ONG archivos - Página 2 de 31 - Runrun

ONG

Es un grave precedente: ONG condenan intervención judicial de la Cruz Roja venezolana
Un grupo de organizaciones considera que la medida se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela»

 

Unas 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja de Venezuela, al considerar que la medida sienta un «grave precedente» para las asociaciones civiles en el país.

En un comunicado, las ONG calificaron como un «cuestionable fallo» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el pasado 4 de agosto, de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.

«Alertamos que tal decisión constituye un agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país», dicen las organizaciones que creen que este hecho «viene a agravar las ya severas privaciones que sufre la población» que recibe asistencia humanitaria.

Contra la independencia y autonomía

A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela».

Por ello, piden que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil» y «que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse, garantizando la continuidad de sus labores».

«Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales», prosigue el escrito.

Además, las ONG piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que «registren y hagan seguimiento de este ataque».

La nueva junta directiva «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana recibió el 9 de agosto a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para elaborar «la hoja de ruta» que garantizará, en un período máximo de un año, «elecciones democráticas» dentro del organismo.

FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.

«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.

La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».

«La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», se lee en la nota.

«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.

Información de EFE

Intervención de Cruz Roja Venezolana viola principios humanitarios y sienta grave precedente
ONG, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana desconoce principios humanitarios internacionales
Advierten que establece un precedente grave para las libertades asociativas y que las próximas víctimas pudieran ser las ONG
La intervención de la Cruz Roja Venezolana llega dos semanas después de que Diosdado Cabello denunciara a su vicepresidente por «abuso de poder» y «conspirar contra la revolución» y de que Tarek William Saab anunciara una investigación por presunto maltrato de trabajadores

 

Organizaciones de derechos humanos, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro es un precedente alarmante para la libertad de asociación. 

El pasado 4 de agosto, en horas de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia de corte madurista ordenó la intervención del organismo y designó una nueva directiva para su reestructuración. En ponencia de la magistrada Tania D’ Amelio se determinó el cese inmediato de la presidencia de la institución y todo su equipo directivo en Venezuela.

 

La directiva que estableció el TSJ estará presidida por el expresidente de Fedecámaras,  Ricardo Cussano.

Para Rafael Uzcátegui,  coordinador general de Provea, esta intervención a partir de una junta reestructuradora Ad-Hoc «es un precedente grave para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión en el país». «¿Qué viene después, la intervención de una ONG?», preguntó.

 

La ONG Acceso a la Justicia explicó que la sentencia del TSJ no es la definitiva sobre el caso, y que se trata de otorgar una medida cautelar que solicitó el fiscal general para intervenirla y conformar la junta interventora a raíz de una investigación penal contra la directiva nacional de la Cruz Roja por supuesto manejo irregular de recursos.

No obstante, son enfáticos en denunciar que la sentencia viola el derecho a la presunción de la inocencia, pues toma medidas definitivas y que no se pueden retrotraer fuera inocentesi resultara que la directiva nacional de la Cruz Roja de de los delitos que se le endilgan. 

«Vulnera el derecho a la libre asociación al afectar su autonomía e independencia», denunciaron. 

Lexys Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz, también considera que esta junta interventora es un nuevo avance contra las libertades asociativas en el país: «Atender las graves denuncias de corrupción y violencias debía estar dirigido a la persona apegado al debido proceso, no a intervenir la institución».

José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, calificó la acción como un «abuso de poder» que implicó  «graves violaciones de procedimiento» y que además desconoce principios internacionales humanitarios. «Ahora, la Cruz Roja depende de la Sala Constitucional», denunció.

El periodista Luis Carlos Díaz recordó que la medida del gobierno de Nicolás Maduro es parecida a la que aplicó hace tres meses el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que disolvió y confiscó la Cruz Roja. 

Intervención tras amenazas de voceros oficialistas

La intervención de la Cruz Roja Venezolana se produce luego de una tanda de amenazas de voceros del gobierno madurista.

El 19 de julio pasado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello denunció a Mario Villarroel, segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo seccional del Distrito Capital de la Cruz Roja Venezolana, por “abuso de poder”. Añadió entonces que «usaba la institución para acumular poder y asuntos personales”.

“(Villarroel) lleva más de 40 años en el cargo sin elecciones sin ningún tipo de renovación dentro de la Cruz Roja, manipula en el mundo a mucha gente (…) es un mal ejemplo, y, además, conspira contra la Revolución Bolivariana”, declaró entonces Cabello. 

Agregó Cabello: “Ha llegado a controlar a magistrados del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), se va por el mundo a hablar en nombre de la Revolución (…) no hay estatutos , esos los pone él y quiere dejar a su hijo en el cargo, acusado de violencia familiar”.

Por su parte, el 29 de julio pasado, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional por parte de su presidente, Mario Villaroel.

 

Cussano se defiende

De acuerdo con la sentencia del TSJ, la constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida» por Cusanno, deberá «coordinar», en los próximos siete días hábiles, la «designación de los miembros que la integrarán» , así como «colaborar» con la Fiscalía en la «investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (…) saliente».

Asimismo, se encargará de «garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores, las trabajadoras, los voluntarios y las voluntarias de la institución, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios».

Cusanno deberá también «administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, previo el inventario correspondiente».

Tras conocerse la noticia, Cusanno fue recriminado en redes sociales. A esos señalamientos respondió que asumiría con «humildad y compromiso» la tarea en la que supuestamente colaborará como «voluntario».

En los mensajes compartidos en la red social «X» dijo que restaurará la  «institucionalidad» de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana y que, tras conformar una junta «plural, independiente y proba», iniciará un proceso para «modernizar la institución» que culminará en una elección «transparente».

Piden a rector electo que la UCV ayude a fortalecer la democracia y los DHHH
Más de 30 ONG  pidieron al nuevo rector de la UCV, Víctor Rago, que la casa de estudios impuse iniciativas para fortalecer la democracia, los DDHH en general y el derecho a la educación general y superior
Las ONG insisten en que la UCV se mantenga como una institución  «autónoma, libre, un referente del espacio cívico, la libertad de expresión» comprometida con los valores democráticos y los DDHH
Llaman también a construir y aprobar un protocolo de  actuación institucional para abordar las denuncias sobre situaciones de violencia de género ocurridas dentro del campus
Sugieren que la UCV sea  «proactiva en la generación de ingresos propios» y que promueva, junto con los egresados, «donaciones para sostener los programas de becas y otros servicios estudiantiles»

 

Más de 30 organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos venezolanos enviaron una misiva al profesor Víctor Rago, rector electo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la que lo felicitan por su triunfo y le hacen una serie de recomendaciones desde la perspectiva de derechos humanos. 

Las ONG firmantes destacan el proceso comicial de la UCV, que contó con la «entusiasta participación» de los diferentes gremios de la comunidad universitaria y le desearon éxito al profesor Rago, antropólogo y doctor en Lingüística, en el ejercicio de su gestión.

De igual forma, le compartieron una serie de sugerencias y recomendaciones al equipo rectoral para que impulsen iniciativas que ayuden a fortalecer la democracia, los derechos humanos, el derecho a la educación general y el derecho a la educación superior. 

«Señor Rector: Cuente con el apoyo e involucramiento de las organizaciones que formamos parte del movimiento de derechos humanos venezolano para el fortalecimiento y optimización del rol de liderazgo de la Universidad Central de Venezuela en los difíciles momentos actuales del país», se lee en la misiva. 

Liderazgo para fortalecer la institucionalidad

Desde el punto de vista de la democracia, las organizaciones firmantes consideran que la UCV, como «casa que vence la sombra», debe ejercer un liderazgo en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país, «mediante la generación de conocimiento y la articulación con otros centros de educación superior, con el objetivo de que las universidades desempeñen un papel en la plena recuperación de los derechos constitucionales y la vigencia del Estado de derecho en Venezuela».

Opinan que la UCV debe ser un «territorio privilegiado para la construcción de conocimiento transdisciplinario para la paz, inclusión y convivencia democrática», valores que asumen necesarios para la recuperación de los derechos establecidos en la Constitución. 

Insisten que que la UCV se mantenga como una institución  «autónoma, libre, un referente del espacio cívico, la libertad de expresión, el derecho a la ciencia y la cultura, de la libertad de asociación y reunión, comprometida con los valores democráticos, y que impulse el desarrollo y progreso científico, económico y social del país».

Por otra parte, sugieren que la casa de estudios reimpulse el cumplimiento de sus funciones de investigación, enseñanza y extensión, así como su gobernanza y funcionamiento administrativo, «bajo el respeto absoluto de la libertad académica y otros derechos humanos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución venezolana».

Defensa y promoción de los derechos humanos

En este apartado, las organizaciones sociales y de derechos humanos piden que la UCV favorezca «la formación, promoción y defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)».

Esto se puede cumplir, agregan, «mediante políticas de igualdad, equidad e inclusión que favorezcan a la comunidad universitaria y que puedan ser replicables al resto del país».

Proponen que la UCV construya políticas de extensión universitaria para fortalecer el disfrute de los derechos humanos, que este enfoque se incluya en los diferentes pensum de estudio y líneas de investigación y que se incluya la posibilidad de hacer trabajo comunitario y pasantías dentro de las diferentes iniciativas de la sociedad civil en el país: «Un elemento a considerar podría ser la adopción de una cátedra obligatoria para todas las carreras sobre nociones básicas de derechos humanos y ciudadanía».

Por otra parte, creen que se debe construir y aprobar un protocolo de  actuación institucional para abordar las denuncias sobre situaciones de violencia de género ocurridas dentro del campus.

«La Ciudad Universitaria y el resto de sus sedes deben ser un espacio seguro para grupos vulnerables como por ejemplo personas LGBTIQ+, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores; esto a través de acciones que vayan encaminadas a erradicar la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, creencias, etc», se lee en el documento. 

 

Asimismo, recuerdan que la Universidad Central puede desempeñar un «importante papel en el trabajo de atención de víctimas de violaciones a los derechos humanos»,  mediante el fortalecimiento del Centro para la Paz y los DDHH “Padre Luis María Olaso”, así como la creación de clínicas jurídicas y de atención sociológica y emocional a cargo de las Escuelas de Derecho, Psicología y Sociología.

Piden también a la UCV que promueva los humanos ambientales a través de la acción por la sustentabilidad ambiental de sus espacios, el fortalecimiento de la investigación sobre la degradación ambiental y sus efectos en el país , los graves efectos del cambio climático y el impacto de los grandes proyectos extractivos.

Investigación, promoción y formación de estudiantes y docentes

Las más de 30 ONG que firmaron la carta llaman a la UCV a ratificar su compromiso con los artículos de la constitución y los pactos internacionales en materia de derechos humanos referidos al derecho a una educación integral «de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones».

Consideran que deben surgir propuestas curriculares y de programas de apoyo y nivelación que puedan ayudar a prevenir el abandono escolar de la población más vulnerable.

Tocan el punto de la difícil situación del gremio docente, y mencionan como una prioridad el diseño de estrategias para promover la formación de los educadores.

Además, instan a que las nuevas autoridades rectorales garanticen que sus pensum de estudio de las carreras de pregrado, postgrado y doctorado sigan siendo «universales, actualizados a las realidades y necesidades del país y de los avances tecnológicos, científicos e intelectuales, pero nunca estar sesgados por ideologías sectarias ni sometidas a decisiones partidistas que limiten su naturaleza académica».

Equidad en acceso a la educación superior 

Para las organizaciones que suscribieron el documento la UCV debe diseñar «estrategias factibles para asegurar la mayor equidad de acceso posible a la educación superior».

«Tanto programas de apoyo educativo a los próximos bachilleres y estudiantes de nuevo ingreso (en ese sentido, es imprescindible mantener y reforzar programas como Samuel Robinson), cómo fortalecer servicios básicos en el Campus: comedor, transporte y biblioteca», advierten. 

Frente a la disminución de los recursos públicos, sugieren que la Universidad sea «proactiva en la generación de ingresos propios que permitan sostener los servicios básicos de los campus» y que promueva, junto con los egresados, «donaciones para sostener los programas de becas y otros servicios estudiantiles», esto en virtud de las precarias condiciones de vida de la mayoría de los estudiantes, «a quienes la crisis les imposibilita en muchos casos sostener su permanencia dentro del sistema de educación superior».

En este punto enfatizan en la necesidad de que la UCV repiense su oferta académica para actualizarla y hacerla cónsona con las demandas del desarrollo, dentro de las orientaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, piensan que la oferta «debe privilegiar la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la posibilidad de generar salidas intermedias que permitan la inserción laboral de los y las estudiantes de entornos desfavorecidos sin impedir que estos puedan alcanzar el título de licenciatura».

ONG que suscribieron la carta

Las organizaciones no gubernamentales que firmaron la carta enviada al rector electo Víctor Rago fueron:

  • A. C. Mujeres de Frente
  • A.C. Médicos Unidos de Venezuela
  • A.C. Reforma Judicial
  • Acceso a la Justicia
  • ACE Pequeños Cientificos
  • AlertaVenezuela
  • Asociación Civil Geografía Viva
  • Asociación Civil Los Naguaritos;
  • Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
  • Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  • Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  • Centro para la Paz y Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela
  • Civilis Derechos Humanos
  • Clima21;
  • Comisión de la Universidad de Los Andes contra la violencia de género
  • Comisión ULA Mujer
  • Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
  • EPIKEIA Derechos Humanos
  • Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
  • Fundación Agua Sin Fronteras
  • Fundación Caribe Sur
  • Fundación Incide
  • Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
  • Fundación Aguaclara
  • Gritemos con Brío
  • Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua
  • Laboratorio de Paz
  • Médicos Unidos de Venezuela
  • Monitor de Derechos Humanos
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  • Observatorio de Ecología Política de Venezuela
  • Observatorio Global de Comunicacion y Democracia Odevida, Capítulo Venezuela
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  • Radio Fe y Alegría
  • Noticias; UCV – bosque nativo
  • Una Ventana a la Libertad
ONG exigen liberación de agricultores que protestan por la falta de gasolina
Provea calificó las detenciones de estos productores como «arbitrarias», y aseguró que se trata de un mecanismo de «represión para callar protestas»

Foto referencial

Varias organizaciones no gubernamentales exigieron el 20 de junio la liberación de dos agricultores que fueron detenidos en los últimos días, luego de que, en protesta por la falta de gasolina, estos arrojaran al río cosechas que no pudieron trasladar hasta los centros de comercialización.

Las detenciones las dio a conocer el fiscal general, Tarek William Saab, a través de Twitter, donde informó que los productores agrícolas Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte fueron capturados por haber violado la Ley de Precios Justos, lo que las autoridades consideran un «boicot».

Ambos, indicó Saab, destruyeron «gran cantidad» de tomates y zanahorias, lo que representa un «boicot».

La ONG Provea calificó las detenciones de estos productores como «arbitrarias», y aseguró que se trata de un mecanismo de «represión para callar protestas».

«En un país con más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias (según informe Provea 2022) el Estado decide castigar y perseguir a quienes producen, a pesar de la crisis de servicios y ausencia de combustibles en los campos», denunció la ONG en su cuenta en Twitter.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón emitió un mensaje similar, en la misma red social, y exigió la libertad de los dos agricultores detenidos.

También la ONG Caleidoscopio Humano pidió la liberación de los productores, y recordó que «es deber del Estado generar las condiciones de trabajo» y garantizar los derechos de los trabajadores del campo.

«Perseguir a los agricultores no soluciona el problema de distribución de combustible», añadió.

MP investigará a agricultores que boten sus cosechas por falta de gasolina

Tarek William Saab, fiscal venezolano impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 —del gabinete de Nicolás Maduro— anunció el 17 de junio en su cuenta de Twitter  la investigación penal a los agricultores que desechen sus cosechas por sus restricciones al suministro de combustible y transporte «por causar zozobra» a la nación. 

El representante de la Fiscalía General de la República dijo que el primer productor agropecuario que será investigado es Alfredo Alfonso Morales, oriundo de Bailadores, Mérida. 

Morales y otros agricultores andinos denunciaron en redes sociales la obligación de desechar sus cosechas en ríos y quebradas de su comunidad ante la falta de gasolina. Aseveraron que la falta de transporte viola el derecho humano a la alimentación de otros venezolanos.

«Esto da dolor. Un productor de cambures botando su cosecha al río porque no tiene combustible para poder sacarla a vender. Es la triste realidad del campo venezolano», publicó Morales en Twitter el 14 de junio. 

En el video, el productor de cambures asegura que estuvo cuatro días buscando gasolina por diferentes medios y no logró surtirse de combustible.

Con información de EFE

ONG y defensores desmienten al gobierno: “CPI no ha negado ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”
A través de su cuenta en Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

 

Distintas ONG y defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron este martes, 9 de mayo, la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en negar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país. 

En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno afirmó que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) solo recoja las opiniones de “víctimas potenciales”, significaba que, hasta el momento, no existe ninguna víctima venezolana reconocida por la Corte. 

En el documento, el Gobierno también expone que la CPI podría convertirse en un “arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela». 

A través de la red social Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Explicó que lo que ha hecho el organismo internacional el pasado 8 de mayo  es proteger -como es su deber- a las «miles de víctimas que hicieron observaciones» a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I.

«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», señaló la ONG.

Por su parte, el activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, señaló que «la dictadura puso a funcionar su maquinaria para presentar como victoria una contundente derrota en la Corte Penal Internacional».

Alvarado indicó que el Gobierno de Maduro quiere engañar presentando una derrota como triunfo.

El abogado Joel García también usó su cuenta en Twitter para expresarse y ratificó que no solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, «sino que también hay criminales de lesa humanidad». «Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente», recalcó.

CPI rechazó la petición de Maduro

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro a finales de abril pasado de responder al reciente informe de víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.

El gobierno de Maduro solicitó la respuesta al informe de víctimas bajo el alegato de que introdujo «nuevas cuestiones» que podrían no haber previsto.  

Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CIP precisó que su marco jurídico no contempla  responder «en detalle» cada una de las alegaciones de las víctimas, como exigió el gobierno madurista.

Además, insistieron en que el informe de  la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), publicado el pasado 20 de abril, contiene «opiniones y preocupaciones» de «víctimas potenciales». 

Por tanto, al no ser reconocidas todavía formalmente como víctimas, el Estado venezolano aún no puede responder a lo que ellas expresaron.

De esta última afirmación de la CPI se está valiendo el gobierno para asegurar que la Corte está supuestamente negando la existencia de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado y desmentido por las ONG antes citadas.

Acceso a la Justicia: Ley contra las ONG es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil
La ONG advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones, sino un universo enorme de organizaciones civiles

 

Este miércoles, 8 de febrero, la ONG Acceso a la Justicia denunció que la ley que impone el gobierno de Nicolás Maduro en contra de las Organizaciones No Gubernamentales, es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil. 

En una nota de prensa, la ONG aseguró que la amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno. 

Acceso a la Justicia aseguró que el chavismo busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, por lo que «afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro existentes, sean estas de hecho o de derecho».

«Atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios», señala el escrito.

Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones (que defienden derechos humanos), sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto».

En este sentido, la ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas «serán consideradas organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro (previsto en la ley), pues de lo contrario no podrán funcionar».

Lo que se traduce en que todas estas organizaciones deberán cumplir «la avalancha de trámites» que contempla el proyecto legal, pues, de lo contrario, podrían ser objeto de multas de hasta 12.000 dólares.

El chavismo ha reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la revolución bolivariana, por ello busca establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben.

*Con información de Efe

ONG denuncian que enfrentan “mayor amenaza” a su existencia por ley fiscalizadora
El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas 

 

Doce ONG venezolanas aseguraron que enfrentan la «mayor amenaza» a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), impulsado por la contundente mayoría oficialista.

El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, «rechaza de manera contundente» esta maqueta legislativa, al considerar que representa «la mayor amenaza registrada en el país» contra su existencia y contra «el accionar libre e independiente» de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

«El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aun más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG», dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La agrupación cree que la iniciativa parlamentaria «no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente» de la sociedad civil y actores humanitarios.

«Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas», remarca el escrito.

De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a «un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo», en el que deberán presentar requisitos «exageradamente intrusivos».

El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado. 

*Con información de EFE

Llegó a Caracas el alto comisionado de DDHH de la ONU en medio de ataques a ONG y periodistas
Se espera que Türk ofrezca declaraciones el sábado al concluir su misión en el país petrolero, según se detalló en un escrito oficial de su oficina

 

Este jueves, 26 de enero, llegó a Venezuela desde Colombia, el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, donde desarrollará una misión oficial de dos días, informó Naciones Unidas Venezuela.

«El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, llegó hoy a Venezuela en misión oficial, por invitación del Gobierno», dijo el organismo en su cuenta en Twitter.

Reiteró que el funcionario se reunirá con «autoridades de Gobierno, organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas y otros», sin ofrecer mayores detalles de la agenda.

El Gobierno de Venezuela informó que la visita oficial del funcionario de ONU será entre este jueves y el sábado, y que se llevará a cabo «en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo».

En un comunicado, el Ejecutivo nacional reiteró su «compromiso inquebrantable» con los derechos humanos y su disposición a dialogar ante la visita del alto comisionado.

Se espera que Türk ofrezca declaraciones el sábado al concluir su misión en el país petrolero, según se detalló en un escrito oficial de su oficina.

Arremetida contra periodistas, políticos y trabajadores que protestan

En las últimas 48 horas, el gobierno ha emprendido acciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, como la aprobación en primera discusión de la ley para controlar, regular e ilegalizar algunas organizaciones no gubernamentales

El gobierno también allanó la residencia de la nueva vicepresidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera. 

En una serie de tuits, Figuera condenó la «cobardía y violencia» de este procedimiento.

«Hacemos responsables a Nicolás Maduro de este nuevo ataque y alertamos a la comunidad internacional y los organismos defensores de los DDHH estar alerta y registrar esta acción», agregó. 

Por otra parte, se inició una nueva arremetida contra periodistas del diario El Nacional. Al jefe de redacción del medio, José Gregorio Meza, lo llevaron a declarar a la Fiscalía por unos trabajos de investigación publicados en dicho medio y le retuvieron su teléfono. Este 26 de enero se lo entregaron, pero le anunciaron que la investigación del Ministerio Público continuaría.

Además, el pasado 24 de enero, la Red Sindical Venezolana denunció ataques e intimidación contra dirigentes y trabajadores que han protestado en las últimas dos semanas.

Mediante un comunicado, la organización repudió los «hechos de violencia e intimidación» que sufrieron dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública.

*Con información de EFE