@LuisiSolano

Tres «considerando», cinco páginas  y siete artículos. Así está conformada la nueva normativa que contiene el acuerdo entre asociaciones de educación privada y el gobierno de Nicolás Maduro para calcular la matrícula escolar: la resolución 27.

La resolución 27 fue firmada el pasado 3 de octubre. Por el gobierno, estuvieron presentes el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz -reenganchado después de 11 años y varios cargos públicos- y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Por las escuelas privadas los representantes de cuatro cámaras que agrupan unas 5.000 instituciones de todo el país: la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).

Esta resolución, que fue publicada el jueves 15 de octubre, poco más de un mes después del inicio del año escolar 2018-2019, preocupa a los padres y representantes de las escuelas privadas y a la comunidad educativa por varios motivos. Entre otras cosas, les quitaría la posibilidad de decidir directamente sobre el pago del colegio de sus hijos, además de presentar otras trancas que entorpecen el funcionamientos de las instituciones educativas.

Citando el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica implementado por el gobierno desde agosto, la resolución introduce una nueva fórmula para el cálculo de la matrícula, en la que por un lado están los materiales, insumos educativos y costos indirectos; y por otro los gastos de personal docente, obrero y administrativo.

Estos elementos de costos ahora se deben sumar por separado y dividirse entre el número de estudiantes del colegio. En el caso de los gastos de personal, a la nómina mensual de cada plantel se le restará el subsidio que otorga el Estado por los tres meses establecidos. Estos dos resultados se sumarán y el total será lo correspondiente a la matrícula.

Según explicó el ministro Istúriz, los montos que resulten de la aplicación de dicha fórmula deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes. El ministro de Comercio Nacional, Willian Contreras, también aseguró que “es una negociación, no imposición de precios, tratamos de no romper con los criterios de la resolución 114, agregando unos lineamientos para que los padres defiendan los derechos de sus hijos”.

Sin embargo, en el artículo 4, punto 4.1, de esta nueva resolución sólo estipula que el plantel debe “declarar” los costos de la nómina del personal docente, administrativo, obrero y directivo ante los padres y representantes. No menciona en ningún momento que la matrícula debe ser decidida y aprobada en Asamblea de Padres y Representantes, como sí está estipulado en la resolución 114, vigente desde julio del 2014.

La resolución 114, diseñada cuando cuando Héctor Rodríguez era ministro de Educación, establece que para fijar el valor de las mensualidades, la directiva de cada colegio debe presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos del presupuesto del año escolar siguiente para que pueda, luego de haber realizado un estudio económico, autorizar el monto a cobrar.

Para lidiar con estas diferencias, algunos colegios han decidido apegarse a ambas normativas. Es el caso de uno de los colegios más reconocidos de Caracas, ubicados hacia el este de la ciudad. A pesar de haber planificado y aprobado todo lo correspondiente a este año escolar en julio, realizó otra reunión de padres y representes a mediados de octubre para presentar – y posteriormente aprobar con un quórum de 80% y una aprobación de 99% – el presupuesto y la mensualidad resultante de la nueva fórmula estipulada por el ministerio.

Más restricciones

Sin embargo, esta posibilidad – o no – de que los padres elijan sobre el presupuesto del colegios de sus hijos, es solo una de las preocupaciones que genera la resolución 27. Tulio Ramírez, presidente de la Asamblea de Educación y director de doctorado en la educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, coinciden en varias.

La primera es toda la información que pide el estado, tanto del personal como de sus alumnos, a través de esta resolución. En el artículo 1 obligan al personal de la institución a inscribirse en el sistema Patria para poder recibir el subsidio del Estado que no está estipulado en la fórmula original. Mientras que el artículo 4, punto 4.2, solicita al plantel presentar ante Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) una lista completa y detallada de los alumnos y el personal.

El punto 4.2 dice: “Deberán declarar antes lo padres, madres y representantes y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) la cantidad de alumnos (matrícula escolar) y la cantidad de personal docente, administrativo, obrero y directivo que posee el plantel educativo y presentar una lista detallada del personal y estudiantes”.

Ramírez asegura que se trataría de una táctica de “chantaje y control político” al referirse al registro en la base de datos gubernamental pues “eso supondría que le den el carnet de la patria a una persona que quizá no tenía pensado sacárselo”.

«No nos pidan a nosotros que violemos el derecho a la privacidad de nuestra familias pidiendo que mandemos esa información a un órgano que no tiene que ver con eso», señala Vega, al tratar el tema de la Sundde, agregando que representaría una carga más para la institución.

Otro punto que también resaltan los representantes de la Asamblea de Educación y la Red de Madres, Padres y Representantes, es la desmejora salarial del personal de la institución educativa al señalar, en su artículo 5, que en “ningún caso excederá el tabulador aplicable por el Ministerio del Poder Popular para la Educación”.

Ramírez asegura que tras la reconversión monetaria, las tablas que maneja el Ministerio ya traen una reducción del salario pues recientemente pasó ser de Bs. 3.200 a aproximadamente a Bs. 2.500, una disminución del 22%.

A principios de septiembre el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó la tabla salarial para los empleados de la administración pública nacional. Aunque para la fecha no se a oficializado, en ese momento se reportó que el personal administrativo bachiller percibirá un máximo de Bs. 2.160. Apenas Bs. 360 bolívares más que el salario mínimo (Bs.1.800).

Vega asegura que esta situación podría poner en peligro la estabilidad del personal en la institución, que en algunos casos lograba mejorar los sueldos estipulados por el ministerio y presentar otros beneficios para así garantizar su permanencia.

La otra preocupación también está relacionada con limitaciones presupuestarias, pues en el artículo 4, puntos 4.7 y 5, establece que los costos directos e indirectos no relacionados con el personal no pueden exceder 30% del costo total del servicio y que los gastos de personal no pueden exceder 70% de la estructura de costos.

Al respecto, Ramírez asegura que la resolución no toma en cuenta el ritmo de la hiperinflación, que se ubicaría en 233,3% solo en septiembre, según la Asamblea Nacional. Además de perjudicar a los colegios más pequeños, pues según la fórmula, que no considera viable , recaería una mayor responsabilidad de pago por alumno. “Los gastos aumentan, los alumnos no”.

Expone que en esta nueva fórmula, también quedan por fuera otro tipo de actividades académicas importantes para la educación que cada institución desee brindarle a sus alumnos, y que van más allá de una reparación o el pago de un servicio, como lo puede ser la planificación de un viaje de campo.

Más allá del texto, Ramírez y Vega indican que, y a pesar de lo que dice el gobierno, a la hora de firmar la resolución faltaba una de las patas de la mesa: la de los padres, representantes y responsables de los estudiantes. Las asociaciones y cámaras presentes el 3 de octubre solo encarnaba a los dueños de los colegios.

La Red de Madres, Padres y Representantes está inscrito en el Ministerio de Educación para ser consultado por este tipo de asuntos.

Cabe destacar que esta resolución es obligatoria y en su artículo 7 establece que su incumplimiento será sancionado según la Ley de Precios Acordados, la Ley de Precios Justos y la Ley de Educación.

No es la primera vez

Esta no sería la primera vez que el gobierno ha buscado influir en el sistema educativo privado de alguna manera.

La resolución 27 es publicada poco más de un mes – 4 de septiembre – de que Aristóbulo Istúriz regresara al Ministerio de Educación en sustitución de Elías Jaua, quien se desempeñaba como titular del despacho desde enero de 2017.

Durante estos 19 años años de chavismo, han pasado 10 gestiones distintas por el despacho del Ministerio de Educación, dirigidas por 8 ministros distintos. Solo han repetido Héctor Navarro e Istúriz, quien ha sido el que más ha durado en el cargo.

Uno de los primero episodios que recuerda Vega ocurrió en 2005, cuando Istúriz anunció que sería el gobierno quien decidiría las matrículas de todos los colegios. Tal fue la reacción de los padres y representantes, agrega, que para el siguiente año escolar Istúriz anunció que serían ellos quienes decidiera sobre el colegio de sus hijos, pero el Estado colocaría un techo máximo, que no podían exceder.

«Nos restituyó nuestro derecho de elegir en asamblea. Un derecho encorsetado, pero nosotros decidíamos”, afirma Vega.

Otro episodio ocurrió con la resolución 058, publicada en 2012, pero no fue hasta 2014, cuando en se realizó una consulta educativa nacional y la mayoría de los instituciones empezaron a ponerla en práctica, que apareció en el debate público. Esta resolución crea los consejos educativos, quienes, en la práctica, adquirían el poder de decisión que poseían las sociedades de padres y representantes, similar a la sustitución de las asociaciones de vecinos por los consejos comunales.

También destaca precisamente la resolución 114, en el año 2014, que establece la fijación de una estructura de costos similar a la resolución 27, pero le da el ministerio la atribución de decidir cualquier monto cuando la Asamblea Escolar Extraordinaria no pudiese constituirse por falta de quórum o que ésta no haya logrado un acuerdo para fijar dichos montos.

Ramírez señala que más allá de la coincidencia del regreso de Istúriz al ministerio y la aparición de esta resolución, estas diez gestiones se han encargado de entorpecer la educación privada, cada uno con un ángulo distinto, pero todo bajo cinco ejes de acción: el proyecto educativo, ideologización, control de los docentes, control de los estudiantes y la escuela como punta de lanza de la revolución.

“La resolución (27) forma parte de una política que ha venido sosteniendo el gobierno a través del ministerio para hacer inviable la gestión privada en educación en este país”, sentencia el presidente de la Asamblea de Educación.

Se muestra esperanzado al señalar que ha sido la resistencia civil la que ha impedido “ese intento de imponer esa política en materia educativa” y sea a través de la misma la que impida la implementación.