inti rodriguez

El coordinador de investigación de la ONG Provea explicó que los perseguidos políticos y sus familiares no son las únicas víctimas de torturas, también quienes están presos por delitos comunes

Las masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela son muy dramáticas, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja. Las víctimas de abusos no tienen adónde acudir, pues el Estado no les brinda ayuda.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la impunidad favorece estas acciones, porque protege a los perpetradores y se convierte en un aliento para nuevos abusos. Los cuerpos policiales cometen gran parte de los atropellos.

El 14 de julio de 2017 el presidente Nicolás Maduro presentó oficialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas han liderado las masacres en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– en 2019 fue el cuerpo policial que actuó en más casos: 233, solo en los cinco municipios de Caracas. Investigaciones de Provea aseguran que entre cinco y nueve personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en promedio, por cada operativo que ejecutan.

El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Rodríguez explicó que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, también son líderes en las violaciones de los derechos humanos cuando toman las comunidades.

“Su intención es afianzar el mecanismo de control social de Maduro. Cometen allanamientos ilegales, hurtos y robos, destrozos en las viviendas, amenazas, agresiones físicas y un repertorio represivo que genera terror en la población”, dijo.

Provea calcula que en dos años, desde la creación de las FAES, pasaron de 150 funcionarios a un aproximado de 2000. El financiamiento del Estado no ha disminuido y más bien los dotan de equipos. 

—¿Qué mensaje pretende llevar el gobierno de Maduro con la actuación de las FAES?

—Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado. Con sus actuaciones están mandando un mensaje de castigo a toda la población, no únicamente a la disidencia política. Cometen un amplio repertorio de abusos contra los derechos humanos y tienen un poder enorme que les garantiza fidelidad al proyecto político de Maduro. Ellos ingresan encapuchados a una comunidad, allanan viviendas, roban y hacen los que le da la gana.

—¿Por qué es precisamente este cuerpo policial y no otro el que emplean para el terrorismo de Estado?

—Las FAES no son el único cuerpo que comete violaciones de los derechos humanos. Pero sí la integran muchos colectivos, como lo comprobamos en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. El gobierno de Maduro tiene control directo de las FAES, lo que no sucede del todo con la Dgcim y el Sebin.

—Además de los operativos policiales, ¿qué otras acciones son parte del terrorismo de Estado?

—Como fueron creadas con exclusividad para el Gobierno, también reprimen manifestaciones y no solo eso, persiguen a quienes protestan para enviar el mensaje de dominio. Buscan recuperar el control de zonas y la estructura criminal. Sucedió con las protestas en Petare (2019), que ellos no solo reprimieron con toda su fuerza, sino que también mostraron simbólicamente que Petare no se puede sublevar. El allanamiento que hubo en los edificios Los Verdes, en El Paraíso, es otro ejemplo. Ahí castigaron a todos los manifestantes, mataron a un perro, dentro de una casa y enviaron el mensaje a todos los vecinos porque los castigaron de tal forma que entraron a la vivienda y al núcleo familiar.

—¿La tortura, como parte del terrorismo, ahora va en contra de familiares y mascotas de los perseguidos políticos?

—Parte del terrorismo de Estado también es emplear el secuestro, el chantaje y la extorsión para doblegar al principal objetivo. Exterminar al enemigo no solo implica aniquilación física, sino su aniquilación emocional. Si no se puede contra ellos porque algunos salieron del país, entonces van contra la familia o las mascotas. 

—¿La tortura la viven solo los políticos y sus familiares?

—No. En las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad allanan las viviendas, las roban, amenazan a los familiares, matan a los hijos en frente de ellos y los vuelven a amenazar si denuncian. 

“En 2019 Provea documentó 574 casos de tortura en un contexto en el cual la gente no denuncia porque en algún nivel la tortura ya se normalizó. El Cicpc es el cuerpo que más casos tiene, la mayoría ocurrieron en calabozos y están vinculados a la comisión de delitos comunes. 

“El segundo grupo de torturados son los militares y es por dos objetivos: uno, para detener a quienes supuestamente están conspirando, y dos, enviar un mensaje para que el resto no se atreva. Es decir, el mensaje es que ellos mataron a un capitán de corbeta y a un concejal y no pasó nada”, subrayó.

Este relato forma parte de la exposición que inaugura el domingo 25 de febrero en la galería El Anexo, en la Alta Florida. Organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), presenta un compendio de textos, fotografías y testimonios que retratan 11 intentos por asfixiar el periodismo en Venezuela

El 12 de febrero de 2014, el periodista Inti Rodríguez, integrante de Provea, cubrió la protesta donde murieron Bassil Da Costa y Juancho Montoya. Tras una larga y atípica jornada laboral, se dispuso a regresar a su casa. Nunca lo logró. Fue secuestrado por paramilitares, que lo tuvieron dos horas cautivo en el 23 de Enero, en Caracas.

Johanna Osorio Herrera

@johaosorioh

—Vas a correr, pero si volteas te matamos.

Inti Rodríguez no volteó, aunque tenía la certeza de que de todas formas moriría.

Uno, dos, tres pasos torpes. Las piernas no le responden. No puede correr. Cuatro pasos y aún no siente el disparo en su espalda. Cinco, seis, siete…

—¿Realmente no me van a matar?— resuena en su cabeza.

Sus piernas reciben una inyección de adrenalina —y esperanza—. Finalmente, corre. Corre sin ver a atrás. Y atrás de él quedan los 30 encapuchados que lo habían mantenido secuestrado durante dos horas, y queda también la resignación que sintió. Queda la posibilidad de regresar a su casa con su esposa. Quedan sus días en el 23 de Enero, la popular comunidad caraqueña donde vivía entonces. Queda la vida que le pertenecía antes de ese 12 de febrero de 2014.

Era miércoles. La oposición había convocado una marcha contra Nicolás Maduro, en conmemoración del Día de la Juventud. En los días previos, apresaron a estudiantes universitarios en Táchira y Mérida, y este hecho le dio más fuerza al llamado. La masa humana partió ese 12 de febrero desde Plaza Venezuela y llegó, en compañía de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, hasta su meta: el Ministerio Público.

Si la actividad hubiese terminado, como estaba pautado, quizás Inti hubiese dormido una vez más en el apartamento que ocupó durante siete años.

No fue así.

La protesta no terminó. Inti tampoco regresó a casa.

Tras llegar a la sede de la Fiscalía, un grupo de manifestantes se quedó en la zona. Se dirigieron a la esquina de Monroy y subieron a la de Tracabordo. Tumbaron una moto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y los funcionarios comenzaron a disparar. La gente corrió, unos hacia la avenida Universidad y otros hacia una calle lateral; pero el segundo grupo de manifestantes regresó pocos segundos después y quedó en la línea de fuego. Un joven de 24 años, que asistía por primera vez a una marcha, cayó de frente contra la acera a las 3:13 de la tarde, producto de un disparo del Sebin. Ingresó muerto al Hospital Vargas, a las 3:25. Su nombre era Bassil Da Costa.

Minutos antes, a apenas unos metros de Bassil, había sido asesinado Juancho Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas. Fue trasladado, muerto, a la clínica La Arboleda. Más tarde, un motorizado desconocido tiroteó en Chacao a otro manifestante, que horas antes había cargado el cuerpo inerte de Da Costa: Robert Redman.

Ese día, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estaba monitoreando la manifestación, que también se produjo en otros estados del país. Recibían denuncias y las registraban. Cuando la situación empeoró en Caracas, Inti Rodríguez —quien era coordinador de medios de la organización— y Rafael Uzcátegui, para entonces coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión (cargo que ahora ocupa Inti), salieron a constatar los hechos.

Provea es una organización no gubernamental independiente dedicada a analizar, promover y defender los derechos humanos en Venezuela. Por ello, Inti y Rafael recorrieron los sitios donde se desató la violencia aquella tarde de febrero. Fueron al Hospital Vargas y La Arboleda. Recabaron información y regresaron a la sede de la ONG, en el centro de Caracas. Su atípica jornada de trabajo terminó pasadas las 9 de la noche.

Inti buscó un taxi que lo llevara hasta el 23 de Enero, donde vivía con quien era su esposa. Pero no consiguió ni un chofer dispuesto. Decidió entonces irse en metro hasta la estación Agua Salud, donde podía tomar un autobús.

Solo Caño Amarillo separa las estaciones de Capitolio y Agua Salud. El trayecto fue corto, y eran las 9:30 de la noche cuando Inti estaba bajando del vagón. Subió, cruzó el torniquete y se dirigió a la salida.

Durante su época universitaria, Inti fue dirigente estudiantil. Años más tarde, las rencillas entre partidos, que él había olvidado, seguían muy vivas para otros. Por esa razón, era prudente con las zonas del 23 de Enero que transitaba. No podía pasar cerca de las instalaciones del colectivo La Piedrita, por ejemplo. En 2014, se contabilizaban al menos 14 grupos paramilitares en todo el 23 de Enero.

Inti realmente se cuidaba.

Pero ese miércoles su “zona de exclusión” —como llama a los espacios geográficos donde todavía hoy no puede transitar— se había ampliado sin que él lo supiera.

Inti iba subiendo las escaleras de la estación hacia la superficie, cuando vio bajando por las escaleras mecánicas a tres personas que no lo consideraban grato. Se miraron. Ellos terminaron de bajar y subieron tras de él.

—Inti, tú mataste a Juancho— dijo uno de ellos.

Su espalda pegó contra la pared, ya fuera de la estación. Nervios, pistolas, confusión. A solo unos metros, quienes esperaban el autobús observaban indiferentes.

Uno de los delincuentes sacó un celular e hizo una llamada:

—Tenemos a un “conejo” de Bandera Roja.

Colgó.

Se refería a Inti y al partido al que perteneció durante su etapa universitaria.

Diez minutos pasaron entre la llamada y el arribo de 15 motorizados, con parrillero. Todos con pasamontañas y armas largas. Quienes antes lo veían indiferentes, corrieron despavoridos. El autobús que recién llegaba arrancó sin esperar a los pasajeros que quedaban por subir al vehículo.

Un cachazo, sangre.

—Vamos a llevarlo para el miadero —dijo el cabecilla.

Lo subió a su moto, entre él y el parrillero. Ya Inti no les pertenecía a aquellos tres individuos que lo retuvieron inicialmente. Ahora era rehén de los paramilitares del sector.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) han definido a los organismos paramilitares como “grupos de civiles armados pro-gobierno que actúan con el aval, o la tolerancia, de los representantes de los poderes públicos y en coordinación con la fuerza pública del Estado”. Aunque estas agrupaciones paramilitares también son identificadas como colectivos armados, OVCS e IPYS plantean que no existe relación alguna entre paramilitares y las agrupaciones sociales, culturales, políticas, populares y comunitarias identificadas como colectivos.

Cuenta Inti que ese día, en el 23 de Enero y otras zonas caraqueñas, los paramilitares desplegaron un operativo para ubicar a personas con prendas alusivas a la oposición y la protesta de esa tarde. Él no había manifestado, ni llevaba nada que lo identificara como detractor de Maduro. Pero era periodista y trabajaba en Provea desde hacía unos meses. Eso bastó.

El “miadero” era el nombre que recibía un terreno baldío en la Zona F del 23 de Enero. Inti permaneció dos horas ahí. Lo golpearon cuantas veces quisieron. Lo interrogaron sobre la muerte de Juancho Montoya. Le repitieron de memoria, una y otra vez, la dirección de la casa de su esposa y su familia. Y él recordó, una y otra vez, cada instante de su vida. Lo que hizo y lo que no alcanzó a hacer. No saldría con vida de ahí… Pensó en su mamá, que vive en el interior del país. En cómo la destrozaría la noticia. Moriría en manos de secuestradores que no anhelaban el pago de un rescate, sino venganza.

Mientras esto ocurría, uno de los paramilitares delataba por el chat de Whatsapp de Inti que algo irregular —y muy malo— pasaba.

Eran ya las 11:00 de la noche. Por el grupo de whatsapp de Provea, un Inti con muy mala ortografía escribía que estaba herido en el Periférico de Catia, y que tenían que ir a buscarlo. Por el chat de su esposa —a quien Inti avisó a las 9:00 de la noche que ya iba camino a casa— un “funcionario” le avisaba que su marido estaba detenido en el Sebin. Tanto su esposa, como sus compañeros de Provea, supieron que no era él. Ella llamó al hermano de su cónyuge, quien prefirió ocultar la situación a la madre.

En el “miadero” el tiempo transcurría lento. Golpes y más golpes, amenazas, preguntas… Aunque no veía sus rostros, identificar al cabecilla no era difícil: era el único con un léxico distinto. Los demás hablaban como hampones comunes.

Inti le mostró su carnet. El líder era diferente a los demás. Más cauto. Parecía medir el costo de sus acciones.

—Te voy a revisar el teléfono, y si consigo una sola foto de la marcha de hoy, estás muerto.

Inti no había tomado fotos ese 12 de febrero. Pero, un día antes, un amplio grupo de periodistas había marchado desde Plaza Venezuela hasta el Centro Nacional de Comercio Exterior, en Los Chaguaramos, para exigir al gobierno la liquidación de los dólares necesarios para comprar bobinas de papel periódico. Inti sí tenía fotos de esa manifestación.

—Aquí hay fotos de la marcha, jefe.

—No, esa no es la de hoy. Es la de los periodistas. Nosotros fuimos a esa —reconoció el cabecilla.

El líder paramilitar se alejó del grupo e hizo una llamada. Regresó 10 minutos después.

11:00 de la noche.

—El ministro nos manda a decir que no nos volvamos locos.

—Entonces, ¿qué hacemos con este peluche?

—Suéltalo.

Pasos temblorosos, resignación… Después de unos segundos —o minutos, pues ya no tenía noción del tiempo— Inti aún no sentía la bala fría entrando por su espalda. Sintió esperanza. Sus piernas reaccionaron y corrió. Corrió y dejó todo atrás.

A 200 metros del terreno baldío donde permaneció secuestrado por dos horas había una casa, y una pareja conversaba afuera. Él les pidió agua y un teléfono. Solo le brindaron de beber.

Todavía sin asimilar por completo su libertad, se tomó el agua y siguió caminando. Fue de nuevo a la estación del metro de Agua Salud. Pero al llegar, el recuerdo del secuestro que había iniciado ahí le provocó fuertes temblores.

Se tomó su tiempo. La adrenalina comenzó a disminuir y su sistema nervioso volvía a la normalidad. Regresó al centro de Caracas, y pidió un teléfono prestado en un bar de la parroquia Candelaria. Llamó a Marino Alvarado, para entonces coordinador general de Provea, quien notificó a su familia de su liberación y lo buscó. Resguardado, a las 11:45 de la noche, Inti llamó a su esposa.

Aquel hombre, que minutos antes lamentaba el luto de su familia por su muerte, seguía vivo.

Cuando Inti salió aquel miércoles por la mañana de su casa, no imaginó nunca que la marcha de estudiantes terminaría con un saldo de tres asesinatos, ni que sería secuestrado por paramilitares, ni que se resignaría a morir. Tampoco imaginó que sería la última vez que dormiría en su cama o desayunaría en su mesa. Jamás pudo regresar al 23 de Enero.

Su secuestro fue denunciado ante la Fiscalía el 13 de febrero, aunque, al liberarlo, sus captores lo amenazaron de muerte si hacía público el suceso. Inmediatamente, organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos activaron un plan de protección para el activista en riesgo. De un momento a otro, se había convertido en una de las tantas víctimas que él mismo atendía en Provea.

Después del secuestro, su rutina no cambió demasiado. Siguió viviendo en Caracas, las “zonas de exclusión” aumentaron, y siguió siendo precavido. Ahora, todas las tardes un policía acude a él para que firme una carpeta donde consta que lo cuidan, aunque esto no evitó que le robaran su teléfono durante su cobertura a las jornadas de protestas de 2017.

También siguió trabajando en Provea.

—Lo peor de estos señores es que buscan intimidarte, hacerte sentir miedo, desesperanza. Han convertido el poder en algo perverso. ¿Y tenemos miedo? Sí, pero seguimos adelante a pesar de él, y esa es su mayor derrota. No luchar es dejarles el país, y no podemos. Tenemos el deber de reconstruir a Venezuela y su tejido social. Fomentar la resiliencia, y resistir. Ayudar a otros es resistir. Trabajar en lo que amamos es resistir. Hacer mejor el futuro para quienes seguimos y también para quienes se fueron es resistir. Resistamos.

REPRESENTANTES DE ONG VENEZOLANAS intervienen este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la presunta persecución política de la que son víctimas dirigentes de oposición en Venezuela.

El coordinador de investigaciones de Provea, Inti Rodríguez, denunció que el actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, estuvo vinculado en la “masacre de Cantaura” ocurrida en el año 1982 que cobró la vida de la menos 22 personas.

Rodríguez dijo que la Comisión por la Verdad excluyó a funcionarios oficialistas presuntamente vinculados a los crímenes: Cordero Lara y a Rodríguez Chacin. “Junto al ex comisario de la policía política venezolana Henry López Sisco. Lamentamos que hasta ahora el Ministerio Público venezolano y la comisión por la justicia y la verdad se hayan abstenido de investigar la vinculación de Rodríguez Chacín en los hechos que se le vinculan”.

El coordinador de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, reiteró que hay personas con boleta de excarcelación y estas no se han cumplido. “Hay personas que sin haber sido encarceladas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad como es el caso de Maria Corina Machado”.

“El gobierno oculta los problemas socioeconómicos y genera falsos positivos para culparlos de ellos, mientras detiene a quienes protestan. En Venezuela se han llevado a cabo 6.893 arrestos por causas políticas, los cuales son usados como moneda de cambio”, agregó.

La Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá el próximo martes 21 de marzo la situación política y de derechos humanos de Venezuela.

El debate lo abrirá el secretario de la organización, Luis Almagro, y contará con la presencia de representantes de varias ONG como Inti Rodríguez, coordinador de investigaciones de Provea, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y Gonzalo Himiob Santomé, representante del Foro Penal Venezolano.

Luego de la discusión, se celebrará una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Almagro, pidió hace dos días suspender a Venezuela del organismo si no se realizan “elecciones generales completas a la mayor brevedad” y con la presencia de observadores internacionales. También exigió «la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas así como la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución».

En un video exclusivo para Runrun.es, una residente de Ciudad Caribia contó detalles de la OLP que se realizó en pasado 30 de junio en ese urbanismo. Revela que colectivos de Pérez Bonalde coordinaron la operación de intervención “policial”. Marcaron a sus víctimas días antes, usando como excusa los Clap. Luego entraron a sus viviendas y las ejecutaron

Para la elaboración de este reportaje se evaluó el comportamiento del delito durante un año de OLP en la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Se contabilizaron los homicidios ocurridos entre el 13 de julio de 2015 y el 13 de julio de 2016. Las estadísticas muestran que 62,9% de las muertes se atribuyen a casos de violencia policial (ejecuciones extrajudiciales, presuntos enfrentamientos con delincuentes y OLP)

El análisis con expertos y la información sobre otros delitos permitió concluir que estos operativos no redujeron la criminalidad en estas tres “zonas de paz”. Un estudio elaborado por la ONG Provea muestra cómo la OLP en su nueva fase cambió su objetivo, que era el abordaje del problema de la inseguridad, y se convirtió en un “ejército de ocupación”, con la finalidad de recuperar territorios, mantener un control social y reprimir

@ronnarisquez @loremelendez @Angelicalugob

Infografía: Jessica Aharonov

Videos: Orlando Zamora

LAS GOTAS DE SANGRE DERRAMADA por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.

La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino cinco días antes, el sábado 25 de junio. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira. Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde. La visita había llegado con tres anuncios.

El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.

El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.

Honor y gloria a Omar Molina, joven dirigente del PSUV en Ciudad Caribia, asesinado hoy. Justicia! pic.twitter.com/M1nTNvjntO

— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) April 12, 2016

Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.

Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal “Un sueño en revolución”, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora del Liceo Gran Cacique Guaicaipuro. “Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.

El domingo, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la GNB. Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo. Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.

El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes

“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”

Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.

Foto: MRIJP

Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.

Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-. Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.

Una testigo cuenta en exclusiva para Runrun.es cómo los colectivos actuaron los colectivos con el apoyo de la OLP.

Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido. “Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.

“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.

El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres. “Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron. Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.

“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo. La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.

En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin. “A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.

Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, «secuestrado» por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.

Un gringo en manos de paramilitares de Pérez Bonalde

En el edificio 12 fue detenido Jhosua Anthony Hold (24) y su esposa Tamara Belén Caleño (25). El primero, es un ciudadano estadounidense que había venido al país para casarse, tenía menos de un mes en Venezuela. Esperaba que a Caleño, recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), le entregaran los documentos necesarios para que se residenciara con él en Estados Unidos.

Una nota de prensa del Ministerio Público señala que el día de la OLP, los funcionarios ingresaron a su casa tras observar una “actitud sospechosa”. En el apartamento supuestamente consiguieron un fusil AK-47 y un facsímil de granada. A ambos los dejaron detenidos en el Sebin de El Helicoide por porte ilícito de armas de guerra. “Eso se lo sembraron, estoy segura. Conozco a Tamara y ella no tenía eso en su casa”, sentenció una vecina de la Terraza A que conocía a la joven detenida.

Tanto Hold como Caleño pertenecen a la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días. Aunque fueron detenidos el jueves 30 de junio, no fue sino hasta el viernes 8 de julio -una semana después- cuando se conoció la noticia de que habían sido imputados y privados de libertad. Versiones extraoficiales señalan que el estadounidense permaneció en Sebin sin ser presentado en tribunales, mientras era extorsionado. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso.    

Foto: MRIJP

Dos semanas después de aquella OLP, pocos quieren hablar de lo sucedido. Los familiares de muchas de las víctimas trabajan en instituciones del Gobierno establecidas en el mismo urbanismo, y en estos tiempos es mejor cerrar la boca y aguantar el llanto para no perder el empleo.

Además en Ciudad Caribia viven ahora varios miembros de los colectivos que ese 30 de junio estaban junto a los policías. Uno de ellos, descrito como un hombre lleno de tatuajes, se mudó dos semanas antes de los hechos a un apartamento que le quitaron a una pareja con cuatro niñas en una OLP anterior. El nuevo «propietario» entró y se apoderó del lugar supuestamente con una “orden presidencial”, afirmó un vecino.

“Ahorita está tranquilo, pero en las noches esto es horrible porque esta gente sale (los colectivos) y se pone a merodear por ahí. Son esa gente que vive así, por vivir, y viven feo. Entonces, lo que uno hace es encerrarse. Esa gente lo que quiere es apropiarse de las construcciones, de las obras”, apuntó un habitante.

Dos hombres que esperan al autobús de la única ruta que los saca de Ciudad Caribia, añaden que la mayoría de los muertos eran “los malandros del sindicato”, quienes cometían secuestros, robos y controlaban no sólo las obras, sino también la venta de estupefacientes. “Pero las cosas no se hacen así. No pueden venir aquí a matar a la gente, porque ellos tenían derecho a defenderse. Esos son los derechos humanos. Además, ahí también murieron inocentes. Y fueron muchos más de los que dicen los periódicos, porque ahí murieron más de 20 personas y otras están desaparecidas”, recalcó uno de los habitantes de la que sería la “comuna” soñada por Chávez.

En Ciudad Caribia también queda una dependencia del Ministerio Público. Una inscripción en la fachada dice: Fiscalía 162° de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Unidad de Atención a la Víctima. El equipo de Runrun.es, que visitó el urbanismo, intentó conversar con los fiscales de esa oficina acerca de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos sin orden judicial y la participación de colectivos en la OLP-NF del 30 de junio. Pero uno de los funcionarios dijo que allí “no trataban esos casos” y se negó a responder qué tipo de casos trabajaban entonces. En la parte baja de la puerta del edificio también se lee la consigna: “¡No a la impunidad!”…

… Esta historia continuó y el jueves 14 de julio, una OLP sorprendió a los habitantes del Observatorio en el 23 de Enero. Según testigos, también allí los colectivos dirigieron a los cuerpos policiales en el procedimiento que acabó con la vida de 5 presuntos delincuentes.

Data: Cota 905 – El Valle – Coche – El Cementerio Create column charts

La OLP vive, la delincuencia sigue 

A un año de la OLP, la actividad del crimen organizado sigue casi intacta en la Cota 905, El  Valle y El Cementerio. El tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios no solo se mantiene en esta “zona de paz”, sino que algunos de estos delitos han evolucionado hacia sofisticadas prácticas.

En el caso de los homicidios, Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP. 

Las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos por parte de funcionarios policiales fueron comunes en muchas de las muertes, especialmente a las cometidas dentro de la OLP. Sobre este punto el abogado y criminólogo, Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.

Ávila está convencido de que los resultados de la OLP no son exitosos. “Ante la pregunta sencilla: ‘¿Disminuyó la violencia delictiva en el país?’. Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, así como los de la sociedad en general. En 2015 aumentaron 53% las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con 2014”.

La data trabajada por Runrun.es tmabién refleja que 19% de las personas murieron a manos del hampa y 5% de los fallecidos son funcionarios policiales. Además el mes de abril de 2016 fue el más violento de la medición, con 32 casos; seguido por diciembre de 2015, con 26 casos y septiembre de 2015, con 24 muertes violentas. Si bien no hay una comparación con los homicidios ocurridos antes de la OLP de julio de 2015, sí se puede establecer que desde ese mes, solo junio de este año, con 9 casos, muestra una reducción significativa en las cifras. Contradictoriamente ha sido el mes con más homicidios este año en Caracas: 500 casos.

No solo se mantiene una escandalosa cantidad de homicidios, más allá de los números están las características de muchos de estos crímenes. Cuando se trata de una venganza, las bandas se ensañan con sus víctimas. No basta con darle varios tiros, quemar, descuartizar y torturar forman parte del nuevo ritual del asesinato. Cuando el objetivo es funcionario de los cuerpos de seguridad, y específicamente policía, la crueldad es aún mayor. Y en ocasiones la sangre del policía no es suficiente, así que los delincuentes van por sus hijos o por sus familiares. En marzo de este año se reportó el asesinato del jefe de la brigada Motorizada de Policaracas, Larry Morillo, junto a su hijo Yonaiker Morillo. Ambos cuerpos fueron quemados por sus victimarios.

También en marzo alias “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, muertos posteriormente en supuestos enfrentamientos con la policía, armaron un ejército de más de 150 hombres y atacaron a los líderes de una banda rival en El Valle. Este hecho dejó 9 muertos, y dio inicio a un “toque de queda” impuesto por el hampa a los habitantes de las 3 zonas y la avenida Nueva Granada.

Pero el homicidio no es el único que delito que sirve como indicador de que no hubo una reducción de la criminalidad en la zona donde nació la OLP. Se calcula, con base a cifras extraoficiales del Cicpc, que 25% de los secuestro denunciados en Caracas en 2015 fueron cometidos por bandas que operan en el eje Cota 905-El Cementerio-El Valle-La Vega. Esto equivale a 58 plagios conocidos por las autoridades, pues solo uno de cada 10 secuestros es denunciado en el país. El mismo registro indica que entre agosto y noviembre -inmediatamente después del inicio de la OLP- se conocieron 12 casos de víctimas que estuvieron en cautiverio en esas zonas, entre ellas la hijastra del jefe de Interpol Venezuela, comisario Ramón Silva Torcat.

Este año, si bien las bandas de la zona han estado de bajo perfil, se afianzó el cobro de rescates en dólares, que iniciaron las organizaciones de plagiarios de la zona el año pasado. En un operativo “que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril… los funcionarios incautaron 5 armas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo”, refiere una información difundida por el Ministerio de Relaciones Interiores.    

Las bandas de la Cota 905 y El Cementerio también son las creadoras de la “tercerización del secuestro”. Estos grupos de delincuencia organizada contratan personas solo para que se ocupen de capturar a las víctimas. “Forman diariamente tres o cuatro grupos de secuestradores, integrados por 4 o 5 personas cada uno. Todas estas personas reciben 1.000 dólares de pago. Cada grupo asume el compromiso de llevar entre 3 y 5 secuestrados por día”, explica un experto en la investigación de secuestros. Posteriormente las víctimas son entregadas a la organización delictiva que se encarga de cobrar el rescate, con montos que van desde los 5.000 dólares.

El experto asegura que a pesar de la muerte de “El Lucifer” -quien lideraba una de las bandas más poderosas de la zona- los secuestros en se han incrementado en ese eje, así como también crecieron en el país 166% en el primer semestre de 2016, según cifras extraoficiales del Cicpc. Afirma que, al menos, hasta junio continuaba operando un grupo de secuestradores en El Cementerio.

El cobro de vacuna o extorsión es otro de los delitos que se ha consolidado en esta zonas. Los comerciantes y transportistas son obligados por los delincuentes a pagar un peaje para poder ejercer su actividad. “Los gariteros son quienes cobran las vacunas en El Valle, Cota 905 y El Cementerio. Por lo general lo hacen los viernes en la mañana. Por ejemplo, a una panadería en El Cementerio le cobran 40 mil bolívares semanales. A un comercio pequeño le cobran 5 mil bolívares semanales y en otros establecimientos la vacuna oscila entre 10 y 15 mil bolívares”, detalló un vecino del sector.

También se mantienen operando las bandas de robo de vehículo y el principal negocio de estas organizaciones criminales sigue siendo el tráfico de drogas. En opinión del ex director del Cicpc, “las medidas coyunturales y puntuales como las OLP no son suficiente para combatir la criminalidad. No se puede combatir la violencia con violencia. Son necesarias políticas que educativas y de atención social”.

En una intervención reciente en un foro sobre inseguridad organizado por el grupo Últimas Noticias, el psicólogo y jefe de la Cátedra de Criminología de la UCV, Andrés Antillano, aseguró que durante la implementación de OLP aumentó la violencia policial y aumentó la violencia social en el país. “Estas prácticas incrementan la violencia y en particular las violencia contra los más pobres. Mientras más abatidos, pareciera ser el mensaje, mejor”.

Afirmó, con base a las cifras oficiales de homicidios clasificados como resistencia a la autoridad y presunta averiguación muerte, que “se trata de una lógica bélica de exterminio. Solo en la guerra un objetivo puede ser puede ser la muerte de un adversario. No es la seguridad ciudadana el mejor escenario para pensar en términos bélicos”.

El experto agregó que: “Estas políticas de mano dura lejos de reducir los homicidios los han aumentado. Se relaciona el aumento de los homicidios con el aumento de la violencia policial”. Y señaló que en 2015, 15% de los homicidios están atribuidos a la intervención de policías o militares.

“Sensación de seguridad” en el corredor de la muerte

El legado de los difuntos ex cabecillas de las bandas que operan en el eje Cota 905, El Valle y El Cementerio se mantiene sigiloso en los barrios de los tres sectores populares, que a inicios de 2015 se consolidaron como “zona de paz”, gracias a la intervención del ex viceministro de Relaciones Interiores, José Vicente Rangel Ávalos, y luego de un pacto de no agresión que hicieron los delincuentes para enfrentar a la policía, desplazarse por sus territorios con libertad y proteger su negocio: el comercio de droga.

Pero el acuerdo de “paz” empezó a debilitarse en marzo de este año. Una guerra entre delincuentes dejó 9 muertos, entre ellos “Franklin el menor”, uno de los cabecillas del grupo del barrio El 70 en El Valle. Posteriormente sus verdugos y adversarios, “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, cayeron en procedimientos policiales. Con la desaparición física de los principales jefes de bandas de la zona y la llegada de la OLP-NF, el 10 de mayo, comenzó a cambiar la rutina el en “corredor de la muerte”, como bautizó el ex diputado oficialista Freddy Bernal a este eje.

Los grupos delictivos han asumido una conducta bajo perfil para resguardarse. Dejaron de comunicarse a través de los radios portátiles -que siempre llevaban consigo- poco después de la primera OLP. Suponían que la policía los escuchaba por una de las frecuencias y así los ubicaba. Con la nueva fase del operativo, los vecinos aseguran que no se ha visto más a los jóvenes “gariteros”, que por lo general pasaban el tiempo en cibers y en puntos estratégicos para informarle a los líderes de las bandas cómo es el movimiento en la zona.

Los cambios de luces que debían hacer los conductores de jeeps y vecinos con sus vehículos, para identificarse cuando subían al barrio, ya no son necesarios. Los recorridos en motos por las noches, tampoco se han repetido. Estas “normas” impuestas por las bandas, al menos por ahora, dejaron de ser rutina en el barrio. Los vecinos se sienten más tranquilos porque los policías en esta nueva etapa están de manera permanente en la zona.

Una mujer que administra una Bodeguita de La Patria en la misma zona, relató que desde que inició la segunda fase de la OLP, los miembros de las bandas ya no se desplazan libremente por el barrio. “Como la policía ahora está aquí, ya no se ve a los malandros por ahí”, dijo. Pero como los delincuentes también comen, la condición de resguardo no les impide acceder a los “beneficios” de los Clap. “Ahora encargan sus bolsas y las mandan a buscar”, con el respectivo pago, aclara la dependiente.  

“Sentimos temor, no lo podemos negar, de que se sigan desarrollando enfrentamientos entre delincuentes y policías. Pero estamos más tranquilos. Por primera vez sentimos que hay ley en el barrio. Ya no se escuchan tantos tiroteos y los delincuentes no se muestran sobrados al frente de nuestras narices”, explicó un vecino de la calle 2 de Los Jardines de El Valle.

Una residente del sector Los Laureles de la Cota 905 que dice sentirse más tranquila explicó: “Los policías han instalado unas especies de comisarías en algunas viviendas que fueron abandonadas por familias desplazadas por el hampa, como por ejemplo, casas en las que vivían funcionarios policiales amenazados por delincuentes. En estos espacios los policías hacen sus guardias y a las 6:00 de la mañana cambian el turno con otros compañeros”.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. «Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos», dijo.

Aunque “Lucifer” -delincuente que impuso el toque de queda a comerciantes y vecinos del eje Cota 905, El Valle y El Cementerio- está muerto, su “ley” sigue viva: desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana el tránsito por las calles de estos sectores es prácticamente nulo. No es fácil vencer el miedo.

Una pareja de esposos que vive en el barrio Primero de Mayo de El Cementerio también confirma que el barrio está más tranquilo. Sin embargo, ambos tienen claro cómo se ha consolidado la nueva fase de la OLP. Explican que los funcionarios de los cuerpos de seguridad se apoyan en información que les dan algunos vecinos para identificar a los delincuentes. Pero además advierten la presencia de nuevos actores: los colectivos.

Estas organizaciones paramilitares -que operaban en algunas parroquias del oeste de Caracas- ahora apoyan, participan y hasta lideran en el plan de seguridad ciudadana. “Estos grupos están volviendo a tener control, luego de la segunda fase de la OLP, pues en 2015 tanto ellos (los colectivos) como la policía habían perdido terreno debido al pacto de paz entre las bandas”, dijo un vecino de El Cementerio.

El lunes 11 de julio a las 11:30 de la noche vecinos del sector vieron cómo seis hombres encapuchados, con armas largas se llevaron a la fuerza a dos adolescentes, que supuestamente tienen vínculos con bandas del sector. Un tercer joven logró escapar porque los hombres le dijeron que corriera por su vida. Una versión extraoficial refiere que quienes se llevaron a los menores de edad son integrantes del colectivo Divino Niño, que opera en el barrio Los Sin Techo.

Además de la llegada de los colectivos, el “fantasma” de las bandas sigue en el sector. Testimonios de vecinos refieren que está circulando un mensaje amenazante de los nuevos líderes de grupos delictivos: “Las familias sapas que nos han vendido con la policía nos la van a pagar”. La advertencia ha sido difundida en cadenas enviadas por mensajes de texto y de whatsapp, pero también de boca en boca entre los lugareños.

El asesinato de la líder de la UBCH, Elizabeth Aguilera, de 43 años de edad, el 28 de junio confirmó que los delincuentes “no están jugando carrito”. La mujer fue atacada a tiros y posteriormente quemaron su cadáver, en venganza por presuntamente darle información a la policía. La OLP-NF en esta “zona de paz” parece ser solo una “sensación de seguridad”.

El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, considera que las OLP no son una política acertada para pacificar a la sociedad. “violencia trae violencia”, precisa al referirse a la segunda fase de este plan de seguridad: “Era evidente que los delincuentes iban a tomar represalias con los vecinos porque los funcionarios están incursionando en los barrios como los militares, en una acción de invasión sin una previa labor de inteligencia en la zona y, ¿quiénes les dan información de los grupos criminales?, los habitantes del barrio”.

El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, no tiene la menor duda de que las OLP tienen aceptación en la sociedad, incluso aún más en los sectores populares en donde los cuerpos de seguridad las aplican.

“Este operativo tiene aceptación porque la gente en medio de la desesperación pide a gritos a la policía en el barrio y lo están cumpliendo. Eso es popular, pero muchos de estos funcionarios no tienen formación en Derechos Humanos y en muchos procedimientos han muerto inocentes. En Venezuela no hay pena de muerte”, advierte Cedeño.

Para el desarrollo de la segunda fase de la OLP, a juicio de Briceño León, es necesario que las autoridades ejecuten un programa de restauración social en la zona que baje el tono de violencia y de confrontación. “Por más que estos grupos de funcionarios, que por lo general no tienen la preparación para este tipo de operativos, se instalen en las zonas, no van a tener la capacidad para frenar la venganza de los grupos delictivos en contra de los vecinos”, precisó el sociólogo, quien considera que los ataques y asesinatos a policías por parte de criminales son una respuesta a operativos como las OLP.

Así mutó la OLP en su nueva fase: Represión y control social 

Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

DE CONFIRMARSE LA MASACRE de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es

Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, aseveró que las organizaciones de derechos humanos tienen como prioridad “los testimonios y las peticiones de las víctimas; creemos que todas sus denuncias tienen que ser investigadas; no se puede tener a sus familiares sin respuesta; tiene que haber alguien, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el Ministro de Interior y Justicia o el Ministro de la Defensa, que dé respuesta acerca de dónde están los 28 mineros que no aparecen”.

Rendón resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.

“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.

La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.

Las 3 características de la masacre

Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.

Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.

El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”

Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.

Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.

La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.

Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.

Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,  Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.

Reactivación del Arco Minero y el repunte de la violencia

El coordinador de Provea, Inti Rodríguez, explica que desde hace unos 3 años se vienen presentando situaciones de violencia en el estado Bolívar por el control de las minas de oro, no obstante, dice que “pareciera que con el decreto relativo a la reactivación del Arco Minero del Orinoco, se están generando mayores situaciones de enfrentamientos violentos”.

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley que reserva al Estado la explotación de oro, se crea además la figura de las Brigadas de Mineros, las cuales estarán compuestas por órganos del Poder Popular y particulares que se constituyan en cooperativas.

“Esta figura de las Brigadas de Mineros podría estar alentando estos enfrentamientos por el control de las minas, con la intención de poder negociar con el Estado el otorgamiento de las concesiones”, afirma Rodríguez.

“Es muy peligrosa esta figura de las Brigadas de Mineros porque no se explica bien cómo se implementará. En el caso de los mineros de Tumeremo, no dudamos de los testimonios de las víctimas porque no se trata de algo nuevo. Lo que evidencia que el Estado no ha hecho nada para evitar o detener esta situación”. El coordinador de Provea afirma que no se trata solamente de un problema de mafias o de grupos delictivos, sino de una situación alentada y tolerada por el propio Estado, a través de una parte importante de funcionarios, especialmente militares, que estarían involucrados.

Delito organizado y violación de derechos humanos

El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.

“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.

“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.

Así debe ser la investigación:

Liliana Ortega describe tres características que deberían tener las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos:

1.- La investigación debe ser independiente, es decir, que aquellos cuerpos de seguridad que presuntamente están involucrados, deben ser apartados de la investigación.

2.- No depende del impulso de las víctimas el resultado de la investigación, depende del Estado, es decir, que el miedo de los familiares y presuntos sobrevivientes a denunciar formalmente los hechos, no debe impedir que el Estado dé inicio a la investigación.

3.- La investigación tiene que ser conclusiva, esto es, que debe producir resultados y ofrecer respuesta a las víctimas.

La CIDH publicó las medidas cautelares otorgadas a los defensores de DDHH y miembros de Provea, Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida, Inti Rodríguez y Marino Alvarado y la ampliación de las medidas cautelares a favor de Patricia Ceballos e hijos y Lilian Tintori e hijos.

En la publicación, la CIDH destaca que los miembros de Provea estarían siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido a su rol como defensores de derechos humanos, específicamente en respuesta a los diferentes informes publicados sobre la situación de derechos humanos en el país.

Asimismo, la Comisión solicita al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

La CIDH publicó también la ampliación de las cautelares a favor de las esposas e hijos de Daniel Ceballos y Leopoldo López que fueron solicitadas el 12 de octubre de 2015.

La  cifra duplica las 3.570 detenciones ilegales que ocurrieron todo 2014, según estadísticas de Provea.  La ONG elabora un informe que desnuda los excesos de este operativo de seguridad ciudadana, donde se contabilizan más de 13.000 allanamientos ilegales y 976 violaciones del derecho a la vivienda

Con las OLP también se han reportado 125 ejecuciones extrajudiciales. El procedimiento inició el 13 de julio en la Cota 905 y se ha extendido a distintos estados del país, con particular presencia en los urbanismos de Misión Vivienda donde se han registrado una variedad de violaciones a los Derechos Humanos

@ronnarisquez | @loremelendez

EN APENAS TRES MESES, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) creada por el gobierno de Nicolás Maduro acumula una serie de récords de violaciones de Derechos Humanos. Los números recopilados por la ONG Provea muestran una amplia gama de arbitrariedades y excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco del dispositivo de seguridad. Las acciones van desde la violación del derecho a la vida, con 125 ejecuciones extrajudiciales, hasta la violación de derecho a la vivienda.

Notas de prensa y reportes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) registran que fueron detenidas más de 9.500 personas durante las OLP, entre el 13 de julio -cuando inició el procedimiento en la Cota 905- y el 13 de octubre de 2015. Pero solo 1.500 ciudadanos fueron presentados ante el Ministerio Público; a los 8.000 restantes no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos.

“En este caso hablamos de detenciones arbitrarias. Esas 8.000 personas fueron detenidas ilegalmente”, explicó Inti Rodríguez, coordinador de Investigaciones de Provea, quien precisó que estos ciudadanos permanecieron detenidos por lapsos que van de 10 horas a 45 días sin haber cometido delitos.

Estas detenciones arbitrarias -ocurridas en tres meses, durante las OLP- representan más del doble de las registradas por Provea en todo 2014, cuando se reportaron 3.570 casos de aprehensiones irregulares, que incluían los arrestos asociados a las protestas. “La cifra más alta de detenciones arbitrarias en los últimos 25 años, en el contexto de operativos policiales, la tiene Tarek William Saab (actual Defensor del Pueblo), cuando era gobernador de Anzoátegui. Entre 2010 y 2011 hubo 134.333 detenciones ilegales en esa entidad en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad. Esto representaba 10% de la población de Anzoátegui”, dijo Inti Rodríguez.

Más de 40 ciudadanos de nacionalidad colombiana figuran en esta lista de detenciones arbitrarias. Algunos de ellos estuvieron hasta 45 días en distintos destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Su delito: ser colombianos.

Inti Rodríguez se refirió al caso de un joven detenido y acusado de ser paramilitar por haber prestado servicio militar en Colombia. “Estuvo 42 días en El Helicoide incomunicado. No le pasaban comida ni ropa. Tuvimos que interceder ante la Defensoría del Pueblo para que lo liberaran”.

De las intervenciones “grotescas”

En Caracas, los urbanismos de Misión Vivienda se convirtieron en objetivos de la OLP luego de haber sido considerados como focos del crimen. A los edificios de Ciudad Tiuna, avenida Bolívar, Montalbán y La Paz arribaron de madrugada centenares de uniformados que retuvieron, arrestaron y desalojaron a cientos de personas a su paso. Dayaris Algara sufrió las consecuencias de esas acciones, cuando el pasado 31 de julio los funcionarios allanaron las torres ubicadas frente al Puente de Los Leones en La Paz. Ese día arrestaron a su marido, Douglas Lugo, de 19 años de edad, y lo señalaron de ser el jefe de una banda delictiva. Le imputaron el cargo de “asociación para delinquir”.

Lugo trabajaba como vigilante a destajo en una empresa de La California Sur. Su esposa recordó que los guardias nacionales, encargados del operativo, tocaron a su puerta cerca de las 5:00 am de aquel día para advertir que en los próximos minutos allanarían la residencia. Media hora después, como lo habían prometido, regresaron.

“A Douglas lo revisaron y lo bajaron. Eso estaban haciendo con todos los hombres. Sólo que él no volvió a subir, desde ese día se lo llevaron”, contó la joven que recogió firmas entre los vecinos y voceros comunales para confirmar su buena conducta de su marido, llevó ante tribunales a ocho testigos para dar fe de que no había incurrido en ningún delito y expuso el caso ante diputados como Juan Carlos Alemán, quien visitó el urbanismo después de lo ocurrido. Pero la respuesta, pese a sus esfuerzos, siempre fue la misma: “Nada se puede hacer. Fue una orden presidencial”.

“Ese muchacho es tranquilo. No fue justo que se lo llevaran, como tampoco fue justo a que la gente la sacaran de su casa y le botaran sus corotos por las escaleras”, apuntó una mujer que vive en el mismo edificio de Algara. “Él no estaba haciendo nada malo”, añadió otra vecina, a quien los Guardias Nacionales le violentaron la puerta de su casa para ingresar y nunca le indemnizaron nada. Explicó que no pudo abrirle a tiempo a los uniformados porque estaba en el baño con un fuerte dolor de estómago, mientras que su pareja permanecía dormida en la cama. Al hombre lo llevaron hasta la sala y le ordenaron ponerse contra la pared. A ella la obligaron a salir. “Mi esposo les dijo que lo que estaban haciendo era un abuso. No se lo llevaron porque les mostró su carnet y empezó a mencionarles militares que él conoce porque trabaja con ellos. Cuando se dieron cuenta de que él era funcionario de la Vicepresidencia, lo dejaron quieto”, relató.

En la torre 10 de la Misión Vivienda “Guillermo García Ponce”, de Montalbán, un habitante afirmó que la intervención de los policías nacionales que comandaron la OLP del pasado 27 de julio fue “grotesca” y que las detenciones se hicieron bajo un velo de irregularidades. Según él, los funcionarios dieron falsas declaraciones para incriminar a personas que no cometieron delitos, como lo hicieron con una supuesta revendedora que guardaba pequeñas cantidades productos básicos en su casa, a quien le atribuyeron bultos de mercancía que no tenía.

Provea registra más de 13.000 allanamientos ilegales a viviendas durante las OLP.  “El Gobierno los llama ‘verificación y auditoría’ de viviendas. Pero no son otra cosa que allanamientos ilegales, porque no cuentan con órdenes judiciales. Hay casos de urbanismos de la Misión Vivienda donde todas las casas fueron allanadas”, explica Inti Rodríguez, quien recordó que esta acción comenzó con 90 viviendas, en el primer procedimiento en la Cota 905 y se ha repetido en los 70 OLP realizados hasta el 13 de octubre.

Desalojos y demoliciones como castigo

Desde septiembre se han reportado 976 casos de demoliciones y desalojos arbitrarios de viviendas en solo tres procedimientos. “Es el registro más alto de afectación al derecho a la vivienda en el marco de una política de seguridad ciudadana que hemos tenido. Anteriormente, con estos procedimientos nunca se vulneró el derecho a la vivienda”, explicó el activista de Provea.

“La OLP no solo se ha convertido en una razia policial-militar, sino que también afecta derechos civiles y políticos. En nuestros registros no habíamos tenido un operativo que impactara tan negativamente el disfrute de los derechos económicos, culturales y sociales”, afirmó Rodríguez.

Las 976 demoliciones y desalojos afectaron a igual número de familias. Los casos reportados por la ONG ocurrieron en la carretera Panamericana (Miranda), el 24 de julio; Brisas del Hipódromo (Carabobo), el 17 de agosto; y El Piache-Los Olivos (Nueva Esparta), el 18 de septiembre. En todos estos casos se violó la Ley contra el Desalojos y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Todos tuvieron el mismo patrón de actuación: los desalojos se hicieron de madrugada, desde las 4:00 am aproximadamente; los afectados no fueron notificados previamente; tampoco se les ofreció una opción de reubicación, ni fueron llevados a refugios; y se utilizó la demolición de las casas como un mecanismo punitivo y de castigo.

De las 436 familias del sector Brisas del Hipódromo, en Valencia, 236 buscaron acomodo con amigos y familiares, mientras que las 200 restantes vivieron un mes entre los escombros de sus casas derribadas. Hace dos semanas algunos de ellos fueron reubicados en el sector Villa Florida.

Días antes de la toma militar, las familias afectadas por la medida habían protagonizado varias protestas para exigir la asignación de viviendas que les habían prometido en un urbanismo de Misión Vivienda, ubicado cerca del sector. “Ellos denunciaron que fueron excluidos, sin explicación, de la entrega de soluciones habitacionales de Ciudad Hugo Chávez y responsabilizaban a Saúl Ameliach, hermano del gobernador”, indicó el dirigente de Provea.

Una de las víctimas de las demoliciones de la Panamericana es Lisbeth de López, quien había llegado al sector hace tres años. “Será reunir nuevamente, poco a poco”, dice la mujer que perdió su vivienda y a quien no le dieron indemnización alguna por la casa de bloques, de dos habitaciones y un baño, que había levantado desde que arribó allí.

Según Provea, informes oficiales contabilizan 1.500 apartamentos recuperados con las OLP. “No hay claridad de cuál ha sido el procedimiento utilizado para quitar estos apartamentos a estas personas. Entendemos, por lo que dijo el Presidente, que se está criminalizando a todo el núcleo familiar. Esto refleja una inseguridad total sobre la tenencia de la vivienda”, precisó el activista.

Los falsos invasores

Muchas de las personas sacadas de las residencias fueron señaladas como invasoras por las autoridades, pero en varios urbanismos de Caracas, los vecinos dicen otra cosa.

En la torre 10, uno de los habitantes explicó que los desalojados eran, en realidad, propietarios que no tenían papeles en regla o personas que habían intercambiado sus casas con otros adjudicados sin haberlo notificado al Ejecutivo. De la veintena de apartamentos desalojados, estima que la mitad ya han sido ocupados. “Aquí nos preguntamos por qué cuando entregaron los apartamentos no interrogaron a la gente sobre su nacionalidad”, apuntó en referencia a los colombianos que fueron sacados de sus domicilios y retenidos durante varias horas para verificar su identidad.

A una cuadra de distancia, en la torre 6, una mujer habló en defensa de tres de los cuatro jóvenes que fueron apresados por presuntamente haber incurrido en delitos diversos. A dos los señalaron por tráfico de drogas y a uno más lo apuntaron como invasor, a pesar de que ocupaba la vivienda de su hermana quién, en ese momento, estaba de viaje.

“Esos son muchachos tranquilos, porque aquí uno no va a estar tapando a los mala conducta o a los que andan por ahí con pistolas”, dijo la vecina. Aseveró que aunque en la urbanización han disminuido las balaceras desde los allanamientos, la actuación agresiva de los uniformados durante aquella madrugada le hace pensar que pueden volver a hacer lo mismo con otros inocentes.
En total, del urbanismo de Montalbán, aún hay 15 personas tras las rejas. La mayoría fue enviada a un centro de reclusión provisional ubicado en San Juan de Los Morros, en Guárico, y tendrá su audiencia preliminar la semana entrante, casi tres meses después de haber sido encarcelada.

Números rojos

70 OLP

Se han llevado a cabo desde julio en zona populares de distintos estados de Venezuela.

15 muertos

Saldo oficial de la primera OLP que, oficialmente, se aplicó en Caracas el 13 de julio de 2015.

15 incursiones violentas

Cuerpos de seguridad han regresado a la Cota 905 desde aquella fecha.

1.500 apartamentos

El número corresponde a los inmuebles «recuperados» por el gobierno a raíz de las OLP. No se ha aclarado el procedimiento aplicado para desalojar a los ocupantes de los mismos.

24 de julio de 2015

350 familias fueron desalojadas de sus viviendas ubicadas en el Kilómetro 3 de la carretera Panamericana, el pasado 24 de julio. El argumento de los uniformados fue que en el lugar había “células paramilitares” y que las casas estaban en riesgo.

17 de agosto de 2015

En Brisas del Hipódromo, al sur de Valencia, 436 familias fueron obligadas a desocupar sus residencias luego de una OLP.

18 de septiembre de 2015

Trescientas familias, de acuerdo con las denuncias de los vecinos, fueron desalojadas de sus viviendas en los sectores en El Piache y Los Olivos, en Nueva Esparta.

30 de septiembre de 2015

Diez viviendas fueron consumidas por un incendio presuntamente iniciado por efectivos de la División de Homicidios del Cicpc, de acuerdo al testimonio de los vecinos de “El Plan”, sector de la Cota 905 en Caracas.