A través de la sentencia N° 327 del 28 de abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como constitucional la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo.

La decisión señala que esta Ley cumple los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia depende del cumplimiento, por parte de la Asamblea Nacional, «del extremo necesario relativo a la viabilidad económica» que permita garantizar el cumplimiento.

Este es el primer instrumento jurídico aprobado por la Asamblea opositora que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara como constitucional. El mismo fue revisado por la máxima autoridad a petición del presidente, Nicolás Maduro.