Quintero Linares fue gerente de la planta Simón Rodríguez de Lácteos Los Andes ubicada en Machiques, estado Zulia
Este lunes, 31 de mayo, se conoció que José Luis Quintero Linares fue designado como nuevo presidente nacional de la empresa Lácteos Los Andes en sustitución de Luis Augusto Piligra, quien fue detenido y es investigado por los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial N° 4.609 del pasado 11 de mayo. El texto legal instruye al Ministerio de Alimentación sobre el nombramiento y juramentación de Quintero.
De acuerdo con la información publicada por el diario La Prensa de Lara, Quintero Linares fue gerente de la planta Simón Rodríguez de Lácteos Los Andes ubicada en Machiques, estado Zulia.
El pasado 14 de mayo, el fiscal general Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC anunció la detención del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, quien era presidente de la empresa Lácteos Los Andes C.A. desde el 30 de agosto de 2019, por estar presuntamente vinculado a actividades de enriquecimiento ilícito.
En rueda de prensa Saab indicó que Piligra llevaba una vida «ostentosa» exhibiendo lujos como: yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos, fincas; así como una red de empresas privadas donde figuran familiares y amigos como representantes legales y accionistas.
Tras las declaraciones del fiscal, Reinaldo González, gerente del departamento de comercialización y ventas de la empresa Los Andes C.A. se quitó la vida en un edificio de la empresa, ubicado en la calle 31 con carreras 19 y 20 del centro de Barquisimeto.
Testigos comentaron que González se encontraba reunido con otros gerentes mientras el fiscal ofrecía la rueda de prensa donde denunció la trama de corrupción. Asimismo, detallaron que el hombre, al ver lo que ocurría, decidió salir a tomar un poco de aire y fue cuando tomó la decisión de saltar al vacío desde el octavo piso.
Maduro dijo que la investigación contra la empresa inició por la denuncia de una vocera dentro de la compañía
Foto: @PresidencialVen
Nicolás Maduro aseveró este jueves, 20 de mayo, que investigan la empresa Lácteos los Andes tras encontrar que hay corrupción y «pudrición».
Durante una alocución en vivo, Maduro expresó: «En Lácteos Los Andes descubrimos una pudrición; hay ejemplos de compañeros que han caído en la corrupción».
«Descubrimos que la empresa Lácteos Los Andes era anti obrera burocrática y muy corrupta, encontramos una corruptela sin paralelos inmediatamente llamé al fiscal para que tomara todas las medidas», agregó Maduro.
Asimismo, refirió que la investigación contra la empresa inició por la denuncia de una vocera dentro de la compañía.
El pasado viernes, 14 de mayo, el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, informó sobre la detención del presidente de Lácteos Los Andes, coronel Luis Augusto Piligra Jiménez.
De acuerdo con Saab, a Piligra se le detuvo bajo la acusación de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Horas después del anuncio de Saab, el gerente de comercialización de esa empresa, Reinaldo González, se quitó la vida mientras estaba en la torre administrativa de Barquisimeto, en el estado Lara.
El TSJ también decretó medida judicial privativa preventiva de libertad a la ciudadana, Amelys Aracelys Cabrera Gómez, esposa del coronel Piligra
Este martes, 18 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó privativa de libertad para el expresidente de la empresa Lácteos Los Andes, Luis Augusto Piligra Jiménez, y su esposa Amelys Aracelys Cabrera Gómez, por delitos de corrupción.
La información se conoció a través de una nota de prensa que publicó la institución en su página web.
Luis Augusto Piligra Jiménez es señalado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista, posesión ilícita de arma de fuego, boicot, con la modalidad agravada de desestabilización de la economía, contrabando de extracción, así como legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
El Juzgado también decretó medida judicial privativa preventiva de libertad a la ciudadana, Amelys Aracelys Cabrera Gómez, esposa de Piligra, por la presunta comisión de los delitos de concierto de funcionario con contratista, posesión ilícita de arma de fuego, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
«De acuerdo con los hechos valorados por el Tribunal, la gestión del ciudadano Luis Augusto Piligra Jiménez, como presidente de Lácteos Los Andes, estaba siendo investigada, luego de una denuncia formulada por una empleada, vocera del consejo Productivo de Trabajadores de esta empresa del Estado, durante una alocución del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, material audiovisual de alta reproducción a través de las redes sociales», señaló la nota de prensa del TSJ.
El pasado 14 de mayo, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó que el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez fue detenido por su vinculación con una trama de corrupción relacionada con enriquecimiento ilícito de la empresa Lácteos Los Andes.
Según Saab, las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la DGCIM determinaron que Piligra Jiménez contrató con empresas de familiares todos los insumos necesarios para la actividad de Lácteos Los Andes que eran facturados con sobreprecios.
Piligra Jiménez venía desempeñándose en el cargo desde agosto de 2019 y de acuerdo a las declaraciones de Saab, el coronel hacía gala de tener bienes valorados en “altísimas sumas de dinero” como yates, apartamentos, fincas, avionetas, entre otras cosas, así como también formó una red de empresas “donde figuran familiares y amigos como representantes legales y accionistas”.
Lácteos Los Andes, fundada en 1984, fue adquirida por Pdvsa en marzo de 2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012, según Transparencia Venezuela, en los siguientes seis años cayó por falta de materia prima.
De acuerdo a las declaraciones de Saab, el coronel hacía gala de tener bienes valorados en «altísimas sumas de dinero» como yates, apartamentos, fincas, avionetas, entre otras cosas
El fiscal general de la República, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó este viernes, 14 de mayo, que el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez fue detenido por su vinculación con una trama de corrupción relacionada con enriquecimiento ilícito de la empresa Lácteos Los Andes.
Según Saab, las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la DGCIM determinaron que Piligra Jiménez contrató con empresas de familiares todos los insumos necesarios para la actividad de Lácteos Los Andes que eran facturados con sobreprecios.
Piligra Jiménez venía desempeñándose en el cargo desde agosto de 2019 y de acuerdo a las declaraciones de Saab, el coronel hacía gala de tener bienes valorados en «altísimas sumas de dinero» como yates, apartamentos, fincas, avionetas, entre otras cosas, así como también formó una red de empresas «donde figuran familiares y amigos como representantes legales y accionistas».
Compañías ligadas al proceso productivo de Lácteos Los Andes como Corporación AA Hidalgo & Urdaneta C.A, que suministraba a la empresa de insumos como uniforme, transporte, materiales de seguridad, químicos, maquinarias, entre otras cosas, tiene como representante legal a su hermano, Pedro Pablo Álvarez Jiménez.
La hermana y pareja de Piligra Jiménez, Laura Yelitza Álvarez y Amelys Cabrera respectivamente, estarían manejando Novedades Miguel García 2019 C.A, que dotaba de papelería y artículos de oficina a la empresa expropiada por el Estado, mientras que Cabrera también registró el traspaso de La Fonda de Helenmar C.A., que daba comida a los empleados.
Además, se acusó al funcionario de aprovechar las instalaciones de Lácteos Los Andes para elaborar e impulsar su compañía de leche en polvo bajo la marca «Villa La Estancia» y era dueño de un bodegón-restaurante ubicado en Chacao llamado «La Esquinita Gourmet».
Amelys Cabrera también fue detenida junto al coronel «por la presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, evasión de procedimientos licitatorios, además de la presunta comisión de peculado de uso, legitimación de capitales y asociación».
Lácteos Los Andes, fundada en 1984, fue adquirida por Pdvsa en marzo de 2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012, según Transparencia Venezuela, en los siguientes seis años cayó por falta de materia prima.
Foto: Rafael Correa llega a Venezuela, mayo de 2021. Captura de pantalla del video de NT24 (Instagram).
LA CARRERA DE CORREA
El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, se encontraba en la ciudad de Miami asistiendo al “Foro por la Defensa de la Democracia” que organizó el Instituto Interamericano por la Democracia. Estando como invitado principal del evento, le informaron que el gobierno de Bélgica había tomado la decisión de acatar la solicitud de detención del expresidente Rafael Correa girada desde hace un tiempo por la Interpol. Sospechan que alguien del entorno de Moreno informó a Correa y por eso este puso “los pies en polvorosa” e hizo ver que estaba en Caracas protegido por Maduro y su gobierno.
ESPAÑA 1
Con la derrota de su partido “Podemos Unidas”, en Madrid, se acaba la dañina participación de Pablo Iglesias en el gobierno madrileño.
Como apunté aquí hace unas semanas, Pablo Iglesias, como vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez tenía el privilegio de conocer lo que se llama el “Informe Diario de Inteligencia” levantado por los distintos órganos de seguridad del gobierno español entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia.
Su chulo partido de izquierda comunista nació del dinero público del Tesoro nacional de Venezuela, cortesía de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La decisión de los madrileños mandó lejos al llamado el Coletas que en estos dos años gobernando salió de la pobreza en que vivía a un chalé millonario cuyo costo es de 660.000 euros (778.027 dólares) en la sierra de Madrid.
Igualito a lo que aquí han hecho muchos dirigentes del PSUV en 22 años dominando el catastrófico y corrupto gobierno venezolano. De Catia, 23 de Enero, Propatria, el barrio El Jardín de Maracay, Barinas, Barcelona y otros lugares pobres y modestos a millonarias construcciones en los municipios Chacao, El Hatillo, Baruta y en las zonas del Country Club y La Lagunita. Un gusto similar en sus construcciones, las paredes externas, sus fachadas con vidrios blindados y acabados en aluminio y obra limpia y sus puertas de garaje rojas o azules, identifican fácilmente a estos exproletarios.
ESPAÑA 2
Todavía continúan haciéndole seguimiento al llamado Delcygate en Madrid ocurrido en enero de 2020. Hay intereses enfrentados con el tema Venezuela. Un grupo investiga la atención técnica y de suministros prestada por Sky Vallet y Plus Ultra al avión donde arribó la vicepresidenta y otro las llamadas a través del teléfono del ministro de Transporte José Luis Ábalos, tanto al presidente del gobierno Pedro Sánchez como a otros altos cargos españoles. Ábalos es miembro del PSOE desde 1981 luego de tres años de haber sido ficha del Partido Comunista de España (PCE). La debacle de Podemos en Madrid ha dado fuelle al caso pues ya no puede enterarse el Coleta de lo que dice el Informe Diario de Inteligencia del gobierno de Sánchez.
¿LECHEROS?
Tras un paréntesis de 12 años, luego de ser expropiada por Hugo Chávez, Lácteos Los Andes, la que fuera una pujante empresa nacional, vuelve a manos privadas después de haberla expropiado Chávez y hacerla añicos en un afán de inventarse creador de desarrollo y empleos. Fue un buen plan para hacerse de empresas productivas y luego, con alevosía, destruirlas y años más tarde venderlas a sus aliados a precios de gallina flaca. Dos hermanos de origen libanés compraron la desahuciada empresa a través de terceros. Así se configuró otra “alianza estratégica” en la que empresarios cercanos al régimen están comprando todas las empresas expropiadas por Chávez, tras su quiebra, a precios irrisorios. Enchufes de 22 años en acción golillera.
«HACE 18 AÑOS, EL ESTADO SOLO TENÍA 34 empresas que podemos identificar, hoy en día poseen 526 y seguramente van a aumentar», así lo comentó Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela en el marco de la presentación del informe «Empresas propiedad del Estado en Venezuela, un modelo de control».
Transparencia Venezuela junto al portal de datos, Vendata y aliados de Brasil y Argentina se encargaron de llevar a cabo la investigación que comenzó en julio de 2016 logró identificar a 526 EPE (empresas del Estado).
«Parte la crisis que tenemos hoy es responsabilidad del control de las empresas por parte del Estado», añadió De Freitas.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro se expropiaron, crearon o confiscaron el 74% de las empresas que actualmente posee el Estado. La cifra de 526 es cuatro veces superior a las 130 de Brasil y diez a las 52 de Argentina.
«Las empresas tienen un valor menor a cuando se crearon, confiscaron o expropiaron. En la mayoría de los casos, las empresas solo se confiscado porque no se cancelaron», añadió.
Según el estudio, 775 millardos de bolívares es la estimación de pérdidas por parte de empresas del Estado el año pasado.
«Esto tiene que ver con los 35 puntos negativos del PIB que tiene Venezuela en los últimos cuatro años», aseguró De Freitas, quien informó además que en el estudio no se incluyeron las empresas vinculadas con alcaldías y gobernaciones.
«También vemos que las nóminas de estas empresas se usan para ampliar la militancia política del partido de gobierno», puntualizó.
De Freitas indicó igualmente que no fue fácil emprender la investigación que les llevó más de un año. «Hay una gran opacidad en cuanto a las empresas del Estado».
«La producción decreció, mientras la nómina aumentó, por ejemplo Lácteos Los Andes infló su plantilla en 117% desde que fue adquirida por el Estado».
VENEZUELA ESTÁ ATRAPADA EN LA MAYOR CRISIS económica de su historia. Lejos de mostrar una salida, las señales anuncian que al cierre de este año la inflación de 180,9%, registrada en 2015 por el Banco Central de Venezuela, palidecerá, y que la escasez se profundizará debido al severo recorte de las importaciones aplicado por el Gobierno.
El año 2016 será también el tercer ejercicio consecutivo de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), tras los desplomes de 2014 y 2015. Desde el Gobierno la explicación es la misma desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, en abril de 2013: la “guerra económica”.
En el discurso oficial se trata de un plan orquestado por Estados Unidos, los empresarios y la oposición venezolana. “El Gobierno de Estados Unidos está al frente de la guerra económica contra Venezuela, pero no pueden ni podrán con nosotros”, manifestó recientemente el mandatario nacional.
Economistas y organizaciones empresariales coinciden en que la crisis que se vive sólo responde a las políticas aplicadas por el Gobierno de Hugo Chávez y su sucesor. “Los problemas económicos que sufren los venezolanos son consecuencia de una serie de políticas económicas y reguladoras que fueron implementadas por el presidente Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro. Se trata de políticas que constituyen la esencia del modelo intervencionista implementado bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI, como el control de precios, las estatizaciones y el control de cambios”, escribió el economista, Ángel Alayón, en un artículo de opinión para el New York Times.
Antonio Pestana, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se muestra igual de tajante. “La famosa guerra económica no existe en la producción de alimentos (…) Ningún agricultor ha jugado a no sembrar”.
Una mirada a los datos y a los resultados de las medidas promovidas por el Gobierno durante los últimos años confirma que detrás del ardid de la “guerra económica” se esconde un recetario de medidas que allí donde se han aplicado han conducido al fracaso.
La “guerra económica” al desnudo
Expropiación de Tierras
Hugo Chávez impulsó una política dirigida a expropiar e intervenir tierras agrícolas. Al menos 1.200 “unidades productivas” que suman poco más de 5 millones de hectáreas fueron asumidas por el Estado para ensayar distintos esquemas de producción, pero los resultados revelan el fracaso. “Evidentemente tenemos que revertir esto (…) Hoy en día no producen lo que sus dueños originales podían producir porque no hay sentido de pertenencia”, sostiene el presidente de Fedeagro.
Las cifras de esa organización, basadas en las del Ministerio de Agricultura y Tierras, muestran que al cierre de 2015 la producción de rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo y café es menor a la registrada en 2008. Asimismo, indican que prácticamente en ninguno de los principales rubros agrícolas hay “autoabastecimiento”, a pesar de que en casos como los del café y el arroz Venezuela tuvo una oferta exportable.
Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), también asegura que las expropiaciones en el campo impactaron negativamente la producción agropecuaria. “Las confiscaciones de tierras causaron un daño impresionante que ha venido a parar en lo que vemos hoy en día”, manifiesta Albornoz. Los datos de Fedenaga indican que hoy sólo se produce entre 35% y 38% de la carne que se debería producir, pero la caída del consumo en las familias venezolanas impide ver ese grave déficit de producción. “Con esa tercera parte estamos abasteciendo todo el mercado por la caída del consumo”, apunta el directivo.
De Agroisleña a Agropatria
La expropiación de Agroisleña en 2010 marcó un punto de inflexión para la producción agrícola. Las consecuencias de esa medida se ven hoy en los productores de diversas regiones que no pueden sembrar ante la falta de insumos como semillas y agroquímicos para los cultivos. La empresa, rebautizada por el Gobierno como Agropatria, es incapaz de atender oportunamente la demanda de los productores. “El monopolio que significa Agropatria es una gran desgracia para los productores venezolanos. Hay que permitir que el resto de empresas privadas que importaban insumos o los producían aquí puedan trabajar”, opina el presidente de Fedeagro.
La incapacidad de Agropatria es tal que en zonas como Los Andes el 75% del área de siembra no se está aprovechando por falta de insumos, mientras que en rubros como arroz este año apenas se sembrarán 110 mil hectáreas de arroz, menos de un tercio de las 360 mil hectáreas que se requieren anualmente. En el café el resultado es peor y la producción apenas llega al 25% de las necesidades del país porque los productores no tienen insumos para combatir la plaga de “la roya”. “Mientras no llegan los insumos no podemos hacer el milagro de convertir tierra en alimentos”, insiste el presidente de Fedeagro.
El Estado empresario
El Estado también se convirtió en un gran industrial a punta de expropiaciones e intervenciones de empresas en los últimos años. Cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señalan que entre 2002 y 2015 se expropiaron 1.322 empresas, siendo los años 2009, 2010 y 2011 en los que hubo el mayor número de intervenciones.
De acuerdo a ese conteo, casi un tercio de las expropiaciones ocurrió en el sector industrial y afectó particularmente operaciones agrícolas y plantas agroindustriales. Sólo el ministerio de Alimentación administra alrededor de 300 empresas agrupadas en varios “conglomerados”: el de aceites y grasas con 9 empresas, el de arroz con 17 empresas, el cárnico con 29 empresas, el avícola con 8 empresas, el de los silos con 46 empresas y el de harina de maíz con 15 empresas, entre los más importantes.
Pero en compañías emblemáticas que fueron expropiadas la producción va en picada. En Industrias Diana, por ejemplo, entre 2013 y 2015 la producción se redujo 55% al pasar de 164.904 toneladas de aceites y grasas a tan sólo 73.406, según la Memoria y Cuenta de 2015 del Ministerio de Alimentación. En Lácteos Los Andes se repite la historia y en ese mismo período de dos años el rendimiento de la empresa cayó 12% al pasar de las 298.045 toneladas de 2013 a sólo 263.094 toneladas el año pasado.
Empresarios han planteado al Ejecutivo nacional la necesidad de que esas instalaciones vuelvan a manos privadas, pero el diputado Diosdado Cabello le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, pese a que el ex ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y otros funcionarios llegaron a reconocer que estaban evaluando esa opción.
Control de cambio: corrupción, fuga de divisas y otros males
Además de convertirse en una fuente de corrupción, el control de cambio vigente desde hace 13 años terminó siendo una medida perniciosa para la producción. El sostenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos hizo más atractivo y rentable recurrir a las importaciones que producir en el país. “Las importaciones lamentablemente tuvieron un crecimiento desmedido”, cuestionó recientemente el presidente de Fedeagro.
Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que entre 2003 y 2014 –las cifras totales de 2015 no están disponibles- las compras al exterior de Venezuela pasaron de los 10.483 millones de dólares a 47.508 millones de dólares, esto es, un crecimiento de 353%. En ese auge destaca el salto de las importaciones públicas que brincaron de los 2.483 millones de dólares a los 23.445 millones de dólares, esto es, un alza de 844% en once años.
En paralelo al festín de importaciones el aparato productivo se fue desmantelando, situación que ha quedado al desnudo con la caída de los ingresos petroleros y la imposibilidad de mantener las importaciones. “Desde 1998 hasta 2015 la producción de Venezuela per cápita creció 0,03%, o sea, 0%. El consumo per cápita del Gobierno creció 2,3% cada año durante 18 años, el consumo privado per cápita creció 1,9% cada año durante 18 años. Tienes un país que se acostumbró a consumir bastante, basado en importaciones, y en paralelo fue destruyendo su capacidad productiva”, explicó recientemente el economista Miguel Ángel Santos en entrevista con el Circuito Éxtos.
Del control de precios a los bachaqueros
El Gobierno ha insistido en la política del control de precios para frenar el alza de los mismos. Los resultados han sido exactamente contrarios: Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo y las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2016 la inflación será de 700%. Desde las organizaciones empresariales han cuestionado el control porque en la práctica se ha traducido en una “congelación” que obliga a las empresas a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.
Un desabastecimiento crónico y la reducción de la diversidad de marcas y presentaciones de productos básicos han sido algunas de las consecuencias. En septiembre de 2014 la filial venezolana de Clorox, fabricante de marcas como Nevex y Mistolín, cesó sus operaciones en el país y atribuyó la decisión a los efectos que había ocasionado en la compañía el control de precios, ya que “durante casi tres años” se vio obligada a “vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno venezolano”, generando “constantes pérdidas operativas”. Este año se filtró a la prensa un comunicado interno de Colgate Palmolive en el que la empresa también advertía a sus trabajadores la imposibilidad de trabajar con precios que no reconocen los costos de producción. “Ninguna empresa puede sostener la producción con pérdidas permanentes”, decía el texto.
El contrabando de extracción, primero, y posteriormente la extensión del fenómeno del “bachaqueo” han sido otras de las consecuencias del control de precios. Hoy las distorsiones son tan amplias que en algunos productos la rentabilidad que se puede obtener en el mercado informal es tal que ni si quiera es necesario sacarlo de contrabando a Colombia para obtener ganancias. Cifras de Datanálisis revelan que dos de cada tres de personas que hacen colas están allí para comprar los productos con precios regulados y luego revenderlos.
Pese a los malos resultados, el Gobierno no parece dispuesto a cambiar su política. Recientemente las empresas de servicios de telecomunicaciones anunciaron ajustes de precios en las tarifas de telefonía celular, internet y televisión por cable. El alza se había discutido en las mesas de trabajo del “motor de telecomunicaciones” a raíz de que la estructura de costos del sector pasó a la tasa del Dicom, en casi 650 bolívares por dólar, pero aun así el presidente de la República ordenó revertir los aumentos de tarifa.
Control a la distribución o repartir lo que no existe
Pese a que todas las señalas apuntan a que el problema principal en la oferta de bienes es la caída de la producción, el Gobierno ha insistido en que la clave está en controlar la distribución. Así a los esquemas de control vigentes desde hace años como el “sistema de guías de movilización” instrumentado por la Sunagro, en el que obligan a las empresas a notificar el traslado de la mercancía, se han ido sumando mecanismos como el de las máquinas capta huellas en los supermercados, el cierre de la frontera con Colombia o los recientes Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
“Estamos enfrentado un monstruo de mil cabezas: la guerra económica, porque (actualmente) el sistema distributivo y el sistema comercializador de todo el país, en un 95%, está en mano de los distribuidores privados y son cuatro o cinco grupos distribuidores del país que controlan todo lo que es el metabolismo y el mecanismo de distribución», ha denunciado Nicolás Maduro.
Sin embargo, desde la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) han insistido en que el problema principal es la caída de la producción por la imposibilidad para importar materia prima, la falta de insumos, el ausentismo laboral o la crisis eléctrica, entre otros obstáculos. “No es un problema de distribución, es un problema de producción (…) Concentrar la distribución en menos puntos de venta no resuelve el problema”, alertó en febrero pasado Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea.
Aumentos salariales, una ilusión monetaria y más presión inflacionaria
El Gobierno nacional esgrime como una bandera los aumentos de salario. Ricardo Menéndez, Vicepresidente de Planificación, afirmó que el alza de 50% en el salario mínimo decretada recientemente por el presidente de la República forma parte de una política de “protección salarial” y “combate de manera frontal la inflación y la especulación de los precios”.
Sin embargo, para los economistas los cada vez más frecuentes ajustes salariales son una señal clara del deterior de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo. “Ello va a causar inflación. Todo aumento de salario superior al de la productividad causa siempre, por definición, inflación (…) La única forma que gane poder de compra el salario es cuando aumente la productividad”, declaró a Globovisión el economista y director de Econométrica, Ángel García Banchs.
Las cifras de Econométrica indicaban que en julio de este año –antes del aumento salarial- el poder adquisitivo del salario mínimo integral (incluye bono de alimentación) “es casi un tercio del que tenía en julio de 2007”, como consecuencia de la inflación registrada en ese período. En otras palabras, los venezolanos han ido teniendo cada vez más bolívares en sus bolsillos que compran menos.
Aunado al factor de la productividad está la política monetaria del Gobierno como causante de la inflación que evapora los salarios. Durante años el Gobierno ha apuntalado la expansión del gasto público a través del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) a Pdvsa, generando lo que los economistas llaman dinero “inorgánico”, que al entrar a la economía presiona más los precios de los productos que escasean en el mercado.
Los resultados indican que en los últimos diez años Venezuela ha figurado entre los diez países con mayor inflación del mundo y que desde 2013 la economía nacional ha registrado la tasa de inflación más alta del planeta.
La producción de Diana, Lácteos Los Andes, Mercal Producción y Venalcasa cayó 23,12% en dos años, según la memoria y cuenta del despacho de Alimentación
@lmaracara
Las cifras de la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2015 confirman lo que cada día se ve en las colas de Mercal, Pdval, abastos Bicentenarios y los operativos A Cielo Abierto: se desplomó la producción y distribución de alimentos.
En conjunto Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Mercal Producción y Venalcasa disminuyeron en 125 mil toneladas la cantidad de alimentos que produjeron en 2015, según el propio ministerio al que están adscritos. Pasaron de 544 mil 130 toneladas producidas en 2013 a 418 mil 293 toneladas, una baja de 23,12%.
Ya lo advertía el Banco Central de Venezuela en su informe anual correspondiente a 2015: la actividad manufacturera se desplomó 6,8%.
Según este resultado, mientras la actividad privada creció 0,1% la pública bajó 7,4% y, específicamente, la industria de alimentos y bebidas del sector público cayó 5,3%.
En la memoria y cuenta del despacho de Alimentación se especifica que industrias Diana solo produjo 73 mil 406 toneladas de alimentos durante el año que acaba de finalizar, la cifra equivale a una baja de 55,4%.
Esta empresa productora de derivados grasos (aceite y margarina, básicamente) fue adquirida por Pdval el 23 de Julio de 2008 por orden del expresidente Hugo Chávez, para convertirse en una empresa de producción Social. En 2011 pasó a manos del Ministerio de Alimentación, a través de la Corporación Venezolana de Alimentos.
Justifican en la memoria y cuenta que “el grado de cumplimiento de los principales proveedores nacionales de materia prima alcanzó 37% y los proveedores nacionales privados de empaques representaron 27%, lo cual fue una limitante para cumplir con los pedidos colocados por las empresas”.
Indican en el documento que “esta situación impidió alcanzar los niveles de producción planificados (…)”.
En la memoria no se hace referencia a la paralización de algunas líneas por falta de materia prima, ni el conflicto con los trabajadores, quienes a mediados del año pasado aseguraron que la empresa laboraba 40% por debajo de su capacidad instalada, ni explican cómo les afectó la sequía de divisas para la importación de materia prima.
En los documentos entregados ante la Asamblea Nacional por el ministro Rodolfo Marco Torres, destaca que la empresa inició a baja escala la producción y envase de nuevos productos como jabón de lavar con aloe vera, aceite de oleína y maquila de champú, marca Carey, “también se está evaluando la maquila de mayonesa Diana, aceite de soya con cúrcuma y chocolate Venezuela”.
Caída sostenida en Lácteos Los Andes
En el caso de Lácteos Los Andes la contracción en la producción ha sido progresiva y sostenida. Entre 2013 y 2015 la empresa dejó de fabricar 34 mil 951 toneladas de derivados lácteos y otras bebidas.
En 2008 el gobierno del expresidente Hugo Chávez ordenó a Pdvsa adquirir al grupo de empresas Lácteos Andes, decisión que se materializó el 29 de marzo del 2008, convirtiéndose desde ese entonces en una empresa pública socialista de producción de alimentos. Posteriormente el 31 de mayo del 2010, fue transferida a la Corporación Venezolana de Alimentos y adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras; luego, el 1 de marzo del 2011, fue transferida al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y desde octubre de 2013 Lácteos Los Andes se encuentra dirigida y administrada por sus mismos trabajadores.
Cada vez menos empaquetados
Venalcasa, es la empresa que maneja los servicios de empaquetado y venta de productos de la cesta básica que se distribuyen a través de la redes de Pdval, Mercal, Bicentenario y abastos, panaderías y areperas Venezuela.
Este ente, creado en 2007, que entre otros productos empaqueta leche, granos y cereales, registró una baja de 13 mil 191 toneladas en la producción o empaquetado de alimentos, entre 2014 y 2015.
En el año 2013 Venalcasa empaquetó un total de 79 mil 632 toneladas de alimentos.
A menor producción menos productos para distribuir
La caída en la producción de las empresas gubernamentales se refleja en la distribución de alimentos tanto en las redes privadas como públicas.
El año pasado “Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Mercal Producción, CVAL, y Venalca distribuyeron un total de 376 mil 185 toneladas de alimentos”, cifra que representa una caída de 14,7% respecto a 2014 y de 13,25% a 2013 y 2015, al pasar de 433 mil 573 en 2013 a 376 mil 185 toneladas el año pasado. En 2014 la distribución de alimentos por parte de estas empresas socialistas fue de 441 mil 471 toneladas.
Para compensar la caída en la producción, las empresas socialistas optaron por dejar casi totalmente de distribuir en las redes privadas. En el caso específico de Industrias Diana, en dos años dejaron de colocar 99,8% del total de productos que le vendían a la red privada de distribución.
En 2013 Industrias Diana le vendió a la red privada un total de 83 mil 138 toneladas de derivados grasos y aceites, esta cifra bajó a 13 mil 829 toneladas el año pasado, lo que representa un desplome de 99,8%.
En dos años, entre 2013 y 2015, Lácteos Los Andes dejó de distribuir 7,4%, específicamente 22 mil 72 toneladas de productos, al pasar de 298 mil 47 toneladas en 2013 a 275 mil 975 toneladas.
Mercal (unidades productivas) y Carnes Venezuela pasaron de distribuir un mil 540 toneladas en 2013 a 7 mil 953 en 2015, un alza de 413%. Sin embargo, en 2014 habían colocado un total de 9 mil 151; esto significa que hubo una caída de un mil 198 toneladas (13%) en 12 meses.
Por su parte, Venalcasa distribuyó 7 mil 953 toneladas de alimentos el año pasado, una contracción de 44,06% respecto a las 64 mil 185 toneladas que colocaron en las redes públicas y privadas en 2014.
