Luego de 15 días de aprehensión, abogados y familiares desconocen el sitio de reclusión  

Tras dos semanas de detención, la defensa de los tres jefes de campaña de Vente Venezuela denunció que tanto los tribunales como los cuerpos policiales niegan información sobre el paradero de los activistas políticos.

El abogado Omar Mora Tosta sostuvo  que no hay información sobre el paradero de Juan Freites (Vargas); Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo), pese a que hace 11 días el Ministerio Público admitió la detención y vinculó a los opositores con una presunta conspiración contra el Gobierno.

“A 14 días de la detención arbitraria y desaparición forzada, en ese momento, de estos ciudadanos, se mantiene la misma situación. A pesar de los esfuerzos del equipo de defensa, de sus familiares, que hemos recorrido todos los tribunales que tienen que ver con la competencia del caso que nos ocupa, se nos ha negado reiteradamente información al respecto”, dijo en declaraciones a medios.

Tosta recalcó que la falta de información sobre el paradero y condiciones de la detención materializa la desaparición forzada que ya han denunciado.

Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir la presencia de sus abogados privados ni el contacto con sus familiares.

Las audiencias se llevaron a cabo con defensores públicos impuestos y sin el consentimiento de los dirigentes del partido.

Perkins Rocha, abogado de la líder de Vente Venezuela María Corina Machado, dijo que las autoridades judiciales no les han permitido tener acceso a los expedientes.

Machado alertó a la comunidad internacional del “proceder ilegal y arbitrario del régimen de Nicolás Maduro”, y exigió el respeto de los derechos humanos de sus colaboradores, cuyo “destino judicial es incierto y peligroso”.

La abanderada por la oposición en la pasada elección primaria del 22 de octubre responsabilizó al régimen de la vandalización de varias sedes de su partido, en cuyas fachadas escribieron “Furia Bolivariana”.

Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2030, aseguró que “todo el aparato represivo del Estado intenta disuadir y desmoralizar a sus seguidores”.

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