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Una Ventana a la Libertad: 95 presos murieron en Venezuela en el primer semestre de 2021
La ONG indicó que la enfermedad que más muertes causó, el 65 % del total, fue la tuberculosis

 

Al menos 95 presos venezolanos murieron en los primeros seis meses de 2021 en calabozos policiales de 21 estados del país, la mayoría por problemas de salud, informó la ONG Una Ventana a la Libertad.

«Entre enero y junio del año en curso, el 75,79 % de estos decesos, que suman 72 muertes, fueron por enfermedades», señalaron en un comunicado.

La ONG indicó que la enfermedad que más muertes causó, el 65 % del total, fue la tuberculosis.

«El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales como el infarto, la desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonía y síntomas de covid-19 y algunas como cirrosis, hemorragia pulmonar, amebiasis, VIH y otras tres defunciones que no se especificó la causa», añadieron.

Asimismo, explicaron que la segunda causa de decesos, confirmada por sus investigadores, son supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados.

«Entre enero y junio del año en curso, 15 fugados murieron en procedimientos de recaptura, mientras que otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines», sostuvieron.

En cuanto a enfermedades registradas en los calabozos, Una Ventana a la Libertad dijo que el 29,5 % de las personas detenidas sufren de escabiosis (sarna), el 28,21 % de desnutrición y que esto se esperaba porque las visitas estaban suspendidas y «los familiares (son) los que alimentan a esta población reclusa».

Mientras que el 21,04 % de los reclusos fueron diagnosticados con tuberculosis y 8,4 % con gripe.

«Este dato es interesante, en especial si vemos que aumentan los casos de gripe y fiebre y se mantiene bajo el número de casos de covid-19», indicaron.

Sobre los casos de la covid-19, la ONG explicó que «disminuyeron de manera notoria», pasando de 300 en 2020, a 43 casos en el primer semestre de 2021.

«No tenemos ninguna certeza sobre esta pandemia en los calabozos, y los datos obtenidos no permiten una visión clara sobre esta situación», agregaron.

Una Ventana a la Libertad asegura que 80 presos llevan 7 días en huelga con la boca cosida
Los reos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza (Miranda) e iniciaron la huelga de hambre «para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal»

 

Un grupo de 80 presos que permanecen detenidos en el estado Miranda cumplieron este 28 de junio una semana en huelga de hambre con la boca cosida para reclamar atención judicial, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

Los reos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza (Miranda) e iniciaron la huelga de hambre «para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal», detalló UVL en un comunicado.

La organización, que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados en Venezuela, aclaró que los familiares de los detenidos están a las afueras del recinto de la Policía de Plaza «para acompañar a sus parientes en huelga y elevar hasta las instancias gubernamentales la situación de hacinamiento en la que se encuentran en este centro de detención preventiva».

Según los datos de la organización, en los calabozos se encuentran detenidos más de 110 presos hacinados e, incluso, algunos están en los pasillos de los calabozos.

«Más de 20 de ellos tienen sentencia condenatoria y de ese total, la mitad lleva entre cuatro y siete años allí detenidos», añadió UVL.

Los parientes, según recoge el comunicado de la organización, hicieron hincapié en que sus familiares llevan una semana sin comer y tomando solo agua.

Por eso, le exigieron a la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, que se pronuncie sobre este caso antes de que se agrave la salud de los presos por la falta de alimentación, añade la información.

«Queremos que los trasladen a los que ya deben ser trasladados. Por eso pedimos al Ministerio Penitenciario que se aboque a atender este caso para que cesen la huelga», concluyeron.

El pasado 21 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.

La comisión, explicó, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.

Foro Penal denuncia presiones a presos políticos para que admitan hechos
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, informó que esta situación se da sin la presencia y asesoría de los abogados defensores de los reos

 

La ONG Foro Penal denunció este viernes que en las últimas semanas se ha incrementado la presión sobre los presos políticos para que «admitan los hechos» de los cuales están acusados, o seguirán presos.

El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, informó en su cuenta de Twitter que esta situación se da sin la presencia y asesoría de los abogados defensores de los reos.

«Ciertamente, según el Código Orgánico Procesal Penal, admitir los hechos es una alternativa disponible para cualquier procesado, pero la decisión no puede subordinarse a amenazas ni a chantajes. Mucho menos puede imponerse la admisión a un ciudadano sin estar debidamente asesorado por sus defensores», agregó el abogado.

Himiob aseguró que, de esta forma, «buscan evitar un proceso en el que se imponga la verdad y se corrobore su inocencia. Ante la falta de pruebas, se recurre al miedo como arma para lograr objetivos (injustas condenas) que en buena lid no serían posibles».

Señaló que, como «beneficio colateral para el poder», se pretende mostrar al mundo que la supuesta existencia de «planes conspirativos» y «traiciones» no es un invento.

«Lo peor es que se abusa del poder y, por encima de todo, se coloca a los presos políticos en una disyuntiva casi imposible: la de aceptar que cometieron delitos que no cometieron o seguir presos sin condena de manera indefinida», afirmó.

El jueves, el Foro Penal informó que en el país hay 302 personas a las que consideran «presos políticos», tres más que en su último reporte, publicado el pasado 2 de junio.

La ONG agregó en su cuenta de Twitter que del total de reos reportados, 281 son hombres y 21 mujeres. Entre ellos, hay 172 civiles y 130 militares.

El informe, que tiene como fecha de corte el 7 de junio, señala que, desde el 2014, han reportado 15.723 «presos de conciencia» en el país.

CIDH denunció el traslado de al menos 50 presos políticos a cárceles comunes
La CIDH expresó su preocupación por los presos políticos porque varios llevan años privados de libertad

Este sábado, 29 de mayo, la Comisión Interamericana de los DDHH (CIDH) denunció que en menos de dos semanas, al menos 50 presos que estaban recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron trasladados a cárceles comunes 

A través de su cuenta en Twitter, la CIDH exhortó al Estado venezolano liderado por Nicolás Maduro a que se proteja la vida de estos privados de libertad durante sus traslados, así como también pidió que los familiares y la defensa de estos presos políticos sean informados de dónde van a estar y que se les permita la realización de un examen médico independiente.

De igual forma, la CIDH expresó su preocupación por los presos políticos porque «varias de las personas llevarían años en privación de libertad bajo regímenes de prisión preventiva», lo que quiere decir que siguen a la espera de un juicio justo.

Por ello, recordó a las autoridades venezolanas a realizar una evaluación periódica de las causas por las cuales fueron detenidas estas personas, dejando entrever que si la revisión de cada uno de los casos se determina que no hay motivos para mantenerlos presos, deberían dejarlos en libertad.

 

Según la ONG Foro Penal Venezolano, esta acción es «totalmente contraria al Código Orgánico Penitenciario», además de que se hacen a espaldas de los familiares y la defensa del privado de libertad, y de que estos traslados irregulares se realizaban antes de la publicación del decreto en Gaceta Oficial.

Las cifras que maneja Foro Penal indican que se habían producido 48 traslados irregulares desde el 5 hasta el 21 de mayo, de los cuales 17 correspondían a presos políticos. En los últimos días se confirmó la movilización de otros 24 privados de libertad.

Nicolás Maduro ordenó el traslado de la custodia de los presos políticos al Ministerio de Servicio Penitenciario, una decisión publicada en la Gaceta Oficial N° 42.125, con fecha del 12 de mayo de 2021.

“Se deberá  incluir la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen detenidas tanto en la Dgcim como en el Sebin”, señaló el documento.

Según el FPV se habían producido 48 traslados irregulares desde el 5 hasta el 21 de mayo, de los cuales 17 correspondían a presos políticos. En los últimos días se confirmó la movilización de otros 24 privados de libertad.

*Con información de TalCual

Denuncian brote de tuberculosis en cárcel del Zulia con 117 enfermos
Del total de enfermos, 72 «están en muy graves condiciones». Pocos de ellos pueden caminar y permanecen «en camas improvisadas o en el piso», detalló el Observatorio Venezolano de Prisiones

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que 117 presos, recluidos en un centro de detención del estado Zulia, se han contagiado de tuberculosis y no han recibido la atención adecuada.

Los 117 presos enfermos están en el Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de la Costa Oriental del Lago, en el municipio Cabimas, «y están luchando para sobrevivir a la tuberculosis que padecen», aseguró la OVP en un comunicado.

Del total de enfermos, 72 «están en muy graves condiciones». Pocos de ellos pueden caminar y permanecen «en camas improvisadas o en el piso», añadió el observatorio.

Aquellos pacientes que pueden moverse, «lo hacen con ayuda de otros compañeros» y algunos de ellos «escupen sangre».

Todos están desnutridos y «son pocos los que reciben atención médica», añadió la OVP, que explicó que «varios» han fallecido sin detallar el número exacto.

«La mayoría de los reclusos enfermos no reciben visita, por lo que no cuentan con una alimentación adecuada (de sus familiares en el exterior), mientras que otros son de muy escasos recursos y no tienen dinero para comprar el tratamiento», añadió la organización.

En este contexto, y según dijo la organización, «los enfermos del retén de Cabimas, como se conoce habitualmente el recinto carcelario, están aislados del resto de la población y se atienden entre sí».

Los reos que padecen tuberculosis, siempre según la versión de la organización, han improvisado una cocina «y para prender el fogón utilizan plástico, madera o lo que tengan a mano», por lo que la humareda que se forma «afecta aun más su condición de salud».

En total, en ese centro carcelario hay 1.028 reclusos que temen un posible contagio porque «cada vez son más los presos que no reciben los alimentos por parte de sus familiares, debido a las restricciones de la cuarentena por covid-19 y la imposibilidad de trasladarse entre municipios o estados».

Frente a esta situación, los detenidos, a través del OVP, «claman (por) ayuda y atención médica inmediata».

OVP: Sin atención médica y en condiciones inhumanas sobreviven más de 120 presos en Amazonas
En un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal

 

Atención médica, agua potable, aseo en los establecimientos, suministro regular de alimentos y restitución de los procesos judiciales son algunas de las peticiones de los familiares de más de 120 detenidos que se encuentran en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que este grupo de familiares se comunicó con la organización para relatar las penurias que sufren los reos, quienes sucumben ante la desidia penitenciaria y la falta de interés por parte del Estado.

Eduardo Santiago Lozano, de 21 años de edad, murió el pasado 14 de agosto por desnutrición y neumonía. Así lo confirmó su madre María Florez, quien aseguró que el muchacho tenía cinco meses detenido en el CICPC y en ese tiempo rebajó más de 15 kilos.

“Él era un muchacho delgado, pero no estaba como me lo entregaron. Un hueso forrado de piel, así mismo quedó”, fue la descripción que hizo la afligida madre sobre la contextura física de su hijo, quien en sus últimos días fue aislado por su agravado estado de salud ya no le permitía caminar.

“Dos semanas antes de que muriera me dejaron acercarme a esa celda y Eduardo me pedía que lo sacara de allí. Ya no caminaba y su brazo medía tres dedos de grosor, se los medí”, dijo la señora María, quien además explicó que el jueves 13 de agosto, un día antes de su muerte, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, porque el médico del CICPC emitió la orden “antes de que muriera en los calabozos”.

Asimismo, la madre manifestó que siempre le llevaba la comida a su hijo, a pesar de no tener los recursos suficientes para garantizar las proteínas recomendadas en la ingesta diaria. “Así fuera arroz o pasta, pero lo llevaba”, sentenció la mujer, quien sospecha que los alimentos no eran entregados al joven.

En otro orden de ideas, María Florez denunció que acudió a los tribunales para solicitar una orden de evaluación médica, pero nunca fue atendida porque el trámite debía ser realizado por un abogado. También clamó por ayuda en la Defensoría del Pueblo, pero “solo me anotaron en un cuaderno y nunca fueron, el día que hospitalizaron a mi hijo acudí nuevamente para ver si lo veían en el hospital y una vez más me anotaron en el cuaderno”, finalizó.

Sin agua y hacinados

La directora del OVP manifestó que, según las denuncias recibidas por su equipo, la sede del CICPC de Puerto Ayacucho alberga a 65 presos en una celda que está dividida por una reja; mientras en el CONAS son al menos 46 los presos que conviven en lo que anteriormente era un baño de un preescolar.

Por su parte, en un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal.

“La situación es similar en todos los calabozos del territorio nacional, aunado al hacinamiento que es crítico en clara violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Son centros de detención preventiva, no son cárceles y estas personas no deben permanecer recluidas allí durante más de 48 horas”, recordó Girón.

En el caso del CICPC, los familiares relataron que deben llevar agua potable en bolsas plásticas porque no permiten el ingreso de envases plásticos. Cuando no hay agua en las instalaciones, los reos se ven obligados a consumir el líquido que emana de la tubería de un aire acondicionado, así como también algunos tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio.

Mientras tanto, los 46 detenidos del CONAS no tienen acceso a baños, por lo que sus familiares reciben sus heces en bolsas plásticas y aseguran que son pocas las veces que pueden asearse.  Denuncian que en ocasiones la ropa que les entregan para lavar está manchada de sangre, pero desconocen qué es lo que ocurre en este centro.

De igual manera, se conoció que en este centro de detención los reclusos se dividen en dos grupos para dormir y convivir durante el día: 23 de pie y 23 sentados.

En cuanto a los 19 privados de libertad que alberga la GNB en la sede conocida como El Muelle, se conoció que solo tienen agua cuando llega el camión cisterna y pueden pasar hasta una semana sin que esto suceda. Los reos cocinan en una habitación pequeña sin ventilación y derriten plástico para generar fuego.

Todos los familiares afirmaron que estos casos han sido expuestos ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ayacucho, pero hasta la fecha no han enviado comisiones a los centros de detención. Al igual que la madre del joven fallecido en las instalaciones del CICPC, los datos de los denunciantes son anotados en un cuaderno y aparentemente quedan en el olvido.

Por último, la directora del OVP instó a la Defensoría del Pueblo de Amazonas a que atienda estas denuncias por reiteradas violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad en la entidad y, en consecuencia, se proceda a una investigación exhaustiva y veraz sobre cada caso en particular.

*Prensa OVP

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 «reglas de Mandela» para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
«El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal», destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

«De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso», advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 «Reglas de Mandela»

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


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OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

Carlos Nieto Palma May 15, 2020 | Actualizado hace 4 semanas
Presos hambrientos

@cnietopalma   

Hoy nuevamente voy a hablar sobre el hambre que están pasando los presos que se encuentran en cárceles dependientes de Ministerio para el Servicio Penitenciario y en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela. La hambruna en estos recintos de ha convertido en el principal de los muchos problemas que sufre la población penitenciaria de nuestro país.

Solo para tocar dos temas recientes, el pasado 1 de mayo ocurrió una masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Guanare estado Portuguesa, donde fallecieron 47 reclusos y 75 resultaron heridos en la primera gran protesta ocurrida en Venezuela motivada por el hambre de los presos. Podemos decir que, con esta, debutábamos en protestar por la hambruna existente en nuestras cárceles.

Tan solo unos días después, el sábado 9 de mayo pasado, los reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) en San Juan de Lagunillas del estado Mérida, secuestraron a dos custodios en protesta por la misma razón: no les dan comida; esta protesta, al momento de escribir esta nota, se mantiene aún.

Es importante aclarar que ambos recintos dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, cuya titular, María Iris Varela, pregona diariamente, con total desfachatez, que Venezuela tiene las mejores cárceles del mundo y que ella diariamente es consultada por países extranjeros para que los asesore sobre cómo logró este gran cambio en el sistema penitenciario venezolano.

La hambruna en las cárceles y CDP de Venezuela no es algo nuevo. Desde hace varios años hemos denunciado esta situación infinidades de veces desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad.

En nuestro informe anual del año 2019, presentado a inicios de este año 2020, pudimos determinar: “Un hallazgo que nos merece una consideración especial, en relación con la salud de las personas detenidas, es la alta frecuencia reportada en el segundo semestre de 2019 de casos de desnutrición, aun cuando no pudimos conocer su género. Si bien no son enfermos por alguna infección como el resto, sí hace a las 289 personas desnutridas más frágiles y propensas a contraer cualquiera enfermedad presente en su entorno”. Lo anterior significa que no será la desnutrición la causa de muerte por lo general, sino la enfermedad que los afecte al final. Probablemente la desnutrición no aparecerá en la partida de defunción y, por ende, en las estadísticas.

Lo más grave de esta situación estriba en que estas personas dependen del Estado, pues están detenidas y su dieta alimentaria y de medicamentos debería ser prioridad del ministerio responsable de estos calabozos.

Una fuente consultada nos indica que se calcula una prevalencia de un 10 % de enfermos desnutridos, aumentando hasta el 60 – 85 % en caso de personas institucionalizadas. Veamos algunos casos en el estado Nueva Esparta, en donde casi todos los CDP tienen carencia alimentaria. El ejemplo que vamos a citar pertenece a dos CDP, uno de ellos para mujeres.

Los privados de libertad no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida… Si esto sucede en hospitales no sorprende lo que vemos en los calabozos, particularmente en el caso de una población recluida que depende de que su familia le lleve los alimentos para poder ingerir la dieta necesaria, más aun cuando están enfermos.

Este es un tema sumamente delicado en cuanto a la salud de las personas detenidas cuando la dieta alimenticia depende de sus familiares y no de la institución responsable. No podemos calificar la situación de menos que patética, pues de los 233 (97 %) CDP que respondieron este indicador, 219 (94 %) afirmó que la alimentación de las personas detenidas depende de que sus familiares les lleven productos o comida preparada. Todas las otras fuentes de donaciones, comida no perecedera, etc., son esporádicas.

Pero, sumado a esto, 201 (84 %) CDP reportan que el acceso a medicamentos y/o tratamientos dependen en un 94 % (189) de los familiares. Surge una pregunta: ¿cuántas personas detenidas se encuentran fuera de su región de origen, lo cual impide que algunas de las mujeres de su familia puedan acceder, de manera permanente, a proveerles alimentación y medicamentos? ¿Cuántos reclusos no tienen familiares que puedan ayudarles?”

El artículo 15, numeral 11 del Código Orgánico Penitenciario establece que los privados de libertad tienen derecho a una “Alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”. Esto evidentemente no ocurre en Venezuela y son sus familias las que tienen que costear la alimentación de nuestros presos.

No podemos olvidar que al menos el 95 % de nuestros presos provienen de familias de pobreza extrema y estas, por lo general madres, esposas, parejas, etc., hacen esfuerzos extremos en alimentar a sus familiares privados de libertad, aunado a la falta de transporte para trasladarse y la matraca y robo de alimentos por parte de las autoridades encargadas de su custodia en los recintos donde se encuentran. Sí, la comida es otra de las muchas formas de corrupción existentes en estos recintos.

Solo queda concluir que en Venezuela los presos se están muriendo de hambre, ante la total indiferencia de las autoridades encargadas de su custodia y mientras las autoridades penitenciarias insisten en que aquí no pasa nada.

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