Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del Teleférico de Mérida

∗ Un informe de la Contraloría General de la República sobre la remodelación del Sistema Teleférico Mukumbarí revela una serie de irregularidades en la obra: presunta duplicación de pagos, “pagos en exceso”, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción

∗ La totalidad de la obra estaba cubierta en 2 contratos suscritos entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Venezolana de Teleférico, C.A. con la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH. No obstante, se firmaron 12 contratos adicionales por conceptos similares lo que abultó 85 % los costos

∗ A seis años del inicio de la obra, el informe preliminar concluye que las debilidades en el mecanismo de control administrativo del proyecto trajeron como consecuencia el “menoscabo del patrimonio público”

Por Gitanjali Wolfermann

@GitiW

 

En Mukumbarí -voz indígena que significa allá donde duerme el sol-, la Contraloría General de la República no pegó un ojo. Eso lo refleja el informe preliminar que este organismo le entregó a Venezolana de Teleférico, C.A. (Ventel, C.A.) en julio de 2016, tras la realización de una auditoría en la que evaluó las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de las obras de remodelación del teleférico de Mérida, entre el 1ero de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.

Los hallazgos de la CGR se conocen casi seis años después de iniciadas las obras de remodelación del teleférico más largo, alto y moderno del mundo. De acuerdo con el documento, las cinco principales irregularidades identificadas tras la revisión de 14 contratos son la falta de soportes en los contratos, presunta duplicación de pagos, pago en exceso, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de las obras.

El informe preliminar de 24 páginas fue entregado en el despacho del presidente de Ventel, C.A., el general de división José Gregorio Rojas, un mes antes de la inauguración mediática del Sistema Teleférico Mukumbarí realizada el 29 de abril, fecha en la que se anunció la culminación de las obras más no se abrieron las instalaciones que aún están en fase precomercial.

 

 

Runrun.es tuvo acceso exclusivo al informe preliminar cuya realización estuvo a cargo de la Dirección de Control del Sector Industrial, Producción y Comercio, dependencia de la CGR que tomó una muestra selectiva de 14 contrataciones suscritas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (en ese momento a cargo de Alejandro Antonio Fleming Cabrera), Ventel, C.A. -empresa creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado-, y otras empresas en las áreas de: componentes electromecánicos de la obra; componente de obra civil; servicio de asesoramiento; inspección y mantenimiento.

La Contraloría revisó no solamente aspectos administrativos sino que además realizó inspecciones in situ para verificar el estado de los bienes recibidos y el avance de las obras, después de todo, el propósito del proyecto era lograr que el teleférico de Mérida fuera el más moderno, seguro y confiable del mundo, en otras palabras, “una vitrina de promoción turística internacional (…), un ascensor de lujo que diera entrada a las más bellas montañas venezolanas”, según declara el documento.

 

¿Qué revisó y qué omitió la Contraloría General de la República?

 

El ente responsable de velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público aclara que no evaluó el proceso de selección y contratación de las empresas para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, toda vez que las obras relativas a este proyecto se encuentran enmarcadas en el cumplimiento del Convenio de Cooperación Económica, Comercial, Industrial y de Tecnología entre Venezuela y Austria.

Dicho acuerdo binacional fue suscrito entre ambos países el 15 de diciembre de 2006 y se publicó en la Gaceta Oficial N. 38.637. Sobre esa base, la empresa de origen austríaco, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, ha desarrollado varios proyectos en Venezuela como el Cabletren Bolivariano de Petare; el Metrocable de San Agustín y de Mariche; el Trolcable de Mérida, y actualmente trabaja en el Teleférico de Macuto. La remodelación del teleférico de Mérida, que comenzó en 2010, también se enmarca dentro de este acuerdo binacional.

La CGR detalla que el financiamiento para la ejecución del proyecto provino de dos vías: el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), entes adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Entre ambos organismos la cantidad aprobada fue de €99.036.160,00 equivalente a 3.259.073.832,70 Bs. El documento también describe las cinco irregularidades identificadas en la realización de la obra.

 

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1. Falta de soportes

 

De la muestra de 14 contratos analizados por la CGR, en 5 casos “se evidenció que se hace referencia a anexos y soportes (acuerdos en mesa de trabajo, minutas, presupuestos, acuerdos, ofertas técnicas y de servicio, entre otros) que forman parte integrante e inseparable de los contratos. No obstante, estos contratos no contenían tales soportes”, cita el informe preliminar.

En el documento se explica que “estas omisiones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno”, según las cuales todas las transacciones, operaciones presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con suficiente documentación, como mínimo, se requiere que los contratos para la ejecución de obras tengan los planos, normas de construcción, memoria descriptiva, lista de equipos y presupuesto original de la obra.

Con respecto a este punto, la Contraloría concluye que “debilidades en los mecanismos de control interno” adoptados por los encargados del área administrativa, quienes debían verificar la existencia de documentos esenciales para la conformación completa de los compromisos, limitaron la adecuada conformación de los expedientes de cada compromiso adquirido.   

 

2. Presunta duplicación de pagos

La CGR destaca que la contratista, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, estaba obligada con Mintur y Ventel C.A. mediante la firma de 2 contratos a pagar todos los materiales, útiles de trabajo, equipos de transporte, fuerza eléctrica, neumáticos; planos finales; hospedaje del personal y las pruebas de buen funcionamiento. El primero de esos contratos data del 26 abril de 2010 y cubre el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para la recuperación y modernización de cuatro teleféricos en serie; así como la construcción y adecuación de las obras civiles para modernizar las cinco estaciones: Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo.

El segundo, del 25 de marzo de 2011, se denomina “Contrato IPC Suma Global” y cubre la ingeniería, procura y construcción de las obras civiles. Ambos contratos suman 900.282.363,20 Bs -equivalente a €167.857.025,10 al cambio de entonces (6,02 Bs/€)-. La CGR constató que entre ambos se cubría la realización de la obra en su totalidad, sin embargo, se suscribieron 12 contratos adicionales por conceptos similares -en un párrafo dice que se trata de los mismos compromisos y obligaciones-, contemplados en los dos contratos descritos. 

 


 

Contraer esos 12 compromisos adicionales para proveer bienes y servicios que ya estaban contemplados en los contratos con Doppelmayr de 2010 y 2011 elevó los costos de la obra 85,8 %. La CGR sostiene en el informe preliminar que esta situación obedeció a “una inobservancia parcial de las obligaciones contractuales originalmente contraídas, así como a las debilidades en el control y seguimiento oportuno por parte de la unidad usuaria de Ventel, C.A. como dependencia encargada de la administración de los dos (2) contratos iniciales”. 

Abogados expertos en el área administrativa que pudieron revisar el documento de la CGR, explican que “las contrataciones públicas se rigen por un marco legal muy detallado justamente porque involucran el dinero del pueblo. El rol de la Contraloría es verificar que se hayan cumplido todas las normas que dispone la Ley de Contrataciones Públicas. En este caso, el informe enfatiza que hay daño al patrimonio público porque se pagó dos veces por un mismo bien o servicio”. Y en algunos casos, hasta tres veces. Pese a que los dos contratos firmados entre Mintur, Ventel y Doppelmayr incluían los costos de la ingeniería, procura y construcción de la obra; Ventel contrató en 2011 a Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción S.A. para un “servicio integral de consultoría durante la ejecución del proyecto” que incluía la ingeniería conceptual, básica y de detalle.

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Adicionalmente, en 2014 Ventel contrató directamente a Pentech Ingenieros 05, C.A. -empresa multinacional dedicada a proyectos de ingeniería, procura y construcción basada en Madrid y con presencia en siete países-, para realizar el “soporte técnico de forma integral en la gestión de la gerencia del proyecto (…)”.

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No obstante, registros en la página web de Pentech Ingenieros 05, C.A. dan cuenta de que la empresa ya venía trabajando en las obras del teleférico de Mérida desde 2011. Su cliente, en ese entonces, era PDVSA Ingeniería y Construcción S.A.

 

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Fuentes cercanas a la obra aseguran que la presencia de PDVSA Ingeniería y Construcción S.A. en el proyecto fue mínima y que el personal asignado carecía de la capacidad y experiencia requeridos para la dificultad del proyecto, razón por la cual tanto ellos como Ventel, C.A. contrataron a Pentech Ingenieros 05, C.A., cuyo personal en Venezuela cuenta con amplia experiencia en obras de gran envergadura.

De cuando llovieron piedras (y euros) sobre Mérida

Andinistas que desde hace años fungen como guías turísticos en la zona aún recuerdan la época en la que llovieron piedras sobre sus cabezas. No provenían de ningún deslave sino de la carga -arena, cemento u otros materiales-, transportados por un helicóptero suizo mandado a traer especialmente desde el viejo continente para llevar materiales a la obra en construcción.

El Super Puma de la empresa Heliswiss, valorado en €15 millones, no solo sorprendió a los lugareños por lo inusual y riesgoso de ver sobrevolar un helicóptero de carga sobre sus cabezas, sino que también llamó la atención de la Contraloría que halló un pago por €11.180.000 por el alquiler de la aeronave, es decir, el Estado pagó por el servicio de alquiler 74,5 % del valor del helicóptero nuevo. Además, la contratación del helicóptero de carga se hizo en base a un estimado de 5.000 toneladas de materiales, sin embargo, el informe de la CGR señala que al final solo transportó 2.735,58 toneladas. Adicionalmente, la auditoría recoge que la contratista estaba autorizada para utilizar gratuitamente el teleférico de carga existente para transportar los materiales.

 

heliswiss Video y captura tomados de la página del puerto de Rotterdam que reseña el transporte del helicóptero

 

Entonces, ¿por qué se alquiló un helicóptero si había un teleférico de carga disponible? Fuentes cercanas a la obra señalan que la contratista argumentó que el uso del helicóptero agilizaría el traslado de los materiales, sin embargo, la aeronave estuvo inactiva durante varios meses ya que los materiales que debía transportar no estaban disponibles. En la auditoría de la CGR se destaca que Doppelmayr estaba obligada a garantizar el transporte de los equipos al lugar de su instalación y debía asumir cualquier costo adicional que requiriese para tal fin, de manera que, aun en el caso de haber requerido el helicóptero, el costo debía cubrirlo la contratista austríaca encargada de la obra y no el Estado. En ese apartado, la CGR concluye que el uso de la aeronave obedeció a “fallas en los mecanismos de planificación y coordinación en la ejecución de los trabajos aplicados por las autoridades competentes de Ventel C.A. conjuntamente con la empresa Doppelmayr Seilbahnen GMBH”.

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Frente a los indicios de duplicación de pagos, la CGR dice: “Lo descrito anteriormente trae como consecuencia el menoscabo del patrimonio público del ente y por consiguiente de la República (…)”. Más adelante agrega: “Se comprometió desde el punto de vista financiero los recursos presupuestarios sobre obligaciones que estaban suscritas con anterioridad, lo cual menoscaba los principios de economía y uniformidad que deben regir en la Administración Pública”.

3. Pago en exceso

La historia del alquiler del helicóptero no terminó allí. El apartado 3404 del informe preliminar da cuenta de que el entonces presidente de Ventel C.A., José Gregorio Martínez Dávalos, le solicitó al presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) el pago de una factura para cubrir el anticipo de 20% del contrato CJ-044-13 -alquiler de la aeronave-, por un monto de €2.236.000. Sin embargo, “se constató que el Fonden, S.A. efectuó el desembolso por un monto de €2.497.996,56”, es decir, €261.996,56 más de lo solicitado por Ventel, “según consta en la instrucción de desembolso N. DPE-05103-2013 de fecha 03-12-2013”. Para ese entonces Simón Alejandro Zerpa Delgado fungía como secretario ejecutivo del Fonden y cumplía las funciones de Temir Porras, quien había sido removido de la presidencia.

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La Contraloría concluye que “esta situación obedece a fallas de control interno por parte de los entes encargados de llevar a cabo la supervisión y seguimiento del proyecto en Ventel C.A. así como de los desembolsos emitidos a la contratista por el Fonden, S.A. determinándose un pago en exceso (…); lo que repercute desfavorablemente en la disponibilidad presupuestaria y financiera asignada y aprobada a Ventel, C.A. al realizar pagos que no estaban previstos”. En efecto, la Ley de Contrataciones Públicas de 2008 -vigente durante la firma del contrato-, explica en el artículo 95 las responsabilidades de Ventel C.A. como parte contratante de la obra:   ley-de-contrataciones-publicas-2008-a

4. Incumplimiento de tiempos de entrega

Prometido para 2012, luego para junio de 2014 y finalmente inaugurado -más no abierto al público- en abril de 2016, la auditoría de la CGR no pasó por alto el retraso en la entrega de la obra. “¿Por qué se tardó tanto el proyecto? Una de las razones era financiera: la contratista comenzó los trabajos después de recibir el pago completo del anticipo, proceso que demoró unos siete meses. Otra causa fue jurídica: el cronograma no se cumplía y no había una justificación por parte de la contratista, tampoco había sanción porque el contrato original no incluyó una cláusula que penalizara los retrasos; esa previsión se incluyó en un addendum cuando faltaba menos del 10 % de ejecución”, refieren fuentes que participaron en la obra. Esta omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente en 2008, el cual estipula que las prórrogas deben estar plenamente justificadas:   ley-de-contrataciones-publicas-2008-b Sobre el retraso, la Contraloría dice que “la empresa contratista no cumplió con los tiempos previstos en los cronogramas de ejecución referidos a las estaciones: La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo, establecido en el Addendum N. 4 de fecha 30 de marzo de 2015 del contrato signado con el N. CJ-099-11 de fecha 27 de marzo de 2011”. “No se tomaron las previsiones necesarias para incluir en la planificación de la ejecución de la obra, todas aquellas circunstancias que inciden directamente en el cumplimiento efectivo del tiempo establecido para su culminación, tales como: la garantía en la procura de los materiales, contratación de personal suficiente para la ejecución de los trabajos y entrega definitiva de la ingeniería de detalle; lo que trae como consecuencia que la comunidad merideña y el pueblo venezolano en general no disfruten de los beneficios que genera una obra de esta magnitud”, dice la CGR.

A cinco meses de la inauguración mediática del teleférico de Mérida, el pueblo venezolano en general todavía no ha tenido acceso a las instalaciones. Sin embargo, unos pocos afortunados sí han logrado disfrutar el ascenso a las bellas montañas e incluso han cumplido el sueño de realizar su propuesta de matrimonio en la Laguna de los Espejos gracias a sus conexiones con el poder chavista. Eso deja entrever el agradecimiento que el manager del grupo Los Cadillacs y del cantante Omar Acedo, Ronald Magallanes, hace en su cuenta de Instagram.

 

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¿Qué ha retrasado el pleno funcionamiento del Sistema Teleférico Mukumbarí? Personas vinculadas a la obra refieren dos razones: “la primera es que el funcionamiento de todo el sistema requiere de una alimentación estable de energía que actualmente no está garantizada. No se blindó desde el principio el suministro eléctrico y eso limita el funcionamiento de todo el sistema, tanto el de los ascensores como el interno en las estaciones. Si prendes los aires en una estación no hay energía para la calefacción en otra… es así de lamentable”.

La segunda razón obedece a la logística misma del funcionamiento del Sistema Teleférico Mukumbarí. “No se trata de un tema de cuánto van a costar las entradas, la obra nunca estuvo concebida para recuperar la inversión; los recursos vendrían gracias al incremento del turismo en la región. De hecho, con el inicio de las obras la economía merideña repuntó. El problema que tienen es que no hay recursos para sostener una operación que amerita contratar, al menos, a 180 personas para trabajar en las instalaciones. ¿Se volverá al modelo previo de manejo vía concesión privada? Veremos…”, acotan expertos que estuvieron relacionados con el proyecto.  

5. Fallas en la calidad de las obras

Contraviniendo lo establecido en las normas Covenin 1750-87 y 2000-28, las cuales establecen los criterios, requisitos y acciones mínimas que deben considerarse en el proyecto y construcción de edificaciones que se ejecuten en el territorio nacional, la auditoría in situ de la CGR encontró las siguientes fallas en la calidad de la obra:

    • Colocación de láminas tipo Galvalume calibre 24 en un área del techo de la estación Barinitas, pese a que las especificaciones técnicas indicadas en los planos describen láminas Luvitec L-200 de calibre 22.

 

 

 

    • Levantamiento en las zonas de solapes de las láminas, así como ondulaciones, oxidación y corrosión en algunas áreas.

 

 

 

    • Separación de 1,50 metros entre las correas del techo aunque en las especificaciones técnicas se establece una distancia máxima de 1,40 metros.

 

 

 

    • Uso de tornillos en sectores del techo de la estación Barinitas para fijar las láminas.

 

El cambio a un material que es 30% más ligero no solo afectó el cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas en los planos, cosa que ya es grave, sino que además trajo como consecuencia el deterioro del área. Las láminas especificadas originalmente tenían una vida útil mayor y no ameritaban perforación, pero el cambio requirió el uso de tornillos e implicó la perforación de las mismas produciendo filtraciones y oxidación. De esa situación surgen dos preguntas: ¿por qué Doppelmayr alteró arbitrariamente lo dispuesto en los planos? y ¿por qué el cliente, Ventel, C.A., no reclamó y exigió el cumplimiento de las especificaciones técnicas? A veces daba la impresión de que el gerente de la obra era empleado de Doppelmayr más que de Ventel”, comentó uno de los trabajadores de la empresa estatal sobre la actitud de su compañero. Pese a que la obra contaba con tres empresas a cargo de la gerencia del proyecto, el informe preliminar de la Contraloría determina que la causa de tales fallas fue la falta de “supervisión y fiscalización efectiva de los trabajos en todas sus fases por parte de Ventel, C.A.”.

La suerte de pertenecer al Consorcio de Altura R.S

remodelacion-del-teleferico-de-merida De izquierda a derecha: personal de PDVSA IC, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, Mintur, Ventel, C.A. y Pentech Ingenieros 05, C.A.

 

Lo que comenzó como un proyecto entre dos partes, a saber Ventel y Doppelmayr, terminó siendo una verdadera madeja que conecta, al menos, a 13 empresas. Cuatro de ellas firmaron contratos directamente con Ventel, C.A., estas son: Doppelmayr Seilbahnen GMBH, Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción C.A., Pentech Ingenieros 05, C.A. y Metallizing C.A., el resto derivan del contrato privado firmado entre F&S Consulting C.A. -delegada de Doppelmayr en Venezuela para la ejecución de las obras-, y el Consorcio de Altura R.S.

 

 

Sobre el Consorcio de Altura R.S. es poco lo que se sabe y de acuerdo con expertos en Administración Pública consultados, esa pudo haber sido la intención al crearlo ya que la figura jurídica del consorcio hace más difícil determinar cuántas y cuáles empresas forman parte del mismo.

“El Consorcio de Altura se creó en 2011 para realizar los trabajos de remodelación de las cinco estaciones; congregó a varias empresas merideñas que a su vez contrataron a empresas más pequeñas para trabajos puntuales. La idea desde el punto de vista administrativo era que el Consorcio presentara una sola factura a F&S Consulting C.A. en lugar de que ésta contratara a cada empresa por separado”, explican fuentes del proyecto.

Registros oficiales públicos permitieron a Runrun.es identificar siete empresas que tuvieron la suerte de ser convocadas a formar parte del Consorcio: Pial, C.A., Capi, C.A., Constructora Biankini, C.A., Briroca Inversiones, C.A., Celectran, C.A., Taller Chama y Mantenimiento Industrial C.A.

Lo de la suerte de integrar el Consorcio de Altura es literal. Al menos así lo demuestra el Tribunal Supremo de Justicia en su expediente Nº 2014-1027 X-2014-000044 en el cual decide sobre la demanda que una de las empresas del Consorcio -CABEZAS PICÓN C.A. (CAPI)- interpuso ante esa instancia contra el acto administrativo N° 0002l del 14 de enero de 2014, dictado por la Dirección General del Servicio Nacional de Contrataciones, organismo que en virtud del artículo 139 de la Ley de Contrataciones Públicas la inhabilitó para contratar con el Estado, pese a que para esa fecha CAPI, C.A. había ganado un sorteo para realizar las obras en la estación Loma Redonda.

 

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Aunque no fue posible determinar si la asignación de cada empresa se realizó mediante el mismo método azaroso, expertos en el área administrativa consultados aseguran que esa práctica vulneró los principios de la Administración Pública que dictan que las obras deben asignarse a las empresas en función de su capacidad y demás requisitos que establece la ley, y no como consecuencia de una lotería.  

 

Y lo que faltó por auditar

 

A los hallazgos que presenta la Contraloría General de la República hay que sumarle las denuncias que desde hace años han recogido medios locales y portales digitales sobre el impacto de la obra en la comunidad y en el medio ambiente. Un trabajo de investigación publicado en 2012 en el portal LaClase.Info da cuenta de lo siguiente:

“La reconstrucción del Teleférico ha generado toneladas de escombros. Gran parte del material a instalar está siendo depositado a todo lo largo del sistema, agrediendo el equilibrio ambiental. A través de un recorrido por el área se pueden observar grandes piezas mecánicas que descansan sobre el frágil suelo paramero y su delicado frailejón. En las adyacencias de la estación La Aguada se construyó un campamento para más de 250 trabajadores con el propósito de que éstos pernocten durante toda la semana en el lugar. Esto ha causado una gran afectación en el parque debido en primer lugar a la remoción de la capa vegetal en una extensa área. El propio campamento genera gran cantidad de desechos humanos y de productos químicos de limpieza que el frágil ecosistema deberá soportar. A posteriori, en el lugar se instaló también una planta de tratamiento de aguas, pero esta medida ha resultado insuficiente. Durante un recorrido, el equipo de Laclase.info pudo verificar que las aguas negras del campamento van a parar directamente al parque debido a que el gran volumen de éstas agota la capacidad del artesanal sistema de filtrado recién instalado”.

El texto refiere que las denuncias fueron llevadas tanto al Ministerio del Ambiente como a Inparques. “El equipo de Laclase.info (…) obtuvo por respuesta que los funcionarios de estas entidades estatales están obligados a callar “por tratarse de una obra que rendirá frutos políticos” con miras a las elecciones presidenciales de octubre, aunque lesione gravemente el ambiente. “Órdenes de Caracas”, es una de las frases más escuchadas en los diálogos entablados con estos funcionarios”.

 

 

Andinistas consultados por Runrun.es coinciden en que la obra traerá muchos beneficios a nivel de turismo, pero lamentan el impacto ecológico del proyecto: “La gente viene a Mérida por el teleférico y el impacto económico va a ser positivo. Comunidades adyacentes, como es el caso de Los Nevados, se beneficiaron pues se hizo un remozamiento de plazas y carreteras que le dan acceso, ahora, a nivel ambiental hay mucho que analizar porque las empresas no recogieron muchos desperdicios. En mis recorridos he visto baterías en pleno camino entre La Aguada y Loma Redonda… o se les cayeron o las dejaron botadas… supongo que esperan que la naturaleza las cubra”.

En Mukumbarí dormirá el sol, pero quienes diariamente recorren la zona y quienes conocen las normas y buenas prácticas de la Administración Pública parecen estar bien espabilados.

 

*****

 

El presidente de Ventel, C.A. -José Gregorio Rojas Sarubbi-, tenía 10 días para responder al informe preliminar de la Contraloría. Runrun.es solicitó, personalmente y por escrito, entrevistas con Rojas Sarubbi y con el gerente del Sistema Teleférico Mukumbarí,  José Gregorio Martínez, para conocer su versión sobre los hallazgos de la auditoría. Al cierre de este trabajo, no se había recibido respuesta del presidente de Ventel. A través de un contacto telefónico, Martínez manifestó su disposición a declarar si obtenía la autorización de su superior en la empresa estatal. 

Igualmente se solicitó una entrevista con el representante de F&S Consulting, C.A. -delegada de Doppelmayr Seilbahnen GMBH en Venezuela-, Juan Manuel Fayen, para conocer la posición de la contratista; tampoco respondió.

 

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Runrun.es acudió a la Contraloría General de la República y pudo conocer que tanto el Director General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, Wolfgang Líaz; como el Director de Control del Sector Industrial, Producción y Comercio, José Gregorio Hernández –ambos gerentes jefes del departamento que realizó la auditoría– no se encontraban en sus cargos desde principios de agosto de 2016. Fuentes extraoficiales apuntan que el primero habría renunciado y el segundo salió por jubilación.

 

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