Esta semana, se produjo un anuncio tan inusual, como valioso.  El expresidente del Gobierno español, Felipe González, aceptó hacerse cargo de la defensa de, Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos principales presos políticos de la dictadura chavista de Maduro.

Al origen de la decisión, del ex presidente español, está una petición hecha por los familiares de los presos políticos, a la cual también se han adherido los expresidentes; Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

Lo más probable es, que éste grupo de personalidades intenten participar en los procesos judiciales de López y Ledezma, bajo la figura del amicus curiae.

Introducida en la ley internacional, particularmente en la temática de los Derechos Humanos, en el presente, la técnica del amicus curiae, es utilizada por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la CIDH y por la Corte de Justicia de la Unión Europea.

El origen de dicha figura, está en el derecho anglosajón del siglo XVII. En el presente, ha finalmente sido integrada en la mayoría de los sistemas legales, de donde sobresalen Argentina y Honduras.

Las condiciones esenciales de la amicus curiae son la independencia, la competencia y la representatividad. Teniendo como principal objetivo cubrir las debilidades de la instrucción de los expedientes, principalmente respecto a testimonios y experticias, carencias éstas que son paradójicamente el centro de gravedad del juicio que se le sigue a Leopoldo López. Puede también, la amicus curiae, aportarle luces a los tribunales sobre cuestiones de hecho y de derecho.

La tipificación de los llamados “delitos políticos” tiene diversas y múltiples incompatibilidades con el derecho internacional, convencional y consuetudinario. No existe una definición consensuada acerca de lo que se entiende por delitos políticos en el derecho internacional.

Convencer a la dictadura de Maduro y su TSJ rojo rojito, de abrir los procesos de López y Ledezma, a otros actores no será una tarea sencilla.

El  muy vilipendiado, lobbying judicial, podría convertirse en el caso venezolano en generador de una reacción política, que tanto le ha costado desarrollar a las fuerzas democráticas.

Sin hacerme mayores ilusiones en lo jurídico, pienso que en lo político, es probable que éste inusual gesto de los expresidentes, termine creando un precedente que sirva para establecer un mínimo de vigilancia regional, ante los múltiples atropellos, de la dictadura chavista.