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Los uniformados fueron asesinados durante dos emboscadas registradas este fin de semana en sectores despoblados del oeste de La Victoria, en el estado Apure

Foto referencial

De manera extraoficial, a través de fuentes médicas y policiales, se conoció que este lunes 26 de abril ingresaron a las instalaciones de la morgue del hospital José Antonio Páez, en Guasdualito, los cuerpos de al menos nueve militares asesinados durante dos emboscadas registradas este fin de semana en sectores despoblados del oeste de La Victoria, en el estado Apure.

También, a través de otra fuente confiable, que pidió mantener en reserva su nombre por razones de seguridad, se pudo precisar que durante ambos eventos resultaron heridos aproximadamente 36 efectivos castrenses, de los cuales 26 fueron trasladados desde el lugar de los hechos hasta el hospital militar de San Cristóbal, mientras que los 10 restantes fueron remitidos al hospital de Guasdualito.

Durante este fin de semana un contingente de militares venezolanos fue atacado durante 72 horas por los miembros de grupos irregulares, confirma en un comunicado de prensa el ministerio para la Defensa, a cargo del general Vladimir Padrino López. Sin embargo, en este documento no se revela la cantidad exacta de efectivos militares caídos ni heridos por ambos hechos.

En el comunicado de Padrino López únicamente señalan que la FANB ha inflingido un «importante número de bajas» de bajas a los precitados grupos, que han fallecido algunos funcionarios de la FANB, y han capturado a varios sujetos.

? #Atención || Comunicado Oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Enlace: https://t.co/xQAiM8c7gc pic.twitter.com/2lcj3reLki

— Prensa FANB (@PrensaFANB) April 26, 2021

Los voceros policiales informaron a El Pitazo que los médicos forenses se encuentran a la espera de otros tres cadáveres de los castrenses caídos en estos dos nuevos combates protagonizados por los funcionarios de las Fuerza Armada Nacional (FAN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC).

Asimismo, a través de la red social Twitter, el periodista Nathanael Sánchez, publicó un video en donde se ven algunas imágenes que corresponden a los presuntos oficiales fallecidos en esta emboscada. Wilmer Ferrebús Garabito (41), es uno de los identificados que aparecen en el material audiovisual y se desempeñaba como Sargento Mayor de Tercera dentro de la FANB, en el Batallón de Fuerzas Especiales, ubicado en la localidad de El Guayabo, del municipio Catatumbo, estado Zulia.

De acuerdo con la información de Sánchez, familiares del sargento mayor Ferrebús piden al gobierno socialista logística y traslado inmediato a la ciudad de Caracas, en la que se le hará la ceremonia de honor.

También, de manera extraoficial se conocieron algunos otros nombres, de los cuales varios también aparecen reflejados en el video que compartió Sánchez en Twitter. Sin embargo, no todos se han podido identificar. Los nombres son:

TF. (ARB) Naiwil José Torres Moreno

SM/2da. (EJB) Wilmer De Jesús Ferrebús Garabito

SM/1ra. (EJB) Ronal José Marcano Castillo

Sm/2da. (EJB) Andy José Miranda, C.I.V-14.621.209

SM/1ra. (EJB) Santiago Del Jesús Reyes Farfán, seudo “Gallina Negra”

S/1ro. (ARB) Alvaro Rafael Nariño Ostos

S/2do. (ARB) Michael Miguel Medina Sequera

S/2do. (ARB) Luis David Lira Negrón

Fuentes cercanas, publicaron a través de la plataforma WhatsApp, un video sobre las presuntas víctimas de este atentado ocurrido en #Apure.

Wilmer Ferrebús, el único identificado en este video, es el número 4.@SebastianaB @RCamachoVzla @LDanieri @isnardobravo @SergioNovelli pic.twitter.com/oTDvuPJ5fs

— Nathanael Sanchez™ (@Nathanaelvoces) April 27, 2021

Con información de El Pitazo

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En un informe, el organismo aseguró que el operativo en Apure «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados»

Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado Apure, fronterizo con Colombia.

La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

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En un informe, HRW aseguró que el operativo «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».

«Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.

El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.

El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.

La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve «terroristas» fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.

HRW alega en su informe que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados», sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia, a los que las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.

«Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas», señala el texto.

Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, «sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años».

En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos «ingresaron por la fuerza en varias viviendas», sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.

«Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos», señala el informe.

Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que «estuvieron retenidos en instalaciones militares»; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de «efectos personales, comida y enseres del hogar».

El ataque a un campamento guerrillero causó la muerte de ocho miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

“Lamentamos profundamente los hechos presentados en los últimos días en las áreas de frontera con nuestro país hermano de Venezuela y condenamos la alianza que generó esta confrontación, en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario”, dijo alias Jonnier, el tercer jefe del grupo de Gentil Duarte, en un comunicado que leyó rodeado de dos decenas de hombres y mujeres armados.

Aunque el video tiene 10 minutos de grabación, en las que menciona la situación de guerra contra el Estado colombiano, lo más significativo es que revela la razón de los enfrentamientos con las FARC-Nueva Marquetalia, que dirige Iván Márquez y Jesús Santrich.

El 21 de marzo el ataque al campamento de alias Farley, perteneciente al ala guerrillera de alias Gentil Duarte, escaló hasta la muerte de ocho miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), algunos como consecuencia de las minas antipersonales con las que las FARC ha sembrado parte del territorio que controlan en la frontera venezolana.

Días después del primer ataque, Nicolás Maduro ordenó cero tolerancias con grupos armados irregulares colombianos, agregando “¡Que se vayan, fuera de Venezuela!”, “¡Limpiemos al país de estos terroristas!”, dijo Maduro asegurando que “son grupos irregulares armados, disfrazados de guerrilleros, pero que sirven a las bandas narcotraficantes de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez”.

Por otra parte, el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, Comandante Estratégico Operacional, informó “hemos desmantelado a estos grupos irregulares de Colombia varios campamentos; hemos incautado una tonelada de narcóticos y 26 minas identificadas en proceso de destrucción”.

Las Farc-Gentil

El gobierno nacional y municipal ha desplegado una serie de acciones en todo el municipio Páez para aparentar total normalidad y el regreso de familias que se vieron forzadas a huir al vecino país antes el temor de ser víctimas de los bombardeos.

El comunicado según dijo Jonnier es a nombre del secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), resaltando que “siempre hemos buscado lazos de amistad y buen entendimiento en la relación con los pueblos fronterizos. Jamás nuestras armas ni nuestras fuerzas se empuñan contra cualquier país vecino”.

Destacó que la Segunda Marquetalia fueron los negociadores y firmantes de los Acuerdos (de Paz) y entregaron el proceso revolucionario de las FARC-EP, en un acto de rendición y sometimiento, y ahora pretenden proclamarse verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no ha sido otra que la calumnia, el engaño y la traición”.

Quisieron aclarar que los integrantes de la Segunda Marquetalia “financian a unos pocos oficiales del Gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio que faciliten sus intereses, sus apetitos personales”.

“De forma desleal y traicionera se orquestaron las operaciones que desde el 21 de marzo se despliegan contra el Frente Décimo dejando evidencias claras de los acuerdos entre el Ejército colombiano y los paramilitares denominados Sinaloa o Comando Frontera que desarrollan operaciones contra la población civil, desplazando y asesinando líderes sociales y campesinos, pero que ahora se denominan Segunda Marquetalia”.

“Somos consecuentes cuando ratificamos que jamás nuestras armas serán empuñadas contra ningún pueblo hermano y tenemos la certeza de que este pueblo bolivariano jamás estará en contra nuestra. Son nuestros hermanos en la lucha latinoamericana y de la Gran Colombia”.

Ante las violaciones de derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario como las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, las violaciones de mujeres como trofeos de guerra, los bombardeos indiscriminados, las capturas con carácter extorsivo, el saqueo, el desplazamiento forzado y la estigmatización, porque quienes dicen defender al pueblo, pero le hacen el trabajo al enemigo”.

“No podemos guardar silencio ni permitir que el pueblo indefenso, sea masacrado. No fuimos nosotros los que iniciamos estas agresiones. Conocíamos las maquiavélicas intenciones, pero jamás pensamos que iban a actuar de manera tan descarada”.

Debido a ello dice que “apelamos al derecho de la legítima defensa, a garantizar al pueblo su tranquilidad demostrando que nuestras armas están al servicio del pueblo y su defensa, venga de donde venga la represión”.

Propone la evaluación y creación “de una comisión de alto nivel que ejerza la investigación de los hechos, para lo cual estamos dispuestos a ofrecer plenas garantías para el ejercicio de su labor y que permita definir responsabilidades por los delitos cometidos contra la población indefensa”.

Pero también asegura estar dispuestos “a esclarecer nuestra responsabilidad y aportar las pruebas que permitan demostrar la alianza de los autores intelectuales de estos hechos que enlutan a familias humildes de militares y campesinos de la República Bolivariana”.

Ratificamos, reza el comunicado, que “ante los actos de traición y sometimiento a los que iba encaminados los Acuerdos de Paz en La Habana, nosotros decidimos honrar a nuestro camarada Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y a miles de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por el pueblo y su dignificación en su lucha contra el imperialismo y la oligarquía colombiana”.

“No hemos cambiado ni una coma ni una tilde de nuestros principios, de nuestras conferencias ni de nuestros estatutos. Continuaremos en la lucha insurreccional por la Gran Colombia y la segunda y definitiva independencia ante el imperialismo norteamericano”.

Dirigiéndose al “pueblo hermano de Venezuela, bolivariano, chavistas, los que resisten la embestida del imperialismo”. Finalizó parafraseando la letra de una canción, “no importa dónde se nace o dónde se muere, sino dónde se lucha”.

El exdiputado Walter Márquez, quien hizo la denuncia vía Twitter, identificó al hombre como Julio César Jiménez Millán y dijo que trabajaba en una panadería y en una quesera de La Victoria

El exdiputado de la Asamblea Nacional y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, denunció que Julio César Jiménez Millán, quien trabajaba en una panadería y en una quesera de La Victoria, estado Apure, habría sido «hecho prisionero en ese sector por la FANB y luego ejecutado».

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En su cuenta de Twitter, Márquez escribió: «Los padres de Jiménez fueron a Guasdualito a visitar a su hijo detenido, quien prestó servicio militar y era reservista, pero, al no aparecer en la lista, le indicaron que fuera al CICPC. [Allí les mostraron] una foto del hijo ejecutado e informaron que lo habían enterrado».

En otro tuit, añadió: «Ante el impacto de ese crimen atroz, [los] humildes padres de Jiménez Millán deambularon por Guasdualito y en medio de intensa lluvia fueron cobijados por vecinos que los albergaron y luego pidieron mi actuación».

El exparlamentario dijo tener información «de otros cuatro prisioneros ejecutados en forma similar».

1/3 Está noche 15/4/21 tuve conocimiento de otro drama humano de alto apure de parte de padres de julio César Jiménez Millán oriundo del Zulia quien trabajaba en una panadería y una quesera de la Victoria quien fue hecho prisionero en ese sector por la FANB y luego ejecutado. pic.twitter.com/5rSTLDXlzd

— Walter Márquez (@walter_marquez) April 16, 2021

2/3 Los padres de Jiménez con esfuerzo fueron a guasdualito a visitar a su hijo detenido quien presto servicio militar y era reservista pero al no aparecer en la lista le indicaron que fuera al CICPC que mostró una foto del hijo ejecutado e informaron que lo habían enterrado .

— Walter Márquez (@walter_marquez) April 16, 2021

3/3 Ante el impacto de ese crimen atroz humildes padres de Jiménez Millán deambularon por guasdualito y en medio de intensa lluvia fueron cobijados por vecinos que los albergaron y luego pidieron mi actuación .Tengo información de otros 4 prisioneros ejecutados en forma similar.

— Walter Márquez (@walter_marquez) April 16, 2021

El 25 de marzo, cinco miembros de una familia fueron asesinados por presuntos efectivos de las FAES en El Ripial, Apure. Estas personas habían sido sacadas de sus hogares en el barrio 5 de Julio y ejecutadas. Los funcionarios alegaron que eran “guerrilleros”.

El anuncio lo hizo el comandante de la Milicia Nacional, mayor general Manuel Bernal Martínez, quien explicó que será una «fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades» de la región y estará coordinada por el Ministerio de Defensa y el Ceofanb

Un grupo de mil combatientes de la Milicia Nacional se desplazará al estado fronterizo de Apure, donde, el pasado 21 de marzo, estallaron combates con una banda de disidentes de las FARC, informaron este martes fuentes castrenses.

El anuncio lo hizo el comandante de la Milicia Nacional, mayor general Manuel Bernal Martínez, quien explicó que será una «fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades» de la región y estará coordinada por el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

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Explicó que los mil combatientes son voluntarios, han sido formados en 22 unidades y estarán bajo el mando de un general de división, dos generales de brigada de la Milicia y cuatro oficiales superiores.

En 2020, hubo una reforma de las Fuerzas Armadas promovida por la polémica y hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente, que asumió de facto las funciones del Parlamento, en ese momento con mayoría opositora.

Dicha reforma, incluyó a la Milicia Nacional como un «componente especial» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quince años después de haber sido conformada como fuerza «complementaria» de civiles armados, cuyos miembros son afectos al chavismo.

La Milicia, en esta nueva norma, adquiere atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia, en tanto que tiene la misión de «registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación», por lo que varios expertos y militares retirados consideran que sus miembros actúan como espías del Gobierno donde están desplegados.

Tras el anuncio del comandante de la Milicia, Nicolás Maduro explicó que la orden en Apure es la de «guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y de la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y terroristas que vienen de Colombia».

Al respecto, subrayó que debe haber contra esas bandas una «guerra de todo el pueblo» en «unión cívico-militar-policial».

Además, aseguró que el modelo desarrollado durante los combates en Apure «sirve como enseñanza para defender el territorio ante grupos armados por el Comando Sur» de Estados Unidos y el Gobierno colombiano, que considera que están detrás de esos ataques.

El pasado 21 de marzo comenzaron unos combates entre militares de la FANB y miembros de un grupo armado que no ha sido identificado por fuentes oficiales ni castrenses, aunque han difundido fotos en las que puede verse uniformes incautados con las siglas y logos de la antigua guerrilla de las FARC.

En los enfrentamientos han fallecido ocho militares y nueve «terroristas», mientras que unos 6.000 habitantes de la zona han tenido que desplazarse al vecino departamento colombiano de Arauca.

La organización señala que hay presencia de grupos guerrilleros en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón

Fundaredes denunció el asesinato de dos indígenas miembros de la etnia Jiwi por parte de presuntos grupos guerrilleros que «operan» en las minas del Parque Nacional Cerro Yapacana del estado Amazonas.

«Asesinados en Amazonas el profesor José Dacosta  y el adolescente Luis Charlot Cariban, de 17 años, perteneciente a la etnia Jiwi, víctimas de grupos armados irregulares. Indígenas del municipio Atabapo rechazan la presencia perversa de guerrilla FARC y ELN en la zona», publicó en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Tarazona señaló que tanto Dacosta como Charlot fueron «torturados» y posteriormente «asesinados» por presuntos grupos guerrilleros que operan en la minas ubicadas en el Parque Nacional Cerro Yapacana. Según dijo, las comunidades de la zona afirman que esto ocurre muy seguido en las minas.

#Alerta Asesinados en Amazonas el profesor José Dacosta y el adolescente Luis Charlot Cariban de 17 años perteneciente a la etnia Jiwi, víctimas de grupos armados irregulares, indígenas del municipio Atabapo rechazan la presencia perversa de Guerrilla FARC y ELN en la zona pic.twitter.com/uHJbUzEKoT

— Javier Tarazona (@javiertarazona) April 10, 2021

La organización Fundaredes sostiene que en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón hay presencia de grupos guerrilleros.

«Estas cifras evidencian el alarmante incremento de la criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia, donde numerosas denuncias ubican la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y bandas herederas del paramilitarismo del país andino», dijo la ONG.

Tarazona ha denunciado que la organización es objeto de “hostigamiento y criminalización por ejercer la ciudadanía en la labor de promover y defender derechos humanos” por parte de Diosdado Cabello, por lo cual pidió a la CIDH y a la ONU medidas de protección.

Con información de EFE

El jefe del Ceofanb apuntó que, pese a que la Fuerza Armada controla la zona, aún quedan «reductos» de los grupos irregulares, especialmente en las regiones selváticas de Apure

La Fuerza Armada Nacional dijo este 9 de abril que tomó el control de Apure, que limita con Colombia, y que se ha visto sacudida en días pasados por combates entre militares venezolanos y grupos armados irregulares que varias ONG identifican como disidentes de las FARC.

«La situación en el estado Apure está en control, nosotros tenemos control», dijo en una entrevista con Unión Radio el jefe del Comando Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), Remigio Ceballos.

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Los combates entre fuerzas de Venezuela e irregulares armados empezaron el pasado 21 de marzo y se han cobrado la vida de al menos 8 militares venezolanos, según el último parte oficial.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el 5 de abril que nueve miembros de grupos terroristas también perdieron la vida en estos enfrentamientos y cerca de una cuarentena de combatientes han sido detenidos.

Ceballos apuntó hoy que, pese a que la Fuerza Armada controla la zona, aún quedan «reductos» de los grupos irregulares, especialmente en las regiones selváticas de Apure.

«Estamos tras ellos (y) seguiremos actuando, esos son individuos que operan clandestinamente, trabajan de noche, cuando hay lluvia», agregó el jerarca militar.

Ceballos también dijo que los grupos irregulares, que identificó como colombianos, pasan al lado venezolano por la escasa vigilancia de la frontera por parte de las autoridades de Colombia.

A finales de marzo, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente encargado, informó que compiló testimonios de presuntos abusos contra civiles en el marco del operativo y que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

La iniciativa opositora surgió después de que ONG locales pidieran que se aclare si hubo violación a los derechos humanos tras la muerte de cinco personas que, de acuerdo con algunos testimonios, eran campesinos y no combatientes.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo luego que una comisión de expertos del Ministerio Público investigará «posibles acciones violatorias a los derechos humanos» en El Ripial, donde aparecieron los 5 cuerpos sin vida.

Y Ceballos aseguró hoy que el operativo militar se ha conducido en apego a los derechos humanos y que las denuncias de supuestos excesos no tienen sustento.

La canciller colombiana afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro «busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice» con «grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela»

El gobierno de Colombia acusó al de Venezuela de intentar «mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen» y dijo que en realidad es cómplice de grupos narcotraficantes, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

«Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad», afirmó la canciller colombiana, Claudia Blum, en una declaración.

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La ministra colombiana afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro «busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice» con «grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela».

«La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad», añadió Blum.

Declaraciones de Diosdado Cabello 

Justamente las declaraciones de Blum llegan luego de que este jueves el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refiriera al conflicto armado que ocurre desde el pasado 21 de marzo entre las Fuerzas Armadas de su país y presuntos disidentes de las FARC en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.

Los enfrentamientos han causado el desplazamiento forzado de más de 4.700 personas, según cifras oficiales de las autoridades colombianas, que han cruzado la frontera desde Venezuela y han recibido atención en albergues instalados en la localidad colombiana de Arauquita, que pertenece a Arauca.

«Colombia quiere exportar su guerra», aseguró Cabello, quien consideró como «sospechoso» que Estados Unidos no se haya pronunciado al respecto.

En ese sentido, la canciller colombiana respondió hoy que es «esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo».