Ortega Díaz denuncia a Maduro y funcionarios por asesinato sistemático de civiles
Ortega Díaz denuncia a Maduro y funcionarios por asesinato sistemático de civiles

Luisa Ortega en La Haya CPI

La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, y pidió que se librase orden de captura internacional contra ellos.

Ortega Díaz interpuso la denuncia contra otros cuatro funcionarios venezolanos responsables de «asesinatos, torturas, encarcelaciones y un ataque sistemático contra la población civil». Ellos son el ministro de Defensa, Vladimir Padrin López; el ministro de Interior, Justicia y Paz,  Néstor Reverol; el director del Sebin, Gustavo González López y el jefe de gobierno del Distrito Capital, anteriormente comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.

De acuerdo a las cifras que manejó desde la Fiscalía, Ortega aseguró que el gobierno aplica»un plan de limpieza social» a través de funcionarios policiales y militares. Afirmó que entre el año 2015 hasta junio de 2017, 8290 personas habían sido asesinadas, «todas bajo las órdenes del Ejecutivo».

Dentro de la denuncia incluyó a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), «otro plan de limpieza social» en que 505 personas fueron asesinadas por los grupos tácticos de combate que las llevan a cabo.

En una investigación realizada por Runrun.es se comprobaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante las OLP, con las cuales se cometieron 44 masacres. También se descubrió que estos operativos fueron usados para sustituir grupos delictivos por colectivos, y para proteger intereses de funcionarios del Gobierno, además de materializar venganzas personales.

Título de caja

 

 

La fiscal, perseguida política por el régimen de Maduro, destacó que los funcionarios llevaron a cabo más de 17 mil detenciones arbitrarias y cientos de casos de torturas, así como la militarización de la seguridad ciudadana. Recordó que el gobierno permitió el uso de arma de fuego en manifestaciones, «lo que trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo».

La fiscal entregó a la CPI más de mil elementos probatorios realizados y recabados por el Ministerio Público durante su gestión, para comprobar la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno de Maduro en las violaciones a los derechos humanos.

“Tenemos reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas que sustentan la denuncia”. Entre las evidencias y pruebas incluyen protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, «disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas», detalló Ortega anteriormente.

«Nos vimos en la necesidad de acudir porque en Venezuela no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes», aseguró a las afueras de la Corte Penal. «Deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias que vive el pueblo de Venezuela».