EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Nicolás Maduro, admitió en una reciente entrevista a un medio de comunicación español, que funcionarios de altos cargos habrían estado involucrados en hechos de corrupción entre los cuales, según sus propias palabras, figuran “ministros”. Pero durante la llamada “revolución” no ha sido encarcelado ningún representante del Poder Ejecutivo por el manejo irregular del dinero de la nación y han quedado de lado muchos señalamientos, algunos de los cuales involucran al mismo mandatario.
Para Maduro el asalto a los recursos públicos es un tema “muy serio” y reconoció que algunos de los corruptos “en un momento dado han sido de mi confianza, algunos, otros ni los he conocido”. Atribuyó esta situación al “aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidad en posiciones de poder en Venezuela”.
De la Cancillería a Miraflores
La queja del presidente Maduro frente al manejo delictivo de los recursos del país se tropieza con las denuncias que lo colocan como el funcionario de más alto nivel señalado actualmente por corrupción.
Cuando Hugo Chávez optaba en 2012 para la reelección presidencial, el entonces canciller Nicolás Maduro habría sido el intermediario para pagar en efectivo parte de los US$ 35 millones que costó la campaña “Chávez, corazón del pueblo” ideada por los publicistas brasileros Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
Moura reveló bajo la figura de delación ante el Ministerio Público Federal de Brasil, que Maduro le entregó US$ 11 millones en efectivo en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Maduro me recibía en su propio gabinete, me entregaba carpetas con dinero y garantizaba escolta para darme seguridad en el recorrido de la Cancillería a la productora”, dijo la propia Moura a la Fiscalía brasileña en el marco del proceso judicial que enfrentó y que terminó en 2016 con una condena a ocho años de prisión contra ella y su esposo, Joao Santana, por corrupción y lavado de dinero.
El testimonio que implica al entonces canciller Maduro quedó registrado en el marco de la “Operación Lava Jato”, averiguación iniciada por la justicia brasileña en 2014, que involucra a decenas de políticos y empresarios acusados de pagar sobornos.
Según Mauricio Odebrecht en confesión ante la justicia de Estados Unidos, la empresa había pagado US$ 98 millones en Venezuela para garantizar la contratación de obras, el segundo monto más alto de los pagados por sobornos en los distintos países en los que operaba la constructora. Sin embargo, la misma empresa admitió pagar por sobornos, al menos 3% del monto de los contratos, por lo que la cifra pagada en Venezuela debe estar más cerca de los US$ 1.000 millones.
También en agosto de 2017, la defenestrada fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en día enfrentada al Gobierno venezolano, denunció desde el exilio la presunta vinculación de Nicolás Maduro con hechos de corrupción, del constituyentista y ex diputado, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del chavismo, así como de Tarek William Saab, quien dirige el Ministerio Público por imposición de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
La Fiscal General de la República destituida acusa a Maduro de ser propietario de una de las empresas, radicada en México, que importa comida para su venta a las familias venezolanas más necesitadas, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Estas acusaciones requieren tomarse en serio y deben ser investigadas por una comisión independiente y autónoma que dé seguridad a los venezolanos sobre lo que pasó en realidad.
El hacha draconiana
La severidad con que Maduro actuaría contra los “bandidos”, a quienes enfrentaría con “un hacha draconiana para cortarles la cabeza”, según lo manifestó al periodista español Jordi Évole, no ha sido visible en predios del chavismo y menos aún en el ámbito judicial. Esto a pesar de que, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, se ha actuado contra funcionarios, la mayoría de cargos medios, vinculados con desfalcos en PDVSA, lo que para algunos dirigentes opositores es solo una “depuración” de las filas del oficialismo.
Transparencia Venezuela ha hecho una revisión de los casos que investiga el Ministerio Público en 2017, en especial durante la gestión Tarek William Saab, y ha observado la activación de procesos de investigación particularmente relacionados a la estatal PDVSA. De los 46 señalados por hechos de corrupción en la petrolera, 28 son funcionarios públicos y solo 7 de ellos son de alto nivel. En la lista no figura ningún ministro responsable del área.
Solo la Asamblea Nacional, un órgano asediado abiertamente por el Gobierno, ha emitido sanciones y ha solicitado investigación judicial contra altos funcionarios del Estado. Esos acuerdos han sido letra muerta para el máximo representante del Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro, quien estaría obligado a destituir al ministro señalado, según lo dispone la Constitución Nacional.
El 23 de febrero de 2017, los diputados opositores acordaron un voto de censura contra el mayor general Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec. El parlamento lo vinculó con la malversación de US$ 25 mil millones. En ese mismo pronunciamiento se declaró la responsabilidad política de 7 funcionarios, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien también fue jefe del Estado Mayor Eléctrico.
Otro funcionario sancionado por el parlamento venezolano es Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela en la ONU, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA, quien estaría involucrado en irregularidades por unos US$ 11,2 mil millones. A la lista se agregan Alí Rodríguez Araque y Argenis Chávez, ex ministros de Energía Eléctrica; Javier Alvarado, viceministro de Desarrollo Eléctrico; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica (actualmente detenido por la justicia española) y el ex titular de la cartera de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.
Transparencia Venezuela recopiló información sobre las irregularidades señaladas por la Asamblea Nacional en la que saltan los nombres de ex ministros como Rodolfo Marco Torres (Alimentación), señalado de desfalco de unos a US$ 27 mil millones; Ricardo Molina (ministro de Transporte y Obras Públicas) por 12 obras inconclusas que suman US$ 22,2 mil millones y María Eugenia Sader (ex ministra de Salud), a quien responsabilizan por irregularidades en 6 hospitales por US$ 1,5 mil millones.
Los acuerdos del Parlamento no solo han sido ignorados por el Poder Ejecutivo, sino que han sido enviados a saco roto en el ámbito judicial. Ninguno ha dado pie al inicio de una investigación penal, pese a que las actuaciones de la Asamblea Nacional fueron remitidas al Ministerio Público otrora a cargo de Luisa Ortega Díaz y más recientemente a cargo de Tarek William Saab.
