El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó este viernes, mediante un comunicado, que seis meses después de la masacre de Amazonas, ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General de la República hayan iniciado las investigaciones correspondientes en torno a los hechos en los que murieron 39 presos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
Los sucesos, que ocurrieron el pasado 16 de agosto, fueron tratados oficialmente como una intervención militar y policial en la que participaron cientos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. Sin embargo, un informe elaborado por OVP concluyó que en tal operación no se hubo intentos de negociar con los privados de libertad para que entregaran sus armas, ni tampoco se agotaron los mecanismos alternativos al uso de la fuerza.
El mismo reporte del Observatorio apuntó que la masacre se perpetró con armas de guerra, ya que los uniformados ingresaron al retén con fusiles R15 y Kalashnikov, además de granadas, bombas lacrimógenas y aturdidoras, y otros explosivos no identificados. Además, dispararon contra la población carcelaria desde un helicóptero y utilizaron una tanqueta de la GNB durante el ataque.
La ONG afirmó que, pese a que la política penitenciaria tiene un discurso aparentemente «humanista», la negación de los derechos humanos tanto a los internos como a sus familiares se ha convertido en una constante.
«Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos, ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales, no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad», indica el documento hecho a seis meses de la masacre.
A continuación, el comunicado completo:
A seis meses de la Masacre de Amazonas
El 16 de agosto de 2017, 39 presos resultaron asesinados luego de la intervención de fuerzas militares y policiales en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas. Testimonios brindados por sobrevivientes han confirmado que la mayoría de los reclusos fueron ejecutados.
A la fecha ni la Defensoria del Pueblo ni la Fiscalía han dado muestras de tener voluntad política de investigar la masacre y establecer responsabilidades de autores materiales e intelectuales.
Los familiares acompañados por el Observatorio Venezolano de Prisiones han solicitado en reiteradas oportunidades a las dos instituciones que se adelanten las investigaciones. Al igual como ha ocurrido con otras masacres como la de Vista Hermosa, El Rodeo y Uribana para nombrar solo tres de varias perpetradas, en la de Amazonas pareciera existir la misma disposición a no castigar a nadie por los homicidios realizados.
Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad.
Día tras día se evidencia el fracaso de una política penitenciaria que tiene su fundamento en un discurso aparentemente humanista, pero que en realidad se caracteriza por la indolencia, la arbitrariedad y la negación constante de los derechos humanos tanto a los reclusos y sus familiares victimas de constante maltrato.
En lo que va de año se ha realizado varias protestas por parte de internos de distintos recintos penitenciarios. En todos los casos han denunciado maltrato por parte de las autoridades, muy mala alimentación y prácticamente ninguna asistencia de salud. Los familiares igualmente vienen denunciando los reiterados maltratos a los cuales están sometidos.
La última protesta realizada en la cárcel de Tocuyito, donde lamentablemente los presos tomaron como rehenes a presos políticos y personal administrativo del penal, expresa la situación de angustia y desespero a la cual han llevado a los presos que terminan afectando a otros presos.
Llamamos igualmente la atención sobre la grave situación de las personas que se encuentran en los centros de detención preventiva, una situación que cada vez empeora. Son muy graves los problemas de alimentación, salud y hacinamiento existentes. Recordemos que durante 2017 se reportó la muerte por desnutrición de ocho presos.
Las exigencias que vienen realizando los presos en los últimos meses en los centros penitenciarios y los recintos de detención preventiva no se diferencian en mucho de las exigencias que mantenían los privados de libertad en el Centro de Detención Amazonas antes de la masacre.
Los meses pasan y la situación carcelaria empeora. Insiste el gobierno en seguir aplicando las mismas políticas que han fracasado. La militarización de los centros penitenciarios imponiendo regímenes cerrados pensando que el asunto fundamental es una disciplina forzada sigue desviando la atención en problemas como alimentación, salud, trabajo y otros aspectos claves obligación del Estado venezolano.
Se incrementan las denuncias de los presos de las torturas y otros malos tratos que se practican en los recintos penitenciarios. Aumentan las denuncias de los familiares de los malos tratos que reciben.
El gobierno debe cesar en su política de abuso contra los presos y sus familiares. Debe incrementar el presupuesto para garantizar alimentación. Ubicar los privados de libertad en centro de reclusión cerca de los tribunales que los procesan. Coordinar con el Poder Judicial para reducir el retardo procesal e implementar políticas para combatir el ocio y garantizar que los presos puedan estudiar, trabajar y realizar actividades deportivas varias.
Debe desarrollar una política urgente para descongestionar los centros de detención preventiva y atender los graves problemas de alimentación existente que continúan reportando en lo que va de año, presos muertos por desnutrición y por falta de atención médica.
Los reclamos de los presos deben escucharse. Los reclamos de los familiares también. No es represión lo que requieren los presos, necesitan adecuadas políticas penitenciarias donde el eje sea la dignidad de las personas.
