«Las velas encendidas representan una luz de esperanza y libertad para los presos políticos de Venezuela», se lee en la convocatoria
Desde el 8 hasta el 10 de diciembre de 2023, la Red Global de la Diáspora de Venezuela convocó una vigilia mundial por la libertad de los presos políticos de Venezuela.
A través su cuenta en la red social X, antes Twitter, la red informó que cualquier persona puede participar desde casa o desde cualquier lugar emblemático, solo es necesario encender una vela.
Para apoyar el evento, las personas deben llevar velas y un cartel con las etiquetas #Navidadsinpresospolíticos, #LuzporlaLibertad o #ElecionesLibres
«Las velas encendidas representan una luz de esperanza y libertad para los presos políticos de Venezuela», se lee en la convocatoria.
Para la difusión de la actividad es necesario mencionar las cuentas de Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPVzla), Red Global de Venezuela @RedGlobaldeVzlay Realidad Helicoide @HelicoidReality, estas organizaciones también estarán compartiendo imágenes de todas partes del mundo.
La organización informó que se va a habilitar un mapa mundial en la página de la Red Global de la Diáspora de Venezuela que mostrará como se va iluminar el mundo para pedir la libertad de más de 300 presos por motivos políticos en Venezuela.
La organización insistió en que Nicolás Maduro debe poner en libertad inmediata e incondicional a nueve hombres y mujeres que están detenidos injustamente en Venezuela
Amnistía Internacional (AI) instó a firmar una petición para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.
«Docentes y sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos o periodistas: cualquier persona puede ser víctima de detención arbitraria por motivos políticos, tortura, desaparición forzada y destrucción de sus planes de vida», se lee en la petición.
La solicitud, que se encuentra en la página web de la organización, insiste en que el gobernante debe poner en libertad inmediata e incondicional a las siguientes personas:
Emirlendris Benítez, comerciante y madre, detenida en agosto de 2018.
María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo: matrimonio, detenidos en marzo de 2019.
Guillermo Zárraga, exsindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020.
Darío Estrada, padre y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020.
Robert Franco, profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020.
Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y hermano, detenido en julio de 2021.
Gabriel Blanco, activista y trabajador humanitario, detenido en julio de 2022.
John Álvarez, estudiante y músico, detenido en agosto de 2023.
Para firmar la petición solo se tiene que llenar la planilla con los datos de quien desea suscribirla y enviarla. El texto indica que decenas de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela han sido puestas en libertad después de las acciones emprendidas por simpatizantes de AI.
Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”
Cuando Jefferson Díaz fue detenido, aseguró su progenitora, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos
@Andrea_GP21
El teniente de navío del Ejército Bolivariano Jefferson Díaz Mendoza, de 34 años, fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.
Mary Cruz Mendoza, madre de Jefferson, contó que tanto ella como su fallecido esposo fueron detenidos y llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valencia. Mientras eso ocurría, el militar estaba en la sede de la Dgcim en Boleíta.
Su hijo fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable. “Nos tomaron fotos y videos que fueron usados para coaccionar a mi hijo en el momento”, relató la madre del teniente de navío.
«Los Duelos de Ti/Los Duelos de Mi» son una serie de relatos producidos para dar a conocer las historias de las víctimas como Mary Cruz y su hijo el teniente de navío, Jefferson Jhosue Díaz Mendoza, preso político desde 2019. #SembramosMemoriahttps://t.co/uUKXV7VCeH
Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.
Coaccionado para declararse culpable
Cuando Jefferson Díaz fue detenido, contó su madre Mary Cruz Mendoza, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos.
“Ya era bastante con que él estuviera detenido para que también a nosotros nos hicieran algo. Eso le hizo tomar la decisión de declararse culpable, por lo que le dictaron diez años y seis meses, de los cuales lleva cuatro”, reveló su madre en entrevista con Runrun.es.
Actualmente Jefferson está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida popularmente como la cárcel militar de Ramo Verde.
“Gracias a Dios goza de buena salud porque hemos estado pendiente de que consuma sus vitaminas y le llevamos todas sus provisiones”, contó.
Víctima de torturas
Tras su detención Jefferson estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, un lugar que familiares de presos políticos y defensores de los derechos humanos han catalogado como un “centro de torturas”.
Pasados unos 50 días desde su detención fue cuando por fin su mamá pudo verlo. Estaba pálido por no ver la luz del sol y llevaba puesta una braga manga larga hasta el cuello. “Yo le dije ‘¿por qué andas vestido así?’ Y me respondió ‘no te puedo decir’”, porque allí estaban los custodios escuchando todo lo que conversaban.
Estando en la Dgcim, contó su madre, Jefferson fue “torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarle y lo sacaban. Fue sometido a también a electricidad”.
Todas esas torturas le ocasionaron secuelas como fuertes dolores de espalda por los que a veces ni siquiera puede levantarse de la cama. Además, el preso político debe “aguantarse” los dolores hasta que los fines de semana su madre le lleve medicamentos “porque allí donde está no tienen ni una inyectadora”.
“Yo estoy pendiente de llevarle su calmante, de llevarle las vitaminas como complejo B, cosa de que se fortalezca”, dijo su mamá.
Para mantenerse en buena forma y mejorar su salud física, Jefferson hace ejercicios que le ayudan a fortalecer su espalda. Nunca había sufrido de eso, pero ahora sí “debido a los trancazos que le dieron”, asegura su madre.
Su padre murió de tristeza
El esposo de la señora Mary Cruz era paciente renal y falleció en marzo del 2021. Jefferson no pudo darle el último adiós a su papá.
“Mi esposo muere en este proceso en el que a mi hijo lo apresan. Él de verdad fue débil y se desmejoró. Él sufrió mucho, lloró mucho, mi esposo muere de tristeza, muere de la enfermedad que le agravó por las circunstancias”, relató Mendoza.
“Yo le pido a Dios, y luego le pido al gobierno de Nicolás Maduro, que tenga un poquito de conciencia, de amor y de entereza. Que libere a los presos políticos porque realmente están allí presos por esas cosas de la vida, porque mi hijo es inocente y pido la libertad para él”, señaló la señora Mary Cruz.
Una madre y su hija solas
Para el momento en que Jefferson fue detenido se encontraba soltero, pero la señora Mary Cruz siente que, en otras circunstancias, actualmente él tendría una esposa e hijos sin la presencia de su padre.
“Nos quedamos mi hija y yo solas sin la presencia de mi hijo. Mi hija trabaja bien duro para mantener a su hermano y para mantenerme a mí, porque yo hasta hace dos años trabajé, pero yo tenía que luchar por mi hijo, tenía que ir a múltiples reuniones, a congregaciones, a todo para poder lograr la libertad de mi hijo”, relató.
La madre del teniente de navío del Ejército ansía que todo lo que ha hecho no sea en vano, para poder tener a su hijo en casa en las Navidades de este año y no tener que llevar su almuerzo navideño hasta la cárcel de Ramo Verde.
“Él es un chico muy optimista, siempre digo que es mi orgullo y que lo admiro, como madre, como persona, como mujer (…) Lo admiro porque tiene una actitud de que él va a salir, de que la justicia divina es grande y que la justicia divina debe hacerse efectiva”, señaló Mary Cruz Mendoza.
En El Mañanero de Runrun.es de este 02 de noviembre, te resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y sobre los derechos humanos: familiares de presos políticos se reunieron en Chacaíto para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro, una vez más, que liberen a todos los presos políticos; la Corte Penal Internacional anunció que hará una audiencia al madurismo el próximo 7 de noviembre y la ONG Transparencia Venezuela analiza si las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre las primarias en realidad era una estrategia para inhabilitar definitivamente a María Corina Machado.
Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, condenado a 16 años de prisión: "Es momento de que le den libertad a todos los presos políticos" pic.twitter.com/oqAcUKhgNb
«Las primarias se vayan a dar o no, de ese proceso, de esa estafa, no va a salir el próximo candidato a presidente de la República, porque es más de lo mismo, es parte del desastre», expresó José Brito durante una entrevista realizada en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión.
Gracias por leer El Mañanero de Runrunes de este 2 de noviembre del 2023.
«Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas», señaló la madre del estudiante, Wenderlin Peña
Texto y fotos: @Andrea_GP21
Miembros de la sociedad civil se concentraron este jueves, 1 de noviembre, en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, para exigir a la administración de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos.
La manifestación también fue replicada Madrid, España, y fue organizada por la ONG Voces de la Memoria. En el encuentro, los participantes también exigieron el «cierre de los centros de tortura» que existen en Venezuela.
Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón refirió que la lucha es «por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela», pero también «por la justicia que merecen las víctimas indirectas de ese patrón de presión política».
Además, Tineo recordó que desde el año 2014 hay 314 muertos como consecuencia de «ese patrón de persecución», de los cuales el 97 % de los casos se mantiene «en total impunidad».
«Apenas un 3 % ha obtenido sentencia y apenas de los autores materiales o perpetradores. El resto de la cadena de mando se mantiene totalmente impune», denunció Tineo.
#1Nov 12:50 p.m. Inicia concentración para exigir la liberación de presos políticos en la Plaza Brión de Chacaíto. Participan familiares y ONG pic.twitter.com/D3AUBDAjFh
Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta señaló que «cuando no hay justicia para los presos políticos, no hay justicia para los venezolanos».
Asimismo, señaló que funcionarios de seguridad los han acechado y son ellos mismos quienes muchas veces han terminado encarcelados. «Esto nos tiene que llamar a la reflexión», dijo.
Las voces de los familiares
En la concentración participaron los familiares de presos políticos y pidieron la liberación de sus parientes.
Entre los asistentes se encontraba Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, quien es un preso político condenado recientemente a 16 años de prisión.
«Nos alegramos porque liberaron a cinco personas, pero por otra parte sentimos tristeza. No solamente son cinco personas, son más de 300 presos políticos que merecen el abrazo de su familia, que merecen pasar unas Navidades junto a sus hijos, madres y esposos», dijo.
Gasparini manifestó que lo único que piden los familiares es la liberación de todos los presos políticos.
Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, condenado a 16 años de prisión: "Es momento de que le den libertad a todos los presos políticos" pic.twitter.com/oqAcUKhgNb
Por su parte, la señora Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, uno de los sindicalistas condenados a 16 años de prisión, alzó su voz para que los venezolanos sepan que «en Venezuela se tortura, no solo a los presos políticos, sino a los familiares».
«Hacen un tratado y no lo cumplen. Cada día para nosotros es una esperanza, y cada día al llegar la noche, nuestros familiares siguen presos», declaró Oropeza a los medios.
Wenderlin Peña, madre del estudiante John Álvarez, manifestó que su hijo, quien apenas tiene 24 años y «le han robado 63 días de su vida».
«Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas», señaló.
Pero además, Peña pidió al gobierno de Nicolás Maduro que libere a su hijo. «Mi hijo no puede estar tras las rejas. No le pueden robar su futuro, que tanto le ha costado», dijo.
Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado
Siete presos políticos militares cumplieron 15 días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida como la cárcel de Ramo Verde.
De acuerdo con una nota publicada por TalCual, los privados de libertad iniciaron la huelga de hambre para exigir que inicie el juicio en su contra y se les respete el debido proceso.
«Siguen igual, ya son 15 días en huelga de hambre y nada que se ocupan de su caso», comenta Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero del Ejército Rubén Bermúdez.
Se trata de los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, quienes fueron detenidos el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Este grupo estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay, Aragua) y estuvo incomunicado durante cinco días en Caracas.
El pasado 23 de octubre, la jueza Eudismarys León, a cargo del Tribunal 23 de Juicio de Caracas, aplazó nuevamente la apertura de juicio al grupo y fijó la nueva audiencia para el próximo 6 de noviembre.
Los militares tampoco fueron atendidos por el director general del Servicio Penitenciario Militar, general de División Luis Ojeda Araujo, quien les prometió que conversarían sobre sus exigencias para que se inicie el juicio y se respete el debido proceso.
La hermana del sargento Bermúdez reiteró su solicitud a las delegaciones negociadoras del oficialismo y oposición que tomen en cuenta al grupo para las excarcelaciones que se realizaron al margen de los acuerdos de Barbados.
Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado.
En el caso también se encuentra el general retirado Ramón Lozada Saavedra, quien fue detenido el 21 de enero de 2017.
El grupo estuvo año y medio en espera de una audiencia preliminar y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil del Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta presencia de un civil.
Los sargentos Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Rubén Bermúdez son unos de los privados de libertad arbitrariamente que exigen sus audiencias luego de un año y medio de pausa
Por Luisa Quintero (TalCual)
Siete presos políticos militares están en huelga de hambre desde hace tres días en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Los Teques, estado Miranda, mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde, para exigir que se respete su debido proceso y se inicie el juicio en su contra.
El grupo fue vinculado al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado. Los sargentos primeros Javier Rafael Peña, Feydi Montero y Rubén Bermúdez -tres de los huelguistas- informaron el pasado 1 de octubre al director general del Servicio Penitenciario Militar, general de División Luis Ojeda Araujo, que iniciarían esta medida de protesta en reclamo de sus derechos.
«A partir del año 2022 todo fue una declaración frontal de que no existe debido proceso, ya que hasta la actualidad se han burlado de nosotros de todas las maneras posibles y negándose atendernos. Continúan con la excusa de estar ‘cumpliendo órdenes’, nuestra pregunta es ¿de quién es la orden?», señalaron los militares.
Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero del Ejército Rubén Bermúdez, pidió a las autoridades que se aboquen al caso. El militar tuvo un coma diabético el año pasado y padece de depresión tras la muerte de uno de sus hermanos hace tres meses. Su hermana comenta que también sufre dolores de cabeza recurrentes por un accidente antes de su detención.
«Una huelga de hambre en su estado de salud no es nada bueno (…). Ellos piden que sean juzgados por un tribunal. En el civil les dicen que eso no les compete a ellos, los difieren. Entonces que les aperturen su juicio en el tribunal militar, ya son seis años y medio que tienen allí», aseguró Odalis.
Más de un año sin juicio
El grupo de militares, que estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay), fue detenido el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Estuvieron incomunicados durante cinco días, y luego el grupo fue devuelto a su comando.
Durante unas horas de espera de una reunión con el general Juan Carlos Du Bolay, fueron apresados por otros efectivos de la Dgcim Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas. «Hicieron el montaje de que ellos estaban libres y los agarraron en la Brigada 42. Hasta la fecha están privados de libertad», afirmó Odalis Bermúdez.
Los militares estuvieron año y medio en espera de una audiencia preliminar, señaló Bermúdez, y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil, específicamente al Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. La jueza Eusmary León ha diferido el inicio del juicio en más de 10 oportunidades por falta de despacho.
La liberación de los presos políticos, las reivindicaciones salariales y laborales, las inhabilitaciones y la aplicación del «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela» propuesta en 2022 son los temas que no se especificaron en el acuerdo entre el gobierno madurista y la oposición en Barbados, pese a que esos puntos se enmarcan en los derechos civiles y políticos
Pese a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición lograron un acuerdo preliminar en la isla de Barbados para establecer unas elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con observación internacional y condiciones competitivas, miembros de la sociedad civil venezolana denuncian que temas relacionados con los derechos civiles y políticos no se plasmaron en el diálogo del 17 de octubre.
Horas antes de la reunión en Barbados el secretario general de la ONU, António Guterres, «manifestó que acogía con satisfacción las decisiones del Gobierno de Venezuela y PUD para reanudar el diálogo y las negociaciones en Barbados tras casi un año de pausa», dijo en la rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.
«El proceso no termina con este acuerdo», reiteró Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en una entrevista al periodista Román Lozinski este 18 de octubre en Unión Radio. «Este se llama primer acuerdo parcial para condiciones. Es un acuerdo de condiciones para la elección presidencial, pero en la agenda del memorándum de entendimiento están los temas de reinstitucionalización del país. Ahí está por ejemplo que hay que negociar qué va a pasar con los poderes públicos», sumó.
Desde Runrun.es presentamos algunos de los puntos más destacados que están pendientes de abordar en la continuación del diálogo y que representan las vulneraciones a los DDHH y los derechos sociales y políticos en el país.
Economía: reivindicaciones laborales y salariales
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) establece que la desigualdad socioeconómica de Venezuela es una de las más altas de la región latinoamericana. Al menos 8 de cada 10 personas encuestadas en 2022 por esa institución afirmaron que no tienen ni para cubrir la cesta básica alimentaria.
Lo mismo ocurre con el salario, los 130 bolívares representan menos de 4 dólares mensuales a la tasa del Banco Central de Venezuela. Según la ONU, una persona en pobreza extrema, y por consiguiente con grandes vulneraciones a sus derechos humanos, recibe un ingreso de 2,15 dólares diarios.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció en un comunicado difundido el 29 de enero de este año que el régimen madurista había incumplido con más del 90 % de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde abril de 2022.
El tema de las reivindicaciones salariales no fue abordado en esta reanudación del diálogo en Barbados.
«En dicha mesa de diálogo no se ha colocado tema central de la vida de los trabajadores venezolanos», opinó Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, a Runrun.es. «Estos escenarios han servido más para profundizar las políticas del gobierno venezolano y no para que sean espacios de negociación al cumplimiento de los derechos sociales y políticos de los venezolanos».
Pero no se descarta que en próximos acercamientos se aborde el tema económico, como de hecho, confirmó el jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blyde, reveló en entrevista con el Circuito Éxitos.
«Ahora entra a negociarse cómo estabilizar la economía. Y entra a negociarse duro. ¿Por qué?, porque el hambre del pueblo venezolano hay que atenderla, pero todo tiene que ir equilibrio y en progreso y en entrega, ni ellos van a capitular, ni nosotros vamos a capitular ni la comunidad internacional tampoco», dijo Blyde en la entrevista radial.
ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos y que luchan por justicia en el caso de los más de 290 presos políticos en Venezuela denuncian que el tema de los privados de libertad por razones políticas debe ser atendido inmediatamente, más cuando existen más de 50 personas que están recluidas y tienen un cuadro de salud crítico pero no están recibiendo la atención necesaria.
Por ejemplo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia lamentó que los acuerdos firmados por el gobierno y representantes de la Plataforma Unitaria no mencionaran específicamente el tema de la liberación de presos políticos.
#ULTIMAHORA Lamentamos que en los acuerdos firmados hoy por respresentantes del Gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria, no se haya mencionado la liberación de los 290 presos políticos. Desde la @Coalicion_ddhh seguiremos abogando por su libertad!
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 17, 2023
«Un punto que consideramos crucial a gestionar en simultáneo a los encuentros, y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones, genuina y legítimamente, pasa por la liberación de todos los presos políticos», dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un comunicado difundido el 17 de octubre.
La ONG reiteró que los acuerdos en ese sentido restituirían el derecho humano a la vida, a la libertad y a la integridad personal, como mínimo. Esperan que, como en otras ocasiones, la liberación no sea una «selección conveniente de fichas de canje entre las partes».
¿Habrá beneficios o liberación de presos políticos tras la firma de acuerdos en Barbados, aunque el tema no figura puntualmente en el documento firmado? Gerardo Blyde respondió lo siguiente:
«Hay gente que aspiraría a que un acuerdo dijera que existen presos políticos, torturas, detenciones arbitrarias y violación de DDHH. Eso no lo va a contener un acuerdo, y menos cuando le dices a la otra parte que firme una confesión. Eso sería una rendición. Pero sí hay una referencia en el acuerdo sobre el respeto a los DDHH, que necesita ejecutarse. En la medida en que este acuerdo se va a ir desarrollando, si las partes cumplimos, empezarán a ser liberados muchos de los presos políticos y eso es parte de los gestos y de la ejecución del acuerdo».
Blyde prometió en la entrevista radial que este tema «va empezar a ser solucionado» y exigirán que la puerta giratoria no exista, «porque sino, no solucionamos el problema de raíz».
Política: participación de inhabilitados
Pese a que los propios miembros del diálogo en Barbados enfatizaron que este acuerdo se enfocaba en los próximos comicios presidenciales, hasta ahora no existe un punto que textualmente garantice la participación electoral de venezolanos inhabilitados como candidatos.
Durante esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia catalogó como inamisible la apelación para evaluar la inhabilitación a María Corina Machado, una de las candidatas a las primarias de la oposición a celebrarse este domingo 22 de octubre y que dictará el representante de la crítica al madurismo de cara a las presidenciales.
Sobre las inhabilitaciones cada delegación del diálogo mantiene su postura, más allá de lo que se firmó en el acuerdo en el que se expresa que, en igualdad de condiciones, con atención a principios de celeridad, eficiencia y eficacia y en base a la Constitución, se promoverá la autorización de todos los candidatos presidenciales y de los partidos políticos siempre que cumplan los requisitos.
Jorge Rodríguez, vocero del gobierno en diálogo, sostuvo a pocos minutos de culminadas las conversaciones en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados «no podrán ser candidatos presidenciales».
«Si usted cometió un crimen, usted no puede ser candidato. Si recibió una inhabilitación administrativa por el órgano constitucional, tampoco podrá ser candidato presidencial. Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso el párrafo se refería a los derechos de los candidatos, que no tendrán ninguna otra limitación salvo que esté inhabilitado», dijo Rodríguez.
🔴 Jorge Rodríguez aclaró en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados no podrán ser candidatos presidenciales.
Mientras que Gerardo Blyde declaró que lo suscrito abre la puerta para que puedan producirse las habilitaciones a través de distintas vías.
«No se está habilitando de forma automática, pero se está abriendo la ruta para que esto (la habilitación) se realice», explicó Blyde sobre el tema. «No se cerró a un solo tipo de procedimiento para el proceso de habilitación de cualquier venezolano, al dejar abierta la rendija puede ser un procedimiento judicial, de revisión de la Contraloría o incluso de oficio».
Servicios: un fondo humanitario congelado
En la firma del 17 de octubre en Barbados no salió a relucir información sobre el «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela», un acuerdo en los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana que se firmó en noviembre en México en 2022 y que planteaba el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela (BCV) en la Reserva Federal de Nueva York para mejorar las instituciones relacionadas a los servicios básicos (agua y electricidad), el sistema educativo y el sistema sanitario.
Desde el acuerdo de México en 2022, distintas ONG, como la Coalición Anticorrupción, han insistido en que es «urgente» la implementación de ese supuesto fondo que tendría 3 mil millones de dólares administrados por la ONU para paliar la crisis humanitaria compleja.
Ni Blyde ni Rodríguez ni garantes del diálogo se refirieron en sus declaraciones a este tema crucial.
Lo que adelantó el vocero de la delegación opositora es que los acuerdos de Barbados no culminan al diálogo, y que las negociaciones continuarán por mucho más tiempo.
«Vimos una negociación que en noviembre del año pasado parecía muerta, pero se restableció por la política mundial y las necesidades delpaís», dijo.
Agregó también que en el marco de las conversaciones que continuarán y del cumplimiento de lo ya acordado podría haber un levantamiento «progresivo de sanciones», lo que abriría la puerta a liberación de algunos fondos.
«Eso además no solamente puede ayudar de alguna manera económicamente al país, sino que ayuda al pueblo venezolano. No estoy con aquellos que dicen que levanten todas las sanciones de una vez, pero tampoco con aquellos que dicen que se muera de hambre el pueblo venezolano y que no se levanten nunca, sino solo hasta que se vayan los que están en el poder», remarcó.
