@cnietopalma
La COVID-19 se ha convertido en un grave problema mundial y una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. De esto no escapan los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad en cualquier rincón del planeta y de los cuales organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado a los gobiernos del mundo se tomen medidas especiales para estas personas, por la gravedad que resultaría un brote de esta pandemia en los recintos donde se encuentran.
En declaraciones dadas el pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Igualmente la CIDH, en un comunicado de prensa de fecha 31 de marzo, exhortó a los Estados a “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
Muchos países del mundo han acogido estas recomendaciones y han visto en la liberación de personas privadas de libertad, con méritos de tenerla, una forma de detener la propagación de la COVID-19 en los sitios de reclusión, han entendido que, de desatarse una propagación de esta pandemia en las cárceles o centros de detención preventiva, las consecuencias serían una verdadera catástrofe pues su expansión sería inmediata e incontrolable.
Este temor lo tenemos también en Venezuela los que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Lamentablemente las condiciones de los recintos carcelarios, así como de los calabozos policiales son deplorables y la llegada de esta pandemia a estos espacios sería una gran tragedia, gracias a Dios no ha llegado y esperamos que no ocurra.
En Venezuela pocas cosas se han hecho en la búsqueda de obtener la liberación de personas encarceladas a pesar de las diligencias que varias organizaciones de derechos humanos hemos intentado ante organismos nacionales e internacionales para la liberación de los presos políticos o por delitos menores, y lograr de alguna forma descongestionar las cárceles y calabozos policiales, pero hasta ahora poco se ha logrado.
Sin embargo, entre el 4 y el 5 de abril la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 284 libertades a reclusos de las cárceles Rodeo 2 y 3 y Yare 1, 2 y 3 mediante el otorgamiento de una facultad que le da el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164, como es el otorgamiento de un Régimen de Confianza Tutelado a reclusos o reclusas que tengan sentencia definitiva y hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para obtener una fórmula alterna de cumplimiento de pena, como son haber cumplido la mitad de la pena, mantener buena conducta dentro del recinto que se encuentren, un pronóstico favorable emitido por el equipo técnico, entre otros.
Yo realmente desconozco a qué personas se les otorgó ese régimen de confianza tutelado o si cumplían los requisitos o no para obtenerlos. Lo cierto es que es una facultad que le da la ley a la titular del despacho de prisiones, cuando los presos condenados cumplan los requisitos para una fórmula alterna de cumplimiento de pena y el tribunal de ejecución de su causa no la haya otorgado y ella lo aplicó. Realmente esperamos que ese mismo tipo de medidas u otras similares se sigan otorgando a personas privadas de libertad, siempre y cuando reúnan los requisitos para obtenerlas. Ojalá los próximos liberados sean los más de 300 presos políticos que tenemos en Venezuela, cuyo único delito es pensar diferente.
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