Según información del ODH-ULA, entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017, al menos 22 personas perdieron uno o ambos ojos producto de un patrón de represión utilizado por la fuerza pública en Mérida
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) informó que envió los formularios de 26 víctimas que relataron sus testimonios ante la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI en marzo de este año.
Precisan que esta cifra es una pequeña muestra de los cientos de víctimas de persecución, represión, tortura, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, desplazamiento forzado y asesinato que ha registrado el ODH-ULA desde abril de 2017.
Denunciaron además que la totalidad de estas víctimas siguen sin recibir justicia ni reparación, y muchas de ellas han sido incluso revictimizadas por el Estado venezolano, mientras que otras continúan privadas de libertad arbitrariamente, recibiendo torturas y violaciones de sus derechos humanos.
Disparos directo a los ojos
Según información del ODH-ULA, entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017, al menos 22 personas perdieron uno o ambos ojos producto de un patrón de represión utilizado por la fuerza pública en Mérida.
Estos crímenes formarían parte de la investigación de la CPI sobre Venezuela, pues la actuación de los efectivos policiales de disparar sistemáticamente a la cara y a los ojos de los manifestantes es «desmedida» y violatoria del artículo 55 de la Constitución, además de los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
«Venezuela no está investigando»
Los pasados días 7 y 8 de noviembre se realizaron audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, para cumplir con la solicitud de apelación introducida por el régimen venezolano que busca impedir que la Fiscalía de la CPI reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por funcionarios del Estado.
“Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares y sus amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, denunció Paolina Massida, jefa de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés).
La pequeña muestra de víctimas representadas por el ODH-ULA ante la CPI evidencia patrones no solo de actuaciones represivas, sino de la ausencia de justicia y verdadera voluntad de investigación y reparación de las víctimas por parte del Estado venezolano.
Es por esta razón que el ODH-ULA resaltó que la investigación de la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es «indispensable e impostergable».
