EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE LA FISCALÍA ESPAÑOLA manifestó su posición partidaria de que sea extraditado a Venezuela Adrian Velásquez Figueroa, hombre que por mucho tiempo cumplió las funciones de ser el guardaespaldas al mando de la seguridad del fallecido Hugo Chávez.
Aunque durante este encuentro no se decidiría el futuro del exmilitar venezolano, las autoridades de España debatiría sobre su decisión de si entregar o no a Velásquez.
El hombre es solicitado por las autoridades de Venezuela por su presunta vinculación en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación de fondos, a través del bufete panameño Mossack Fonseca.
El abogado del edecán de Chávez, aseguró que existe un riesgo para la vida de la pareja Adrían Velásquez y de su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, quien también fue señalada por el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente Tarek William Saab, de haber incurrido en los mismos delitos.
La defensa de la pareja señaló que esto se trata de un caso “insólito”, porque las autoridades venezolanas que firman la orden de detención están sancionados por la Unión Europea, haciendo referencia a Saab y al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.
“Entregar a una persona a dos condenados por violar los derechos humanos sería una temeridad y además inconstitucional”, según el abogado.
El fiscal Carlos García Berro, alegó que “no basta con una merca alegación genérica de la situación de los derechos fundamentales de un país, se requiere una acreditación, aunque sea mínima, de cómo puede afectar a la persona reclamada”.
Para finalizar el abogado dijo que son “unánimes” los organismos internacionales que están observando con detenimiento la situación de los derechos humanos en Venezuela y que han iniciado investigaciones sobre las muertes, desapariciones y detenciones de ciudadanos que se han atrevido a manifestarse abiertamente en contra del gobierno de Maduro.
