EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORDENÓ LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES en todos los planteles educativos del país desde el 4 hasta el 10 de diciembre por la elección de los concejos municipales del 9 de diciembre.

Mediante una circular con fecha del lunes 19 de noviembre, el titular de ese despacho, Aristóbulo Istúriz, se dirige a los representantes de los distintos órganos del Ministerio de Educación “en atención a la necesidad de adecuar el calendario escolar al cronograma de actividades, dictado por el Consejo Nacional Electoral”.

“A todas las directoras y los directores de las zonas educativas, personal docente con funciones de Dirección y supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Educación y todas las comunidades y Consejos Educativos de las instituciones educativas, en atención a la necesidad de adecuar el calendario escolar al cronograma de actividades, dictado por el Consejo Nacional Electoral, correspondiente a la celebración del proceso Elecciones Concejos  Municipales 2018, y que se llevará cabo el día 9 de diciembre del año en curso, se instruye que: Las actividades escolares serán suspendidas en todos los planteles educativos del territorio nacional, a partir del martes 4 de diciembre hasta el días lunes 10 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive”, refiere el documento firmado por Istúriz.

@LuisiSolano

Tres «considerando», cinco páginas  y siete artículos. Así está conformada la nueva normativa que contiene el acuerdo entre asociaciones de educación privada y el gobierno de Nicolás Maduro para calcular la matrícula escolar: la resolución 27.

La resolución 27 fue firmada el pasado 3 de octubre. Por el gobierno, estuvieron presentes el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz -reenganchado después de 11 años y varios cargos públicos- y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Por las escuelas privadas los representantes de cuatro cámaras que agrupan unas 5.000 instituciones de todo el país: la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).

Esta resolución, que fue publicada el jueves 15 de octubre, poco más de un mes después del inicio del año escolar 2018-2019, preocupa a los padres y representantes de las escuelas privadas y a la comunidad educativa por varios motivos. Entre otras cosas, les quitaría la posibilidad de decidir directamente sobre el pago del colegio de sus hijos, además de presentar otras trancas que entorpecen el funcionamientos de las instituciones educativas.

Citando el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica implementado por el gobierno desde agosto, la resolución introduce una nueva fórmula para el cálculo de la matrícula, en la que por un lado están los materiales, insumos educativos y costos indirectos; y por otro los gastos de personal docente, obrero y administrativo.

Estos elementos de costos ahora se deben sumar por separado y dividirse entre el número de estudiantes del colegio. En el caso de los gastos de personal, a la nómina mensual de cada plantel se le restará el subsidio que otorga el Estado por los tres meses establecidos. Estos dos resultados se sumarán y el total será lo correspondiente a la matrícula.

Según explicó el ministro Istúriz, los montos que resulten de la aplicación de dicha fórmula deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes. El ministro de Comercio Nacional, Willian Contreras, también aseguró que “es una negociación, no imposición de precios, tratamos de no romper con los criterios de la resolución 114, agregando unos lineamientos para que los padres defiendan los derechos de sus hijos”.

Sin embargo, en el artículo 4, punto 4.1, de esta nueva resolución sólo estipula que el plantel debe “declarar” los costos de la nómina del personal docente, administrativo, obrero y directivo ante los padres y representantes. No menciona en ningún momento que la matrícula debe ser decidida y aprobada en Asamblea de Padres y Representantes, como sí está estipulado en la resolución 114, vigente desde julio del 2014.

La resolución 114, diseñada cuando cuando Héctor Rodríguez era ministro de Educación, establece que para fijar el valor de las mensualidades, la directiva de cada colegio debe presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos del presupuesto del año escolar siguiente para que pueda, luego de haber realizado un estudio económico, autorizar el monto a cobrar.

Para lidiar con estas diferencias, algunos colegios han decidido apegarse a ambas normativas. Es el caso de uno de los colegios más reconocidos de Caracas, ubicados hacia el este de la ciudad. A pesar de haber planificado y aprobado todo lo correspondiente a este año escolar en julio, realizó otra reunión de padres y representes a mediados de octubre para presentar – y posteriormente aprobar con un quórum de 80% y una aprobación de 99% – el presupuesto y la mensualidad resultante de la nueva fórmula estipulada por el ministerio.

Más restricciones

Sin embargo, esta posibilidad – o no – de que los padres elijan sobre el presupuesto del colegios de sus hijos, es solo una de las preocupaciones que genera la resolución 27. Tulio Ramírez, presidente de la Asamblea de Educación y director de doctorado en la educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, coinciden en varias.

La primera es toda la información que pide el estado, tanto del personal como de sus alumnos, a través de esta resolución. En el artículo 1 obligan al personal de la institución a inscribirse en el sistema Patria para poder recibir el subsidio del Estado que no está estipulado en la fórmula original. Mientras que el artículo 4, punto 4.2, solicita al plantel presentar ante Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) una lista completa y detallada de los alumnos y el personal.

El punto 4.2 dice: “Deberán declarar antes lo padres, madres y representantes y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) la cantidad de alumnos (matrícula escolar) y la cantidad de personal docente, administrativo, obrero y directivo que posee el plantel educativo y presentar una lista detallada del personal y estudiantes”.

Ramírez asegura que se trataría de una táctica de “chantaje y control político” al referirse al registro en la base de datos gubernamental pues “eso supondría que le den el carnet de la patria a una persona que quizá no tenía pensado sacárselo”.

«No nos pidan a nosotros que violemos el derecho a la privacidad de nuestra familias pidiendo que mandemos esa información a un órgano que no tiene que ver con eso», señala Vega, al tratar el tema de la Sundde, agregando que representaría una carga más para la institución.

Otro punto que también resaltan los representantes de la Asamblea de Educación y la Red de Madres, Padres y Representantes, es la desmejora salarial del personal de la institución educativa al señalar, en su artículo 5, que en “ningún caso excederá el tabulador aplicable por el Ministerio del Poder Popular para la Educación”.

Ramírez asegura que tras la reconversión monetaria, las tablas que maneja el Ministerio ya traen una reducción del salario pues recientemente pasó ser de Bs. 3.200 a aproximadamente a Bs. 2.500, una disminución del 22%.

A principios de septiembre el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó la tabla salarial para los empleados de la administración pública nacional. Aunque para la fecha no se a oficializado, en ese momento se reportó que el personal administrativo bachiller percibirá un máximo de Bs. 2.160. Apenas Bs. 360 bolívares más que el salario mínimo (Bs.1.800).

Vega asegura que esta situación podría poner en peligro la estabilidad del personal en la institución, que en algunos casos lograba mejorar los sueldos estipulados por el ministerio y presentar otros beneficios para así garantizar su permanencia.

La otra preocupación también está relacionada con limitaciones presupuestarias, pues en el artículo 4, puntos 4.7 y 5, establece que los costos directos e indirectos no relacionados con el personal no pueden exceder 30% del costo total del servicio y que los gastos de personal no pueden exceder 70% de la estructura de costos.

Al respecto, Ramírez asegura que la resolución no toma en cuenta el ritmo de la hiperinflación, que se ubicaría en 233,3% solo en septiembre, según la Asamblea Nacional. Además de perjudicar a los colegios más pequeños, pues según la fórmula, que no considera viable , recaería una mayor responsabilidad de pago por alumno. “Los gastos aumentan, los alumnos no”.

Expone que en esta nueva fórmula, también quedan por fuera otro tipo de actividades académicas importantes para la educación que cada institución desee brindarle a sus alumnos, y que van más allá de una reparación o el pago de un servicio, como lo puede ser la planificación de un viaje de campo.

Más allá del texto, Ramírez y Vega indican que, y a pesar de lo que dice el gobierno, a la hora de firmar la resolución faltaba una de las patas de la mesa: la de los padres, representantes y responsables de los estudiantes. Las asociaciones y cámaras presentes el 3 de octubre solo encarnaba a los dueños de los colegios.

La Red de Madres, Padres y Representantes está inscrito en el Ministerio de Educación para ser consultado por este tipo de asuntos.

Cabe destacar que esta resolución es obligatoria y en su artículo 7 establece que su incumplimiento será sancionado según la Ley de Precios Acordados, la Ley de Precios Justos y la Ley de Educación.

No es la primera vez

Esta no sería la primera vez que el gobierno ha buscado influir en el sistema educativo privado de alguna manera.

La resolución 27 es publicada poco más de un mes – 4 de septiembre – de que Aristóbulo Istúriz regresara al Ministerio de Educación en sustitución de Elías Jaua, quien se desempeñaba como titular del despacho desde enero de 2017.

Durante estos 19 años años de chavismo, han pasado 10 gestiones distintas por el despacho del Ministerio de Educación, dirigidas por 8 ministros distintos. Solo han repetido Héctor Navarro e Istúriz, quien ha sido el que más ha durado en el cargo.

Uno de los primero episodios que recuerda Vega ocurrió en 2005, cuando Istúriz anunció que sería el gobierno quien decidiría las matrículas de todos los colegios. Tal fue la reacción de los padres y representantes, agrega, que para el siguiente año escolar Istúriz anunció que serían ellos quienes decidiera sobre el colegio de sus hijos, pero el Estado colocaría un techo máximo, que no podían exceder.

«Nos restituyó nuestro derecho de elegir en asamblea. Un derecho encorsetado, pero nosotros decidíamos”, afirma Vega.

Otro episodio ocurrió con la resolución 058, publicada en 2012, pero no fue hasta 2014, cuando en se realizó una consulta educativa nacional y la mayoría de los instituciones empezaron a ponerla en práctica, que apareció en el debate público. Esta resolución crea los consejos educativos, quienes, en la práctica, adquirían el poder de decisión que poseían las sociedades de padres y representantes, similar a la sustitución de las asociaciones de vecinos por los consejos comunales.

También destaca precisamente la resolución 114, en el año 2014, que establece la fijación de una estructura de costos similar a la resolución 27, pero le da el ministerio la atribución de decidir cualquier monto cuando la Asamblea Escolar Extraordinaria no pudiese constituirse por falta de quórum o que ésta no haya logrado un acuerdo para fijar dichos montos.

Ramírez señala que más allá de la coincidencia del regreso de Istúriz al ministerio y la aparición de esta resolución, estas diez gestiones se han encargado de entorpecer la educación privada, cada uno con un ángulo distinto, pero todo bajo cinco ejes de acción: el proyecto educativo, ideologización, control de los docentes, control de los estudiantes y la escuela como punta de lanza de la revolución.

“La resolución (27) forma parte de una política que ha venido sosteniendo el gobierno a través del ministerio para hacer inviable la gestión privada en educación en este país”, sentencia el presidente de la Asamblea de Educación.

Se muestra esperanzado al señalar que ha sido la resistencia civil la que ha impedido “ese intento de imponer esa política en materia educativa” y sea a través de la misma la que impida la implementación.

Alguien, a modo de burla o de alerta, colgó en Twitter que habían designado ministro de Educación a un repitiente. De inmediato, como es ley, aparecieron burlas, insultos, incurias, panegíricos, más mofas y hasta una foto de la normativa sobre los repitientes y las sanciones que se les aplican. El nuevo-viejo-reincidente es Aristóbulo Istúriz, quien en su periplo como empleado del Estado ha cubierto todas las instancias, con la excepción de guardaespaldas.

Es la segunda vez que ocupa el despacho de la esquina de Salas y uno recuerda el día que no bajó por el ascensor ministerial sino por el de los empleados, ese que se para en todos los pisos, con sus macundales en una cajita de cartón y con la vista fija en el piso. Adán Chávez estaba juramentándose en Miraflores y quería que la oficina, sobre todo el escritorio, estuviera limpia al llegar, sin adornos y contratos a medio firmar.

En los tiempos de la democracia, Aristóbulo era bien simpático y entrador. No se quedaba callado ante la injusticia y siempre tenía una sonrisa franca. Flaco y sin lujos indumentarios, pasaba por un soñador, un perseguidor de utopías radicalizado. Su vida política antes de La Causa R, el PPT y el PSUV tuvo visos de leyenda urbana. Estuvo en AD y en el MEP. De vez en cuando aparecía en los conflictos de los educadores por mejores sueldos –unos pocos– y por motivos políticos –todos los demás–. Fue cabecilla en la división del movimiento magisterial, que perdió su fuerza para reclamar y el poder de convocatoria.

Su vida académica, igualmente, está llena de mitos. Aunque en el currículo aparece que se graduó de maestro en el Instituto Experimental de Formación Docente y como profesor de Historia y Ciencias Sociales en el Instituto Pedagógico de Caracas, todo dicen que su verdadera especialidad es la educación física. Ciertamente, casi nadie lo reconoce como su maestro, dio pocas clases. Sin haberse terminado el escrutinio, se plantó un par de días con un piquete de seguidores frente al CNE para que le entregaran la Alcaldía de Caracas y, por esos inexplicables e inexcusables acuerdos de la clase política, la democracia cedió y Aristóbulo ocupó con María Cristina Iglesias el gobierno de Caracas.

Su gestión también fue de leyenda, acabó con el Mercado al por Mayor de Coche y cientos de honrados comerciantes quebraron, al tiempo que se fortalecieron las mafias detrás del negocio de los alimentos, sean hortalizas o harina de maíz. Obvio, en su crecimiento político se sumó al proceso bolivariano, aunque tuvo algunos tropiezos que, así es la dialéctica, incrementaron su popularidad con falsos rasgos de independencia frente a lo que se veía venir. Sin pensarlo ni medir consecuencias, quizás le quedaba algo de la franqueza de los muchachos de Alfredo Maneiro, dijo con su particular entonación de curiepeño que Chávez se había fumado una lumpia. Hasta ahí.

Su ostracismo fue corto. Fue perdonado y volvió a los cargos públicos. Sigue siendo un tesista del doctorado de Planificación y Desarrollo del Cendes, pero fue hasta vicepresidente ejecutivo de la República y gobernador tipo virrey en el oriente del país. Todavía no se ha declarado afro-venezolano, una a su favor, pero empezó a engordar, a arrugar el entrecejo, a regañar a la audiencia, a actuar sin fingimientos y con sonrisas fingidas. Mientras, aparecían y se iban rumores sobre yates y negocios de variado entramado. Ya no era el ex alcalde que conducía por el centro de Caracas su carro baratón sin aire acondicionado, reluciente de choques y falto de pintura.

Once años después vuelve a la esquina de Salas, al último piso del Ministerio de Educación, con sus grandes ventanales hacia el sur de Caracas, con la torre del Banco Central a pocos pasos, con los certificados de los lingoticos de oro que ofrecen a los venezolanos para que ahorren, aunque reciben un salario único e insuficiente para adquirir la cesta básica de 50 productos. La gran sonrisa no la perdió del todo, sí la franqueza y la llaneza de gente de Barlovento. Vendo molino dando vueltas y sin rueda de piedra.

MEDIO

ROJOPINTAS:

La violación de los derechos a la progresividad de los beneficios laborales, a la Constitución Nacional y a los convenios con la Organización Internacional del Trabajo queda demostrada con la medida, populista, de igualarnos a todos con un salario de 1.800 Soberanos como lo denunció la Federación de Trabajadores Públicos. Igualar para abajo es un retroceso y con ello reiteran aquel enunciado de que mientras mas pobres estemos mas controlados nos pueden tener…La salida de Elías José Jaua Milano del ministerio de Educación sorprendió a muchos. Un hombre de plena confianza de Cuba siendo la figura mas importante del Frente Francisco de Miranda (la ortodoxia cubana es la que allí manda)y que ha ocupado, además,  en estos veinte años los ministerios de Exteriores, Agricultura, Economía, Secretario de la Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva. Su imagen acompañado de su segundón Juan Carlos Loyo -quien lo reemplazó en Agricultura estando al frente en tres oportunidades- con revolver al cinto expropiando haciendas productivas y arrasando con todo lo cultivado desde plátanos hasta ganado no se nos olvida tras el desastre que incluye la expropiación y saqueo de Agroisleña, hoy la quebrada AgroPatria. El hecho es que Maduro supo, a través de sus espías de confianza, que Jaua venía hablando mal del gobierno y de él, coincidiendo con una creciente lista de exministros y funcionarios rojo-rojitos que vienen renegando de las acciones mas recientes…El regreso de Aristóbulo al ministerio -donde estuvo seis años bajo Chávez- es para profundizar la ideologización y las comunas e ir acabando con lo poco que queda de la educación privada aseguran los maestros “socialistas” que lo conocen. Las escuelas importan como punto de penetración, con la igualdad hacia abajo y el mismo sueldo para todos sin la meritocracia necesaria como está en el “Plan de la Patria”. Por cierto, que bajo el mando de Jaua se acabó el Plan de Alimentación y ahora que la educación privada entró en crisis se encontrarán con una educación pública con toda la infraestructura deteriorada, con menos maestros y alumnos. Revisando los cambios de ministros en este despacho nos da un promedio de permanencia de 20 meses en el cargo en estas dos décadas rojas. Los guisos comprobados en esos ejercicios nunca fueron investigados por órdenes superiores. Desde seguros hasta comida, pasando por las obras y adquisición de materiales e impresión de libros.  Así es que se gobierna. ¿O no?  …

El ministro para las comunas y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Aristóbulo Istúriz, confesó que el modelo petrolero en Venezuela está agotado, por lo que el gobierno planea «construir un nuevo modelo productivo» con base en el petro.

“Tenemos que entender que se agotó el sistema rentista petrolero de Venezuela, pero superaremos esta guerra económica muy pronto. Por eso yo tengo fe y esperanza en la criptomoneda lanzada por el presidente Maduro”, dijo Istúriz en el programa José Vicente Hoy, transmitido en el canal de noticias Televen.

Istúriz también aseguró que con el diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, la convocatoria adelantada a elecciones presidenciales y el lanzamiento del Petro «se inicio la ofensiva política y al mismo tiempo hay un cuarto elemento que es llamado a debatir del Plan de la Patria, para discutir, frente a una victoria electoral, cómo fortalecerlo de 2019 a 2025”.

Asimismo, aseguró que el diálogo ha cobrado mucho peso porque se está dando en momentos en que se espera que el Petro solucione los problemas económicos del país. “Otra salida es el llamado a elecciones presidenciales que son un respiradero, el Petro es una expectativa positiva al igual que el diálogo y el anuncio de políticas sociales masivas”, como la gran cantidad de bonos que ha decretado el gobierno de Nicolás Maduro.

*Con información de Unión Radio y La Patilla

Desde las irregularidades que marcaron su nacimiento hasta su compulsión por aprobar leyes exprés, pasando por la fuga de talento chavista. La ANC sigue acumulando méritos para ser rechazada por las democracias del mundo entero

@pppenaloza

PLENIPOTENCIARIA PERO, A LA VEZ, disminuida. Sin lograr zafarse de la etiqueta de “fraudulenta”, la asamblea nacional constituyente no se ha convertido en el gran foro del debate nacional ni ha ofrecido respuestas efectivas a la crisis económica que sufre el país, tal como lo prometió el presidente Nicolás Maduro.

Su última decisión de adelantar los comicios presidenciales, dándole una patada al proceso de negociación de República Dominicana, ha generado una condena unánime. Además de reafirmar la “carencia de legitimidad y legalidad de los actos emanados” de la Constituyente, el Grupo de Lima – conformado por 14 gobierno del continente- señaló que la convocatoria “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”.

En un tono similar se expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que mediante un comunicado “rechaza enérgicamente el llamado de la asamblea constituyente ilegítima de Venezuela para elecciones anticipadas antes del 30 de abril”.

Utilizada por el chavismo como un arma para manipular el cronograma electoral a su antojo, agudizar la persecución política y terminar de sepultar al Parlamento, la constituyente arrastra una falla de origen que ha ido agravándose con su desempeño. A continuación, se destacan tres desviaciones –o strikes- que condenan a este foro que es repudiado por las democracias de Occidente:

1.- La Constituyente es un árbol que nació torcido. Pasando por encima de la Carta Magna, el régimen chavista la impuso sin consultar la opinión del pueblo en referendo y luego convocó a unas elecciones que –en palabras del rector Luis Emilio Rondón – no respetaban “la proporcionalidad, la universalidad del voto ni la personalización del sufragio”. Si la celebración de esos comicios estuvo plagada de irregularidades, con menos auditorías, utilizando subregistros inventados y atentando contra el principio elemental de “1 elector, 1 voto”, la publicación de sus resultados terminó por empañar todo el proceso luego de que Smartmatic denunciara la “manipulación” de los datos finales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. Por todos estos hechos, la oposición y la comunidad internacional desconocen a la Constituyente y la consideran “fraudulenta” e “ilegítima”.

2.- A diferencia de la Asamblea Constituyente de Chávez, la de Maduro ha tenido varias aves de paso. En 1999, todos querían formar parte de la institución que redactaría la nueva Carta Magna y sentaría las bases para la construcción de la Venezuela del futuro. Ahora, destacadas figuras del chavismo ya partieron de ese foro y el tiempo no les alcanzó ni siquiera para calentar la silla. Así se han marchado Héctor Rodríguez, Carmen Meléndez, Víctor Clark, Miguel Rodríguez, Iris Varela y Aristóbulo Istúriz para instalarse en gobernaciones y ministerios. Jheyson Guzmán se separó para competir por la gobernación del estado Mérida y regresó tras ser derrotado. La directiva de 1999 mantuvo su composición durante todo el ejercicio, con el presidente Luis Miquilena, el primer vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, y el segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez. En esta ocasión, la excanciller Delcy Rodríguez ocupó la silla del difunto Miquilena y, en principio, también fue escoltada por Istúriz y Rodríguez, pero a las pocas semanas los veteranos dirigentes fueron reemplazados por Tania Díaz y Elvis Amoroso. Integrada por centenares de desconocidos, la constituyente ha ido perdiendo a sus figuras más relevantes.

3.- El artículo 347 de la Carta Magna señala que la Constituyente tiene como fines “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Hasta la fecha, nadie conoce ningún proyecto de texto fundamental, pero la constituyente ya ha aprobado una serie de “leyes constitucionales” como la tristemente célebre “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Las normas en cuestión comparten dos características: todas provienen del palacio de Miraflores y son aprobadas de un solo golpe, por vía rápida. En el caso de las leyes sancionadas por el Parlamento, la Constitución vigente establece que “todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes”, y que el segundo debate se “realizará artículo por artículo”. La constituyente omite todo este procedimiento, se desentiende de la consulta popular, aprueba las leyes en una sola discusión general y luego la gente se entera de su contenido cuando salen publicadas en Gaceta Oficial.

En su sesión del jueves, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela designó a Ramón Lobo como nuevo presidente del Banco Central.

Lobo, quien además es ministro de Economía y Finanzas, reemplazará a Ricardo Sanguino, el cual fue designado por Nicolás Maduro como presidente del BVC en enero de este año.

En otro movimiento, la plenaria juramentó a Aristóbulo Istúriz y Elvis Amoroso como primer vicepresidente y segundo vicepresidente, respectivamente.

Iztúriz abandonó temporalmente su responsabilidad frente a la ANC para aspirar la gobernación de Anzoátegui, la cual fue ganada por Antonio Barreto Sira.

Aunque la designación del directorio del BCV corresponde a la Asamblea Nacional según la vigente Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en abril del año pasado donde endosó la responsabilidad de Maduro, quien a su vez se subordinó a la ANC.

MEDIANTE UN SEGUIMIENTO NO EXHAUSTIVO a las cuentas en la red social Twitter de los candidatos de los distintos partidos políticos entre el 31 de agosto y el 11 de octubre, Transparencia Venezuela detectó numerosas faltas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) por parte de los aspirantes, en especial, referidas al uso de fondos públicos y proselitismo activo de funcionarios del Estado.

El equipo de Transparencia Venezuela se centró en cinco tipos de incidencias, entre las que se encuentran el uso de recursos públicos, propaganda anticipada, influencia de funcionario, organismo públicos realizando campaña y el uso de niños para favorecer a un candidato. Se detectaron al menos 206 faltas en el periodo mencionado.

Los resultados generales de esta aproximación revelan al menos 27 casos de usos de recursos públicos por parte de aspirantes del PSUV. También se contabilizó que los candidatos del partido oficial tuvieron el apoyo de organismos públicos en sus campañas en otros 44 casos, mientras que otras 27 incidencias tuvieron que ver con la influencia de altos funcionarios en los actos de campaña de partidarios del presidente Nicolás Maduro.

Se registraron 32 casos de propaganda anticipada en la que estuvieron involucrados los postulados por el PSUV, mientras que en este renglón los aspirantes de la MUD aparecen con 21 incidencias.

Hubo 19 casos en los que candidatos del partido de gobierno mostraron la presencia de niños, mientras que en el bando opositor se contabilizaron 6.

Margaud Godoy, aspirante por el PSUV a la Gobernación de Cojedes registró el mayor número de incidencias, 13 en total,en relación a las citadas faltas previstas en la LOPE, mientras que Miguel Rodríguez, postulado para llevar las riendas del estado Amazonas, fue el primero que activó la propaganda, cuando el lapso para tal fin no había iniciado.

La ex ministra de la Defensa y parlamentaria, Carmen Meléndez (Lara) registró 11  incidencias referidas al uso de recursos de la nación, mientras que el candidato Aristóbulo Istúriz (Anzoátegui), reciente integrante de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, acumuló el mismo número de excesos relacionados a propaganda electoral anticipada y al uso de fondos públicos. Víctor Clark (Falcón), además de incurrir en propaganda electoral anticipada,  evidenció en su campaña apoyo de organismos públicos, acumulando también un total de 11 incidencias.

Al candidato Rafael Lacava (Carabobo), particularmente activo en su red social Twitter, se le contabilizaron 10 faltas a la ley electoral relacionadas con el apoyo de organismos públicos a la promoción de su postulación.

Bernabé Gutiérrez, quien compite por la Gobernación de Amazonas, es el candidato de la MUD que aparece con más incidencias, 7 en total, por propaganda anticipada e influencia de funcionario público.

A manera de ayuda, se listan algunas irregularidades que deben ser denunciadas: