El diputado Luis Lippa indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados
Los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para calificar el ecocidio como delito de lesa humanidad
En debate de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2105, los diputados opositores hicieron un llamado a Naciones Unidas (ONU) para que vengan a Venezuela y puedan verificar la situación que se vive en la frontera con Colombia, específicamente en Apure.
El diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados hacia Colombia, producto de estos enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC.
Igualmente recomendó que a través de instituciones internas como el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) se implemente una política de Estado, también para un regreso seguro de estos ciudadanos.
El diputado Freddy Superlano (VP-Barinas) aseguró que la muerte, el desplazamiento, el tráfico de drogas y la violación de Derechos Humanos ponen a los ciudadanos en un total estado de indefensión.
También recordó que el gobierno de Nicolás Maduro estableció una comisión conjunta de expertos, para investigar los asesinatos, pero hasta el momento se desconocen los resultados o el estatus de esa investigación.
Superlano expresó que la FAN repriman a los ciudadanos en manifestaciones civiles, pero que ante estos enfrentamientos lucen «endebles, incautas e ingenuas ante el ataque de grupos de militares no convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano, para la siembra de narcóticos, instalación de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas para el tráfico de drogas».
Por último, la diputada Gaby Arellano (Independiente-Táchira) aseveró que los ciudadanos han sido víctimas de la «guerra» que se vive en la frontera por el «control del narcotráfico, por parte del frente de la Farc encabezado por Gentil Duarte contra el frente de la Farc de Iván Márquez, a quien éste último, la diputada acusa de usar a militares venezolanos para defender sus rutas ilícitas para el tráfico de drogas».
Asimismo dijo que existe complicidad del gobierno de Maduro con grupos irregulares y permisividad “al entregarles armamento y espacio” a bandas delictivas que atemorizan a la población como: El Coqui».
Precariedad laboral
En la misma sesión, los diputados opositores debatieron sobre la precariedad laboral que existe en el país, en el marco del día del trabajador que se celebra el 1 de mayo.
El diputado Héctor Vargas (UNT-Zulia) denunció que actualmente no existe la mínima posibilidad de que los trabajadores del sector público y privado puedan mejorar su calidad de vida.
“Este régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores”, dijo.
Mientras que el parlamentario Ángel Torres (VP-Lara) señaló que el gobierno de Maduro acaba con las condiciones mínimas laborales y tampoco permite el emprendimiento, «a no ser que sea una inversión en bodegones o carros marca Ferrari para seguir lavando dinero”.
Por eso el diputado José Prat (Causa R-Bolívar) explicó que la destrucción del salario tiene como objetivo sustituirlo por dependencia y miseria. Agregó que el gobierno de Maduro también a eliminado las libertades sindicales y ha violado las leyes laborales sistemáticamente, y como consecuencia se ha perdido el desarrollo del país, porque se propicia la fuga de talento humano.
Diputados contra el ecocidio
Por último en la sesión virtual del Parlamento, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de ecocidio como delito de lesa humanidad.
El Proyecto fue presentado por la diputada y presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) quien explicó que se instruye al cuerpo diplomático y otros representantes del gobierno interino, representar a Venezuela em las cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental.
Otro punto es el de realizar las gestiones necesarias para que el país, pueda optar a los programas de asistencia y financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable.
Además se deben realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonia.
En el Proyecto de Acuerdo, los diputados exhortan al comisionado presidencial contra terrorismo y crimen organizado, Carlos Paparoni y al comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovis a investigar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que tengan relación con las empresas Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, (CAMIMPEG, (CAMIMPEG) y Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (Emasproforn).
