CARLOS NIETO, DIRECTOR DE LA ONG Una Ventana a la Libertad, aseguró que los derechos humanos fundamentales de los adolescentes privados de libertad son transgredidos en distintos niveles. Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad en el 2016, distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país.
99% de los centros de detención preventiva monitoreados no cuenta con áreas especiales para albergar menores de edad, por lo que un total de 182 adolescentes permanecen junto con los adultos y son expuestos a presenciar hechos violentos y a contagio de enfermedades.
Esta situación resulta contradictoria al paradigma de la protección integral y vulnera el contenido del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 549 de la Lopnna, que establece que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas, a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad.
Aseguró que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes. Los jóvenes que son privados de libertad son sometidos a prácticas utilizadas por el Estado venezolano, que no se encuentran en armonía con los enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que figuran aislamiento, adiestramiento militar de orden cerrado, adoctrinamiento ideológico basado en socialismo y trato degradante.
De los trescientos treinta y ocho presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total de 15 adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo. A los menores de edad se les prohíben las visitas de defensores y familiares, se les obliga hacer ejercicios forzados, a cohabitar con presos comunes y mayores de edad, han recibido golpes en la cabeza y maltrato verbal, violando la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37 que reza: «los adolescentes privados de libertad, no serán sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
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