Sin atención médica, sin tapabocas, sin comida, sin antibacterial, sin respiradores, ni distanciamiento social, los reos latinoamericanos enfrentan con la pandemia la agudización de las violaciones a los Derechos Humanos que ya padecían. La covid-19 desnuda las entrañas de los sistemas penitenciarios que no garantizan asistencia sanitaria ni celeridad en los procesos judiciales. En Venezuela la información sobre la situación en las prisiones es escasa
Por CONNECTAS
Ilustración: Juan García
Las cárceles de América Latina viven una agudización del hacinamiento tras la llegada del nuevo coronavirus. Medidas como suspender las visitas y el ingreso de alimentos, así como los encuentros conyugales y los procesos judiciales, llevó a que los más de un millón setecientos mil reos que hay en la región quedaran aislados de la poca interacción que tenían.
“Ese virus nos jodió, nos dejó sin familia. Que te quiten la visita es la peor desgracia de un preso”, relata Luis, uno de los 2.020 beneficiados con medidas de excarcelación en Venezuela. Logró salir del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en Venezuela, luego de un motín ocurrido el primero de mayo, en el que murieron 47 reos.
La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara, le da la razón. Asegura que dentro de las penitenciarías de la región no existen condiciones adecuadas para sobrellevar la COVID-19. “No hay lo mínimo y básico: agua potable, productos sanitarios, limpieza individual, desinfección de las instalaciones”, comenta la experta.
Miembros de la Comunidad de Periodistas de CONNECTAS realizaron un detallado monitoreo de prensa y reportes oficiales de 37 países de la región para esta entrega del especial #HuellasDeLaPandemia. Se contabilizaron al menos 11.680 contagios y 431 muertes por COVID-19 dentro de los reclusorios del continente hasta el 15 de julio, con una tasa de 24,8 presos muertos por cada 100.000 privados de libertad.
Las cifras corresponden a 23 países, pues 14 naciones adicionales que se revisaron no están informando del efecto de la COVID-19 en sus prisiones.
Venezuela: calabozos policiales y presos políticos
En el caso de Venezuela, la información sobre la COVID-19 en las prisiones ha sido parcial. Las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario no han reportado contagios en las cárceles, que albergan unos 57.096 presos.
Sin embargo, la inexistencia de casos del virus llama la atención, pues se trata de recintos con más de 130 por ciento de hacinamiento, sin asistencia médica, ni alimentación adecuada. En julio de 2020, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció las graves consecuencias de la falta de atención a la población penitenciaria. “El aumento de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con la desnutrición (en prisiones) es palpable. 63,46 por ciento de las muertes en 2019 estuvieron relacionadas con falta de tratamientos, alimentos y cuidados no otorgados por el Estado”, detalló.
En paralelo, hay reportes de que la COVID-19 sí llegó a los llamados centros de detención preventiva (calabozos en delegaciones policiales), que no son administrados por el despacho de prisiones del Ejecutivo. Se han conocido 48 casos de coronavirus hasta el 17 de agosto en los recintos que tienen aproximadamente 62.000 reos, según la ONG Una Ventana a la Libertad: 43 en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antisecuestros de la Guardia Nacional (Conas) en el estado Nueva Esparta y cinco en calabozos de la policía judical (Cicpc) en Barinas.
“Decir coronavirus es como nombrar al demonio. Aquí en la celda uno está asustado. Porque siguen llegando nuevos y aunque no tengan nada, ellos pueden traer el virus… Nosotros queremos que nos apliquen un plan cayapa (mecanismo de juicios exprés en Venezuela), que nos dejen salir, que nos lleven para los tribunales. Pero aquí encerrados, metiendo a más gente, esos nos van a traer el virus y nos vamos a morir. Porque si se mueren los que no están presos, para nosotros no queda más nada”, dice Carlos desde un centro de detención preventiva del estado Vargas.
Esta situación ha llevado a que comiencen a anunciarse algunas liberaciones de detenidos en estos centros. Pero la medida, que ha sido una de las más recomendadas por expertos y defensores de derechos humanos para frenar la pandemia en las prisiones, ha despertado algunas controversias. La falta de claridad en los términos y condiciones de estas excarcelaciones ha generado desconfianza entre la población y miembros de las instituciones judiciales.
“A mí me dijeron que fuera a presentarme en un tribunal, pero no he ido porque por lo del virus los tribunales están cerrados. Así que lo dejaré para cuando esto termine. De resto, me dijeron que viviera mi vida normalito y que no volviera a caer en malos pasos. Yo para Tocuyito no vuelvo, haya o no coronavirus”, sentenció Manuel, uno de los presos liberados en Venezuela, donde 3,5 por ciento de la población penitenciaria quedó en libertad.
En el caso de Venezuela, las liberaciones se otorgaron bajo el régimen de confianza tutelado, según el cual, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios estaría en la obligación de hacer seguimiento a cada caso y de emitir informes sobre el estatus de cada uno de los beneficiados con la medida, pero el despacho ministerial venezolano, no tienen esa capacidad. No parece haber ninguna supervisión sobre los presos excarcalados debido a la pandemia.
Por otra parte, Venezuela tiene entre su población penal más de 400 detenidos -según registros de la ONG Foro Penal- que son considerados presos políticos. En El Helicoide, uno de los recintos donde permanecen muchos de estos privados de libertad, ya se reportó el caso de un fallecido por COVID-19, mientras que también hay denuncias de contagios en la cárcel de Ramo Verde, donde están recluidos militares y policías.
Insalubridad y hacinamiento potencian el virus
La desesperación de los reos demandando atención médica, medidas sanitarias básicas y alimentos bajo la pandemia es una constante en una región que por años ha condenado a su población carcelaria al hacinamiento -que sobrepasa el 120 por ciento- y el abandono. La ansiedad entre los reclusos aumenta ante la incertidumbre y las imágenes de sus compañeros de celda muertos.
“El Gobierno optó por encerrarnos a cada uno en nuestras celdas, hay muchos casos y no se nos dice nada. El virus ya entró al centro penitenciario La Joya”, denuncia Francisco, quien enfrenta la pandemia en esa prisión panameña, donde está recluido por robo agravado. “No nos dan mascarillas, no nos dan ningún artículo de aseo… No nos dejan entrar gel alcoholada. Nos oprimen, nos oprimen…”, describe. Lea acá la historia.
Para María Luisa Romero, experta independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, las características propias del encarcelamiento, agudizadas por el hacinamiento, dificultan la toma de medidas recomendadas para “aplanar la curva”.
“En centros sobrepoblados resulta imposible la distancia física. Hasta lavarse las manos es un lujo: en muchos centros escasea el agua, en muchos más escasea el jabón y se prohíbe el alcohol en gel por seguridad. Tampoco funciona el aislamiento como se implementa para la población general; por un lado no hay suficiente espacio, por el otro, aunque los detenidos no reciban visitas, en las cárceles a diario entran y salen un sinnúmero de funcionarios”, analiza la experta en un artículo publicado en Open Democracy.
La situación es todavía más grave en casos como los de Pablo, un preso de nacionalidad peruana, que tiene 40 años de edad, de los cuales los últimos 15 años los ha pasado en prisión. Está en la cárcel San Pedro en Bolivia y sobrevive con ocho bolivianos al día (cerca de un dólar) en alimentos de muy baja calidad. Como en otras cárceles de la región, muchos internos se alimentaban principalmente de los insumos que llevaban familiares; pero ahora están prohibidas las visitas. “Me da más miedo morir de hambre que infectado por el coronavirus”, asegura Pablo.
Esta realidad, junto con los abusos de la fuerza pública y el miedo al contagio, ha causado una estallido de motines, fugas y protestas; acciones de inconformidad en las prisiones de casi toda la región. El registro de prensa levantado por CONNECTAS arrojó más de un incidente por semana en las prisiones latinoamericanas desde la llegada de la COVID-19, con un balance de 91 reclusos muertos y 309 heridos en hechos de violencia.
Esta crisis en las cárceles podría ser lo que detone la urgencia por implementar las aplazadas reformas a la justicia penal y a los sistemas penitenciarios de los países de la región, caracterizados por un retardo crónico en los procesos judiciales. Vea acá la historia.
“La pandemia nos está revelando que los Estados tienen que hacer una profunda reflexión sobre sus políticas de justicia penal en las cuales recurren de manera primordial a la prisión como una medida de prevención y sanción (…) y esto los debe obligar, una vez pasada la crisis, a entrar en procesos profundos de reforma penal”, explica Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La corta experiencia de cuatro meses de pandemia y las medidas adoptadas hasta la fecha apuntan a la necesidad de crear sistemas judiciales más eficientes y ágiles en la región. Nunca habían sido más urgentes que en esta difícil coyuntura. Como concluye José Miguel Vivanco en entrevista para esta nota: “los gobiernos y los jueces deben actuar con urgencia. Es una cuestión de vida o muerte”.
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