¿Hay razones para renovar el decreto de Obama?

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El presidente Barack Obama decidió ampliar por un año la vigencia de su decreto en la que declaró una emergencia nacional sobre Venezuela. Según la Casa Blanca, la situación en Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”.

El decreto del año pasado exacerbó la confrontación estadounidense con el gobierno de Nicolás Maduro y le sirvió a éste a montar toda una tramoya, un espectáculo, recogiendo firmas para que “Obama anule ese decreto”. Las firmas fueron llevadas a Panamá a la reunión de presidentes en la Cumbre de las Américas donde nunca fueron entregadas. En esa ocasión Maduro pretendió montar un show con las firmas pero el plan fue dejado de lado ya que la gran noticia en la reunión presidencial fue el encuentro del presidente Barack Obama con el presidente de Cuba Raúl Castro.

Varios de los señalados en el Decreto fueron ascendidos en cargos públicos.

Los desencuentros verbales con Estados Unidos prosiguieron todo el año 2015 hasta que en junio se celebró un encuentro en Puerto Príncipe, Haití, auspiciado por el presidente de ese país Michelle Martely entre el alto diplomático del Departamento de Estado Tom Shannon y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello acompañado por la canciller Delcy Eloina Rodríguez y quien funge de encargado de la embajada venezolana en Washington Maximiliem Arbeláiz, un venezolano-francés que ha servido de emisario entre Washington y Caracas. Éste funcionario ha confesado en la intimidad que el gobierno de Maduro no le hace caso y no lo escuchan. Arbeláiz quien venía de ser embajador en Brasil quería coronar su fugaz y ascendente carrera diplomática -que comenzó de la mano del temible Temir Porras en Paris- como embajador “ante el imperio gringo”.

Cansado de las promesas hechas en las diferentes reuniones entre los representantes de Venezuela y Estados Unidos y en los que la Casa Blanca exigía cambios en la política venezolana en referencia a los problemas planteados en el decreto original, no le quedó otro recurso que mantener la vigencia del decreto.

Las razones principales: incumplimiento de las promesas en referencia al libre ejercicio de la democracia, de la libertad de expresión, del control de la violencia contra opositores y de combatir la desenfrenada corrupción de los funcionarios civiles y militares del gobierno de Maduro. A eso se añaden los juicios y prisión de varios dirigentes políticos sin que se les haya permitido presentar pruebas y descargos a su favor.

Pensando que con la reunión en Puerto Príncipe las cosas iban a cambiar se dejó un compás de espera en el Norte. Tras las elecciones del 6D donde una vasta mayoría de los venezolanos rechazó el modelo socialista y corrupto del gobierno de Maduro los ojos del mundo se posaron en Venezuela. Estados Unidos envió mensajes de felicitación por el respeto a la democracia en las elecciones venezolanas. Días después comenzaron los cuestionamientos al régimen de Maduro tras las acciones que desde la agónica Asamblea en manos del PSUV se desataron en contra del triunfo opositor.

Alertas tras los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ataques a los demócratas a las afueras del Capitolio Federal el 5E y más recientemente, el pasado lunes, con la Sentencia #9 del TSJ desconociendo las atribuciones de la Asamblea Nacional fijadas en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Casa Blanca decidió renovar el controversial decreto del año pasado.

Si bien es cierto que el año pasado se sancionó a 7 funcionarios civiles y militares del gobierno venezolano y este año no lo hicieron, es bueno advertir que ya hay una lista de funcionarios actuales que podrían ser señalados en cualquier momento.

La presencia en suelo norteamericano de más de una docena de “patriotas cooperantes” han permitido “mapear” propiedades y fortunas provenientes de corrupción, lavado de dinero y hasta tráfico de estupefacientes.

Promesas fallidas del gobierno incluyen cese de acoso a opositores, respeto al Estado de Derecho en tribunales y fiscalías, cese de persecuciones y represión violenta por parte de organismos de seguridad del gobierno y colectivos armados contra opositores desarmados, guerra frontal contra el narcotráfico y detención de sus traficantes, detección y/o detención de vuelos originados en territorio venezolano cargados de droga así como el cierre de alguno campamentos guerrilleros colombianos en el territorio nacional.

Todo esto indicaría que ya no creen en los ofrecimientos del gobierno venezolano. Casualmente hoy se anunció la compra por parte de PDVSA  de dos tanqueros con petróleo WTI a empresas de EE.UU.

 

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HACE UN AÑO, MARZO 2015

La orden ejecutiva emitida por el Presidente Obama se enfoca en aquellos funcionarios o empleados del gobierno de Venezuela que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:

– Acciones o políticas que debiliten los procesos o instituciones democráticas; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;

– Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o

– Corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.

La orden presidencial también autoriza el Departamento del Tesoro, mediante una consulta con el Departamento de Estado, a aplicar sanciones a cualquier persona determinada a:

– Ser un líder actual o exlíder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o

– Ser un funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela.
Los sancionados

Los siete funcionarios venezolanos sancionados por la Administración Obama son:

– Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Benavides Torres es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

– Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014. Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar varias lesiones, el personal de SEBIN cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.

– Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Noguera Pietri es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

– Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela. Haringhton Padrón, en su capacidad como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición, incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos.

– Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. Por ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.

– Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela. Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
– Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Vivas Landino es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.

 

HACE NUEVE MESES EN JUNIO 2015

LA FOTO DE LAS SONRISAS CON EL ENVIADO

DEL  DEPARTAMENTO DE ESTADO, EN HAITÍ

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De izquierda a derecha y muy sonreídos tras 90 minutos de conversa: Tom Shannon del Departamento de Estado de EE.UU.; el presidente de Haití  Michell Martely, la canciller venezolana Delsy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y como si no le dejaran entrar en la foto oficial, el encargado de negocios o jefe de la Misión en Washington el venezolano-francés Maximiliem Arbelaiz, para el que Maduro aboga le den su placet como embajador.

 

 

RESEÑA DE EL UNIVERSAL

lunes 15 de junio de 2015  04:11 PM

Washington.- La reunión en Haití del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la canciller Delsy Rodríguez con el alto diplomático estadounidense, Thomas Shannon, fue “positiva y productiva”, señaló este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Jeffrey Rathke.

Las conversaciones “tocaron todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones positivas y productivas”, dijo Rathke a periodistas, reseñó AFP.

Rathke solo mencionó el encuentro de Shannon con Rodríguez. Pero el Parlamento venezolano había señalado que la Canciller estuvo acompañada de Cabello durante el encuentro, que duró más de hora y media el sábado en Haití, y se enmarcó en el proceso para recomponer los desgastados lazos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en tensión desde marzo pasado, cuando el presidente Barack Obama firmó sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano en un decreto que se refería a la situación del país como una “amenaza” para Estados Unidos.

Cabello calificó el encuentro como “un paso importante para el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países”, según el comunicado del Legislativo.

Según una fuente del Departamento de Estado, los representantes venezolanos y estadounidenses habían acudido a Haití por invitación del presidente Michell Martelly para discutir el apoyo de sus países a las elecciones y las labores de reconstrucción en ese país.

Cabello, un militar considerado como número dos del chavismo y que acompañó al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) durante su golpe de Estado de febrero de 1992, ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas al ser investigado por la fiscalía federal estadounidense, según un reporte del diario The Wall Street Journal.

Shannon es un funcionario ya conocido para Maduro de su época como canciller de Venezuela entre 2006 y 2013, y se ha reunido al menos una vez con el mandatario en las dos visitas que ha realizado a Caracas en los últimos dos meses.

 

 

 

 

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