación para la reconstrucción y la reconstitucionalización de Venezuela.
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
El papa Francisco avanza después de cerrar la Puerta Santa (atrás) de la basílica de San Pedro, fuertemente ornamentada, el domingo 20 de noviembre de 2016, en el Vaticano. (Tiziana Fabi/pool vía AP)
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco cerró el domingo la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, con lo que formalmente puso fin al Año Santo de la Misericordia que declaró para enfatizar la necesidad de una mayor reconciliación y perdón en la Iglesia y en el mundo.
Después de cerrar la puerta fuertemente ornamentada, Francisco instó a unas 70.000 personas que asistieron a la misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano a que —si bien el año de plegarias y encuentros especiales ha terminado— permanezcan abiertas a las perspectivas de la reconciliación.
«Pidamos la gracia de no cerrar nunca las puertas de la reconciliación y el perdón, y de saber cómo ir más allá del mal y de las diferencias, abriendo todo camino posible de esperanza», dijo el papa durante la homilía.
Un día antes, en una ceremonia en la que la Iglesia recibió 17 nuevos cardenales, el papa lamentó una oleada de hostilidad y polarización en el mundo, especialmente hacia aquellos que muchos consideran enemigos simplemente porque son otras nacionalidades, religiones o razas.
«Así como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de los méritos que tenemos, también nosotros estamos llamados a inculcar esperanza y a ofrecer oportunidades a los demás», dijo Francisco el domingo.
El Año Santo, que comenzó el 8 de diciembre de 2015, atrajo unos 20 millones de peregrinos a Roma, donde cruzaron la Puerta Santa en el Vaticano y otras basílicas de Roma.
Una larga fila de fieles serpenteó por la plaza el sábado por la noche para tener la última oportunidad de cruzar por la Puerta Santa, que está al lado de la entrada principal de la Basílica de San Pedro.
Horas más tarde, el pontífice tiró lenta y firmemente de un lado de la puerta con paneles ornamentados, y luego del otro lado. La puerta estará sellada hasta que se declare otro Año Santo.
Los católicos de todo el mundo también pudieron cruzar puertas santas en iglesias designadas más cercanas a sus lugares de residencia durante el año pasado.
Francisco ha hecho de la reconciliación y el perdón dos temas centrados de su papado.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, aseguró que en Venezuela “la democracia esta resquebrajada”, razón por la cual se debe acudir al pueblo, refiriendose al proceso de referéndum revocatorio.
A su juicio, el sistema político en Venezuela esta agotado y el afán de mantenerse en el poder no justifica cualquier acción, “el gobierno ha manifestado “incapacidad para superar la crisis”.
Destacó que la CEV no se ha ofrecido como mediadores en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, pero si han ofrecido “sus buenos oficios” para ayudar, “el diálogo comienza por reconocer la crisis y transformar la situación”.
Rechazó los hechos ocurridos en Mérida donde fueron atacados un grupo de seminaristas, al igual que el intento de invasión al seminario Divina Pastora en el estado Lara, “yo creo hay una cierta conexión en todo esto”.
Finalmente, Monseñor abogó por la esperanza y la reconciliación de los venezolanos.
La AMNISTÍA es un acto jurídico que emana del Poder Legislativo en virtud de la facultad que le otorga la Constitución Bolivariana dentro de la más legítima potestad establecida tanto por el derecho comparado como por la doctrina mundial en esa materia, pero que de manera obstinada y cruel, las autoridades controladas por el odio y la dialéctica de la confrontación se niegan a cumplir.
Ya hace siglos, el Derecho Romano estableció el vínculo indisoluble entre la ley y el delito al fijar la máxima de que “No existe Delito sin Ley” estableciendo al mismo tiempo la posibilidad de que a través de un acto legislativo pueda decretarse la libertad de aquellos ciudadanos condenados o procesados injustamente por razones políticas obligando tanto a las ramas del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a acatar esa Ley (y no a obstaculizarla).
La Constitución le otorga también al Poder Ejecutivo la facultad de adoptar el INDULTO que es el “perdón de la pena” pero se requiere –en ese caso- que exista una sentencia firme. En cambio, la AMNISTÍA es el “perdón del delito” que puede adoptarse en cualquier momento de la causa. Con el nuevo equilibrio político otorgado por el soberano a la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de Diciembre, una mayoría calificada constituida por los diputados de la Asamblea Nacional, cumplieron con el compromiso ofrecido durante la campaña: OTORGARLE LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS.
No se trata de la intervención del “imperialismo” como alega Maduro en sus interminables cadenas de radio y televisión, sino el desacato de las autoridades “bolivarianas” al “imperio de la ley”, lo que ha generado una reacción mundial adversa al incumplimiento grave del Estado de Derecho, ya que en estos momentos no se trata solo de la justa reivindicación de la sociedad civil, o la desesperación de los familiares de los presos políticos, o los titulares de la prensa. Se trata de un desacato al principio de separación de poderes y un desconocimiento a la legalidad. Es por ello que los más destacados representantes en todo el Mundo: organismos internacionales, gobiernos, parlamentos han reaccionado de manera airada ante las falsas posiciones asumidas por un sistema cada vez más autoritario, que impide la marcha de la justicia y de la verdad y que se niega a darle la libertad los inocentes.
Pero además de negarse a la AMNISTÍA, los gobernantes parecen tener AMNESIA. El propio mandatario ha vuelto a aparecer estos días en las fotografías de las redes sociales, marchando con otros seguidores de Chávez, cuando años atrás solicitaba una Ley de Amnistía para borrar los delitos del Comandante eterno (estos ciertamente graves ya que ocasionaron muertes debido al Golpe de Estado en contra de un Gobierno democrático). Chávez fue puesto en Libertad y luego fue electo Presidente. Hoy los beneficiados del pasado están obligados a cumplir la Ley y darles la libertad a los presos políticos.
Abstraerse de lo que vivimos a diario para pensar en positivo se me ha convertido en un desafío algunas veces muy cuesta arriba; sin embargo intento por disciplina y convicción dedicar momentos del día a reflexionar, leer, recabar ideas o experiencias que me permitan escribir unas notas equilibradas en el ánimo de hacer aportes que puedan ayudar en la tan ansiada búsqueda de la reconstrucción del país.
Son muchos los problemas que nos agobian y angustian y de muy distintas índoles, económicos, sociales, políticos, morales que nos han deteriorado de una forma antes inimaginable nuestra calidad de vida, llevándola a niveles de increíble precariedad y las razones que nos han llevado como país a estos umbrales también han sido variadas y muy complejas.
Preguntaba recientemente a un grupo de amigos si en Venezuela, ¿en los últimos 17 años hubo Revolución? Las respuestas también fueron muy variadas; en mi opinión, aún cuando quizás sea prematuro hacer esa afirmación, sí hubo una Revolución si entendemos como ésta un cambio social fundamental en la estructura de poder con dudosas posibilidades de consolidarse en el tiempo y que podría, si es bien entendida su génesis que no su desenvolvimiento, convertirse en el inicio de una transformación racional a un sistema de convivencia civilizada y que produzca resultados positivos para la sociedad venezolana.
Si pudiéramos trasportarnos a un futuro no tan lejano y con serenidad observáramos hacia atrás, partiendo entonces de la premisa que si hubo Revolución y que ésta dejó muchas heridas en la sociedad pero quizás fue necesaria, obligatoriamente tendríamos que hacer un ejercicio de perdón de unos a otros para poder avanzar y superar de la forma menos traumática el presente para ver hacia delante.
Aquí entonces se presenta un dilema entre perdonar y olvidar. Cuando la sociedad experimenta situaciones extremas el perdón no debe implicar el olvido pero sólo con el único propósito de evitar que se repitan las mismas situaciones. Perdonar es una acción noble y heroica que sana heridas.
Hay muchos ejemplos en la historia reciente de la humanidad de esfuerzos colectivos por entender el pasado, respetarlo y superarlo. Y hablo de pasado porque estoy convencida que estamos en una nueva etapa, si se quiere de muchas dificultades porque supone el cambio de un momento histórico a otro todavía poco dibujado que genera incertidumbres.
Aún cuando el concepto genera notables discrepancias, la utilización de la Memoria Histórica como mecanismo para asegurar la preservación del pasado sin incurrir en el error de convertirlo en una verdad oficial o pensamiento único, es la forma de concientizar lo ocurrido, despojándolo de la emocionalidad propia de lo vivido para progresar.
¿Sería posible entonces aglutinar a personas sensataz, equilibradas con mucho amor por el país, desprendimiento y sabiduría en torno a un “partido de paz” que haga acopio de valor y pase a la acción con la certeza de que será muy cuestionado?
En momentos como los actuales se requiere de mucho coraje para perdonar y avanzar y ello requiere hacer un esfuerzo para ver más allá de los protagonistas, quienes nos podrán gustar o no, para no ignorar las ideas que subyacen detrás de su actuación, porque esto podría ser un error muy costoso para el futuro. Ver nada más el caos y no el bosquejo del nuevo orden sería lamentable y nos impediría aprender para el futuro.
Lech Walessa, admirado por muchos y recientemente cuestionado por otros, lo que considero mezquino y de muy limitada capacidad para interpretar los hechos, señaló en su reciente visita al país lo siguiente: “Los radicales te van a decir traidor porque quieras perdonar. A mi me llamaron traidor también, pero si yo no hubiera tomado la ruta que tomé, no hubiéramos triunfado. Si yo hubiera sido radical las autoridades me hubieran combatido sólo por temor”
Entonces avancemos en la senda de recuperar al país entendiendo el pasado, respetándolo, superándolo y aprendiendo de éste para el futuro. Debemos evitar más traumas y para ello tendremos que tener coraje, tenacidad y talento, aptitudes que sobran por lo que nos queda ahora es actuar!!
Si, Dios no lo permita, te toca ir a una batalla, echarte un fusil al hombro y enfrentar cuerpo a cuerpo y cara a cara a peligrosos enemigos ¿A quién quieres a tu lado?
¿Al teórico que se ha limitado por años a analizar cada combate “viendo los toros desde la barrera”? ¿Al que se proclama “General” pero de la guerra solo sabe lo que ha leído en los libros y en las noticias que le llegan al sillón de su casa? ¿Al que se ha ganado sus galones jugando “Batalla Naval” o “eliminando enemigos” en su Wii o en su PlayStation? ¿Al “nuevo” sin experiencia ni historias de primera mano que contarte?
¿No sería mejor –digo yo- tener a tu lado a alguien que sí ha curtido su piel por años en el verdadero fragor del combate, a alguien que sí ha vivido, sentido y sufrido victorias y derrotas, porque estuvo allí, no porque se las contaron; a alguien que sí comprende, porque lo ha visto con sus propios ojos, cómo se mueve, qué hace y qué no hace el enemigo cuando te confronta?
Yo, definitivamente, preferiría tener a mi lado a éstos últimos. Soy académico y profesor universitario, valoro inmensamente el poder del conocimiento, de la lectura, del estudio, y creo con el alma que en esta era de oscuridades una de nuestras metas más importantes es la de rescatar, en todos los ámbitos, las luces del saber y de la razón. Créanme cuando les digo que, si los tiempos fueran otros, nada me haría más feliz que dedicarme exclusivamente a mi familia, a la docencia, a leer y a escribir, que son mis pasiones, pero los tiempos que vivimos nos exigen mucho más. Por eso algunos llevamos 14 años, y otros muchos más, luchando contra la persecución política con las armas que tenemos a la mano, que son la Constitución y la ley, en ese campo de batalla, el judicial, que tantas bajas ha dejado ya.
Con ese espíritu, y buscando conjugar saber y experiencia, emprendimos hace tiempo la tarea, antes de que la nueva AN fuese una realidad, de preparar un Anteproyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional que escuchara no solo las opiniones de decenas de importantísimos catedráticos venezolanos y extranjeros, sino además, y muy especialmente, las sugerencias de las ONG y de los luchadores que han compartido con nosotros las alegrías y penas que se viven en las oscuras trincheras del oprobio judicial de los últimos lustros. A fin de cuentas, ¿quiénes mejor que ellos para decirnos qué es lo que quieren de la Amnistía? ¿Quiénes saben mejor que ellos cómo evitar los excesos y los defectos, o cómo cerrarle el paso a cualquier error o interpretación sesgada de la Amnistía que termine convirtiéndola fácil blanco de críticas o, en última instancia, en un simple “saludo a la bandera”? El producto final de ese trabajo se consignó ante la AN el pasado 11 de enero.
Sin embargo, el Proyecto de Ley de Amnistía que hoy se discute en la AN es otro, es diferente al que se propuso en enero. Tiene sus luces, sus méritos, sus ventajas y recoge algunas de las sugerencias que se plantearon originalmente, pero también tiene detalles importantes que deben ser urgentemente corregidos para lograr que la Amnistía que al final se apruebe sea lo más efectiva, lo más amplia y lo más técnicamente correcta que sea posible.
Ya hicimos nuestra parte. Hemos consignado ante la AN un informe que incluye catorce observaciones puntuales al proyecto ya aprobado en primera discusión que, con la mejor buena fe, esperamos que sean tomadas en cuenta. Están en la página del Foro Penal Venezolano (www.foropenal.com). A ustedes le toca también hacer su trabajo leyendo, comparando, aportando, cuestionando, proponiendo. La Amnistía no tiene padres ni madres, es de Venezuela, y nada se gana rechazando las ideas ajenas, por buenas que sean, solo porque no vinieron de tal o de cual. Miles de perseguidos y exiliados, y 78 presos políticos, nos demandan hoy en este tema responsabilidad, amplitud, gallardía y altura. Abramos la mente, los ojos y los oídos. No los defraudemos.
