Entre otras cosas piden prestaciones sociales justas y atención a problemas de salud
Cinco días en huelga de hambre llevan un grupo de pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes se apuestan frente a la entrada de la empresa para exigir sus derechos laborales tras ser ignorados por todas las instancias administrativas disponibles, tanto nacionales como internacionales.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar, Hugo Medina, explicó a TalCual que esta decisión de protesta extrema se tomó después de meses de intentos de comunicarse con autoridades de la estatal, funcionarios de instituciones nacionales y organismos internacionales.
«Lo que nos indujo a la huelga es que agotamos todas las vías administrativas que permite el ordenamiento jurídico venezolano y los pactos internacionales. Elevamos denuncias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero nunca recibimos respuesta», alertó.
Su insistencia le condujo a ser atendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el pasado 26 de enero. El funcionario prometió denunciar la situación e interpelar al Gobierno, pero ocho meses más tarde, no hay pronunciamiento sobre la situación que padecen cientos de pensionados de la CVG.
Los mecanismos nacionales tampoco han sido capaces de ofrecer intermediación o respuesta alguna, habiendo acudido ya a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República e incluso a la Vicepresidencia Ejecutiva, para recibir como respuesta el silencio administrativo que no es atípico en la administración de Nicolás Maduro.
La huelga, finalmente, recibió como respuesta un acercamiento por parte de las autoridades de la CVG. El mismo miércoles 16 de agosto, día en el que inició la protesta, el vicepresidente de la CVG, Alexis Rodríguez Cabello, pidió que levantaran la huelga y se comprometió a concederles una reunión una semana más tarde, pero se negó a firmar un acta que dejara documentado este pacto, por lo que los manifestantes decidieron continuar.
Medina afirma que no es la primera vez que creen en la palabra de la directiva de la compañía para luego ser ignorados, pues en abril sostuvieron un encuentro con el presidente Héctor Silva, quien no cumplió con la palabra prometida en aquel momento.
«El 5 de abril nos reunimos con el presidente Héctor Silva. Tras hacer los planteamientos quedó en que, 15 días después, él nos daría respuesta. No ha habido tal respuesta ¿Cómo confías en la palabra del vicepresidente si el presidente no cumplió con su palabra?», cuestionó.
El petitorio de los pensionados de la CVG
Las denuncias que ha elevado la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar desde hace meses se centra simplemente en el respeto de los derechos laborales que ya poseen estas personas, que han sido ignoradas por las autoridades pese a las décadas de servicio y trabajo para la compañía.
En primer lugar, solicitan una medida humanitaria que permita la habilitación de clínicas en las ciudades de Upata, San Félix, Puerto Órdaz y Ciudad Bolívar, para que los pensionados puedan atender sus problemas de salud.
La segunda solicitud consiste en alcanzar un acuerdo y una fórmula coherente para recalcular las prestaciones sociales que reciben los pensionados jubilados entre 2016 y 2023, destruidas por la devaluación del bolívar y el incumplimiento de compromisos laborales por parte de la CVG.
Una de las trabas para este recálculo recae en la CVG, que dejó de entregar recibos de pagos a sus trabajadores desde hace cinco años, por lo que los empleados de la compañía desconocen cuáles son sus deducciones, bonos nocturnos, horas extra y todos los datos relativos a sus remuneraciones, sin los cuales es imposible hacer un cálculo adecuado.
«Necesitamos sentarnos en una mesa a hacer revisiones exhaustivas para hacer el ajuste para cada pensionado. La remuneración debe corresponder a lo que gana su homólogo activo dentro de la planta», señaló Medina.
Por otra parte, se exige una actualización en lo que respecta a las acciones clase B de Sidor que poseen más de 5.8000 trabajadores. Pese a que la mayoría desea venderlas, no tienen ninguna información sobre el estado de la empresa ni el valor de cada activo, por lo que es imposible colocarlas en el mercado, contraviniendo las responsabilidades de una empresa con sus accionistas.
«No se les permite saber cuánto produjo la empresa al año. Discutimos con Rodríguez Cabello y nos preguntaba cuál es el valor de las acciones, pero esa información la tiene la CVG. Solicitamos que se instale una mesa conciliatoria para dilucidar lo que tiene que ver con la venta de las acciones», propuso.
La estatal se escuda con que también desconoce la información relativa a las acciones, pues la gerente de recursos humanos de la compañía notificó a los trabajadores que ese «material» fue decomisado por la Policía Nacional contra la Corrupción como parte de la investigación a la empresa en el marco de la trama de corrupción «Pdvsa Cripto».
Finalmente, Medina destacó que también piden el respeto de la pensión de sobreviviente, una compensación que se otorga a familiares de un trabajador fallecido, según contempla la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).
«Producto de la desnutrición, los trabajadores vienen feneciendo y las empresas no reconocen la pensión de sobreviviente a viudas y viudos», explicó.
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