Venezuela: El desgobierno de la Revolución
Venezuela: El desgobierno de la Revolución

COMO EL SUPERMAN BIZARRO de las comiquitas de los ochenta, ese que hacía todo al revés del Superman normal, este gobierno se comporta diametralmente opuesto a lo políticamente correcto. Militares que agreden a la ciudadanía, periodistas que hacen propaganda en vez de informar, funcionarios acusados de pertenecer a carteles de droga, cancilleres que insultan y se olvidan de la diplomacia, contralores que no meten lupa a los presupuestos, magistrados con antecedentes penales, defensores de partidos y no del pueblo, entes comiciales que no hacen elecciones y hasta un presidente cuya nacionalidad no está del todo definida, forman parte de la fauna herencia de Hugo Chávez y liderada por Nicolás Maduro.

Néstor Reverol: el ministro represor señalado por tráfico de drogas

Al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano le corresponde, entre otras funciones, “garantizar la seguridad y protección integral de los ciudadanos contra hechos delictivos, accidentes y calamidades y promover la seguridad jurídica de la población”. Pero, ¿qué pasa cuando el titular de este despacho es un hombre señalado por la justicia internacional por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas? Es ahí cuando muchos pueden pensar en la frase con la que se invocaba al Chapulín Colorado: “Oh, ¿y ahora, quién podrá defendernos?”. Lamentablemente, en este caso, ningún superhéroe vendrá al rescate con su astucia.

El mayor general Néstor Luis Reverol Torres ha visto a largo de los años cómo su reputación se ha manchado, pero también cómo su poder se ha acrecentado. En cuatro oportunidades ha estado envuelto en escándalos relacionados con estupefacientes. Mientras se desempeñaba como jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), el narcotraficante Walid Makled lo acusó de robar dinero de sus empresas y el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, dijo que era uno de los “zares de la droga” del país. En diciembre de 2015, cuando era el Comandante General de la Guardia Nacional, los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal adelantaron que los tribunales de esa nación lo investigaban por supuestamente haber pasado más de una década en la nómina de organizaciones criminales. La guinda del pastel llegó el lunes 1ro de agosto de 2016, cuando una corte del distrito este de Nueva York lo acusó de “haber recibido pagos de narcotraficantes para ayudarlos a sacar cocaína que llevarían a Estados Unidos”.

 

Quien debería ser ejemplo de justicia, integridad, además de protector de los derechos humanos, tiene una raya más: ser la cabeza de los excesos que los funcionarios de la Policía Nacional y los efectivos de la Guardia Nacional cometen contra los manifestantes que desde el pasado 1 de abril han salido a la calle para plantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. El deber de “velar por los derechos políticos y civiles de los venezolanos” –que también tiene el Ministerio– es pisoteado cada vez que Reverol tilda de “terrorista” o “guarimbero” a un marchista, o cuando uno de los uniformados bajo su mando agrede, acorrala o roba a un protestante, o cuando le dispara de frente o a quemarropa, desde bombas lacrimógenas hasta metras, tornillos, tuercas y esferas metálicas como las que asesinaron a Armando Cañizález o a Miguel Castillo. Al menos 22% de las muertes que han ocurrido desde que comenzaron las protestas han sido ejecutadas por los subalternos del hombre que tendría que ser el garante de la justicia y la paz.

 

Ernesto Villegas: El ministro mentiroso

Las segundas partes están dadas para enmendar los errores o seguir repitiéndolos. Esto último es precisamente lo que hace el actual Ministro Comunicación e Información, Ernesto Villegas Poljak quien reincide al mando de la cartera desde octubre de 2016. No conforme con sostener entre 2012 y 2013 una de las mentiras más célebres de la historia reciente, que Hugo Chávez gozaba de buena salud mientras avanzaba el cáncer que acabó con la vida del exmandatario, Villegas ha seguido sumando noticias sin fundamento a su expediente como portavoz del Ejecutivo en su segundo periodo como ministro de Comunicación e Información. Una de las más recientes fue afirmar que el joven Juan Pernalete, asesinado durante una protesta en Caracas el 26 de abril de 2017, murió por una pistola de perno que impactó sobre su pecho que habría sido activada por sus compañeros. Un mes después, fue desmentido por la Fiscalía que reveló que una bomba lacrimógena lanzada por la GNB le había quitado la vida al universitario. También, el 26  septiembre de 2016, uno de los combatientes de la “guerra mediática” denunció vía Twitter que la oposición había lanzado unos panfletos “criminales” en la avenida Sucre de Catia que rezaban “Venezuela necesita de ti: ,mata a un chavista”, cuando en realidad eran fotos de 2014. En abril de 2007, aseguró que el ataque  contra Nicolás Maduro en un acto en San Félix eran “ciudadanos que bajaron en cambote para acompañar al presidente”. Villegas no olvida la teoría como periodista de formación. En febrero de 2017 declaró al medio oficialista CuatroF.net que “la mentira se combate con hechos”. Justo a lo que no recurre cuando lanza las matrices de información que el gobierno quiere imponer.

Maikel Moreno: Magistrado con prontuario

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia “no tiene curriculum sino prontuario”. El historia hamponil de Moreno comenzó en 1987 cuando fue implicado en el asesinato de una persona en Ciudad Bolívar, dos años después salió en libertad y mientras fungía como escolta del presidente Carlos Andrés Pérez y portaba el uniforme de la extinta Disip (Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Protección) fue acusado del asesinato de Rubén Gil Márquez en un tiroteo ocurrido en Parque Central, así se desprende del expediente 552755 que fuese remitido por la Policía Técnica Judicial al tribunal 15 de Control de Caracas. Por segunda ocasión Moreno abandona la cárcel en un período corto amparado en un beneficio procesal y en vez de volver a sus funciones como policía le es concedido un puesto como secretario de un juzgado en un tribunal. Se graduó de abogado y como juez 34 de control le tocó atender el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. El ex magistrado y autoexiliado, Luis Velásquez Alvaray, lo acusó de pertenecer a la denominada banda de “Los Enanos”, grupo de juristas encargados de atender las peticiones chavistas y supuestamente vinculados con facciones criminales. Entre otras decisiones al actual presidente del TSJ se le atribuye la condena a Iván Simonovis, la defensa de Richard Peñalver (pistolero de Puente Llaguno), Bajo la tutela de Maduro, Moreno ha tenido carta blanca para torpedear todas las acciones de la Asamblea Nacional, avalar los Estados de Excepción y emitir las polémicas sentencias 155 y 156.

 

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Tarek William Saab: El defensor del gobierno

Como defensor del pueblo, Tarek William Saab debe promover, vigilar y defender los derechos humanos en el país, sin embargo parte del concepto parece haber sido malinterpretado por el abogado, quien no pierde oportunidad para salir a la defensa del Gobierno al que sirve. En los últimos meses defendió el golpe de Estado del TSJ que dejó a la Asamblea Nacional sin poderes. Ha defendido a los cuerpos de seguridad que continuamente reprimen y matan manifestantes y ha dicho que las OLP están “relativamente dentro de los DDHH” a pesar de que son denunciadas internacionalmente por violaciones a múltiples derechos. Su propio hijo, quien estudia derecho, le ha pedido que reflexione y haga lo que tiene que hacer. Antes Tarek solía ser un buen defensor de los derechos humanos que denunciaba casos de tortura y tratos crueles, recuerdan varios de los periodistas que lo conocieron cuando no era tan musculoso y usaba camisas menos ajustadas. Era un poco fastidioso, y en ocasiones no comprendían bien porque defendía a ciertos detenidos, pero sus intenciones eran buenas, dicen varios comunicadores en una reseña de este personaje en El Estímulo. Pero luego se hizo amigo de Chávez, pasó a formar parte del Gobierno, y dejó de lado los DDHH para inscribirse en un gimnasio y hacerse un par de tatuajes. Desde entonces desarrolló un profundo amor hacia sí mismo, su poesía –la que tiene publicada en una página bajo su nombre– y olvidó que la Defensoría del Pueblo fue degradada a categoría B por no cumplir su labor.

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PNB Y GNB: Agreden, roban y se dan el vuelto 

Represión desmedida, tratos crueles, torturas, allanamientos sin orden previa, atropellos a los derechos humanos, libertad de tránsito y de expresión y hasta robos han sido algunas de las acusaciones que han caído durante estos más de setenta días de protestas antigubernamentales sobre los efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. El fallecido presidente Hugo Chávez borró del mapa a la antigua Policía Metropolitana y creó la Nacional Bolivariana basado en el artículo 332 de la Constitución con la finalidad de entre otras cosas “proteger a la ciudadanía, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y disfrutar las garantías y derechos constitucionales”. Ninguno de estos preceptos para ser cumplido por estos días en el marco de las manifestaciones de la oposición. Representantes de la PNB se comprometieron con la ONG Transparencia Venezuela a procesar todas las denuncias por atropellos, igualmente lo hizo el Ministerio de Información, sin embargo y aunque el Ministerio de Interior y Justicia ha anunciado que algunos funcionarios de ese ente han sido procesados, a diario los venezolanos son testigos de tratos indignos a la población, especialmente a aquellos que participan en las marchas convocadas por la MUD. De la GNB ni hablar, reprimen con un empleo excesivo de bombas lacrimógenas (algunas arrojadas directamente a los cuerpos de los manifestantes), disparan perdigones, hay acusaciones que algunos cartuchos contienen metras y hasta tuercas, detienen arbitrariamente, tumban portones de residencias, ingresan a edificios, destrozan equipos de periodistas, agreden a diputados y últimamente roban impunemente. Aunque el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que no quería ver una “atrocidad” más, los de verde oliva continúan haciendo de las suyas, como si se tratase de colectivos sin control. La oposición mientras, culpa de la barbarie militar al propio Néstor Reverol.

 

Desde el 2015 Transparencia Venezuela viene recopilando abusos y corrupción de la PNB vía su app Dilo Aquí 

Vea aquí: Denuncias de corrupción y Trato cruel

Tareck El Aissami: En la lista negra
Lea también: EE UU sanciona al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y congela sus bienes

Es uno de los pocos personeros del chavismo que posee un título universitario, el descendiente de libaneses de 42 años de edad se graduó de criminólogo en la Universidad de Los Andes y desde un principio estuvo vinculado a los movimientos de izquierda. Su cercanía con el gobierno le llevó a convertirse en jefe de la Misión identidad en 2003, justo antes del referendo revocatorio que ganó Hugo Chávez en 2004 y de las elecciones regionales de ese año donde el oficialismo obtuvo 22 de las 24 gobernaciones en disputa. En 2007, un año después que Chávez decide expulsar a la DEA de Venezuela, es nombrado Ministro de Interior y Justicia, durante su gestión es creada la Policía Nacional Bolivariana, acusada hoy en día de violaciones a los derechos humanos. Aunado a eso desde su llegada al viceministerio de Interior y Justicia hasta su salida del despacho se contabilizaron 90 mil asesinatos, en 2010 Venezuela ocupó el cuarto puesto en tasas de homicidios con 45,1 por cada cien mil habitantes según la Oficina de la ONU contra el Delito. Como gobernador de Aragua de 2012 a 2017, la policía de ese Estado fue acusada de cometer crímenes de lesa humanidad, además de secuestrar a dirigentes estudiantiles y amedrentar a dirigentes políticos. En enero de este año, el presidente Nicolás Maduro en lo que podría considerarse como una radicalización del proceso decide sustituir a Aristóbulo Iztúris por El Aissami en la Vicepresidencia de la República, apenas un mes después el gobierno  de Estados Unidos decide incluirlo en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) y congelar todos sus bienes en el extranjero. Le vinculan con el cartel mexicano de Los Zetas y con el narcotraficante Walid Makled, señalan al empresario Samark López como uno de sus principales testaferros. Aunado a esto la cadena CNN, emite un reportaje de investigación donde estaría vinculado a una red de venta de pasaportes venezolanos a miembros de Hezbolá.

Investigación ‘Pasaportes en la sombra’ llega al Senado de Estados Unidos

Delcy Eloína Rodríguez: Cero diplomática

Si de diplomacia hablamos, Delcy Eloína no es la figura más representativa, de hecho en todas sus actuaciones estuvo muy alejada de lo que es la diplomacia tradicional. Rodríguez, de profesión abogada y proveniente de una familia revolucionaria, llegó al cargo de canciller en el gobierno de Nicolás Maduro y desde entonces solo se ha encargado de defenderlo a capa y espada. Entre las funciones de un canciller de la República Bolivariana están ocuparse de los asuntos externos o internacionales para así, informar y aconsejar apropiadamente a su gobierno sobre cómo llevar las relaciones con otros países en materia económica, cultural y política, pero si se mira al pasado y se evalúa el desempeño de Rodríguez se puede observar que también se ha dedicado a mentir y a ocultar en la OEA la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. Para medir la magnitud del descaro de Delcy es necesario recordar que el 5 de mayo de 2016, la representante venezolana negó que en el país existiese una crisis alimentaria producto del desabastecimiento y la escasez, diciendo que: «En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño del nuestro».

 

 

Otra de las grandes mentiras que ha dicho Delcy, fue el pasado 26 de abril del presente año, cuando anunció que Venezuela se retiraría del organismo “en defensa del pueblo”, debido a que un grupo de países encabezados por los Estados Unidos se estaban inmiscuyendo en los asuntos internos del país a través de la OEA. Cabe destacar que ningún país en la historia de la OEA se ha retirado de la organización, sin importarle las consecuencias que esto traerá.  Aparte de mentir, hay otra cosa que a la canciller venezolana se le da muy bien, y es atacar verbalmente a todo aquel que se oponga al actual gobierno. Uno de sus blancos favoritos es el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quién solo ha recibido insultos y difamaciones por parte de Rodríguez, lo que deja en evidencia su nula o escasa diplomacia cada vez que se pronuncia. El pasado 27 de marzo, en plena sesión, Rodríguez calificó a Almagro como «mentiroso, deshonesto, malhechor, mercenario y traidor». El mismo día también le dijo al Secretario que “carecía de imparcialidad cuando, sin escrúpulos, utiliza recursos de esta organización para impulsar una campaña en contra de Venezuela”, en pocas palabras le dijo vendido, inmoral y ladrón.

Otra muestra de cero diplomacia fue cuando la canciller ingresó sin invitación a una reunión del Mercosur en Argentina. Esto, debido a que Venezuela había sido expulsada del organismo por no cumplir con los tratados de adhesión acordados en el bloque, acuerdos que incluían alianzas económicas, de derechos humanos e inmigración. A esto, la representante venezolana respondió: «A pesar de que estos presidentes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) insisten en que Venezuela no participe, bueno, nos meteremos por la ventana, porque vinimos aquí a defender los derechos de Venezuela y a defender y hacer valer también los derechos del Mercosur». A su salida, Delcy Rodríguez ofreció declaraciones a la prensa argentina y horas más tarde, apareció con un cabestrillo en su brazo derecho alegando que había sido producto del maltrato por parte de los policías que estaban resguardando la sede. Este acto dejó muy mal parada a la «diplomática», no solo por presentarse sin estar invitada sino por mentir y tratar de hacerle creer al mundo entero que en Venezuela no está pasando nada.

Tibisay Lucena: La parcialidad no es su fuerte

Si hubiese un premio nacional del “Cara de Tabla del Año” este se otorgaría por unanimidad a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La funcionaria que no apareció en todo el año y se hizo de la vista gorda en la convocatoria al Referendo Revocatorio, avalando las supuestas firmas “planas” consignadas por la Mesa de la Unidad Democrática ha tenido más pronunciamientos en las últimas dos semanas que las efectuadas en todo 2016. Juramentada para seguir ejerciendo su cargo por el TSJ en vez de por la Asamblea Nacional, Tibisay atendió en cuestión de horas la petición del presidente Nicolás Maduro para llevar a cabo unas elecciones en función de escoger una Asamblea Nacional Constituyente. Sin siquiera aprobar en directorio las bases comiciales de la consulta, la empleada pública ya dio una fecha para acudir a las urnas: el 30 de julio. Incumplió su promesa de organizar unas elecciones regionales para este primer semestre de 2017 y omitió completamente la escogencia de los diputados de Amazonas, proceso que en teoría mantiene en desacato a la AN. Su desfachatez le ha permitido además ni siquiera mencionar los comicios para seleccionar alcaldes, correspondientes a este año. Notables juristas, abogados constitucionalistas, magistrados, la ex Defensora del Pueblo y hasta la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han dicho que el único que puede reformar la actual Constitución apadrinada por el desaparecido presidente Chávez es el pueblo, pero eso a la rectora le entra por un oído y le sale por el otro.

Manuel Galindo: El contralor sin control

el Poder Ciudadano responsable de la inspección  y fiscalización de organismos, entidades y empresas del sector público. Puede abrir investigaciones sobre irregularidades  contra los dineros de la Nación. En definitiva, le toca detectar y sancionar la corrupción en la administración pública.

Pero esta función no es precisamente la que practica el contralor Manuel Galindo Ballesteros, quien autorizó el ingreso de 13 familiares directos e indirectos para trabajar en el organismo público que conduce desde diciembre de  2014. El nepotismo está incluido como delito en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la  República, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en julio de 2016. Pero para el funcionario, no hay conflicto de intereses en contratar a parientes saltándose el reglamento porque considera que el  «nepotismo es positivo«.

Tampoco cumple con su atribución de publicar con nombre y apellido a los sancionados de la administración pública. En el Informe de Gestión 2016, que recoge el  desempeño de Galindo en su primer año de gestión, los funcionarios que cometieron faltas administrativas y sus respectivas multas brillan por su ausencia. Nada transparente, como obliga su investidura.

Iris Varela: la amiga de los pranes

Se supone que el Ministerio del Servicio Penitenciario fue creado en 2011 para cumplir una misión clara y precisa: atender las necesidades básicas de los detenidos y poner orden en las cárceles del país que, para entonces, eran escenario frecuente de motines y sanguinarios enfrentamientos. Pero con María Iris Varela Rangel, la mujer que llevó sus riendas hasta mediados de junio de este año, nada de esto pasó. Más bien fue ella quien se encargó de desdibujar su función y permitir que la disciplina del Estado la impusieran sus panas: los “pranes”.

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La hoy ex ministra solía ufanarse de ser la amiga de los presos, sí, pero solo de los más poderosos y peligrosos, los mismos que tras las rejas actúan a sus anchas y comandan secuestros, sicariatos y controlan el tráfico de droga en sus zonas. En lugar de hacerles cumplir las reglas, Varela les permitió que construyeran los penales de sus sueños, con habitaciones exclusivas, piscinas, restaurantes, centros de apuestas, discotecas y hasta bancos en donde cada interno (la mayoría, es decir, los que no eran panas de la ministra) pudiera depositar la “causa” o cuota semanal que debe pagar a la banda que manda.

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En una entrevista reciente, reveló que la camaradería con los privados de libertad iba más allá de permitirles comportarse a su antojo: les daba órdenes vía telefónica para “reducir” a quienes se rebelaran dentro de sus dominios, tal como ocurrió en abril pasado en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como cárcel de Puente Ayala, donde después de su instrucción ocurrió una matanza que dejó 15 muertos y heridos que se contaron por decenas. De paso, otorgó beneficios procesales a criminales que cumplían pena por asesinato, como ocurrió con Wilmer Brizuela, alias Wilmito, quien disfrutó un período de libertad que solo terminó por el escándalo que causó en las redes y medios de comunicación el hecho de que le dispararan mientras vacacionaba en Playa Parguito, Nueva Esparta.

Claro, nada de esto fue parte de la forma en la que Varela promocionó su gestión durante 6 años. Su mayor logro, según ella, fue el instaurar un “régimen penitenciario” modelo en numerosos internados que, puertas adentro, se convirtió en sinónimo de golpizas, torturas y hambruna para los presos. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) –que contemplan una serie de normas para el respeto de los derechos humanos de los reclusos– quedaron en la absoluta ignorancia.