cristina kirchner

Claudio Bonadio, juez de instrucción que encabeza la mayoría de las causas que afectan a la ex mandataria, apunta a que entre 2003 y 2015 se creó un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal

Un juez anunció un juicio oral contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la presunta cartelización de la obra pública durante su Presidencia (2007-2015), confirmaron este lunes a Efe fuentes judiciales.

Esta vista oral, que dirige Claudio Bonadio y para la que todavía no hay fecha de inicio, sentará de nuevo en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya afronta desde mayo pasado un juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su Gobierno y está a la espera de que comiencen otros cuatro procesos judiciales más.

En esta ocasión, Bonadio, el juez de instrucción que encabeza la mayoría de las causas que afectan a la exmandataria, apunta a que entre 2003 y 2015 se creó un «sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático».

Fernández de Kirchner llegó el sábado a Cuba luego de recibir permiso de la justicia de su país. La ex mandataria recibirá el año nuevo con su hija, Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en La Habana.

Este es el primer viaje que realiza Fernández desde que asumió la Vicepresidencia el pasado 10 de diciembre, fecha cuando Alberto Fernández se convirtió en el presidente de la nación.

Fuente: EFE.

El representante especial para Venezuela Elliot Abrams durante una rueda de prensa el 20DIC19

Diario Las Américas

El gobierno de EEUU sostuvo reuniones de trabajo en Washington con voceros de la alianza partidista que da cuerpo al “gobierno Guaidó” durante la tercera semana de diciembre.

En Washington confluyeron líderes de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Entre los interlocutores estadounidenses se encontraron el representante especial para Venezuela Elliot Abrams y el encargado de Negocios de EEUU para Venezuela James B. Story. Interrogado por una corresponsal del New York Times en una rueda de prensa el 20DIC19 sobre la presencia de los venezolanos en Washington, Abrams dijo que “no vamos a hablar sobre las conversaciones que tenemos con los venezolanos. Desafortunadamente, no viven en un país libre”. En esa rueda de prensa ofrecida en el Departamento de Estado, Abrams aseguró que Juan Guaidó contaría con los votos necesarios para ser reelecto el 05ENE20 por la Asamblea Nacional como su Presidente y, en consecuencia, continuar ejerciendo como Presidente Encargado del poder Ejecutivo en Venezuela. 

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El asunto de quién ejerce la representación efectiva de Venezuela en las Naciones Unidas surgió nuevamente el 18DIC19 en el debate del organismo.

Ese día la Asamblea General consideró el informe de la Comisión de Credenciales de la Asamblea General 74 del año 2019 integrada por Barbados, Botsuana, China, Mauricio, Nepal, Rusia, San Marino, EEUU y Uruguay. La Comisión de Credenciales es la encargada, cada inicio de periodo de sesiones durante el mes de septiembre, de recibir las credenciales de los representantes de cada país miembro así como las posibles impugnaciones presentadas por terceros países. En caso de impugnaciones, la comisión debe presentarlas a la Asamblea General que sería el órgano que en última instancia decidiría sobre quienes representan legítimamente a un país. La Comisión aprobó sin votación su informe del año 2019 el 10DIC19 y el mismo fue aprobado sin votación en la sesión de la Asamblea General del 18DIC19. Dado que fue Nicolás Maduro quien presentó un listado de representantes ante la ONU y nunca fue impugnado por un tercer país, esa será la representación de Venezuela en ese organismo a menos que se produzca un cambio de gobierno antes del próximo mes de septiembre.

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En la sesión del 18DIC19, tras ya haber sido aprobado el informe de la Comisión, el representante de Perú tomó la palabra en nombre del Grupo de Lima y otros gobiernos de la región para manifestar que la adopción del informe “no debe interpretarse como un reconocimiento tácito del régimen de Nicolás Maduro” dado que los gobiernos en nombre de los cuales hablaba reconocen a Juan Guaidó como jefe del Ejecutivo venezolano. Por su parte, el representante de Finlandia, asumiendo la vocería de la Unión Europea, recordó que a los efectos europeos las elecciones en las cuales Maduro basa su gobierno “no fueron creíbles y carecieron de legitimidad democrática”. Diplomáticos de las dictaduras de Cuba, Irán, Siria y Nicaragua fueron los encargados de defender al régimen chavista en el debate. Las alas protectoras de Rusia y China y la mirada acomodaticia de una larga lista de dictaduras de todos los continentes sostienen en la ONU la presencia de Maduro.

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Apenas cuarenta y ocho horas después de la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, un emisario suyo viajó a Brasil para ratificar el altísimo interés del nuevo huésped de la Casa Rosada en tener activas relaciones con Jair Bolsonaro. 

El exvicepresidente argentino Daniel Scioli llegó el 12DIC19 a Brasilia para una audiencia con el vicepresidente y general Hamilton Mourão quien había estado en Buenos Aires representando a Bolsonaro en la ascensión de Fernández. Pese a las prisas del besamanos en la Casa Rosada, Fernández habría pedido a Mourão que llevara a Bolsonaro no sólo los protocolares saludos y agradecimientos sino el mensaje sobre la relevancia que le daba a aproximarse y trabajar en coordinación. Fernández le pidió a Mourão que recibieran en las próximas horas una visita de Scioli quien además de contar con buen tránsito en Brasilia ya había sido señalado como el próximo Embajador argentino ante Brasil.

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La reunión con Scioli fue autorizada por Bolsonaro pero se le advirtió que no sería recibido por el Presidente. Tampoco lo atendería el canciller Ernesto Araújo quien andaba de gira africana. Dos puntos quedaron patentes: el nuevo gobierno argentino tiene prisa en limar las gruesas asperezas con Bolsonaro y, el clan Bolsonaro incluyendo al canciller, se muestra reticente ante los avances del kirchnerista. Mourão transmitió buenas señales a Scioli sobre un inicial cambio de actitud de Bolsonaro ante Fernández. La nueva cancillería argentina procedió a solicitar el placet para Scioli el cual fue aprobado por Itamaraty, en un plazo rápido de veinticuatro horas, el 18DIC19 interpretado como una señal de distensión. Del Bolsonaro que amenazaba con romper relaciones con Argentina y expulsarla de Mercosur en caso de un triunfo kirchnerista, los nuevos gestos diplomáticos indican que se abren canales de contacto.

Fuentes consultadas en Brasil para esta columna, aseguran que tanto en la toma de posesión en Buenos Aires como en reuniones con emisarios de Fernández llegados a Brasilia, el alto gobierno brasileño recibió un preciso mensaje del presidente argentino. Fernández necesita el apoyo de Bolsonaro no sólo como socio comercial ante una inminente crisis económica argentina, sino como un apalancamiento político que le sirva para compensar el radicalismo de la “turma louca” de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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Todavía no está claro cómo operará el equilibrio en el interior de un gobierno argentino en el cual su Vicepresidenta tiene públicos y escritos actos fallidos en los cuales se autodenomina como “presidenta”. Fernández estará procurando sus propios apoyos externos.

El deseo de Alberto Fernández para tener a Bolsonaro en su lista telefónica tiene tres grandes enemigos. El clan Bolsonaro, los muchachos de Cristina y algunos altos cargos del gobierno de EEUU.

El clan Bolsonaro actúa ideológicamente y que rechaza al kirchnerismo por ser una extensión castrochavista. “Pragmatismo significa siempre que la derecha se acomode a los intereses de la izquierda” había tuiteado el canciller Araújo tras conocerse el triunfo de Fernández. En noviembre, sin Fernández haber tomado posesión, ya la Comisión de Política Exterior y Defensa de Diputados de Brasil aprobó una moción de repudio al argentino. Esa comisión es presidida por el diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo 03 del presidente Bolsonaro y uno de los principales actores internacionales del bolsonerismo. El príncipe brasileño y operador internacional bolsonerista Luiz Felipe de Orleans e Bragança fue el autor de la moción. Que el caso argentino lo esté manejando el vicepresidente Mourão, mal visto por el clan Bolsonaro, denota la distancia con la cual ese  grupo prefiere mantenerse del nuevo gobierno de Argentina.

El kirchnerismo de Cristina desde días antes de la toma de posesión comenzó a crear situaciones diplomáticas que obviamente trataban dar al traste con los esfuerzos de Fernández para contar con un alto representante brasileño en su juramentación. Colocar en los primeros lugares de la fila protocolar del besamanos al ministro Jorge Rodríguez quien representaba a Nicolás Maduro e, incluir a un enviado de Lula da Silva, fueron “travesuras” kirhneristas propias de su diplomacia de confrontación.

Y el tercer grupo que estará poco interesado en un amigamiento entre Fernández y Bolsonaro es uno que no por distante es menos relevante. El encargado del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mauricio Claver-Carone y el Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela Elliott Abrams, ambos en el mismo tono, han exigido a Fernández una clara definición sobre su posición ante la dictadura de Nicolás Maduro. El asunto ideológico, la diplomacia dicotómica, con Maduro o con Guaidó, son criterios que harían poco sostenible una relación pragmática como la que propone Fernández quien no pretender desconocer a Maduro.

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Fuentes castrenses brasileñas consultadas por el Informe Otálvora registran  preocupación militar por el potencial impacto que en Brasil pudiera tener una gran crisis económica argentina. Los sensores castrenses están disparados y el caso fue elevado a conocimiento de Jair Bolsonaro. El Ejército de Brasil debió crear en el 2018 una fuerza de tarea humanitaria para ejecutar la Operación Acogida. El propósito de esa acción sin precedentes en Brasil es recibir, atender, movilizar y relocalizar a varias centenas de miles de venezolanos que aún no paran de llegar. La crisis venezolana se les metió a los brasileños por el deshabitado y amazónico estado de Roraima. La crisis argentina podría llegar en forma de masiva migración por los estados sureños de Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. Ahora, cuarteles adentro, ya se estaría dando los primeros esbozos a una hipotética Operación Acogida para argentinos y que esta vez no tome por sorpresa a los brasileños. Brasil está alerta del impacto negativo que pudiera tener en la pujante economía de la región gaucha la presencia desordenada de argentinos empobrecidos.

Las evaluaciones militares se mantuvieron en secreto por varias semanas. El 17DIC19 Jair Bolsonaro desde su cuenta en Twitter, mediante un hilo de dos tuiteos, develó la óptica con la cual el gobierno de Brasil mira la coyuntura económica de Argentina. La línea argumental de Bolsonaro es sencilla: la situación en Venezuela impactó a Brasil (aumento de violencia, población en la calle, empeora salud y educación), Fernández comenzó a tomar medidas económicas que llevarán a su país a ser otra Venezuela, ergo debe esperarse el impacto sobre los estados fronterizos brasileños del sur.

Alberto Fernández confía que en Brasilia y Washington desvinculen su imagen de la de Cristina. Algunos en el alto gobierno brasileño estarían dispuestos a tenderle, por ahora, una mano a Fernández.

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Los mejores deseos para nuestros incontables lectores desperdigados por este ancho mundo. Felices Pascuas. Y nos vemos de nuevo en enero del inminente 2020.

@ecotalvora

La “asociación” entre la política y la criminalidad estructurada transnacional, en lo particular la del narcotráfico y lavado de dineros corruptos, que apela al terrorismo para inhibir a sus enemigos mediante la siembra del terror, es un fenómeno específico del siglo XXI. Es la consecuencia de la inevitable liquidez de las fronteras, más allá de que tal “asociación” y su holding cubano se hagan de enclaves que les aseguren la impunidad, mientras alcanzan a expandirse y dominar a nivel planetario.

No le basta o no es lo propio del ecosistema digital sobre el que se apuntala la “asociación” desafiar con la sola violencia a sus adversarios. Los cánones de la globalización la hacen cada vez más impertinente, en la medida misma en que las autopistas de la información le facilitan crear narrativas justificativas de su deshacer e instantáneamente. Así que, las armas que apuntalan a este proyecto de maldad absoluta, suerte de tecnología para la destrucción, son las de la manipulación política de las realidades. Apelan al clima global de desconfianzas e incertidumbres imperante, incrementado por los neologismos en boga: posverdad, pospolítica, posmodernidad, posliberalismo, posdemocracia.

Además, poder propulsar a través de las redes el reclamo airado e indignado de derechos como armas – no de los derechos humanos, que son todos y para todos, sino los de los diferentes, que pulverizan y siembran caos sin vocación de poder – les favorece. Quita la mirada sobre los actos criminales de la “asociación” y no arriesgan su poder real, salvo el de las entelequias de los Estados y gobernantes incómodos para esta, y les sirven para instrumentar su estrategia de disolución de los valores occidentales e imponer el relativismo.

En 1999, desde Venezuela se pacta la primera entente entre el narcotráfico – representado por las FARC – y la naciente revolución militar bolivariana. Luego, al requerirse de la sublimación del hecho, para asegurarlo en sus propósitos necrofílicos, se instala una narrativa apropiada al ecosistema global. Hugo Chávez se revela como el maestro de las ilusiones a la medida: “Yo mastico coca todos los días en la mañana y miren cómo estoy.

Evo [Morales, gobernante de Bolivia] me regaló, así como Fidel [Castro] me manda helados Copelia y muchas otras cosas que me llegan frecuentemente de La Habana; Evo me manda pasta de coca. Se las recomiendo, entonces, no es cocaína…”, afirma ante el mundo, públicamente, en acto oficial, en 2008. Banalizado el narcotráfico, llegado el 2009 e intentando blindar Mel Zelaya su dominio en Honduras como parte de la “asociación”, busca repetir la fórmula castro-chavista.

Provoca una constituyente “democrática” para quedarse en el poder eterna y democráticamente, lo que lo expulsa. Su caída arriesga a la “asociación”. Chávez y su Canciller Nicolás Maduro, junto a la gobernante argentina, Cristina Kirchner y el chileno José Miguel Insulza, secretario de la OEA, arman una intervención para reparar los daños. Honduras es el puente de oro de los negocios hacia el norte.

La intervención se frena, pero se impone la solución negociada, sugerida por otros presidentes de la región que prefieren distraerse con los árboles sin mirar al bosque. El diálogo es, al cabo, la gran ganancia de la “asociación”. Es reconocida como actor político y a su holding habanero se le consagra como la Meca de la Paz. Así, llegado el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, se pasa la página de la acusación de Álvaro Uribe contra Chávez por sus vínculos con el narcotráfico y como responsable de crímenes de lesa humanidad.

Pacta el primero con las FARC e invita a Porfirio Lobo, sucesor de Zelaya, para que se entienda con éste. Lobo, más tarde, pasará por el trago amargo de ver a su hijo involucrado en el narcotráfico, como parte de la “asociación”. Los muertos y el crimen por ajustes de cuentas, no obstante, se hacen exponenciales. Hay altos y bajos en la gerencia de la “asociación” que se le encomienda a Nicolás Maduro, siempre bajo los dictados del holding. Pero la guerra de narrativas, en las redes, tamiza lo peor y hace mudar las percepciones de la realidad.

Pasada una década, el mayor beneficiario del lavado de los dineros criminales, Lula da Silva, es puesto en libertad. La Kirchner, bajo cuyo mandato ingresa la “asociación” con sus dineros a la Argentina, sometida a juicio es electa vicepresidenta. Y al término, el protector de la mayor cadena de producción de cocaína, Evo Morales, miembro de la “asociación”, expulsado por la misma deriva de violencia popular que alimenta el buró diplomático de esta – el Grupo de Puebla – para diluir las acciones internacionales en contra de su más preciado enclave, la Venezuela de Maduro, es acogido con honores por Andrés Manuel López Obrador.

En suma, la cuestión es que mientras avanza la “asociación” y otra vez copa espacios desestabilizando a sus críticos, los europeos obvian la criminalidad transnacional y política para no dejar sin piso a su monserga antinorteamericana. Ser parte tácita de la “asociación”, a través de su mascarón de proa útil, el holding cubano, lo juzgan de preferible. Entre tanto, las víctimas son brizna de paja en el viento, letras muertas en los informes de la ONU.

@asdrubalaguiar

Julio De Vido, el ministro con más poder y quien manejó fondos millonarios durante las presidencias del matrimonio Kirchner, se entregó el miércoles a la justicia argentina luego de ser desaforado por el Congreso por supuesta corrupción.

Imágenes difundidas por medios de prensa locales mostraron a De Vido cuando ingresaba a los tribunales federales de la capital acompañado de su abogado. Minutos antes la Cámara de Diputados le había retirado la inmunidad parlamentaria al legislador y ex ministro de Planificación Federal durante las administraciones de Cristina Fernández (2007-2015) y su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007).

Sobre De Vido pesaban dos órdenes de detención por supuestos delitos de corrupción. Analistas y políticos no descuentan que el desarrollo de las causas contra el exministro podría terminar salpicando a Fernández y a empresarios beneficiados con distintas obras.

Un total de 176 diputados del oficialismo y la oposición votaron a favor del desafuero de De Vido, diputado del peronista Frente para la Victoria (FPV). En tanto, un legislador se abstuvo y no hubo ningún voto negativo. El desafuero de De Vido -quien rechaza las acusaciones en su contra- requería dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el recinto.

Fuerzas de la seguridad ingresaron después de la votación en la vivienda de De Vido en Buenos Aires mientras el exfuncionario se dirigía a los tribunales para quedar a disposición de la justicia, que dispondría su prisión preventiva. The Associated Press intentó obtener una declaración de los abogados del exministro sin éxito.

De la sesión legislativa no participó la inmensa mayoría de los diputados del FPV cuyas autoridades denunciaron una “cacería judicial” orquestada por el presidente Mauricio Macri en contra de miembros de esa fuerza fundada por los Kirchner. El diputado de FPV Rodolfo Tailhade afirmó que la sesión era “un circo” y apuntó contra los jueces federales que ordenaron la detención del exministro.

“No hay un ensañamiento” contra De Vido, dijo poco antes de votar por el desafuero el diputado oficialista Mario Negri. El legislador acusó al exministro de haber manejado durante 12 años fondos millonarios “con discrecionalidad”.

De Vido se relacionó políticamente con los Kirchner durante la década de 1990, cuando el expresidente fue gobernador de la sureña provincia de Santa Cruz y lo incluyó en su gabinete. Sus críticos lo consideran un símbolo de la corrupción a través del manejo de una caja de la que salieron millones de dólares para obras públicas durante los gobiernos de ambos mandatarios.

El juez Claudio Bonadío dictó el procesamiento del exfuncionario por supuesta defraudación a través de la importación de gas licuado, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de cerca de 7.000 millones de dólares.

En tanto, el juez Luis Rodríguez sospecha que el exfuncionario sería responsable de la malversación de fondos destinados a la modernización de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

De Vido afronta además un juicio por su supuesta responsabilidad en la muerte de 51 personas en el choque de un tren en 2012.

En julio el oficialismo no reunió los dos tercios necesarios para retirarle los fueros por “inhabilidad moral” al no contar con suficiente apoyo de opositores.

El desafuero del otrora todopoderoso funcionario se produjo en medio de la fuerte ofensiva de la justicia contra antiguos funcionarios de Fernández por supuestos actos de corrupción y pocos días después de que el oficialismo se alzara con una victoria en las elecciones legislativas, lo que supuso un espaldarazo político para Macri.

En esos comicios Fernández obtuvo una banca como senadora nacional, lo que le otorga inmunidad parlamentaria en las distintas causas judiciales en su contra en las que se ha declarado inocente.

Seguimiento en Runrun.es

El periodista Nelson Bocaranda, desde sus Runrunes, ha dado seguimiento al caso de De Vido y los negocios que lo vinculan a funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

• En 2010, una nota del diario El Clarín habló del fideicomiso entre Venezuela y Argentina en que se sospechaba el pago de “comisiones”, en el que estaría involucrado el ministro argentino

• El mismo año, Bocaranda detalló en una nota que los convenios firmados entre los gobiernos de Hugo Chávez y los de los dos Kirchner significaban más del 70% de los acuerdos alcanzados entre los dos países en toda su historia

• Argentina estuvo a punto de montar una planta nuclear para Venezuela pero el negocio se cayó
• Otros dos matrimonios (no solo el de los Kirchner) aparecen ligados a los dineros del cuestionado fideicomiso con Bandes, Pdvsa y un fondo fiduciario

• Investigacion argentina avanza y cada vez aparecen mas los rojos rojitos de PDVSA en el asunto de las coimas

• Más sobre los guisos entre Argentina y Venezuela
• Seguimiento a las radios de Belfort: sobre como apodan a De Vido «el murciélago» y sus mensajerías entre Chávez y los Kirchner
• Desde Argentina: “fueloil venezolano” trae más irregularidades entre gobierno de los Kirchner y Chávez
• Runrunes: el despido del embajador que le incomodaba a De Vido y Uberti, además de la intermediación del ministro con PDVSA

• Arroz argentino con soberano guiso que quieren ocultar desviando las culpas

• Lanata expone parte de los negocios de De Vido con rojos venezolanos

• Runrunes: De Vido y demás corruptos argentinos se postularon para legisladores en busca de la inmunidad parlamentaria

• Los Runrunes de Bocaranda de hoy 21.06.2016

• Escándalo en Argentina por corrupción kirchnerista en Venezuela

• Los Runrunes de Bocaranda de hoy 15.09.2016: BAJO – “…pon las tuyas en remojo”

• Investigan a empresario argentino que acumuló una fortuna en negocios con el gobierno de Venezuela

*Con información de AP

La «madre de las batallas» en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina arrojó la mayor sorpresa de la jornada: perdió Cristina Kirchner.

La expresidente había ganado las primarias de agosto por un pequeño margen y se lanzaba en la provincia donde más popularidad tiene: Buenos Aires, la más poblada y pobre del país.

Pero en la simbólica batalla bonaerense el contundente triunfo a nivel nacional de la coalición de gobierno, dirigida por Mauricio Macri, no fue la excepción.

Con más de un 98% de las mesas escrutadas, el candidato oficialista, Esteban Bullrich, obtuvo 42% de los votos, frente a 37% para Kirchner.

La exmandataria, sin embargo, se aseguró un escaño en el Congreso por los siguientes 6 años (entraban tres senadores por Buenos Aires) y tendrá plataforma y micrófono para hacer oposición.

En los próximos meses tendrá que enfrentar, en calidad de procesada, las diferentes causas que investigan corrupción durante su mandato.

El peronismo, que no está acostumbrado a hacer oposición, probó en estas elecciones que sigue siendo una fuerza política en Argentina, pero actualmente está divido y Kirchner es considerada el mayor factor división.

Con el respaldo electoral que recibió Macri, la oposición no kichnerista se ve más cerca de los acuerdos con el oficialismo que de respaldar una eventual candidatura de Kirchner en 2019.

En su discurso tras la derrota, Kirchner solo reconoció la derrota de manera implícita: «No nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Somos serios y no vamos a hacer un circo», dijo en una corta intervención, en la que se le vio sonriente.

La expresidenta resaltó que su nuevo partido, Unidad Ciudadana, obtuvo más votos a nivel nacional el domingo que en la primarias de agosto.

Kircher no se lanzó por un partido tradicionalmente peronista y algunos vaticinan que pueda ser apartada del movimiento político más histórico de Argentina.

Pero ella llamó el domingo a la unidad: «Creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerzas políticas de la oposición».

«Nos hemos enfrentado enfrentarnos a la más enorme concentración de poder de la que se tenga memoria desde el restablecimiento de la democracia», concluyó.

Cristina Kirchner: «Aunque muchos opositores se dedican a criticarnos más a nosotros que al Gobierno, nosotros no vamos a hacer lo mismo» pic.twitter.com/rtLLcSeRuj

— C5N (@C5N) 23 de octubre de 2017

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto (y ya por entonces presidente) de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía (esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos) a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa (un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera) que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes», afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. 

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente (hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial) se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido una mala noticia en los tribunales. A días del inicio de la feria judicial, el juez Julián Ercolini la procesó por la presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones, propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo.

El fallo incluyó también un embargo contra la expresidenta de 666 millones de dólares. El procesamiento implica que el juez ha encontrado motivos suficientes para iniciar un juicio contra Kirchner, un paso que le permitirá, de considerarlo necesario, impedir su salida del país y hasta dictarle la prisión preventiva.

El juez Ercolini investigará ahora una presunta cadena de responsabilidades que arranca en la expresidenta y desciende por toda la estructura oficial de obras públicas. Por eso el procesamiento no se ha limitado a Kirchner y alcanzó también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero, y al exsecretario de Obras Públicas José López. Este último está detenido desde que la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento en las afueras de Buenos Aires.

Este es el segundo procesamiento judicial contra Kirchner desde que dejó el poder el 10 de diciembre de 2015, pero es el primero vinculado a una causa por corrupción. En otra causa, la Justicia investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central. En esta, los fiscales denunciaron ante el juez que existió un “plan criminal” montado desde la Casa Rosada para favorecer a Austral Construcciones, una empresa que durante la gestión kirchnerista obtuvo contratos viales por unos 3.300 millones de dólares. Una auditoría de Vialidad Nacional realizada por el Gobierno de Mauricio Macri determinó el pago de sobreprecios de hasta 50% en algunas de esas obras, por un monto total de hasta 1.000 millones de dólares.

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La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri y a la justicia de ese país «cooperación especial» para investigar los negocios establecidos entre las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner y los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.Así lo reveló este sábado el diario Clarín, de Buenos Aires.

Desde Caracas se pidió formalmente toda la documentación e información disponible para precisar cuáles son los casos de corrupción en la relación bilateral y cuánto dinero se perdió en estos. Se estima que la cifra por este concepto es superior a los 10 mil millones de dólares.

La nota indica que hace algunas semanas, el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría se reunió con varios funcionarios del gobierno argentino, pero en particular con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, «a quien le pidieron que hiciera extensiva la carta con sus reclamos a jueces y legisladores en la Argentina».

«Aunque en Caracas afirman que hay un acuerdo con el macrismo para investigar la corrupción, en la Casa Rosada señalan que aún no hay nada y que, dada la delicada situación política de Venezuela, por ahora toman el pedido con pinzas. Al mismo tiempo, la justicia argentina mantiene planchadas las investigaciones sobre la decena de irregularidades que existen en los negocios con el chavismo entre 2003 y 2015», dice el reporte de Clarín.

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