Guaidó resaltó que «la dictadura de Nicolás Maduro» miente en relación a las realidad del covid-19 en Venezuela.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una entrevista al programa La Tarde de NTN24 en la que destacó que no firmó ningún documento, como afirmó Clíver Alcalá, en el que supuestamente autorizaba actividades militares para desestabilizar al régimen de Maduro. 

El mayor general Cliver Alcalá es uno de los exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro que recibió cargos de narcotráfico por la justicia estadounidense. Alcalá se entregó a las autoridades colombianas, país en el que residía, y ahora está en Estados Unidos bajo custodia de la DEA.

El mandatario interino, ante las acusaciones de Alcalá, destacó que no conoce de ninguna conspiración de militares contra el régimen. “De lo que sí tengo información es del descontento en la Fuerza Armada. Creo que es evidente producto de la crisis en Venezuela”, afirmó.

«La dictadura ha ocultado cifras”

Sobre las cifras que el régimen de Nicolás Maduro ha dado sobre los casos de covid-19 en el país, las cuales son 129 contagiados y tres muertos, Guaidó aseguró que Maduro miente al respecto.  «La dictadura ha ocultado cifras. Acaban de anunciar un tercer muerto que, según ellos, presentaba síntomas desde el 29 de febrero, y ellos anunciaron el primer caso la segunda semana de marzo. Están ocultando información desde el principio».

El mandatario interino reveló que: “nosotros el 19 de marzo, con una información interna de un ministerio, ya anunciaban 200 casos para ese momento. Lamentablemente hacerle seguimiento a esto ha sido muy complejo producto de la persecución. Han optado el esquema totalitario de ocultarle la información a los venezolanos, por lo que el observatorio que montamos se ha ido afianzando en buscar información”.

Fuente: NTN24.

El régimen de Maduro no ha cumplido con las sentencias emanadas por el organismo

La organización no gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos, Cofavic aseguró a través de su cuenta de Twitter que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tiene plena competencia para ingresar a Venezuela y entrevistar a las víctimas”, dado que el régimen de Maduro no ha cumplido con las sentencias emanadas por el organismo.

Cabe recordar que la administración de Maduro dijo esta semana que la CIDH no está autorizada a entrar al país, sin embargo, Cofavic menciona que “negar el ingreso a #Venezuela de la @cidh es negar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia y alentar la impunidad”.

De igual forma, resalta que la CIDH debería contar “con todas las facilidades” para realizar su visita al país.

8 La CIDH debería contar con todas la facilidades para realizar su visita in loco. La No Repetición de violaciones a los derechos humanos en Venezuela requiere su acceso directo al testimonio de las víctimas.#CIDHenVzla

— COFAVIC (@COFAVIC) February 1, 2020

Aseguró que seguirá cumpliendo sus funciones como el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Freddy Superlano se manifestó sobre el posible pronunciamiento del ser el nuevo embajador de Venezuela en Colombia designado por el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, por lo que aclaró que es falso.

Asimismo, aseguró que seguirá cumpliendo sus funciones como el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento para tratar el tema de las investigaciones y denuncias «contra el mayor desfalco que se ha hecho en la historia reciente».

El pasado martes en la noche Guaidó anunció la destitución de Humberto Calderón Berti como representante de Venezuela en Colombia, esto trajo como resultado que Superlano comenzara a sonar por las redes sociales como la persona que podría ocupar el cargo, por lo que expresó que existe la «desinformación y noticias falsas».

Aseguró que el régimen de Nicolás Maduro lo único que desea es mantener la “zozobra” y aprovechó para hacer un llamado para prevenir la continuidad de la matriz de opinión y que él considera que es mentira.

EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Richard Blanco, exhortó a la comunidad internacional y en especial al embajador de Venezuela en Estados Unidos que exija el ingreso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Venezuela.

Según el parlamentario en una entrevista para Infobae, en Venezuela existen carteles de droga que impiden una salida a la crisis del país. 

“Le pedimos al mundo que nos ayuden. Le hemos pedido a nuestro embajador en EEUU que les diga que nosotros necesitamos que la DEA ingrese a Venezuela para que se lleve a los sinvergüenzas, a los delincuentes, a estos narcotraficantes”, dijo Blanco.

Además, enfatizó que “no podemos seguir esperando que la gente se nos siga muriendo de hambre”, por lo que considera importante “agilizar el paso”.

“Yo creo que haciendo una autocrítica nosotros debemos agilizar el paso. Creo que ahí está la respuesta, debemos adelantar. Necesitábamos activar estos mecanismos y creo que hemos sido un poco lentos y la autocrítica no puede en ningún momento molestar absolutamente nadie”, resaltó.

La Asamblea Nacional Constituyente, de Nicolás Maduro, allanó la inmunidad parlamentaria de Richard Blanco en mayo del presente año, por lo que el diputado se fue al exilio por las trochas que se encuentran en la frontera con Colombia.

El parlamentario actualmente se encuentra en Argentina.

El general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, llegará en las próximas horas a Colombia para abordar las estrategias de seguridad ante posibles amenazas en la región.

Caracol Radio pudo conocer que el motivo de la visita del alto oficial es fortalecer los lazos de amistad con Colombia, entrevistarse con la nueva cúpula militar y de Policía y revisar temas fronterizos.

Stammer llegará a Bogotá en medio de la tensión que ha generado la crisis política en Venezuela y las declaraciones del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, quien llamó a los militares a apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado.

LA OFICINA DEL COMISIONADO de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe  (CBPC) confirmó oficialmente que Barquisimeto no será la sede de la Serie del Caribe 2019. El evento se celebrará en una sede alterna emergente, del 4 al 9 de febrero.

La decisión se tomó con el apoyo de los miembros de la Confederación y el voto en contra de la LVBP.

En una nota de prensa, la CBPC enumeró los argumentos para retirarle la sede a Barquisimeto:

1. De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo Nacional de Venezuela, en estos momentos se está viviendo una situación en donde están presentes circunstancias de “Usurpación de Poderes”, Actos de Enemigo Extranjero, Hostilidades y Golpe de Estado, hechos que escapan al control o influencia tanto de LVBP como del Comité Organizador, responsables ante la CBPC de la organización del evento.

2. El Ejecutivo Nacional de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual representa una imposibilidad material de obtener visas de entrada a Venezuela para los ciudadanos estadounidenses que forman parte de la mayoría de los equipos eventualmente participantes.

3. Las recomendaciones qué oficialmente realizó Major League Baseball a sus peloteros afiliados, para no permanecer en territorio venezolano, compromete la presencia de una gran mayoría de los jugadores integrantes de los equipos eventualmente participantes.

LA ONG OBSERVATORIO VENEZOLANO de Prisiones (OVP) responabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por la muerte de casi 70 reos en marzo pasado cuando se incendiaron los calabozos de una comisaría de esa región.

«Después de toda esta investigación (…) hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio por acción y por omisión. Hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, un tal (Rafael) Lacava y la ministra de asuntos penitenciarios», dijo el director del OVP, Humberto Prado.

Prado, que se encontraba acompañado de varios familiares de los fallecidos presentando un informe sobre lo sucedido, señaló que muchos de los presos no debían encontrarse en ese lugar debido a que tenían que haber sido trasladados a cárceles porque ya estaban condenados, y según dijo, eso es responsabilidad del Estado.

El director del OVP señaló asimismo que no son 68 muertes como aseguró la Fiscalía sino 69, pues en días posteriores murió una persona más como consecuencia de este hecho.

Denunció también una dilación en el caso de los funcionarios imputados por el suceso. Sostuvo que la audiencia ha sido diferida en cinco oportunidades.

«Hoy se están cumpliendo más de siete meses de esos hechos y hasta la presente fecha lo que tenemos son cinco personas imputadas», dijo Prado al tiempo que señaló que los familiares aún se encuentran esperando justicia y que se impute a un funcionario de nombre José Aldana que aseguran disparó contra los reos.

En el informe el OVP relata el testimonio de 21 familiares de los fallecidos en el evento que califican de «masacre», pues indican que la policía inició el hecho cuando «le quitaron la vida a una mujer» que presuntamente estaba embarazada, aunque la Fiscalía ha negado que hubiese una dama en estado de gestación.

Según realatan en un vídeo dos personas no identificadas que aseguran ser sobrevivientes del suceso, los hechos empezaron cuando los policías intentaron hacer una requisa dentro de los calabozos donde había dos mujeres visitantes y las hirieron con perdigones.

«Esta es una de las masacres más violentas que ha habido en Venezuela (…) se trata de que le cerraron la puerta para asesinar a 69 presos», dijo Prado tras presentar el vídeo en rueda de prensa.

Prado señaló también que hoy enviarían el informe -que consta de 80 paginas con imágenes, fotos, 21 entrevistas a familiares, la lista de los 69 fallecidos, artículos de prensa- a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque asegura «no hay una investigación» sino una imputación.

El OVP además pidió al Estado una «investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos», que permita una «exhumación de los cadáveres» y autopsias por organismos ajenos a entes gubernamentales, que se investigue al funcionario Aldana, y que se indemnice a los familiares por los daños morales y materiales.

Los familiares denunciaron además haber sufrido supuestas amenazas por parte de funcionarios policiales para que no ofrezcan testimonios, pues muchos de ellos se encontraban a las afueras de la comisaría cuando sucedió el incendio.

CARLOS NIETO, DIRECTOR DE LA ONG Una Ventana a la Libertad, aseguró que los derechos humanos fundamentales de los adolescentes privados de libertad son transgredidos en distintos niveles. Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad en el 2016, distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país.

99% de los centros de detención preventiva monitoreados no cuenta con áreas especiales para albergar menores de edad, por lo que un total de 182 adolescentes permanecen junto con los adultos y son expuestos a presenciar hechos violentos y a contagio de enfermedades.

Esta situación resulta contradictoria al paradigma de la protección integral y vulnera el contenido del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 549 de la Lopnna, que establece que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas, a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad.

Aseguró que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes. Los jóvenes que son privados de libertad son sometidos a prácticas utilizadas por el Estado venezolano, que no se encuentran en armonía con los enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que figuran aislamiento, adiestramiento militar de orden cerrado, adoctrinamiento ideológico basado en socialismo y trato degradante.

De los trescientos treinta y ocho presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total de 15 adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo. A los menores de edad se les prohíben las visitas de defensores y familiares, se les obliga hacer ejercicios forzados, a cohabitar con presos comunes y mayores de edad, han recibido golpes en la cabeza y maltrato verbal, violando la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37 que reza: «los adolescentes privados de libertad, no serán sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

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