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#MonitorDeVíctimas | Masacre en Lara: Matan a seis personas en una finca, cinco eran familiares

La familia de Liliana Rafaela Mavare relató que los cuerpos de las seis víctimas fueron sacados de la finca a caballo un día después de la masacre.

Foto: Liz Gascón

 

Ángel Gabriel Barahona Mavare, de 14 años de edad, fue uno de los tres menores asesinados en el hecho. Los otros dos eran sus primos de 6 y 8 años. Lo mataron a machetazos una semana antes del viaje que tenía previsto para reencontrarse con su madre

 

 @LizGascon

 

Cinco de las seis víctimas de la masacre registrada el pasado 28 de noviembre en el caserío Cerro Alto del municipio Torres, estado Lara, se habían mudado de Barquisimeto al campo en marzo de este año, cuando el Gobierno decretó la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Eran familia. 

Los occisos fueron Ángel Gabriel Barahona Mavare, de 14 años de edad; sus tíos Liliana Rafaela Mavare y Noval Ramón Serrano Vargas, dos primos suyos de 6 y 8 años de edad identificados como Isaac y Josué Serrano Mavare, así como el propietario de la finca La Polonia, en la que ocurrió el crimen, Octaviano Antonio Serrano.

Mavare y Serrano, tíos del menor, habían decidido irse a la finca de un hermano de este último, junto a sus tres niños de 6, 8 y 13 años de edad, porque estaban desempleados y necesitaban una fuente de ingresos. Así lo relató la madre de Ángel Gabriel, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

La tía del adolescente le había pedido permiso a su hermana para llevarse a su sobrino al campo. La idea era que tuviera la oportunidad de criar unos animales que le habían regalado y de colaborar con sus tíos en la producción de queso y en los sembradíos de maíz y caraotas.

El adolescente había aceptado irse a la finca con la promesa de volver en navidad a Barquisimeto, ciudad donde residía. El muchacho fue asesinado a machetazos una semana antes del viaje que tenía previsto para reencontrarse con su familia. 

Ángel Gabriel tenía ocho meses separado de su madre, recordó entre lágrimas su progenitora. “Había dejado sus estudios para irse a trabajar. Yo lo esperaba en diciembre porque no lo veía desde marzo”, agregó la mujer.

Seis personas, incluyendo dos niños y un adolescente, fueron asesinadas por un agricultor

que había sido despedido de la finca de la familia en 2019

 

El homicida es un extrabajador de la finca

Un día después de la masacre fue capturado por estos hechos Jesús Concepción Arriechi Carrasco, un extrabajador de la finca en cuestión. El agricultor admitió su autoría en el crimen, según sostiene un reporte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Arriechi, de 26 años de edad, fue despedido en 2019 por presuntamente haberse quedado con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cultivado en La Polonia, comentaron dos parientes de las víctimas. 

El día que ocurrieron los homicidios, en horas de la tarde, el agricultor irrumpió en la propiedad con una escopeta y un machete mientras todos cocinaban. Arriechi le disparó a Serrano y con el machete mutiló al resto de la familia, aseguró un primo de las víctimas. “No sabemos si lo hizo con ayuda de alguien más”, explicó.

Arriechi huyó tras robarse dos caballos de la finca, pero fue detenido el pasado 29 de noviembre a las 5:00 a.m. gracias a que la PNB había acordonado los accesos hacia El Empedrado, al saberse la noticia de la masacre. Una comisión interceptó al hombre.

De acuerdo con las pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el móvil de la masacre sería la venganza. Una minuta del caso señala que Arriechi actuó contra el propietario de la finca y los demás presentes porque desconocía el paradero de una cosecha de caraotas que habían sembrado en conjunto. Los allegados de las víctimas no avalan esta versión.

Solo un integrante de la familia sobrevivió: el hijo mayor del matrimonio Serrano Mavare. El adolescente de 13 años de edad escapó cuando Arriechi hirió de bala a su padre. Parientes contaron que el muchacho se tiró por un barranco y después se refugió en la casa de unos conocidos, que quedaba a más de una hora de distancia de la finca. Cuando alertó a sus allegados del ataque, desconocía que todos habían muerto. 

 

Inaesin: Anzoátegui y Lara fueron los estados con más protestas laborales en octubre
La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público

Un total de 301 conflictos laborales en el país contabilizó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) en octubre de 2020, siendo este uno de los meses con mayor número de reclamos en lo que va de año, ocupando el estado Lara el segundo lugar con un 10% de las protestas.

El mayor porcentaje de conflictos estuvo relacionado con el sector educación (72%) y por motivos salariales (93%). Mientras que la segunda causa es el reclamo por mejores condiciones laborales (90%).

Los estados donde se presentaron más conflictos fueron Anzoátegui (11%), Lara (10%) y Distrito Capital (8%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público  (96%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de 28%.

El total de conflictos desde marzo -inicio de la cuarentena por la aparición de la pandemia de COVID-19, asciende a 947 y a 1.176 en lo que va de año. A diferencia de los otros meses de confinamiento en los que los conflictos se caracterizaban más por denuncias, en octubre -cuando se celebra el Día Mundial de los Docentes- la toma de calles, las marchas y las concentraciones fueron las protagonistas. En total, los trabajadores tuvieron presencia en las vías en 89% de los casos registrados, lo que evidencia que se ha perdido el miedo a un posible contagio.

El régimen de Nicolás Maduro ha respondido con violencia y represión a los reclamos laborales por recursos, mejores condiciones y salarios dignos, buscando desviar la atención de los verdaderos problemas.

En 27 de los 301 conflictos hubo consecuencias. Intervención de la policía (17 casos), amedrentamiento de motorizados a trabajadores (5 casos), procesos penales (3), heridos (1), despidos (1 caso), revela el Inaesin.

#MonitorDeVíctimas | A golpes mataron a un vigilante de 80 años en Lara
El cuerpo de Blaudio Antonio Cordero fue encontrado el pasado lunes 26 de octubre por los albañiles que trabajaban en el local que él cuidaba desde hace un año

@LizGascon

Blaudio Antonio Cordero tenía 80 años de edad y trabajaba como vigilante de un negocio en construcción en la calle 59, entre carreras 15 y 16, en Barquisimeto, la capital del estado Lara. Fue asesinado a golpes durante un robo dentro del local en el que trabajaba, según la versión de sus familiares.

El pasado lunes 26 de octubre su esposa, María Rivero, lo esperaba en casa a las 6:00 de la mañana como todos los días para abrirle la puerta, pero no llegó. El cuerpo de Cordero estaba desangrado en el depósito que cuidaba desde hace un año.

“Pensé que se le habían pegado las cobijas, pero al rato vino el muchacho que trabaja en la carnicería y me dijo: “le tengo una mala noticia, al viejito lo mataron para robar. Tanto tiempo quedándose así y no había pasado nada”, comentó Rivero.

Las cámaras de seguridad grabaron la entrada de dos hombres al local, pero se desconoce a qué hora ocurrieron los hechos o si el robo de una bomba de agua que se llevaron del lugar coincidió con un corte eléctrico ocurrido en el sector, explicó Ana Rivas, nuera de la víctima.

“En el video se ve a dos personas como con una linterna, como alumbrando”, mencionó la mujer.

El pasado 27 de octubre el cadáver de Blaudio Antonio Cordero fue retirado de la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto por sus familiares. Foto: Liz Gascón

Albañiles encontraron el cuerpo

Los familiares de Cordero relataron que el cadáver fue encontrado antes de las 8:00 de la mañana por unos albañiles que trabajan en la mencionada construcción.

“Él siempre les abría la puerta y como no les abrió, los obreros se montaron por la platabanda para mirar. Lo vieron tirado. No sabemos cuántas horas tenía muerto”, agregó Rivas.

Según el reporte de la Brigada Hospitalaria de la Policía del estado Lara, Cordero sufrió politraumatismos severos. “Estaba todo golpeado”, se lamentó la mujer.

Cordero era pensionado y trabajaba como vigilante para asegurar el sustento de su esposa y de dos hermanos de ella, que también son adultos mayores.

Sordomudo fue encontrado en la calle

Gregory David Cárdenas Suárez, de 44 años de edad, era sordomudo y se ganaba la vida como latonero. El pasado sábado 31 de octubre a las 6:00 de la tarde salió de la urbanización Ruezga Norte, en Barquisimeto, hacia la casa de su mamá, ubicada en El Jebe, un barrio situado a dos kilómetros de distancia.

Celia del Carmen Suárez se quedó esperando la acostumbrada visita de su hijo. A la mañana siguiente la mujer se enteró de que su cadáver había sido abandonado en la vía principal de El Jebe. El cuerpo del hombre tenía un impacto de bala y moretones. El móvil del crimen aún no ha sido determinado.

“Nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie sabe nada. ¿Qué le iban a robar a mi pobre muchacho?”, se preguntó la madre del occiso, que no sabe cómo ocurrieron los hechos.

Cifras

Lara cerró el pasado mes de octubre con un total de 20 muertes violentas: 12 homicidios y 8 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Por la fecha del hallazgo, el caso de Cárdenas Suárez es el primero que se registró en la entidad en noviembre.

CLAVES | Gestión de Carmen Meléndez estuvo marcada por persecución, detenciones e intimidación
Meléndez fue designada recientemente como ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro

La gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación de Lara estuvo caracterizada por el aumento de la represión y la letalidad policial. La recién designada ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro ocupó el cargo de elección popular por tres años y cinco días, entre 2017 y 2020. El Pitazo resumió en cinco claves su desempeño como gobernadora en materia de seguridad y derechos humanos:

Antes y después de las Faes

Según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, las muertes por resistencia a la autoridad en Lara subieron 82,2% durante el primer año de mandato de Carmen Meléndez. 

En octubre de 2017 –cuando Meléndez fue juramentada como gobernadora– 10% de las muertes violentas en el estado era por resistencia a la autoridad; en octubre de 2018, el indicador se disparó a 58,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Entre enero y diciembre de 2018, la organización contabilizó 190 ejecuciones extrajudiciales en el estado, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que se instalaron a mediados de ese año en el estado.

En 12 meses de operaciones, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mató a 238 personas en ocho de los nueve municipios larenses, señala un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) que califica esta división de “escuadrón de la muerte”. 

Al menos cinco de las víctimas fueron asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales que se desencadenaron en los municipios foráneos Morán y Torres tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. La documentación de estos casos fue clave para que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendara la disolución de las Faes.

Policías entre los principales victimarios

El Informe Anual de Violencia de 2019 del OVV reseñó que Lara es la cuarta región del país con mayor letalidad policial. En este lapso, la tasa de muertes violentas se ubicó en 34 por cada 100.000 habitantes: 16 por resistencia a la autoridad, 11 homicidios y 7 muertes en averiguación. Según cifras del diario La Prensa de Lara, 2019 cerró con 412 muertes violentas, de las cuales 251 fueron perpetradas por funcionarios de seguridad.

“Desde el año 2018, esta es una realidad constante. Hay una reducción de los homicidios y un aumento de las muertes por resistencia a la autoridad”, aseguró el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV capítulo Lara que registró 202 muertes violentas durante el primer semestre de 2020 en el estado.

“De los asesinatos registrados, 40%, está relacionado con presunta resistencia a la autoridad, lo que equivale a que de cada 10 asesinatos, 4 son efectuados por la policía”, agregó el sociólogo en la presentación de un balance sobre la violencia política, la represión y el uso excesivo de la fuerza en Lara.

Persecución, detenciones e intimidación

Durante la gestión de Carmen Meléndez como gobernadora, la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) denunció la persecución de al menos tres de sus activistas, personal docente, médico, de enfermería y pacientes crónicos, así como el «aumento progresivo del hostigamiento y la represión» contra los ciudadanos que participan en protestas por servicios básicos.

La organización registró 27 detenciones arbitrarias en mayo, el tercer mes de confinamiento por la pandemia del coronavirus, debido a los prolongados cortes de electricidad, la escasez de gas doméstico y falta de agua por tuberías.

Asimismo, ha documentado casos de violación del derecho a la manifestación pública, a la integridad física y a la vida en las movilizaciones dispersadas por funcionarios de seguridad, dirigentes del oficialismo y presuntos colectivos, como sucedió en marzo de 2019, durante la visita de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas (Oacnudh) y en febrero de 2020, en la marcha de Juan Guaidó en el oeste de Barquisimeto asediada por simpatizantes del oficialismo y funcionarios públicos.

“La respuesta oficial, decidida por el alto Gobierno nacional y estadal no han sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, vehículos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistemáticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a jóvenes en las zonas populares”, alertaron en un comunicado publicado en mayo.

La almiranta llegó a ordenar el despliegue de hasta 10.000 funcionarios de seguridad –según sus propias declaraciones– ante llamados de protestas de la oposición con el argumento de que “están llamados a preservar la paz en el estado”.

El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la cátedra libre de derechos humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), considera que el poder político en Lara mantiene una práctica consuetudinaria de grandes privaciones, maltratos a la población y uso desproporcionado de la fuerza.

Señalada por obstrucción de la justicia

El Bloque Parlamentario del estado Lara denunció a Carmen Meléndez, a mediados de 2019, por obstrucción a la justicia y terrorismo de Estado tras la liberación de seis de los siete colectivos armados que atacaron a civiles y funcionarios de la Policía de Lara en una concentración en Barquisimeto el 1 de mayo.

Según el abogado Guillermo Palacios, diputado de la Asamblea Nacional (AN), la gobernadora encubrió a estos militantes del oficialismo que dispararon a un oficial de la Brigada Motorizada y fueron absueltos de los cargos, incluyendo el porte ilícito de armas, en la audiencia.

Policías desmejorados

En sus primeros seis meses de gestión como gobernadora, Meléndez aprobó un punto de cuenta que exigía a los funcionarios de la Policía de Lara obtener el carnet de la patria para cobrar el bono de alimentación por esa vía. Desde 2019, personal jubilado y desincorporado de ese cuerpo lleva a cabo acciones de protesta por retrasos en los pagos quincenales y la suspensión de salarios.

En la actualidad, los funcionarios activos devengan menos de Bs. 2.000.000 mensuales, pero en los comandos les venden bolsas de comida con nueve artículos en $10 o $12, según reportes del personal. Dentro del organismo también hay descontento por la falta de dotación de uniformes y otros implementos, pese a las promesas de Meléndez durante su campaña electoral.

Horas antes de oficializar el cambio de Carmen Meléndez a la cartera de Interior y Justicia, el ministerio otorgó a la Policía de Lara el primer lugar del Concurso de buenas prácticas policiales en su décima edición por los procedimientos extraordinarios efectuados durante la cuarentena.

#MonitorDeVíctimas | Madre de una niña de 1 año y 3 meses fue detenida por la muerte de su hija en Lara
Las autoridades investigan si la menor fue víctima de tratos crueles. Tres días después de esta muerte, un niño de 4 años falleció al recibir una bala perdida. Ambos casos se presentaron en el municipio Jiménez

@KaryPerazaR

La pequeña Jathdielis Alexandra Angulo Jiménez, de 1 año y 3 meses de nacida, fue llevada por su madre hasta el Hospital Baudilio Lara de Quíbor, porque presentaba quemaduras en el rostro y el cuello. Sin embargo, según los datos aportados por las autoridades, la niña, que murió el pasado 15 de octubre, habría sido víctima de tratos crueles.

Judith del Valle Jiménez Peralta, la progenitora de la menor, indicó que la bebé se había quemado con una sopa que le estaba haciendo. Los médicos observaron que la paciente presentaba algunas lesiones en el cuerpo y por su condición fue referida al Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto, donde falleció luego de haber estado internada 15 días.

Al ser ingresada al principal centro pediátrico de Lara, los galenos se percataron de que la niña tenía fracturas en los brazos. La madre alegó que las lesiones habían ocurrido cuando le cayó la sopa encima porque la alzó muy fuertemente.

Los médicos reportaron que la bebé también presentaba una costilla lesionada, lo que le produjo un derrame interno, e indicaron que se trataría de un caso de maltrato infantil.

La autopsia de la pequeña ratificó lo que habían precisado los médicos que atendieron a la infante: presentaba múltiples lesiones. Esto hace suponer a las autoridades judiciales que la bebé podría haber sido víctima de tratos crueles.

La madre de la niña fue detenida en el propio pediátrico y está sometida a medida preventiva de detención en su domicilio, debido a que tiene un embarazo delicado, indicó una fuente policial.

Por este mismo caso las autoridades dictaron orden de captura por la presunta comisión del delito de homicidio en contra de Marcial Antonio Agüero Durán, padrastro de la menor, quien hasta ahora no ha podido ser detenido. La orden fue ratificada el pasado 17 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control de garantías del Tribunal de Violencia contra la Mujer del estado Lara.

Habló una de las tías

Una de las tías paternas de la pequeña relató que la infante vivía con su madre y su padrastro en la urbanización Florencio Jiménez, en Quíbor, municipio Jiménez. Señaló que la tarde del 30 de septiembre los médicos del mencionado pediátrico se comunicaron con el padre biológico de la bebé, para indicarle que la niña se encontraba en muy mal estado de salud.

La pariente en cuestión señaló que Judith del Valle se había separado del padre de la menor en abril de este año. Aseguró que el hombre se mantenía al pendiente de su hija, que la buscaba a diario y la veía en los horarios permitidos por la mamá de la pequeña.

“Después del día del padre comenzaron los problemas. Judith denunció a mi hermano por supuesto acoso y después de allí comenzaron las excusas para que no viera a la niña. Nosotros creemos que fue desde ese momento que comenzaron las agresiones y evitaba que la vieran para que no nos diéramos cuenta de lo que pasaba”, informó otro familiar de la infante.

A un pequeño lo impactó una bala en el pecho

El pasado 18 de octubre, tres días después de la muerte de la bebé, se desplomó en plena calle Luis Daniel Merlo, de 4 años de edad.

El hecho ocurrió a las 8:00 de la noche en la avenida 13, entre calles 8 y 9 de Quíbor, municipio Jiménez. Minutos antes había sonado una detonación.

Familiares del menor, al ver que caía, se dieron cuenta que estaba sangrando y de inmediato lo trasladaron hasta el Hospital Baudilio Lara de Quíbor. Un proyectil le había dado en la parte izquierda del pecho. El disparo fue mortal.

Sobre el caso, Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) declaró que detuvieron a cuatro personas implicadas en la muerte del niño.

Rico explicó que dos hombres estaban discutiendo por un dinero y uno de ellos sacó un arma de fuego, disparó hacia el piso, el proyectil rebotó en el asfalto y le dio en el pecho al niño, causándole la muerte de forma inmediata.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alfonso León Hernández, de 40 años de edad, quien fue el presunto responsable del disparo. Según el funcionario, el hombre estaba discutiendo con Luis Enrique Mendoza Mendoza, de 44 años de edad; José Luis Rodríguez Duin, de 40 años de edad y Raimer Manuel Torres Herrera, de 32 años de edad, quienes huyeron del lugar sin prestarle auxilio a la víctima. Funcionarios del Eje de Homicidios del CICPC Lara los ubicaron y lograron sus detenciones.

Siete días, seis fallecidos

Seis muertes violentas se registraron en Lara entre el 12 y el 18 de octubre de este año. Además de las de los dos pequeños antes señalados, fueron asesinados cuatro hombres a manos de cuerpos de seguridad del Estado.

Escasez de gasolina en Bolívar y Lara impulsa el bachaqueo
Entre 3 y 5 dólares venden el litro de gasolina en varios estados del país

 

La escasez de gasolina se agudiza en toda Venezuela y principalmente en los estados Bolívar y Lara. El desabastecimiento de combustible en Ciudad Guayana, Upata, e incluso en El Callao impulsa cada vez más los precios el mercado negro, lo que ha obligado a varios ciudadanos a comprar gasolina por un mínimo de 3 dólares por litro.

La situación ha generado largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, sean bombas subsidiadas o no, la realidad es que hay poco carburante para satisfacer la demanda del parque automotor debido a la poca o nula producción de combustible en la refinería El Palito. 

Una nota publicada en el portal Correo del Caroní afirmó que conforme se agudizan las posibilidades de abastecerse directamente en una estación de servicio, subsidiada o dolarizada, también aumentan el precio de reventa.

“A mí me la vendieron en 3 dólares, pero una vecina compró a 4 dólares. En mi caso no tengo muchos negocios cerca a los que me pueda ir caminando para comprar comida, agua, medicinas, productos de limpieza, de higiene, lo que uno necesita. Necesito moverme en carro, y lo hago casi que una vez a la semana, trato de hacer todo en un mismo sitio o que me quede todo cerca. Por mi zona tampoco pasan autobuses, e igual no me voy a montar en uno porque los he visto y allí no hay ningún distanciamiento”, dijo Ofelia Morales a Correo del Caroní. 

En Bolívar, la reventa de puestos o permitir el paso sin pasar hasta una semana esperando despacho, es un negocio que llevan a cabo militares y civiles. Conductores comentaron a CDC que los puestos en cola los venden en 10 dólares. Esta es la misma tarifa que pagarían a funcionarios militares para ingresar a las estaciones de servicio sin hacer cola.

De acuerdo con el Observatorio Popular de la Gasolina que lleva Primero Justicia a nivel nacional, hasta el 13 de agosto el precio en el mercado negro en promedio oscilaba entre 2 y 3.5 dólares.

Regresó el bachaqueo

En Barquisimeto, estado Lara, los conductores tenían hasta 12 días haciendo cola en las estaciones de servicio para intentar surtir sus vehículos. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional los desalojaron del lugar sin darles ninguna explicación.

La información revela que los militares amenazaron a los conductores con remolcar sus carros o multarlos con 2 petros, sanciones que no están establecidas en la normativa legal vigente.

En el estado Lara regresó la venta ilegal de gasolina -conocida como bachaqueo- de todas las formas posibles, incluso a través de grupos de WhatsApp, donde las personas que la ofertan hacen entrega delivery de los litros del carburante necesario

En días recientes, Carmen Meléndez, gobernadora de Lara declaró a los medios de comunicación que a la región no estaba llegando gasolina porque los propietarios de las bombas estaban en mora con las empresas de suministro.

En el Zulia la situación es la misma 

La venta del carburante en el mercado negro se ofrece sin ninguna regulación ni control en las calles de la ciudad, mientras que las estaciones de servicio lucen desiertas. En Maracaibo los vendedores piden entre 2.5 y 3 dólares por litro.

Sectores como Ziruma y todo el corredor vial La Guajira, en los suburbios ubicados detrás del Club Gallego, puede observarse a los “pimpineros” que venden la gasolina en presentación de cinco litros.

Posible aumento en los precios

El portal Petroguía informó el miércoles 19 de agosto que el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está estudiando incrementar el precio de la gasolina subsidiada, ubicada actualmente en BsS 5.000, ya que los fondos para poder desmontar ese sistema de pagos no han sido encontrados todavía para ser canalizados al sistema patria de forma directa.

Cuando se implementó el esquema a dos bandas para la venta de gasolina, la subsidiada entonces tenía un precio de dos céntimos de dólar por litro, pero en la actualidad se ha reducido al menos en un 50% por la devaluación del bolívar.

Hasta finales de julio, alrededor de 90% de la venta de gasolina en Venezuela se estaba realizando principalmente a los precios subsidiados para particulares y gratuita para transportistas de transporte público y de carga; proporción que se ha disminuido a la mitad porque Pdvsa restringió el suministro a las bombas con precios subsidiados.

*Con información de Correo del Caroní y TalCual

#MonitorDeVíctimas / En Lara se registraron seis muertes violentas del 3 al 9 de agosto
El cronista y fundador de la urbanización Bararida de Barquisimeto así como  un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Iribarren fueron asesinados cuando los robaban

@LizGascon

 

Tres homicidios y tres ejecuciones extrajudiciales se contabilizaron en Barquisimeto, capital del estado Lara, entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto. Un cronista y un bombero se cuentan entre las víctimas.

A golpes mataron a Alexis David Chirinos Carrasco, de 69 años de edad, cronista y fundador de la urbanización Bararida de Barquisimeto. Según vecinos, el crimen ocurrió al momento en que un número no precisado de delincuentes entró y robó en la vivienda de Chirinos el 3 de agosto. El cadáver del sexagenario lo encontraron sus vecinos al día siguiente al notar que las puertas de la casa estaban abiertas y que éste no había salido a caminar como solía hacerlo. «Le llevaron todo de su casa», comentó un allegado.

Al día siguiente, en horas de la madrugada,  Fernando Jesús Ramírez Lameda, de 32 años de edad, fue asesinado de un disparo en el abdomen en el barrio Bolívar, al oeste de la ciudad, para robarle su teléfono.

Mientras que Leonardis de Jesús Colmenares, de 33 años de edad, cabo segundo del Cuerpo de Bomberos de Iribarren, fue herido de bala para robarle su moto y otras pertenencias el 8 de agosto. Colmenares salió de su casa a las 8:00 pm con la intención de hacer la cola para poner gasolina en una estación de servicio ubicada a 13 kilómetros de su domicilio. En el camino habría sido interceptado por un hombre que lo desvió a la avenida principal de Las Playitas y lo hirió con un arma de fuego en el abdomen, relató su pareja, Yolimar Mendoza.

El funcionario fue trasladado hasta un ambulatorio, pero falleció al poco tiempo de su ingreso. «Donde él apareció no era parte de su trayecto. Él cargaba una esclava y un anillo de plata, su teléfono y la moto. Salió de la casa a las 8:00 pm, andaba solo y lo encontraron a las 8:30 pm», agregó Mendoza.

Colmenares, quien prestó servicio en el Cuerpo de Bomberos de Iribarren durante 12 años y permanecía de reposo por una lesión en la columna, dejó tres niñas huérfanas.

Asesinados en incursiones de las FAES

Tres jóvenes fueron asesinados en procedimientos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en menos de 24 horas. El 3 de agosto el cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reportó tres presuntos enfrentamientos en sectores populares de Barquisimeto. Dos de las víctimas fueron trasladadas por los funcionarios a sectores distantes de sus domicilios donde murieron. Sus familiares encontraron los cadáveres en la morgue del hospital central Antonio María Pineda, y niegan que se hubieran  enfrentado a los policías, como lo señalan en las minutas.

Kevin Alexander Garcés Escalona, un comerciante de 21 años de edad, salió el lunes pasadas las 6:00 pm a comprar queso cuando fue detenido por una comisión de las FAES a pocas cuadras de su casa. Dos horas más tarde murió a manos del cuerpo de seguridad en Propatria.

«Pensábamos que se lo habían llevado por incumplir el horario de la cuarentena, nos decían que en el procedimiento habían dos muertos y ocho heridos hasta que un oficial nos mandó al hospital. No tenía antecedentes», declaró una tía materna que reservó su identidad.

Deivis Daniel Hernández, de 35 años de edad, también fue sacado de su casa, en el barrio El Roble, por funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) antes de las 7:00 am. El grupo lo mató en un terreno baldío del sector Simón Rodríguez, denunció un vecino.

Dolientes deben pagar por todo

Ese mismo día, a la 1:30 pm, las FAES entraron a la fuerza a la casa de la suegra de Kevin Michell Díaz Goyo, un vendedor ambulante de 31 años de edad, y allí lo asesinaron. Previamente se llevaron en una patrulla a su esposa y tres niños hasta el comando policial.

«Ellos llegaron en dos carros y dos patrullas con violencia, decían que llegaron a matar», mencionó un testigo. Los funcionarios acordonaron la zona durante cinco horas. Díaz es el segundo de ocho hermanos asesinado por un organismo de seguridad del Estado. Desde 2012 tenía antecedentes por hurto.

«A él no lo podía ver ningún funcionario porque se lo llevaba, nunca lo borraron del sistema y ya había pagado un año detenido en el Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la Guardia Nacional», recordó su madre.

Los familiares debieron comprar un bisturí, guantes y tapabocas para retirar el cuerpo tres días después, pues en la morgue no tenían materiales para practicar la autopsia.

el futuro de la juventud en sectores populares

DDHH olvidados | “No sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo”

@ValeriaPedicini

 

Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros.  

No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación. 

Deixic no sabe nada de él. Si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.

Otros detenidos le contaron a Deixic que después de que los policías entraron a las celdas a aplacar la revuelta y cerraron las rejas, uno de ellos se devolvió, metió el arma entre los barrotes y, “sin ningún tipo de contemplación”, le disparó a Hember en el rostro. El joven de 22 años sufrió un traumatismo ocular en ambos ojos.  

Fue llevado a un centro de salud, donde estuvo recluido por 21 días y donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Le extrajeron 16 perdigones del ojo izquierdo y todavía tiene uno alojado en su interior; perdió la vista del ojo izquierdo en su totalidad y el derecho quedó comprometido, al no poder abrirlo por la fuerte y dolorosa tensión ocular que todavía tiene. Desde ese momento, Hember Flores está bajo condición de discapacitado. 

Su crítico estado de salud no fue suficiente para impedir que fuese dado de alta y llevado de nuevo al calabozo. “Cuando el juez llegó al hospital a interrogar al doctor, le dijo que estaba muy bien, que así podía estar en la PTJ (Cicpc)”, ahora en la sede principal. 

Pero pasaban los días y Hember no mostraba mejoría. Tres meses después, una tomografía confirmó que tenía una infección ocular. “Agarró una infección allá adentro. Gracias a Dios no se le fue a la cabeza, sino que le agarró los pómulos”, expresó la mujer de 42 años. El dolor que siente el joven es tan fuerte que las medicinas para calmarlo ya no le hacen ningún efecto. “Ese proyectil busca la manera de salir, pero no tiene por dónde porque le sellaron el ojo por dentro”. 

 

A Hember deben realizarle otra intervención quirúrgica, en la que tienen dos opciones: vaciarle en su totalidad el ojo izquierdo o ponerle una prótesis. 

 

Nadie hace nada

 

En dos ocasiones han pedido medida humanitaria para Hember Flores. La primera fue solicitada luego de que fuera herido en el presunto motín, en 2019. La segunda vino después de la infección ocular. Ambas han sido negadas por el tribunal que lleva el caso. 

“Me dijeron que él podía estar muy bien ahí donde estaba, con sus curas, sus medicinas y sus traslados al hospital cada vez que fuera necesario”, cuenta Deixic. Pero hasta la fecha, Hember no ha sido llevado a ningún un centro de salud, a pesar de contar con la orden de un juez para que le curen la infección ocular con la que vive desde hace meses. Los funcionarios del Cicpc alegaron que no tenían vehículos para hacer el traslado. “No hicieron nada, nunca quisieron asumir esa orden”. 

Es por esta razón que la atención médica de Hember tenían que resolverla por cuenta propia. Al principio, Deixic se encargaba de ir a darle las medicinas y echarle las gotas en el ojo que todavía se le puede salvar, hasta que una detenida los empezó a ayudar con las curas diarias, cada tres horas. Cuando estaba en San Juan de los Morros, su mamá o su padrastro asistían a un solo turno de visitas a llevar las comidas o cualquier cosa que él necesitara. “Uno estaba pendiente, pero ahora está lejos”. 

“En esas condiciones este joven debería estar recibiendo atención médica inmediata”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, mencionó que no debe ser trasladado fuera de su jurisdicción porque el tribunal que lleva su causa se encuentra en el estado Guárico. 

Con el cambio de Hember al estado Lara y tras la suspensión de las visitas de los familiares, hacerse cargo de la alimentación y cuidado médico de su hijo se hace imposible. La negativa de las autoridades a permitirle asistencia representa una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho a la salud y la garantía del respeto a la vida. La Constitución venezolana reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho”.

 

En Venezuela, los centros de detención en todo el territorio tienen precarias, inadecuadas, indignas e insalubres condiciones de reclusión, con un hacinamiento descomunal. La población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchos de estos reclusos están enfermos o desnutridos: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud. “En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, dijo la directora del OVP. 

Y con la llegada de la pandemia a Venezuela las fallas en el sistema penitenciario no hicieron sino incrementar, sobre todo con la suspensión de las visitas de los familiares, quienes se encargaban de la comida y medicinas, dejando totalmente desamparados a los reos. 

Deixic está consciente del delito que cometió su hijo, pero pide que sea atendido y su vida sea tomada en cuenta. “Ellos están en el deber de resguardar la vida de los privados de libertad, no de destruirla”.

A lo largo de estos dos años que Hember lleva preso, su madre acudió en varias oportunidades a los organismos, entre ellos el Ministerio de Servicio Penitenciario, para pedir que fuese trasladado del calabozo del Cicpc a una cárcel. “A nosotros nunca nos los van a entregar por medio de un juez”. Aunque la autorización de traslado llegó, lo hizo tarde y en las peores circunstancias. “¿Ahora que me lo jodieron si me le van a abrir un traslado?”, se pregunta. 

Espera que su hijo pronto esté entre los reclusos que la ministra Iris Varela está liberando para aliviar el hacinamiento y disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en las cárceles, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado. Según la organización “Una ventana a la libertad”, desde el inicio de la cuarentena han liberado 1.410 presos. 

Mientras tanto, Deixic espera. El funcionario que la llamó el 26 de junio para comunicarle sobre el traslado de su hijo le dijo que ahora solo le tocaba esperar a que él se comunicara de nuevo. Quiere saber cómo está el menor de sus dos hijos, cómo está de salud, simplemente saber si está bien. “Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo con todo lo que está pasando”. Ella igual dice conformarse con escuchar su voz. A dos semanas del último contacto telefónico con Hember, sigue esperando una llamada que no llega.