Los colectivos en Lara nacieron con los consejos comunales y se enquistaron en universidades

Si bien la tolerancia y complacencia del gobierno con estos grupos violentos ha sido denunciada desde 2002, es en 2013, 2014 —y más abiertamente en 2017— cuando la actuación de paramilitares pasó de ser permitida por las autoridades y organismos estatales, a ser coordinada, desplegada y aupada, con decididos propósitos de criminalización y represión de la protesta pública mediante la ejecución de métodos extrajudiciales

Investigación | Especial para Provea

 Barquisimeto. Diego Rivero tiene marcas imborrables en la piel: una cicatriz en el abdomen, una en la espalda y otra en el costado izquierdo de su cuerpo. Desde hace 10 años vive con una bala alojada entre el músculo abdominal y las costillas, disparada desde las filas de un grupo armado que en 2007 tomó durante 105 días la sede de la “casa del profesor” en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), en Barquisimeto.

La toma abrupta y violenta de la casa del profesor —una edificación construida por el gremio docente dentro de los predios de la universidad que serviría para alojar servicios sociales— marcó un antes y un después en la actuación de grupos irregulares, algunos autodenominados “colectivos”, conformados en el seno de universidades públicas en Barquisimeto. Fue, también, la más larga ocupación por la fuerza —y las armas— de una instalación educativa en el estado Lara.

La aparición de agrupaciones estudiantiles autodenominadas colectivos en la Unexpo y el Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL-IPB) se remonta con mayor dinamismo también al año 2002, durante la gestión del exgobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes (2000-2008), según apuntaron trabajadores y docentes de estas casas de estudios superiores. Ya en 2002 existían en la UPEL al menos ocho grupos: Bloque de Izquierda, Alí Primera, Pío Tamayo, Simón Bolívar, Che Guevara, Colectivo Revolucionario Estudiantil 9 (CRE-9), Gayones y Movimiento 5.

Estas agrupaciones de estudiantes, vinculadas con instituciones gubernamentales y partidos políticos afectos al gobierno, comenzaron a hacerse sentir por su accionar violento y arbitrario que se radicalizó rápidamente con el control progresivo de espacios de la institución y la intimidación al personal docente y administrativo, con la anuencia —también, según apuntan las denuncias— de las autoridades universitarias y el respaldo de dirigentes políticos. Al menos cuatro integrantes de estos conjuntos pasaron luego a integrar las filas de partidos políticos del oficialismo.

Algunos de estos grupos actuaron bajo el amparo de organizaciones de representación estudiantil y poco a poco fueron imponiéndose con la ejecución de acciones violentas de carácter político partidista, como la represión sistemática de manifestaciones antigobierno, ataques a medios de comunicación y periodistas, intimidación a dirigentes opositores y hasta daños a sedes locales del Poder Público. Aunque la mayoría de estas agrupaciones pudieron haberse constituido para ejercer representación de cuerpos estudiantiles, o bien para la lucha por reivindicaciones sociales, su actuación devino en claras acciones de violencia y criminalidad de orden político.

La ambigüedad con que el Estado actúa con respecto a estas organizaciones fue resuelto luego con precisión a lo largo de las protestas de los años subsiguientes, cuando estos grupos paramilitares actuaron abiertamente en funciones de represión y control del orden público, en algunos casos identificados con franelas del partido oficialista. En las protestas realizadas en 2007 se fue acortando la distancia que inicialmente parecía desconectar las acciones de los paramilitares con las de los cuerpos de seguridad del Estado.

En aquella oportunidad colectivos armados actuaron como grupos de choque contra venezolanos que manifestaban en las calles contra el cierre de RCTV y la convocatoria al referéndum constitucional, y si bien la tolerancia y complacencia de las autoridades gubernamentales con estos grupos violentos ha sido denunciada desde entonces, fue en el 2014 —y más abiertamente en 2017— cuando la actuación de los paramilitares pasó de ser tolerada por las autoridades y organismos estatales, a ser coordinada, desplegada y admitida, con decididos propósitos de criminalización y represión de la protesta pública mediante la ejecución de métodos extrajudiciales.

En Lara, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), general José Rafael Torrealba, admitió el 12 de abril de 2017 luego de la difusión de un video en las redes sociales donde se ve a un numeroso grupo de motorizados saliendo de la sede del Comando de Zona Número 12 —antiguamente llamado Core 4— que este “grupo de civiles” sostenía reuniones y coordinaba acciones con la Fuerza Armada.

Colectivo Adelis López

Miembros del colectivo Adelis López

“Círculos bolivarianos” y grupos de choque

En el estado Lara, el surgimiento de grupos paramilitares —como en lo sucesivo se denominará a los colectivos— coincidió, como ocurrió en gran parte del país, con la creación de los círculos bolivarianos, al menos en una génesis o estado incipiente. Estas estructuras creadas por el presidente Hugo Chávez en 2001 como instancias de organización social o comunitaria rápidamente degradaron en grupos de choque, alimentados —primero— por una retórica contra periodistas y medios de comunicación, y luego por una intensa polarización política y conflictividad.

Jugaron también a favor de la radicalización la percepción de que se estaba ante la necesidad de autoconservación y defensa del “proceso revolucionario” tras el golpe de Estado de 2002, la tolerancia y estímulo por parte de las instituciones de Estado y actores políticos vinculados al oficialismo, el creciente acceso a armas y la degeneración en grupos que fueron instrumentalizados para la represión y control social a través de la intimidación.

El 10 de diciembre de 2001 —un año y cuatro meses después de ser legitimado como presidente de la República tras aprobarse la nueva Constitución— Chávez pidió desde un mitin en la plaza Caracas al entonces ministro de la Secretaría, Elías Jaua, la elaboración y entrega a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de contenidos y la organización de la sociedad en círculos bolivarianos para enfrentar a los medios. Siete días después, el 17 de diciembre, Chávez juramentó los círculos bolivarianos y tildó a los periodistas de “tarifados”.

Estas acciones tuvieron resonancia en todo el país. En Lara, los círculos bolivarianos fueron rápidamente organizados y vinculados a la gestión del entonces gobernador Luis Reyes Reyes (del partido Movimiento V República, MVR, oficialismo) y a funcionarios en el gabinete regional. En octubre de 2002 se denunciaron los primeros ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación: grupos vinculados a los círculos bolivarianos fueron acusados de destruir el vehículo del periodista José Ángel Ocanto, jefe de información del diario local El Impulso, quien había sido demandado por difamación en un tribunal civil por el entonces jefe de seguridad y orden público de la gobernación del estado Lara, Mayor (Av.) Arnaldo Certaín Gallardo.

Ese mismo mes, a supuestos integrantes de los círculos bolivarianos también se les señaló como responsables de disparar armas de fuego y causar destrozos en las instalaciones del Poder Judicial en Lara después de que la Corte de Apelaciones admitiera una acción de amparo introducida por Ocanto en la querella que intentó Certaín en su contra.

Directivos de Telecentro y Promar TV, dos plantas televisoras en la entidad, solicitaron en diciembre de 2002 protección especial de los organismos de seguridad del estado ante advertencias acerca de posibles atentados contra sus instalaciones y antenas para transmisión. El objetivo era, según la denuncia de Víctor Barranco, director de Telecentro, evitar la transmisión de información sobre la huelga general —también llamada paro petrolero— convocada para esa fecha por Fedecámaras, la directiva de la estatal PDVSA, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y partidos políticos opositores al gobierno de Hugo Chávez.

Nueve meses después, el 13 de septiembre de 2002 se perpetra el primer atentado contra la sede de un medio: Cuatro individuos que se desplazaban en un vehículo blanco lanzaron bombas incendiarias tipo molotov hacia el estacionamiento de Promar TV, en la urbanización Nueva Segovia, al este de Barquisimeto, y causaron daños a vehículos de la empresa, de sus empleados y de particulares.

También en enero, pero esta vez de 2003, simpatizantes del oficialismo asociados a los círculos bolivarianos secuestraron en Quíbor (Jiménez) a reporteros y al entonces alcalde Manuel Díaz (del partido Acción Democrática, socialdemócrata) para impedir una marcha convocada por la oposición. “El vehículo de la corresponsalía de Radio Caracas Televisión (RCTV) también fue atacado durante los disturbios”, reseñaba una nota del periodista Carlos Ramírez en la edición de El Universal del 11 de enero de 2003.

Mientras que apenas cuatro días después, el 15 de enero, simpatizantes del oficialismo atacaron la sede de la emisora Radio Contacto 99.3 FM en El Tocuyo (Morán) en presencia de concejales del partido Movimiento V República (MVR). El periodista José Luis Yépez, director de la estación, denunció que un grupo de personas lanzó piedras, botellas y hasta disparó contra la la instalación causando daños.

Todas estas acciones no solo tuvieron como blancos a periodistas y medios de comunicación críticos con la gestión de gobierno. También se consumaron agresiones contra disidentes y dirigentes políticos en el contexto de conflictividad antes y después del paro petrolero de 2002 y que se extendió por lo menos hasta la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (también llamada Ley Resorte) promulgada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2004. El incremento de la violencia fue consecuencia directa de la impunidad en cada uno de estos casos: no hubo procesamiento de personas y se desconoce si el Ministerio Público siquiera adelantó diligencias, experticias o investigaciones que contribuyeran a establecer responsabilidades.

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El surgimiento de bandas de exterminio dentro de la Policía de Lara durante la gestión de Reyes Reyes también aupó la violencia política, llevándola a niveles extremos. Para 2004, los nombres de periodistas —como los de José Ángel Ocanto y José Barreras— figuraban junto al del exgobernador Orlando Fernández Medina en una supuesta lista que incluía a políticos, abogados, jueces y fiscales del Ministerio Público que eran considerados como objetivos políticos y que habían comenzado a recibir amenazas de muerte por parte de supuestos grupos parapoliciales al servicio del oficialismo.

Patrones, organización y presuntos líderes

Entre los patrones exhibidos por estas agrupaciones pueden identificarse las acciones para intimidar y hostigar mediante las agresiones o a través de la violencia; la ejecución de ataques con el uso de artefactos como bombas tipo molotov y armas de fuego; la planificación aparente de algunas de estas acciones, que dejó entrever cierto grado de organización, premeditación, alevosía y propósito. La escala de las operaciones también fue diversa: mientras algunos de estos hechos pueden catalogarse como vandalismo, otros permitieron observar más sofisticación, como la ejecución de secuestros.

Las amenazas previas, como un mecanismo de coacción, también figuraron dentro de las acciones de estos grupos. En el caso de los ataques contra las televisoras Telecentro y Promar TV, directivos ya habían recibido advertencias de que sufrirían agresiones y represalias si estas empresas de medios continuaban con la difusión de ciertos contenidos considerados sensibles. Se ejecutaron también acciones contra personas y contra cosas, como en los casos de la sede de la Corte de Apelaciones de Lara (caso Certaín contra Ocanto) y el atentado contra Promar TV. Un signo constante en todos estos hechos es que, al menos de los que se tiene conocimiento, ninguno fue reivindicado por sus autores.

También se hicieron evidentes dos modalidades de actuación: las acciones tipo comando, como las ejecutadas contra Promar TV, en las que un grupo de personas que se movilizaban en vehículos arrojó objetos al estacionamiento de la planta de televisión y se retiró de inmediato, y los ataques perpetrados en masa, como el que se ejecutó contra la emisora Radio Contacto 99.3 FM en El Tocuyo, municipio Morán.

El liderazgo de estos grupos entre 2002 y 2008 recayó, según aseguró el actual gobernador de Lara, Henri Falcón, en Juan Rodríguez y Abu Ali Atef, ambos autodenominados coordinadores de los círculos bolivarianos en Lara —Atef ostentaba también el cargo de “coordinador de la red de inteligencia social en Lara”, según declaró él mismo a medios como El Informador en octubre de 2010. Al mayor Arnaldo Certaín Gallardo, por entonces director de Seguridad y Orden Público durante la gestión del gobernador Luis Reyes Reyes, y a Luis Alberto Plaza, alcalde de Jiménez entre 2004 y 2008, también se les atribuyó autoridad sobre estas agrupaciones.

La participación en círculos bolivarianos era exclusiva de militantes del partido del oficialismo y, como se verá más adelante, el control sobre estas organizaciones paramilitares no solo era ejercido por líderes comunitarios, sino que la autoridad dependía de dirigentes y políticos locales. Desde entonces, el liderazgo de estas organizaciones paramilitares ha sido achacado al diputado Luis Jonás Reyes —hijo del exgobernador, Luis Reyes Reyes—; al dirigente Andrik Cordero, coordinador de movimientos sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); al exdiputado ante la Asamblea Nacional por Lara, Alexander Torrealba; y también al dirigente Richard Escalona, encargado de Juventudes PSUV. Más recientemente, se ha denunciado que la actuación de estos grupos paramilitares está comandada por Jesús Superlano, concejal de Iribarren (Barquisimeto) por el partido Patria Para Todos (PPT), que está integrado en el Gran Polo Patriótico (GPP) que aglutina al oficialismo.

La UPEL, la toma de la Unexpo y el caso Rivero

Las parcelas de poder de estos grupos comprenden además una amplia red de negocios y transacciones que les reportan ingresos económicos: algunos tienen la potestad de administrar beneficios estudiantiles como las Becas Comedor, disponer de cupos para nuevo ingreso, manejar las claves del sistema de exoneración, para estudiantes de bajos recursos, de los cursos intensivos. Coordinan, además, la entrega de tabletas Canaima, regentan espacios internos del instituto para negocios ambulantes. A los miembros del CRE-9 se les atribuye la venta de cubiertos desechables, luego de una protesta en el comedor para eliminar los cubiertos de metal.

De igual manera, con la intención de controlar el ingreso y contratación de personal, han obstaculizado procesos de admisión de profesionales de la docencia y de contratación de obreros y empleados universitarios. Todos estos hechos son de conocimiento de gran parte de la comunidad universitaria, con mediación de denuncias ante las autoridades de la UPEL sin que resultaran en sanciones disciplinarias.

“El líder del CRE-9, el grupo más radical dentro de la UPEL, es Jesús Superlano conocido como Chinolo”, confiesa una representante gremial en la UPEL. Se refiere al actual concejal de la Cámara Municipal de Iribarren por el PPT, quien ha sido denunciado en múltiples ocasiones en esta casa de estudios por comandar acciones de violencia. Superlano también fue denunciado en marzo de 2017 ante el Ministerio Público por el actual alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos (Causa R), de liderar los ataques contra la sede de la municipalidad.

Su nombre también apareció en titulares de medios locales el pasado 10 de abril de este año por su presunta participación en hechos violentos en las adyacencias del Centro Comercial Metrópolis, al oeste de Barquisimeto, donde individuos armados dispararon desde una camioneta hiriendo a dos personas, entre estas Yoiner Peña, de 28 años, quien falleció 54 días después del ataque armado.

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Superlano, quien acumula cuatro investigaciones penales, dio respuesta a las acusaciones sobre este hecho en un audio publicado dos días más tarde, en el cual da muestra de su liderazgo sobre los grupos paramilitares que operan en la ciudad: “Nosotros hemos tenido la paciencia de controlar, de evitar que los colectivos se enfrenten con esos terroristas, con esas personas que han acabado con parte de la ciudad de Barquisimeto y nosotros hemos llamado a la paz porque es la línea del Presidente, de no enfrentarnos”.

El ahora concejal ingresó al Instituto Pedagógico de Barquisimeto (IPB) en 1999, y se graduó nueve años después de profesor de Educación Física, posteriormente se inscribió en otra especialidad y actualmente permanece activo como estudiante de pregrado, según consta en un expediente académico facilitado por autoridades gremiales. Durante dieciocho años de permanencia en esta institución de educación superior Superlano ha acumulado un abultado expediente en esta casa de estudio que incluye más de 35 actas o comunicaciones internas que relatan hechos violencia, arbitrariedad y corrupción. Es acusado, además, en diversas instancias gremiales por su “abierta y reiterada” participación en agresiones contra profesores, obreros y empleados administrativos.

De igual manera su nombre y el de otros miembros de los colectivos CRE-9, Alí Primera y Che Guevara, son reseñados en decenas de documentos de circulación interna del Pedagógico —a los que tuvo acceso esta investigación— que dan cuenta de la impunidad con la que han actuado: abundan las denuncias por destrozos, secuestros de autoridades, quema de la sede de la asociación de empleados, cierre de departamentos, violencia de género, amenazas de muerte, agresiones verbales y físicas, porte de armas de fuego, hallazgo y uso de explosivos y bombas lacrimógenas, extorsión, comercio informal, usufructo de la planta física y bienes nacionales. Todos estos hechos forman parte de las acusaciones de la comunidad universitaria que hace vida en la UPEL-IPB, en la que gremios de docentes, empleados administrativos y obreros coinciden al atribuir la autoría de estos delitos a grupos violentos comandados por Superlano.

Pero no solo en la UPEL se han hecho presentes estas agrupaciones, en la Unexpo estos grupos protagonizaron la toma más prolongada de una instalación educativa, que culminó después de un ataque a tiros contra estudiantes por parte de paramilitares que causó lesiones a dos estudiantes y la posterior demolición de la “casa del profesor” a manos de la comunidad estudiantil, que vio esta como la única solución para zanjar un conflicto que obligó a la suspensión de actividades académicas.

Diego Rivero fue herido en marzo de 2008 durante un ataque de grupos armados vinculados a una agrupación estudiantil denominada Movimiento de Estudiantes No Admitidos (MENA) que reclamaba el ingreso a la Unexpo de 382 bachilleres que no habían sido asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu). Las tensiones entre las autoridades de la Unexpo y varias representaciones estudiantiles escalaron hasta alcanzar al cuerpo estudiantil que, preocupado por la suspensión de actividades académicas, decidió finalmente confrontar a los “tomistas”.

La incursión y ataque del grupo armado que causó lesiones a Rivero estaba comandada por Nelson Canelones y Alexander Torrealba, conocido en esa casa de estudios con el alias de “Shaggy” y quien cursó estudios no completados en la Unexpo. “Ni siquiera tenía clases esa mañana. Yo iba a trotar como solía hacerlo en el Politécnico. Cuando llegué vi una larga fila de estudiantes para sacar la tarjeta de transporte y aproveché el operativo. Poco después el grupo de Canelones y a Torrealba, quienes protagonizaron una acalorada discusión… esa gente llevaba meses saboteando, amedrentando y robando dentro del Politécnico. El grupo comenzó a atacarnos con piedras. Les respondimos. Ellos eran como 15 o 20 personas, pero tenían armas y las mostraban. Estábamos por comenzar un nuevo semestre después de una paralización de más de cien días, y ya no íbamos a permitir que este grupo siguiera controlando la universidad”, relató Rivero para este trabajo.

“Torrealba estaba en la banda de Canelones, quien era el cabecilla principal del grupo. Luego Canelones pasó a ser parte del grupo FRIO”, cuenta una trabajadora de la Unexpo. El grupo FRIO era el Frente Revolucionario de Ocupantes e Inquilinos, una organización radical caracterizada por la toma y ocupación de inmuebles. Varios de sus miembros fueron enjuiciados en 2012. Torrealba pasaría luego a ser dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado por el estado Lara e integrante de la comisión de cultos y régimen penitenciario del Parlamento venezolano.

El enfrentamiento entre estudiantes y los grupos armados se extendió unas tres horas, hasta que los estudiantes lograron sacar a los tomistas de la universidad, quienes tuvieron que abrir un boquete en la pared perimetral para escapar. “La lucha continuó, ellos lanzando piedras desde afuera y nosotros respondiendo a ciegas desde adentro. De pronto todo el mundo empezó a correr, yo no entendí hasta que ví una mano empuñando un arma corta, cromada. Comencé a correr asustado —di como unos ocho, doce pasos— y caí”, recuerda Rivero, estudiante de ingeniería.

Estudiantes compañeros de Rivero lo recogieron del suelo, tomaron las llaves de una de las ambulancias de la universidad y lo trasladaron al hospital del Seguro Social Pastor Oropeza, al oeste de la ciudad. En el informe médico de Diego Rivero se lee: “Herida hepática grado IV y ruptura de pleura a consecuencia de un impacto de bala en zona toráxica”. Estuvo luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del IVSS Pastor Oropeza y se ha sometido a cuatro operaciones, la última hace dos años para resignarse a caminar por la vida con un proyectil alojado en su cuerpo.

Luis Jonás Reyes, también diputado local por el PSUV e hijo del entonces gobernador Luis Reyes Reyes, fue acusado por parlamentarios locales de comandar acciones del grupo de personas que ocuparon las instalaciones. No era la primera vez que al también presidente del parlamento regional se le vinculara con grupos violentos. En una nota publicada el 8 de noviembre de 2007 en El Diario de Lara fue señalado públicamente de dirigir y financiar a las agrupaciones violentas en las universidades por el profesor de la UPEL y diputado del Consejo Legislativo, Freddy Pérez, quien expresó:

“Sobre lo expresado por el diputado Luis Jonás Reyes sobre elevar el grado de agresión de los grupos chavistas contra el pueblo, queremos puntualizar que el diputado Reyes es quien dirige y financia a los grupos fascistas que hacen vida terrorista tanto en el Pedagógico como en el Politécnico”, expresó Pérez, quien también responsabilizó a Reyes del “asalto” a las instalaciones de la Comisión Electoral de la Asociación de Empleados y causante indirecto de los heridos que han resultado en la UPEL.

Durante la toma en la Unexpo, que se extendió por más de 100 días, se suscitaron innumerables episodios de violencia. En un hecho confuso, Mervin Yánez, quien cumplía labores de vigilancia, resultó herido de gravedad al recibir dos impactos de bala en el rostro. Según informaron estudiantes que allí permanecían y que fueron testigos, sujetos a bordo de un vehículo Toyota Corolla de color vinotinto con plástico oscuro en la placa, le dispararon, según declaró Yorman Rojas a Promar TV el 25 de noviembre de 2008. De igual manera, la inspección policial autorizada por el Tribunal 9º de Control realizada el 30 de noviembre de 2008, acusó el robo y extravío de al menos 40 computadoras, televisores y otros equipos, además del destrozo de oficinas, puertas, y el intento de desinstalar los aires acondicionados. Para ese momento ya la empresa de seguridad se había retirado de la universidad.

La madrugada del domingo 17 de febrero de 2008, a las 4:00 am por orden del Tribunal 3° de Control de la Circunscripción Judicial del estado Lara y con presencia de fiscales del Ministerio Público, funcionarios adscritos a la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ingresaron en una operación de asalto y desalojaron a los tomistas. Durante el procedimiento fueron detenidos seis estudiantes, aunque ninguno de los líderes del grupo fue capturado.

En el expediente, disponible en la página del TSJ se indica: “…dentro del sitio allanado se encontraron elementos de interés criminalístico, tales como: armas de fuego largas y cortas, dos granadas fragmentarias, marca federal modelo 515 CS (trifásicas), se encontraba en el recinto un adolescente el cual se presume que lo tenían para delinquir, así como también fueron recabados: computadoras, tarjetas telefónicas, numerosos celulares, puntos de venta, todos estos que servirían como medios para cometer los delitos que considera esta representación fiscal”.

No fue el desalojo de este grupo lo que marcó el fin de esta etapa oscura en la UNEXPO, pues el líder del grupo, Nelson Canelones, continuó haciendo vida activa en el Politécnico, pese a tener medidas cautelares que le prohibían participar en reuniones y actos de alteración del orden público. El 12 de marzo del mismo año, a menos de un mes del allanamiento, volvieron a desatar la violencia, con el fatídico saldo de tres estudiantes heridos por arma de fuego y 18 heridos con objetos contundentes. A Diego Rivero le tocó la peor parte.

En declaraciones recogidas por El Impulso, el vicerrector Amael Castellano, denunciaba: “Un grupo de estudiantes de otras instituciones irrumpieron en nuestros espacios, liderados por un trabajador de la Gobernación de Lara conocido como El Shaggy, esto tenemos que decirlo sin temores. Aquí la policía abandonó la custodia de los accesos en la madrugada, algo llamativo, qué casualidad que pasara justamente ayer”.

Al día siguiente, un numeroso grupo de estudiantes decidió demoler la Casa del Profesor, tal vez para exorcizar la impotencia e indignación por las heridas causadas a Rivero, y la impunidad con que actuó este grupo armado afectando a cerca de 5 mil estudiantes y más de cuatro mil trabajadores universitarios.

 

¿Por qué los colectivos armados son paramilitares?

El International Crisis Group apunta sobre estas organizaciones en su Boletín sobre América Latina Nº 38: Violencia y Política en Venezuela, difundido en agosto de 2011: “Los ‘colectivos’ urbanos combinan actividades políticas con actividades delictivas, incluyendo acciones armadas contra opositores del Gobierno, operan en gran medida sin restricción y gozan de una amplia impunidad”. Además de una conceptualización sobre estas instancias con propósitos criminales, también ahonda en las particularidades de su surgimiento y actuación con el consentimiento del gobierno venezolano.

“A pesar de diferencias fundamentales con respecto a sus orígenes, enfoques, estructuras y fuerza, todos se han beneficiado de una actitud del Gobierno que es, como mínimo, ambigua. Si bien el Gobierno mantiene cierta distancia con ellos, con esta actitud, reconoce su utilidad política. No se ha hecho ningún esfuerzo real para combatir o desarmar estos grupos, los cuales han obrado como promotores de la ‘Revolución bolivariana’, y han fomentado la violencia en el país de manera directa e indirecta”.

Organizaciones que promueven y defienden derechos humanos en Venezuela y medios de comunicación también han buscado hacer una caracterización o aproximación al origen, desarrollo, organización y actuación de estos grupos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) distingue en su informe “Manifestantes en la mira de paramilitares”, publicado en junio de 2015, entre los colectivos sociales y comunitarios, con intereses culturales y deportivos; los colectivos políticos orgánicos, como formas de organización que, sin llegar a constituirse en partidos, poseen fines políticos que persiguen la reivindicación de derechos o la transformación social; y los colectivos políticos institucionalizados, que pretenden sumar para sí las formas de organización social comunitarias que en algunos casos les dieron origen.

Esta organización no gubernamental advierte: “Muchas de estas expresiones sociales y comunitarias han servido de fachada perfecta para albergar a agrupaciones paramilitares, que se autodefinen públicamente como colectivos sociales, culturales, deportivos o políticos. Sin embargo, algunos colectivos paramilitares se muestran abiertamente. Son organismos que se asumen como el brazo armado del pueblo, los guardianes de la revolución, o que cumplen funciones parapoliciales con la permisividad del Estado… Estas agrupaciones paramilitares delictivas se han mezclado y mimetizado con expresiones de organización y participación popular como las comunas, consejos comunales y colectivos sociales”.

El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) argumenta también, en un artículo publicado el 7 de mayo en El Correo del Caroní, que estas organizaciones o grupos llamados colectivos son paramilitares si reúnen ciertas condiciones básicas, no necesariamente excluyentes: poseen una estructura, entrenamiento, forman parte de una subcultura, sirven a los intereses del Estado o sus grupos de poder, dentro de sus miembros pueden contarse integrantes de fuerzas policiales, militares, mercenarios e integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados; tienen el funcionamiento de las Fuerzas Armadas como referente, ocupan territorialmente zonas urbanas o rurales, ejecutan labores de control territorial y visibilizan los grados jerárquicos existentes en su organización.

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