El medio aliado Crónicas del Caribe reseñó en una publicación los datos de una encuesta de la Organización Internacional de Migraciones, en la que se concluyó que la migración venezolana hacia el Caribe se traslada se expone a riesgos como naufragios y esclavitud en medio de peligrosas travesías.
Precisan en el texto que solo en el años 2023 se denunció ante los cuerpos de seguridad de Falcón y Delta Amacuro la posible muerte de 45 personas que se dirigían a islas del Caribe. De ellas, 35 zarparon de playas falconianas.
La OIM alerta sobre estos riesgos que corren los venezolanos en una “evaluación rápida”, elaborada por la asistente de proyectos para América Latina de la OIM, Claribel Miranda. Este informe de la OIM se basó en encuestas de opinión calificada aplicadas a 25 “gestores de casos”, es decir, personas encargadas de brindar atención a quienes salieron de Venezuela.
Es así como concluyeron los riesgos a los que se exponen los migrantes venezolanos que se dirigen a las islas del Caribe, como “la posibilidad de naufragar tratando de atravesar los escasos kilómetros que separan a las islas de las costas venezolanas” y lo vulnerable que son los migrantes a caer en poder de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
Las travesías son peligrosas porque usualmente se hacen de noche para evitar ser capturados por las autoridades costeras de cada isla. Las condiciones de navegación a esas horas son más difíciles y las precarias embarcaciones aumentan el riesgo.
Además, las migrantes venezolanas son víctimas de explotación sexual al llegar a su destino. Son forzadas de esa forma a pagar por las deudas contraídas para costear el viaje. Otras son engañadas por redes de tráfico con falsas promesas de trabajo.
Uno de los testimonios citado en el informe menciona el caso de una joven venezolana que fue captada por una red en el estado Sucre, que le ofreció trasladarla a Trinidad y Tobago para trabajar allá: «Sospechamos que la intención era explotarla sexualmente. La trasladaron en una embarcación muy precaria y la misma naufragó. Hasta el día de hoy está desaparecida”.
La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos para el Caribe, Denise Pitcher, informó a Crónicas de Caribe que se ha mantenido el flujo de personas que busca refugio en las islas del Caribe Neerlandés y en Trinidad y Tobago
La funcionaria también advierte que la diáspora venezolana se ha extendido con fuerza hacia islas caribeñas en el norte, y que hay un «aumento significativo de llegadas de venezolanos a Barbados».
De acuerdo con la plataforma R4V indica, el número de emigrantes venezolanos en Aruba se elevó a 17,1 mil personas, mientras que en Curazao son 14 mil, y en Trinidad y Tobago son 36,2 mil.
El pasado sábado, 17 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la migración masiva de venezolanos se debe al «bloqueo económico», supuestamente ocasionado por las sanciones.
Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Petro señaló: «Lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo. Se convirtió en un verdadero ‘boomerang‘».
En ese sentido, Smolansky explicó cuáles son las causas reales de la migración masiva que ha experimentado el país al menos desde el año 2014.
Según Smolansky, Venezuela llegó a tener 9.3 millones de personas padeciendo inseguridad alimentaria, «convirtiéndose en la población más grande en esa situación en el hemisferio occidental y la cuarta más grande del mundo, solo comparable con Yemen y la República Democrática del Congo».
Estimaciones del Foro Penal Venezolano, reseñadas por Smolansky, indican que cerca de 16.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2014.
«Es decir, Maduro ha encarcelado a más inocentes que Videla (exdictador militar argentino). Además, las FAES se hicieron cargo de al menos 11 mil ejecuciones extrajudiciales, según la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU», agregó.
Desde que el chavismo llegó al poder, señaló Smolansky, más de 400.000 venezolanos han sido asesinados por el hampa, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia. «Superamos a México en tasa de homicidios per cápita», dijo.
De acuerdo con Smolansky, más del 70% de la población «no tiene garantizado servicio de agua potable ni electricidad de manera regular».
El dirigente opositor recordó que Venezuela producía más de 3 millones de barriles de petróleo en 1999 y cuando las sanciones se implementaron en 2019, solo se producía poco más de 1 millón.
«Pdvsa ha sido el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI en el mundo, por largo. Al menos $500 mil millones despilfarrados, equivalentes a 25 Plan Colombia», agregó.
La migración forzosa de 8 millones de venezolanos nada tuvo que ver con las sanciones. La gente huye de una tiranía enquistada por un cuarto de siglo. Acá las principales causas, según testimonios que he recabado por 5 años:
1- Emergencia Humanitaria Compleja. Venezuela llegó a…
— David Smolansky (@dsmolansky) February 18, 2024
A eso, Petro también agregó que «bloquearon la venta internacional de petróleo y de eso vivía la sociedad venezolana».
«El empobrecimiento inmediato produjo la migración. Sus mujeres y jóvenes fueron humillados en nuestros países y ahora los migrantes marchan por millones hacia EEUU», añadió.
También, responsabilizó al expresidente colombiano y estadounidense, Iván Duque y Donald Trump, quienes «crearon un nuevo actor de la violencia que estalla en todas las sociedades de América».
En ese sentido, dijo que es hora de hacer un cambio en esa política, pues dijo aseguró que a “Colombia le interesa que la sociedad venezolana viva en paz, en democracia profunda y vuelva a tener bienestar económico y social”.
Además, advirtió que “debe levantarse el bloqueo y debe haber elecciones libres”.
Lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo. Se convirtió en un verdadero "boomerang".
Bloquearon la venta internacional de petroleo y de eso vivía la sociedad venezolana.
El empobrecimiento inmediato… https://t.co/P4LYjPQ2Qi
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2024
Luego de ser retrasado dos veces, el 24 de agosto inició el proceso judicial contra el parole humanitario, programa de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para estimular la migración legal de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Los migrantes venezolanos deberán esperar con incertidumbre el fallo del juicio contra el parole humanitario por unos meses. El juez Drew B. Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa.
Inicialmente, el proceso había sido agendado para abril y luego para el 13 de junio. Este retraso permitió más tiempo para que familias y patrocinadores en EE.UU. pudieran presentar solicitudes de parole a sus allegados y un alivio de algunos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos.
De acuerdo con la Voz de América, la demanda contra el programa migratorio fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden que detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso.
Los demandantes han argumentado que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública, debido a la afluencia de inmigrantes bajo el amparo del parole humanitario anunciado el pasado 5 de enero por la administración de Biden que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los demandantes son los estados: Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
A continuación algunas claves de lo que ha ocurrido durante el proceso judicial en contra del parole humanitario:
«En los últimos seis meses se ha erogado menos en personas de esos países», dijo el juez.
El programa permite la entrada al país de hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo con Telemundo, a fines de julio de este año, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados para ir a Estados Unidos mediante el programa.
Durante el juicio, no se dio a conocer ninguna cifra sobre el número de rechazos de solicitudes.
Desde finales de febrero de 2023, cientos de migrantes venezolanos estuvieron varados en la frontera entre Chile y Perú. Desde entonces, ambos países han tomado medidas para frenar la migración irregular. Sin embargo, esto no ha detenido que los migrantes sigan emprendiendo su viaje hacia la región andina.
Durante tres meses, los migrantes permanecieron en la zona sin ningún tipo de protección. Gema Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló a DW que esta situación aumenta el riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación en niños, niñas y adolescentes.
Amnistía Internacional señaló que los migrantes estuvieron «en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas».
Los migrantes rechazados por Perú improvisaron campamentos en un punto intermedio entre ambos países, y otros regresaron a Arica, en Chile.
Desde entonces, algunos venezolanos han regresado a su país a través de vuelos de repatriación. France 24 reseñó que el 6 de mayo el gobierno venezolano envió un avión que aterrizó en la ciudad de Arica, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Recogió a migrantes que estaban del lado chileno en el paso fronterizo de Chacalluta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna.
“El anuncio de la llegada del avión fue recibido con escepticismo entre los venezolanos. Muchos de ellos no quieren regresar a su país, sino emigrar a otro destino. También hay colombianos y haitianos, para quienes todavía no hay solución”, indicó el medio.
El 22 de mayo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, indicaron que la situación de los migrantes varados en la frontera de ambos países ya fue superada.
«La forma como la situación ha ido mejorando en las últimas semanas en esa zona de frontera es una demostración de que las situaciones que se han ido viviendo han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado con Chile», indicó Higueras a la prensa, tras sostener un encuentro con De la Fuente.
Madison González, investigadora y especialista en la geografía de las migraciones, explicó que el movimiento seguirá en circulación hasta que las personas consideren dentro de Venezuela puedan satisfacer sus necesidades.
“Las personas migran en búsqueda de una mejor calidad de vida a pesar de que existan restricciones”, reiteró González.
Según González, Perú en principio entendía la migración venezolana como una migración mixta, porque llegaban personas desplazadas, solicitantes de asilo y retornados.
El conflicto con los migrantes venezolanos en Tacna, región sureña de Perú que es fronteriza con Chile, inició a finales de febrero con la militarización de la frontera chilena con sus países vecinos, Perú y Bolivia.
Yahoo Noticias reseñó que en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados se tomó la medida por el aumento significativo de inmigrantes provenientes de países cercanos, especialmente de Venezuela.
A continuación, Runrun.es relata en una cronología lo que ocurrió en la frontera entre Chile y Perú desde la militarización de la zona:
González explicó que la presión de los migrantes tiene que ver con el derecho migratorio, la necesidad de los venezolanos de salir de su país para emigrar a otros países con oportunidades más estables.
“Golpes, violencia, militarización de la frontera como si fuera crimen no es la respuesta. Cuando lo que hacemos es luchar por nuestra vida, por garantizar nuestros derechos humanos, por buscar el derecho a tener acceso a alimentación, salud y educación. Estoy en contra de la militarización de las fronteras, de la restricción de los accesos en especial de personas que continúan viajando en una situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos humanos”, explicó la investigadora.
Gonzalez explicó que la situación para los migrantes venezolanos en Chile y Perú era diferente a lo que es hoy en día, casi 10 años después de que inició el movimiento migratorio venezolano hacia otros países de la región.
En el caso de Perú, debido al colapso del sistema económico, casi dos millones de venezolanos llegaron a ese país. Según González, esta nación tiene una economía informal, donde más de 50% se centra en actividades de agricultura y comercio informal.
“Esto favorece la marginación y marginalización de las personas, que se hayan incrementado los niveles de violencia no significa que sea consecuencia de la migración venezolana, sino de la crisis económica que agudizó la situación de Perú”, explicó la investigadora.
Según González, Chile tuvo políticas abiertas con los venezolanos inicialmente, pero debido a la gran cantidad de personas queriendo entrar, decidieron implementar visados para frenar la entrada de migrantes indocumentados.
De acuerdo con González, los venezolanos no tienen la costumbre de solicitar asilo porque ese trámite limita el movimiento. “La forma de migrar de los venezolanos es ir a trabajar un poco, ver cómo les va. Si les queda bien y buscan la manera de regularizarse o trabajan informalmente, para ahorrar y enviar dinero a sus familias que están en situación de vulnerabilidad”, aseveró la especialista en geografía de migraciones.
La crisis económica, política y social de Venezuela no ha mejorado, según González. “Como esta situación no ha cambiado es crear burbujas económicas, no todo el mundo tiene acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y servicios públicos. Las personas continúan saliendo por la frontera en búsqueda de satisfacer estas necesidades y mejor calidad de vida. Muchos son perseguidos”, dijo.
La investigadora reiteró que las causas o diversas causas de las salidas deben estar claras. Como las causas siguen ahí, la migración sigue, porque los derechos humanos aún no están garantizados.
González explicó que las medidas dictadas por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas son insuficientes para garantizar la integración en sociedades de acogida.
“Son políticas emergenciales que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y un problema por falta de políticas migratorias en los países destino”, reiteró.
Según González, la migración venezolana ha sido abrupta y sin planificación. Por ende, la perspectiva de los estados es que el grupo migratorio ha colapsado su sistema de salud y su sistema social básico , porque no estaban en la capacidad de recibir tanta gente y en general los países no tienen políticas migratorias de recepción.
“Por eso se reservan el derecho, a través del derecho internacional, de decidir quién entra y sale, quién es ciudadano y quién no. Por eso implementan estos instrumentos para limitar la circulación por su territorio”, dijo.
La especialista en geografía de migraciones indicó que cada país decidió pensar a la migración venezolana como una ola de refugiados, personas desplazadas y migrantes económicos sabiendo que esto es un compendio.
“No todo el mundo salió con la misma situación. Ningún país estaba preparado para recibir la cantidad de personas que estaban saliendo de Venezuela, las organizaciones internacionales, aunque han apoyado y seguido desde cerca lo que sucede con la situación venezolana, no tienen injerencia dentro de los estados, sólo son propositivas. En pocos países se han convertido en una política de estado”, aseguró González.
Durante la mañana del domingo 7 de mayo, George Álvarez, de 34 años, atropelló con su camioneta a un grupo de migrantes que esperaban en una parada de autobús de Brownsville, Texas.
El martes 16 de mayo, casi 10 días después del incidente, el Departamento de Policía de Brownsville, en el estado de Texas, Estados Unidos, dio a conocer la lista con los nombres de los ocho migrantes que fallecieron.
La lista fue elaborada entre la policía y el consulado de Venezuela en México. En ella aparecen siete venezolanos muertos y un colombiano. La lista precisa que hubo 11 heridos.
La parada donde se encontraban los migrantes no cuenta con bancos para sentarse y no estaba señalizada. Está frente a al Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, un albergue para personas sin hogar en donde pernoctaron las víctimas. A ese sitio acuden aquellos migrantes liberados por el gobierno federal.
France 24 reseñó que la mayoría de las víctimas habían llegado al albergue dos o tres días antes. Los migrantes esperaban un autobús cuando fueron sorprendidos por la camioneta de Álvarez, que los embistió a alta velocidad.
El jefe de policía de Brownsville, Félix Sauceda, precisó en rueda de prensa que el conductor de la camioneta gris atropelló a 18 personas. Seis murieron en el lugar.
«La Range Rover se saltó el semáforo que estaba a unos 30 metros y pasó por encima de la gente que estaba sentada allí en la parada de autobús», dijo Víctor Maldonado, director del centro.
Tras arrollar fatalmente al grupo de migrantes, Álvarez intentó huir, pero miembros del centro lo detuvieron hasta que llegó la policía.
Félix Sauceda, jefe de policía de Brownsville, aseguró que el conductor de la camioneta plateada tiene una lista de cargos anteriores que incluyen agresión con un arma mortal, agresión a un servidor público, robo de un vehículo, agresión con lesiones corporales, conducta delictiva, conducir en estado de ebriedad, evadir el arresto, interferencia con los deberes públicos, posesión de marihuana, entre otros.
Tras el hecho en el que acabó con la vida de ocho venezolanos enfrenta 10 cargos adicionales de asalto agravado, 8 cargos de homicidio involuntario y conducción imprudente. Le fijaron una fianza de 3.6 millones de dólares.
Un primer examen toxicológico cuyos resultados fueron difundidos el 9 de mayo por el Washington Post reveló que Álvarez tenía «cocaína, benzodiazepinas y marihuana en su sistema» al momento de embestir al grupo que esperaba un autobús. Se espera el resultado de otros análisis
Los testigos del suceso aseguran que lo escucharon expresar sentimientos antiinmigrantes después de que intentara huir de la escena del accidente. Las autoridades aún no han descartado una motivación intencional en el hecho.
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👉 La familia de uno de los venezolanos muertos en el arrollamiento frente al albergue migratorio de Brownsville, en Texas, pide ayuda para repatriar su cuerpo, pues no tienen los recursos para viajar a Estados Unidos. pic.twitter.com/VpHEc76XeR— _💪🏻💪🏻 (@_D_190) May 9, 2023
El Departamento de Policía de Brownsville precisó que estas fueron las personas que resultaron heridas después de ser atropelladas:
1. Manuel Rafael Chacón Martínez (42 años).
2. Raúl Antonio Ramos Vivas (28 años).
3. Gabriel José Gallardo Contreras (26 años).
4. Juan José Quiroz Subero (40 años).
5. José Luis Durán González (29 años).
6. Adreivy Moisés Contreras Márquez (26 años).
7. Juan Carlos Paredes Morales (45 años).
8. Monra Alberto Quevedo Silva (32 años).
9. Ender Augusto Mata García (23 años).
10. Yender Palacios Alvarado (21 años).
11. Euglis Matheus (33 años).
El diario La Voz de América recogió declaraciones de expertos en materia legal quienes aseguraron que los testigos y sobrevivientes de este atropello masivo podrían optar a un nuevo estatus migratorio.
Dina Nuñez, organizadora comunitaria de la ONG Trabajadores Unidos, declaró al medio que estas personas podrían calificar para una Visa U. El fiscal del condado debería certificar esta solicitud para apoyarlos.
Este tipo de visa es reservada para personas que fueron víctimas de abuso mental, o testigos de crímenes ocurridos en territorio estadounidense y cuyo testimonio sea útil para las investigaciones.
El proceso es minucioso y la información que aporten debe ser realmente valiosa para el curso de las investigaciones.
A las 11:59 .m. de este 11 de mayo, el Título 42 llegará a su fin para dar paso a la puesta en práctica del Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Dicha orden de salud pública fue emitida por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 20 de marzo de 2020, bajo la administración de Donald Trump.
Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
«El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario», advirtió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en una conferencia de prensa el pasado 10 de mayo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, mostraron su preocupación en torno a la implementación de más trabas por parte del gobierno estadounidense para el proceso de solicitud de asilo en sus fronteras y territorio.
En breve iniciamos nuestra charla.
¿Qué es el Título 42 del Código de EEUU y cómo afectará su suspensión a los futuros migrantes?
Estas y otras preguntas explicadas por los expertos @AriMSawyer y @TMattiaceHRW
HOY 9:30am (Los Angeles) 12:30pm (NY) ➡️ https://t.co/HOsP3eGtd7— Human Rights Watch (@hrw_espanol) May 11, 2023
A continuación, algunas claves de lo que deberán enfrentar los migrantes con la aplicación del Título 8:
«Un elemento que sí cambia con el Título 8 y que sí es preocupante es que si alguien intenta cruzar sin cita, de inmediato, se aplica ahora prohibición de cinco años para volver a entrar a EEUU, cosa que no aplicaba con el Título 42», dijo Tyler Mattiace, investigador en México de Human Rights Watch, durante un Twitter Space este 11 de mayo.
Durante una conferencia el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, especificó que su país endurecerá los requisitos para solicitud de asilo. A continuación, algunas claves sobre cómo influirá el Título 8 en este proceso:
“Estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no está abierta y que aquellos que no son elegibles para el asilo serán devueltos rápidamente. No escuches las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que te pasará: serás devuelto”, enfatizó Mayorkas.
«Ese permiso no da refugio o asilo. Es un permiso de viaje temporal. No se puede condicionar el acceso a protección a las condiciones económica de las personas. Todos tenemos derecho a la protección internacional», indicó Tyler Mattiace.
Ary Sawyer, investigadora de HRW, explicó que para solicitar asilo, los migrantes deberán esperar en ciudades fronterizas peligrosas por tiempos indeterminados.
Además de repatriación de migrantes más rápida, con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Venezuela y Nicaragua no forman parte del listado de nacionalidades que puede aplicar al proceso.
A continuación, 11 medidas adicionales que traerá la implementación del Titulo 8 en la frontera entre México y Estados Unidos, según precisó el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional:
El secretario de Seguridad Nacional indicó que han devuelto y expulsado a otros países a más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal.
Cada semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza hasta 66 vuelos de repatriación en todo Estados Unidos, un número que esperan continúe según la demanda y, tras la puesta en práctica del Título 8, con mayor frecuencia a países de Centroamérica y otros en Suramérica como Colombia y Perú.
Durante la noche del 27 de marzo, cerca de las 9:30 p.m., siete migrantes venezolanos fallecieron en un incendio que ocurrió en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México.
Tres días después, el jueves 30 de marzo, el Estado mexicano detuvo a cinco personas en relación con la muerte de los 39 migrantes que, en total, perdieron la vida en el hecho.
«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los detenidos son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Herrerías aseguró que, por el momento fueron, se concretaron cinco órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos, explicó que debe haber responsabilidades superiores a los custodios del centro de migrantes. “Los migrantes estaban privados de libertad. No es una estación migratoria”, aseguró.
Los venezolanos fallecidos fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rannier Edelber Requena Infante y Samuel José Marchena Guillarte. Tenían entre 20 y 29 años.
También aparecen como víctimas mortales en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y 1 colombiano.
De acuerdo con Bolívar los derechos a la vida y a la libertad de Joel, Orangel, José, Orlando, Oscar, Rafael, Rannier y Samuel fueron violados.
“Hay una violación grave en el sentido de que la detención migratoria no es aceptable. No es aceptada a nivel internacional de acuerdo con los estándares de esa materia. Por lo tanto, es un derecho violado, por supuesto se violó el derecho a la vida porque hubo negligencia criminal que les impidió a ellos salvar su vida”, aseguró Bolívar.
Eduardo Trujillo Ariza, director Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que México, al igual que otros países del mundo, es suscriptor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la protección de derechos civiles y políticos.
Por ende, México tiene una gran cantidad de obligaciones internacionales relacionadas con personas migrantes y con personas refugiadas. Una de ellas es la obligación de velar por la integridad física de las personas que están bajo su custodia.
“Estas personas estaban no solo bajo la custodia del Estado mexicano por el hecho de estar en territorio mexicano, sino por estar en un centro de detención de migrantes que estaba siendo administrado por funcionarios estatales de México”, señaló Trujillo Ariza.
Según el director del CDH UCAB, hay una responsabilidad directa del Gobierno de México en cuanto a los hechos ocurridos, porque la custodia de los migrantes la tenía el propio Estado.
“Los funcionarios estatales pueden ser los responsables directamente o por omisión. Los funcionarios pueden ser investigados por su acción directa y por sus omisiones también”, explicó Trujillo Ariza.
Ambos expertos coincidieron en que las medidas migratorias deben ajustarse a los estándares internacionales en materia de manejo de población migrante para evitar este tipo de incidentes.
Trujillo Ariza reiteró que los plazos juegan un papel fundamental en esta materia. “Si se retiene a alguna persona en tránsito migratorio, las decisiones que tome el Estado deberían ser tomadas en un plazo razonable”, dijo.
En el marco de medidas migratorias, Trujillo Ariza explicó que México tiene alianza con Estados Unidos para favorecer la externalización de fronteras que implica que Estados Unidos subcontrata o llega a acuerdos bilaterales con otros estados para que contengan la ola migratoria que se dirige a su país.
“México sirve como un tapón. En derecho de migrantes y refugiados el término se conoce como externalización de frontera”, indicó.
Para Trujillo Ariza, el incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez no es responsabilidad directa de las políticas migratorias estadounidenses, pero es una consecuencia no deseada de la medida migratoria.
La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.
“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?
🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023
Durante el 2022 se presentó una migración venezolana hacia el norte de las Américas sin precedentes y podría crecer este año, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
“No se había tenido una presión de emigración venezolana hacia el norte para poder llegar a Estados Unidos, como se tuvo en este 2022 y, probablemente, crezca en 2023”, señaló el funcionario en entrevista con la Voz de América.
Pero el representante especial conjunto de ACNUR y OIM también insistió que “ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades”, pues el fenómeno de la migración venezolana “comenzó a variar con una gran velocidad, sumándose personas de otras nacionalidades”.
En este sentido, “los países centroamericanos se han visto en la necesidad de llegar a acuerdos de mínimos para facilitar el tránsito por Centroamérica hacia el país vecino más cercano a México”, lo que Stein, señala, representa uno de los desafíos más grandes a los que tiene que enfrentarse esta parte del continente.
A propósito del cruce que enfrentan algunos migrantes por el Tapón del Darién, Eduardo Stein advirtió sobre cómo jóvenes, de poblaciones indígenas, se convierten en “guías funcionales e incluso con motocicletas preparadas para caminos difíciles en la jungla panameña”.
Además de los “terribles vejámenes” a los que están expuestos los migrantes por parte de los traficantes. De manera que “para toda la región, es una corresponsabilidad el poder atender estos flujos, pero de forma que se puedan cautelar en todo momento los derechos básicos de cada persona que está intentando esos cruces”.
En 2022, más de 248.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguidos de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia.
Kenzo Moricagua, migrante colombiano, le contó a la VOA que, camino a su viaje para llegar a Estados Unidos, tuvo que pasar por la ciudad colombiana de Medellín para luego llegar hasta Necoclí. “De Necoclí cogí una lancha que me dejó en Capurganrá, de Capurganá empecé a caminar en la selva de Panamá”.
Duró seis días en la selva de Panamá, cuenta, y estando allí, viajó a Costa Rica hasta que pudo llegar a Guatemala. Allí, este migrante de 35 años, se dedica a vender dulces.
Según cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense. se ha incrementado el número de migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Respecto a las cifras de muertes por estos pasos, el representante de ACNUR y OIM dijo que es un reto determinar los fallecimientos en medio de la selva y las causas que llevan a la misma.
Stein recordó que un poco más de 6 millones venezolanos están en 17 países de América Latina y el Caribe y resaltó cómo los países de acogida siguen trabajando para brindar una atención digna a esta población migrante, incluso después de los impactos que ha dejado la pandemia del COVID-19.
“Si sólo se atiende a unos, el problema de la xenofobia brota casi instantáneamente”. De manera que, según el representante, es necesario atender no solo la necesidades inmediatas, sino integrarlos a la población local y, para ello, “los procesos de regularización son absolutamente esenciales”, destacando, por ejemplo, el trabajo de Colombia en este aspecto.
En cuanto al 2023, Stein indicó a la VOA que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para Migraciones (OIM) hicieron público, hace pocas semanas, un plan regional bianual “para poder fortalecer el puente entre la atención inmediata a aspectos humanitarios y la atención a oportunidades de integración económica en las comunidades de acogida, en los países de la región”.
Aunque aclaró que “no hay señales muy claras ni precisas de que el flujo vaya a descender”, hay grupos de personas que están intentando volver a Venezuela, pero números bastante pequeños, comparados con los millones que siguen saliendo.
En ese sentido, mencionó el convenio entre la Unión Europea y Canadá para convocar una reunión de solidaridad con la migración venezolana y la necesidad de refugio venezolano, en marzo.
A pesar de los conflictos que se presentan en otras partes del mundo, como la guerra en Ucrania, Stein enfatiza en que “no ha descendido el interés de los donantes y cooperantes, a nivel internacional, para seguir apoyando a esa población, sobre todo en la posibilidad de echar raíces de manera productiva en las comunidades de acogida”
