Expertos en derechos humanos consideran que la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis política y judicial que vive Venezuela sigue siendo insuficiente
«Los jueces en Venezuela toman decisiones sobre la base de influencias personales o jueces y cortes de mayor rango», aseguró Carolina Villadiego, asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, en el foro web «Venezuela no coopera ni cumple con las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
Villadiego se refirió en su ponencia al sistema judicial en Venezuela y reiteró que no existe independencia judicial en este país, a pesar de que «el derecho al acceso a la justicia está protegido por el Tratado de derechos civiles y políticos de la ONU».
«Un elemento clave de la independencia judicial es que no tenga influencia política. Eso no sucede en Venezuela», añadió Villadiego, para quien «el TSJ ha tomado decisiones a favor del ejecutivo, arremetiendo contra los derechos humanos y cortes de menor rango».
En este sentido, añadió que al menos 81 jueces en 2019 «fueron nominados de manera discrecional por el TSJ», y este «es uno de los factores que arremeten contra la independencia judicial».
Además, Villadiego afirmó que en Venezuela «son frecuentes prácticas de corrupción por parte de personas de poder y dinero que influencian el proceso».
«Recomendamos al Estado a promover la independencia del proceso judicial y apegarse a las leyes que promueven el debido proceso y el estado de derecho», destacó.
Una respuesta insuficiente
Otra de las panelistas presentes en el foro fue María Daniela Rivero, abogada del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien consideró que, ante «la crisis humanitaria compleja» que se vive en Venezuela, «la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente, ya que no existen medidas internas que puedan resolver esta situación, la comunidad internacional debe actuar ante la falta de independencia judicial».
A juicio de Rivero, «la capacidad del Estado no está dando recurso legales a las víctimas», razón por la cual «la comunidad internacional debe promover mecanismos para remediar, sin proteger al Estado que no desea cumplir con sus obligaciones».
«Los mecanismos internacionales deben entender que el principio de complementariedad no puede ser un obstáculo para proteger los derechos humanos. Los cuerpos de derechos humanos deben ir más allá de las limitaciones impuestas. Venezuela necesita una respuesta de múltiples niveles porque el Estado venezolano no está cumpliendo con su deber de proteger los derechos humanos», sumó.
La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz, también intervino en la conferencia para recordar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet formuló una serie de recomendaciones urgentes, en materia de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, «que no se han aplicado».
Violaciones sistemáticas a los DDHH
«La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) indicó que fuerzas policiales debían cesar inmediatamente las ejecuciones extrajudiciales y debían desmantelarse las FAES. Como indica la FFM, las violaciones de derechos humanos en Venezuela se hacen de manera sistemática, lo que comporta crimen de lesa humanidad», afirmó.
Santacruz se refirió a julio 2019, cuando «el Estado Venezolano indica la Misión de Liberación del Pueblo, que se traduce en un enorme numero de casos de ejecuciones extrajudiciales. Entre 2016 y 209 hubo mas de 18.000 casos».
De igual manera, sostuvo que el gobierno «creó planes civiles y militares para reprimir manifestaciones en contra del gobierno. El Estado no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones hechas en este tema realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
«La tortura es una práctica sistemática en Venezuela. Hay una enorme taza de impunidad en estos casos. La Fiscalía solo presenta acusaciones en un porcentaje muy bajo de los casos», precisó.
El foro web «Venezuela no coopera ni cumple con las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos» fue organizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Justicia y Verdad Venezuela, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Provea, Alerta Venezuela, el Centro Global de la Responsabilidad de Proteger y la Comisión Internacional de Juristas.
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