Las denominadas Zonas de Paz, es decir, esos territorios de impunidad establecidos por el Gobierno nacional, en los cuales los cuerpos de seguridad no pueden ejercer su autoridad, representan otro eslabón de la cadena de graves errores que han impulsado la criminalidad en el país. Las consecuencias de la improvisación e irresponsabilidad de los que ejecutan este tipo de planes las pagamos todos los venezolanos.
Las Zonas de Paz surgen en el año 2013, cuando a Nicolás Maduro, iniciando su periodo presidencial, se le ocurrió que negociar con las bandas criminales era la mejor forma de lograr que sus integrantes abandonaran la carrera delictiva (¡vaya ingenuidad!). En el marco de la creación del Movimiento por la Paz y la Vida se comienza a dialogar con distintas agrupaciones hamponiles desplegadas en varias partes del país. De esta tarea se encarga fundamentalmente el Viceministro de Interior y Justicia, José Vicente Rangel Ávalos. Las bandas criminales piden como condición, para supuestamente iniciar el proceso de desarme y pacificación, «despolicializar» los territorios en los que actúan. Así nace la anarquía y la impunidad en las Zonas de Paz.
El plan de Zonas de Paz, como tantos otros del pasado, no está escrito en ninguna parte. Se trata de un experimento que depende de la discrecionalidad del burócrata encargado. Por lo tanto, entre otros aspectos, es difícil conocer los lugares en los cuales están ubicadas. Sin embargo, el propio Rangel Ávalos ha señalado que ha dialogado con agrupaciones delictivas de los estados Miranda, Guárico, Aragua, Falcón y Sucre (Contrapunto.Com, 18/02/15).
Las Zonas de Paz han resultado un fracaso rotundo. Lejos de pacificarse y desarmarse, las bandas delictivas fortalecieron su poder en estos territorios. Muchas veces aprovechan el despeje policial para esconder allí a personas secuestradas. También se ha hecho regular que en ellas se refugien individuos solicitados por los tribunales del país. En estas zonas la extorsión se hizo la regla. Los que realizan una actividad productiva de importancia, deben frecuentemente pagar la correspondiente «vacuna» para poder trabajar sin ser atacados.
Algunos habitantes y funcionarios policiales destacados en las Zonas de Paz han denunciado que el Gobierno les entregó créditos a las bandas para que emprendieran proyectos productivos, pero lejos de esto «utilizaron el dinero para reforzar su parque de armas. Poseen ametralladoras UZI, 9mm, escopetas, fusiles AK-45 y pistolas con cargadores modificados de 32 municiones» (El Nacional, 19/01/2014).
Ahora que el proyecto de las Zonas de Paz fracasó, el Gobierno niega que alguna vez haya existido. Rangel Ávalos ha señalado que las Zonas de Paz constituyen «una expresión que ha comentado la oposición para sabotear el trabajo de pacificación» (Contrapunto.Com, 18/02/2015). Los que hoy controlan el poder tienen la constante vocación de tratar de evadir la responsabilidad de todos los problemas que generan en el país.
Cuando el Estado negocia con delincuentes, de alguna forma los está colocando al mismo nivel. Les está reconociendo peligrosamente una jerarquía que no les debe ser otorgada. A los criminales que a diario atentan contra la vida y los bienes de los venezolanos, sencillamente les tienen que ser aplicadas las sanciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico penal.
@luisizquiel
