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Foro Penal registra 15 detenciones por motivos políticos desde diciembre de 2023

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) informó que desde diciembre de 2023 hasta la fecha, 15 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Alfredo Romero, director del FPV, aclaró que de estas 15 personas detenidas, al menos dos han sido excarceladas, aunque no se incluyen las seis personas miembros del partido Vente Venezuela que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina y que, según interpretaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, califican como privaciones de libertad arbitrarias.

Romero puntualizó que actualmente hay 269 «presos políticos» en el país, cinco más que hace un mes, cuando reportó 264 personas detenidas por razones políticas.

De los detenidos, 249 son hombres y 20 son mujeres, en su mayoría, miembros o exintegrantes «del sector militar».

El Foro Penal calculó que desde 2014 hasta abril de este año casi 16.000 personas «han pasado por la prisión política», de las que 9.000 han sido excarceladas pero se mantienen «con medidas cautelares», como «prohibición de salida del país, presentación ante un tribunal y en cualquier caso se encuentran con el proceso judicial pendiente».

Alfredo Romero alertó sobre la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, donde «hasta ahora solo hay hombres detenidos con fines políticos y hay preocupación de los familiares» por el acceso limitado a este centro penitenciario.

«Rodeo I era una cárcel que existía, pero quiero aclarar que no son las mismas instalaciones, pareciera una instalación construida para personas presas con fines políticos», explicó el director del FPV.

por motivos políticos

Más de 15.800 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela en últimos nueve años

 

De acuerdo con el reporte sobre la Represión Política en Venezuela correspondiente al año 2023 que elaboró la ONG Foro Penal, desde enero 2014 hasta la fecha de cierre del reporte en 2023 se registró que un total de 15.812 personas fueron arrestadas por motivos políticos.

Según el informe de Foro Penal un 56% de los 257 presos políticos que a la fecha del reporte se encontraba encarcelados (finales de 2023) se identificaron como funcionarios militares y han sido señalados por funcionarios de la administración de Nicolás Maduro de presuntamente planificar o intentar operaciones militares desestabilizadoras y de la misma forma han sido vinculados líderes de la oposición.

No obstante, para diciembre de 2023, 18 presos políticos venezolanos fueron excarcelados e «indultadas varias personas de nacionalidad estadounidense, que estaban siendo procesadas por motivos políticos en el país».

Por otro lado, de los 257, al menos 21 de estas excarcelaciones «de los que pueden ser considerados presos por motivos políticos, estarían asociadas a una negociación entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Joe Biden, a cambio de la liberación del oficialista Alex Saab», añadió el informe.

Para 2023 Foro Penal contabilizó 20 personas detenidas por motivos políticos y especificó que se trató de ciudadanos civiles. De estos detenidos se diferenció que el 75% fueron hombres y el 25% mujeres y el mes en el cual más detenciones se contabilizaron fue febrero.

Organismos internacionales se pronunciaron a favor de los DD.HH. en 2023

De acuerdo con Foro Penal, durante 2023 se produjeron varios pronunciamientos importantes acerca de la situación de derechos humanos en el país por parte de organismos internacionales que identificaron diversos asuntos del tema de detenciones.

Entre estos pronunciamientos se destaca lo publicado en septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, quien denunció patrones  comunes de detención arbitraria, así como que muchas detenciones en el país se llevaron a cabo «sin una orden previa de detención”.

La Misión también recalcó que algunas personas estuvieron detenidas por períodos superiores a los permitidos por ley, «o que permanecieron en prisión incluso después de que un juez hubiera ordenado su liberación inmediata”.

También, se dieron a conocer las conclusiones y observaciones finales por parte de los funcionarios del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con ocasión al quinto informe periódico sobre Venezuela.

Referente a las conclusiones acerca de detenciones arbitrarias y la privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos, el Comité determinó su preocupación por las denuncias relativas «al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad y la reclusión en régimen de incomunicación en casas clandestinas, sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositores al gobierno». 

Siguen presas 257 personas por motivos políticos

Lugo de las excarcelaciones que se dieron durante diciembre de 2023, para el 31 de ese mes la cifra de presos políticos fue de 257: 18 mujeres y 146 funcionarios militares.

La ONG alertó que la cifra de detenidos se ha mantenido en ocasiones incrementándose y en otras disminuyendo, por lo que denominaron como «el efecto puerta giratoria», debido a que el número de privados de libertad por temas políticos se ha mantenido constante.

Indultos y excarcelaciones

La serie de excarcelaciones de 21 presos políticos que se estaban procesando por motivos políticos en Venezuela se dio en diciembre de 2023 en  medio del «contexto de una negociación entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, a cambio de la liberación del aliado y colaborador de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien se encontraba detenido y estaba siendo procesado por la justicia norteamericana en el estado de Florida».

La ONG reiteró que se han utilizado a los presos políticos como “fichas de negociación”. A su vez, «en lugar de una reducción de las excarcelaciones políticas, lo que ha ocurrido a posteriori es un incremento en las cifras de presos políticos y de persecución en los meses siguientes», apuntó el documento.

Denunciaron ante la fiscalía desaparición forzada y otras violaciones a derechos de Roberto Abdul
Durante la audiencia de presentación del 8 de diciembre, «el tribunal se trasladó al Helicoide», donde está privado de libertad Roberto Abdul y se realizó la audiencia de presentación sin presencia de sus abogados.

María Eugenia Abad, esposa del presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul, denunció este lunes, 11 de diciembre, ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo la «desaparición forzada» y «todas las violaciones» a los derechos humanos del activista tras ser detenido.

Mediante su cuenta de X, la ONG señaló que, junto con abogados del Foro Penal Venezolano, la esposa de Abdul, María Abad, «consignó denuncia» ante las instituciones «por todas las violaciones a sus DDHH y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa».

El Foro Penal señaló que Abdul, también miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organizó primaria opositora del pasado 22 de octubre, fue «arbitrariamente arrestado el miércoles 6 de diciembre por agentes del Estado».

En un vídeo publicado por ambas organizaciones, denuncian «la desaparición forzada» de Roberto Abdul, a quien «no le permitieron llamar a sus familiares y mucho menos a sus abogados de confianza».

Stefania Migliorini, abogada del Foro Penal, denunció que el pasado viernes, 8 de diciembre, cuando los abogados de Abdul esperaban en tribunales para participar en la audiencia de presentación, «el tribunal se trasladó al Helicoide», donde está privado de libertad y se realizó la audiencia de presentación sin presencia de sus abogados.

Abdul fue detenido el pasado 6 de diciembre, después de que Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, anunció varias órdenes de captura para integrantes del equipo de María Corina Machado y otros dirigentes opositores y chavistas disidentes, por supuestamente recibir financiamiento de ExxonMobil, para «intentar fracturar la lucha soberana» el Esequibo.

*También puede leer: “Puerta giratoria en marcha”: Presidente de Súmate Roberto Abdul-Haidi fue detenido y llevado al Sebin

21 años del 11 de abril de 2002: denuncian impunidad y represión “que persiste y se agrava”
La organización no gubernamental Provea señaló que, la mayoría de los asesinatos de aquel día, fueron a manos de policías, militares «e individuos que siguen sin justicia»

 

 

Han pasado 21 años desde aquel 11 de abril de 2002, cuando una gran marcha en Caracas derivó en una situación de violencia y represión en el centro de la ciudad capital. 

De acuerdo con Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano (FPV), a más de dos décadas del hecho, cada vez hay menos claridad y no ha habido justicia.

«Hoy se cumplen 21 años del 11 de abril de 2002. En esa manifestación, que caminaba hacia Miraflores, resultaron 19 personas asesinadas y más de 300 personas heridas de bala», recordó Romero.

 

Romero recordó también el caso del joven Jesús Espinoza, de 18 años, a quien asesinaron de un disparo en la cabeza. El caso sigue impune

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiéndose admitido esa denuncia y habiendo concluido el procedimiento relacionado con el mismo, al día de hoy,  no se ha pronunciado para remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a la denuncia en 2004 y a la audiencia en 2007».

Para el director del Foro Penal, ese día marcó el inicio de la represión política en Venezuela.

«Ese día marcó el comienzo de lo que sería la represión política sistemática que al día de hoy investiga la Corte Penal Internacional (CPI). El 11 de abril de 2002 no lo investiga, pero sí lo que ocurrió posteriormente» acotó.

Por su parte, la organización no gubernamental Provea señaló a través de Twitter que la mayoría de los asesinatos de aquel día fueron a manos de policías, militares «e individuos que siguen sin justicia».

«21 años de políticas de represión que persisten y se agravan en Venezuela», cuestionó la ONG.

Marcha pacífica atacada con armas

Pedro Benítez, profesor de Historia Económica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recordó que la multitudinaria marcha del 11 de abril del 2002 fue pacífica y que la narrativa oficial ha tratado de cambiar eso.

“A diferencia de lo que ocurrió en 1936, que el presidente López Contreras recibió a los manifestantes en Miraflores, la del 11 de abril de 2002 fue recibida por un grupo de bandoleros armados en las adyacencias», expresó en entrevista que ofreció a VPITV.

Benítez también recordó que hubo una serie de fallecimientos que «no fueron aclarados» y que se produjeron justamente en la zona de seguridad del palacio presidencial: » Y eso dio pie a una crisis política que justamente terminó o desembocó en un golpe de Estado”.

 

“Son dos acontecimientos distintos que la narrativa oficial trata de mezclar: El 11 de abril hubo una marcha pacífica, legítima, de protesta contra un gobierno, cosa que sería normal en cualquier democracia, pero terminó en medio de una represión terrible y, al día siguiente, un grupo de aventureros intentó dar un golpe de Estado”, añadió Benítez.

El Mañanero de hoy #22Feb: Las 8 noticias que debes saber

De acuerdo a cuerpos de seguridad del Estado, las bandas de delincuencia organizada de “El Yiyi” y “El Caracas” estarían detrás del doble atentado ocurrido el pasado sábado 18 de febrero, contra dos establecimientos en Maracaibo, los cuales dejaron un saldo de un muerto y ocho heridos.

#MonitordeVíctimasZulia | Bandas de “el Yiyi” y “el Caracas” estarían detrás de los atentados que dejaron 1 muerto y 8 heridos en Maracaibo

Rosales prometió justicia tras tiroteos ocurridos en Maracaibo

Familiares de asesinado en tiroteos de Maracaibo claman por justicia

ELN aseguró que liberará a sargento capturado en Arauca

Chile ofrece nacionalidad y residencia a expatriados por el gobierno de Nicaragua

Foro Penal contabilizó 269 presos políticos en Venezuela

Lluvias cobraron la vida de 44 personas en Brasil

Biden visita Polonia para dar mensaje de respaldo a Ucrania

 

“Los que estamos afuera no somos menos venezolanos que los que están adentro. El régimen nos ha robado todo, tenemos que rescatar el derecho a la participación. ¡Este es un proceso nuestro!”,  Eduardo Battistini, dirigente de Primero Justicia

Fundación Clooney y Foro Penal presentan a la CPI pruebas de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de 11 funcionarios de la Dgcim
Ignacio Jovtis, responsable Senior de Programas de “The Docket”, indicó que entre los supuestos responsables están efectivos de rangos bajos, medianos y altos
La investigación de la fundación apadrinada por el actor George Clooney y su esposa Amal Clooney duró poco más de dos años 
Los presuntos crímenes cometidos comprenden torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual

 

 

La iniciativa “The Docket” de la Clooney Foundation for Justice (Fundación Clooney para la Justicia) y el Foro Penal Venezolano presentaron un informe a la Corte Penal Internacional (CPI), donde mostraron pruebas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por 11 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La fundación que pertenece al actor George Clooney y su esposa Amal Clooney se encarga de monitorear juicios internacionales y defender a víctimas de derechos humanos en el mundo.

Los supuestos crímenes cometidos por los agentes de la Dgcim son torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual.

“Tenemos trabajando en este informe más de dos años. Somos un grupo de abogados que apoyamos investigaciones internacionales como las que está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En Venezuela no se investigan violaciones a derechos humanos y cuando se hace, se hace muy mal”, dijo Ignacio Jovtis, responsable Senior de Programas de “The Docket”.

Todas las víctimas de estos eventuales abusos están vinculadas a la oposición política en Venezuela o son percibidos como tales por parte del régimen de Nicolás Maduro. 

“Nuestra misión es trabajar contra la impunidad de crímenes internacionales y viendo el contexto venezolano queremos apoyar el trabajo que vienen haciendo tantos activistas y organizaciones de derechos humanos en el país”, agregó Jovtis. 

El miembro de “The Docket” sostuvo que para la investigación recolectaron evidencias e hicieron entrevistas en España, Argentina, Colombia y Venezuela.

Los perpetradores se creen intocables y realmente lo son para el Estado venezolano”, dijo uno de los sobrevivientes entrevistado por ambas organizaciones. “Hago un llamado a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo”, añadió. 

Para el informe se consultaron a 50 personas, entre víctimas directas y sus familiares, así como a profesionales del derecho, periodistas y ex empleados de la Fiscalía General de la República.

“La única manera de restablecer la fe de las víctimas es haciendo justicia. Aunque siempre hemos instado al gobierno venezolano a que investigue y castigue estos graves crímenes ellos no han mostrado ninguna intención de emprender tales acciones de forma seria y real”, dijo a través de un comunicado Gonzalo Himiob, director y vicepresidente de Foro Penal. 

Desde Foro Penal advirtieron que los presos políticos Emirlendris Benítez y Javier Tarazona se atrevieron a denunciar las torturas que han sufrido por parte de funcionarios de la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), respectivamente.  

 

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“Dada la falta de una investigación auténtica a nivel nacional, muchas de las víctimas que representamos miran a la CPI como su única esperanza para obtener justicia”, manifestó en el mismo comunicado, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal.  

Jovtis sentenció que entre los presuntos responsables hay efectivos de rangos bajos, medianos y altos.

“Queremos pasar del discurso de que en Venezuela se cometen violaciones a DDHH a identificar quién los comete”, dijo Jovtis. 

El pasado mes de noviembre de 2021, la CPI autorizó una investigación para Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y a juicio de Jovtis, el informe elaborado por la Clooney Foundation for Justice y Foro Penal podría abonar terreno para que la administración de Maduro dé la cara ante la justicia.

“Estos procesos son largos y abarcan muchas víctimas, ellas necesitan justicia ya y en Venezuela no la pueden conseguir, la comunidad internacional tiene que empezar a mirar hacia allá para ayudar a las personas que tienen negado el acceso a la justicia”, puntualizó Jovtis.   

Los torturadores y sus jefes

Los torturadores y sus jefes

Javier Tarazona fue aislado durante 20 días por contar en una carta sus condiciones de reclusión
Tarazona ya cumplió 10 meses preso tras haber sido detenido en julio de 2021

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció este martes, 10 de mayo, que Javier Tarazona, director de Fundaredes, fue aislado durante 20 días por contar en una carta sus condiciones de reclusión.

En un video difundido en redes, Romero informó que Tarazona fue castigado por contar en carta a ciertas personas su condición dentro de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Llevaba 20 días aislado, castigado (Tarazona),por unas cartas donde le escribía a unas personas sobre si situación», indicó Romero.

 

Además, Romero indicó que Tarazona presenta problemas de ansiedad, alergia, hiperinsulinemia e hipertensión y no ha comenzado el juicio, por lo que no ha tenido derecho a la defensa efectiva.

«Luego de 20 días le permitieron ver el sol y recibirnos a nosotros como sus abogados. No ha tenido contacto con sus familiares y no le han permitido hacer llamadas», agregó.

Tarazona ya cumplió 10 meses preso tras haber sido detenido en julio de 2021, cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.

El pasado 5 de mayo, Fundaredes pidió la liberación del activista y aseguró que el estado de salud de Tarazona se ha deteriorado por la vulneración de sus derechos básicos.

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Denuncian traslado a Caracas de testigos clave de las muertes de yanomamis a manos de militares
Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer la muerte de cuatro indígenas yanomamis en Parima B, Alto Orinoco, estado Amazonas

Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano, denunció el traslado, sin previa notificación a su defensa legal de dos testigos claves del conflicto en el que funcionarios militares asesinaron a cuatro yanomamis.

De acuerdo con la reseña de Correo del Caroní, el viernes 1 de abril, funcionarios del Estado sacaron del Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho a Borges Sifontes, adolescente de 16 años herido por militares; y a su hermano Gabriel Silva.

Ortiz también manifestó que este traslado se realizó desconociendo las medidas otorgadas por el Ministerio Público.

El conflicto en Parima B ocurrió el pasado 20 de marzo, y cuatro indígenas yanomamis fueron asesinados por militares del componente de aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Se conoció que los jóvenes fueron llevados primero a Maracay, estado Aragua, para luego trasladarlos al Hospital Militar de Caracas.

Cabe acotar que la defensa desconoce si los jóvenes ya están en el recinto asistencial y cuál instancia gubernamental ordenó el traslado. Lo que se sabe es que el traslado se hizo en un vuelo de la Aviación de la FANB.

Tarek William Saab: El Ministerio ha realizado “múltiples diligencias”

El fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, aseguró este martes, 5 de abril, que el Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer la muerte de cuatro indígenas yanomamis en Parima B, Alto Orinoco, estado Amazonas.

A través de su cuenta de Twitter, Saab indicó que el MP trabaja en el caso junto con la Fiscalía 91 nacional con competencia indígena, Fiscalía 4ta en Derechos Humanos, además de la Fiscalía 5ta con responsabilidad adolescente y víctimas niños, niñas y adolescentes.

 

«El Ministerio Público, junto a los fiscales designados han realizado múltiples diligencias junto al Cicpc para esclarecer y sancionar los lamentables hechos donde fallecen 4 indigenas yanomamis», escribió en la publicación.

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