Carlos Nieto

CARLOS NIETO, DIRECTOR DE LA ONG Una Ventana a la Libertad, aseguró que los derechos humanos fundamentales de los adolescentes privados de libertad son transgredidos en distintos niveles. Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad en el 2016, distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país.

99% de los centros de detención preventiva monitoreados no cuenta con áreas especiales para albergar menores de edad, por lo que un total de 182 adolescentes permanecen junto con los adultos y son expuestos a presenciar hechos violentos y a contagio de enfermedades.

Esta situación resulta contradictoria al paradigma de la protección integral y vulnera el contenido del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 549 de la Lopnna, que establece que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas, a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad.

Aseguró que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes. Los jóvenes que son privados de libertad son sometidos a prácticas utilizadas por el Estado venezolano, que no se encuentran en armonía con los enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que figuran aislamiento, adiestramiento militar de orden cerrado, adoctrinamiento ideológico basado en socialismo y trato degradante.

De los trescientos treinta y ocho presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total de 15 adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo. A los menores de edad se les prohíben las visitas de defensores y familiares, se les obliga hacer ejercicios forzados, a cohabitar con presos comunes y mayores de edad, han recibido golpes en la cabeza y maltrato verbal, violando la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37 que reza: «los adolescentes privados de libertad, no serán sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

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La existencia en Venezuela de una Defensoría del Pueblo u Ombudsman, como se le conoce en algunos países, fue el sueño de muchos de los defensores y organizaciones de derechos humanos que hacíamos vida activa dentro de los derechos humanos en Venezuela aunque sería injusto negarle los méritos de Gustavo Briceño Vivas, presidente del Capítulo Venezolano Ombudsman, quien sino fue el primero está entre los primeros en escribir y teorizar sobre la figura del Ombudsman, los primeros libros que tenemos del tema son de su autoría. Las organizaciones de derechos humanos y defensores también nos activamos en una cruzada por la creación de la Defensoría del Pueblo y se formó una unión de organizaciones que se denominó Alianza Social por la Justicia y la Paz donde al menos 20 participaron y que, además de buscar la reforma constitucional en materia de justicia, estaba la creación de la Defensoría del Pueblo.

Se organizaron eventos en el país donde participaron defensores del pueblo de los países andinos y algunos de Latinoamérica. La búsqueda de tener una Defensoría del Pueblo gracias a todo este trabajo de la Alianza Social por la Justicia y la Paz fue bien recibida por la colectividad.

Luego vino la Asamblea Nacional Constituyente a principios de 1999 y comenzó el trabajo de lobby con los constituyentes para plantearles nuestra propuesta y convencerlos de que en un país democrático esto era una necesidad. La Asamblea Nacional Constituyente creó una Comisión de Derechos Humanos, entre las muchas que se crearon, y nombró como su presidente a Tarek William Saab (actual defensor del pueblo) y vicepresidente a Vladimir Villegas, ambos con una reconocida trayectoria en derechos humanos y por supuesto aliados en la creación de la Defensoría del Pueblo.

La propuesta finalmente aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente le dio partida de nacimiento a esta figura a la que aspiraban muchos durante muchos años, sobre todo el movimiento de derechos humanos. Quedó plasmada en el artículo 280. “La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Hemos tenido cuatro defensores del pueblo, incluyendo al actual. La primera fue Dilia Parra Guillén, gran conocedora de los derechos humanos, pupila de uno de los más grandes defensores de derechos humanos que hemos tenido, el padre Luis María Olaso, toda una veterana en el tema y a quien no le temblaba el pulso a la hora de actuar ante violaciones a los derechos humanos. Tal vez por eso solo duro un año en su cargo, tanta eficiencia no era conveniente. Dilia una mujer recia, dura, sin miedo a los retos, se encargó de formar y construir la Defensoría; a ella le debemos lo poco que tenemos de esta institución. Comenzó en una oficinita en ruinas en La Candelaria pero rodeada de un equipo lleno de mística de trabajo; no tenía presupuesto, así que todos trabajaban sin cobrar hasta que el presupuesto apareciera. Con Fogade consiguió el edificio de la Plaza Morelos, donde hoy funciona la Defensoría de Caracas, y al salir del cargo estaba tramitando ya las oficinas donde hoy es la sede principal, en el edificio del Banco Latino.

Entre los años 2000-2007 fue Germán Mundarain, que era abogado bancario. De su gestión son muy pocas las cosas que podamos decir. Se dedicó más a hacer política que otra cosa; de hecho, de la Defensoría salió a ser embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra.

De 2007 a 2013 le tocó a Gabriela del Mar Ramírez, cuyo mérito principal fue haber destruido lo poco que se había hecho en la Defensoría y convertirla en una sucursal del PSUV.

Ahora y hasta 2021 es Tarek William Saab, abogado, defensor de derechos humanos desde que lo conozco, conocedor del tema a plenitud. Fuimos compañeros del posgrado de derechos humanos en la UCV y conoce del tema. Su gran reto es limpiar la casa, que se la dejaron bien sucia, pero con seguridad saldrá bien parado si pone por encima de su opinión política la defensa de los derechos humanos.

IPYS Venezuela

El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), intimidó y mencionó por segunda vez en menos de cuatro meses  a varios activistas de Derechos Humanos en su programa Con el mazo dando, transmitido los días miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal. Cabello afirmó que se planea presentar un informe en contra de su programa en la  audiencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en marzo de 2015. Acusó a la periodista Mariengracia Chirinos de liderar la investigación del mencionado informe en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Como ya es costumbre en el programa del presidente del Parlamento, la intimidación se hizo por medio de la lectura de las cartas de los llamados “Patriotas cooperantes”. Así como ocurrió en el mes de noviembre de 2014, “Patriota Mundo” quien suministró la información en una carta leída por Cabello en la que se mencionó a Marco Ponce (Observatorio Venezolano de Conflcitividad  Social),  Rafael Uzcátegui (PROVEA), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos de la Ucab), Carlos Nieto (Una Ventana para la Libertad), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (COFAVC). Estos activistas fueron señalados por el parlamentario por formar parte de una representación que presuntamente irá a denunciar violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Los temas que trataran en la audiencia son los siguientes: la supuesta persecución e intimidación de los defensores de los DDHH por parte de Diosdado Cabello, la denuncia a la asociación de Patriotas Cooperantes, como coparticipes de violaciones de Derechos Humanos y miembros de un estado policial, ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, leyó el presidente de la AN.

Lea la nota completa en el siguiente enlace: Diosdado Cabello acusa e intimida a periodistas y activistas de DDHH