El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este lunes que la Asamblea Nacional (AN) usurpa «competencias atribuidas» al jefe de Estado, Nicolás Maduro, en materia de estado de excepción y relaciones exteriores.
La sentencia proviene de la Sala Constitucional del TSJ y responde a una solicitud de pronunciamiento hecha por Maduro el pasado 26 de mayo sobre la constitucionalidad de la Ley Especial para atender la crisis nacional de salud, aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora, el 3 de mayo.
Ley Especial para atender la Crisis Nacional en Salud, compuesta por 15 artículos, fue la respuesta de la Asamblea Nacional para afrontar la crisis de salud que afronta el país. La herramienta le sugiere al estado aceptar la Ayuda Humanitaria solicitada por la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional ante la OMS y la comunidad internacional.
La la ley establece los parámetros para que Venezuela pueda obtener medicina de alta calidad y de manera gratuita, con transparencia en la adquisición y distribución. Sin embargo, la Sala Constitucional asegura con esta ley, organizaciones internacionales y países cooperantes podrían decidir en qué consistiría la ayuda «y con qué calidad y condicionalidad sería entregada la misma, lo cual, expondría a grave riesgo a la población, al obligar a la recepción de productos medicinales que podrían estar en etapa de investigación (pre comerciales), así como, de fármacos susceptibles de afectar la salud y de prohibida administración en seres humanos o productos que, pudiendo fabricarse en el país, su libre ingreso afecte a la industria farmacéutica nacional».
Con ponencia del magistrado Calixto Ortega, el exdiputado del PSUV, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de dicha Ley por «usurpar» – también – el «carácter exclusivo» del Ejecutivo relacionadas con estados de excepción.
El pasado 3 de junio, el consultor jurídico de la Presidencia de la República, Elvis Amoroso, introdujo ante el Supremo una demanda con solicitud de amparo constitucional contra el Legislativo por la supuesta usurpación de funciones.
