Este 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, fue escogido por la ONG de derechos humanos Cepaz (Centro de Justicia y Paz) para presentar una evaluación del estado de la democracia en Venezuela, cónsono con el espíritu para el cual fue creada la efeméride por Naciones Unidas. En un minucioso informe titulado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” se desglosan los hitos antidemocráticos presentes en Venezuela.

A continuación, reproducimos el contenido del informe:

La crisis social, política y económica que se agudiza cada día en Venezuela y las acciones emanadas del Poder Ejecutivo y sus brazos ejecutores –el Poder Judicial, el Poder Moral, el Poder Electoral  y ahora la Asamblea Nacional Constituyente–, han conllevado a un deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país, y dejan en mayor indefensión a la población.

Los acontecimientos de los últimos 10 meses del mandato presidencial de Nicolás Maduro marcan un antes y un después en la ya menguada democracia que comenzó su deterioro paulatino hace 18 años. Estos hechos motivaron al Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a elaborar un minucioso informe denominado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” en el que exponen los hechos antidemocráticos más relevantes ocurridos entre octubre de 2016 y agosto de 2017 y cómo el objetivo del gobierno se ha orientado al mantenimiento del poder político por encima de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y de la voluntad popular.

El repaso de este período oscuro para la democracia venezolana se desglosa en ocho temas, comenzando con un contexto que recuerda las premisas que han definido históricamente la democracia en el país, en su ejercicio cotidiano y en los mandatos establecidos en la Constitución y en los emanados del marco normativo internacional.

Más adelante el estudio explica que la suspensión del referendo revocatorio contra el mandato presidencial representa el punto de partida de esa estocada infligida desde el poder al desconocer el masivo apoyo popular a la iniciativa de la oposición, vulnerando los derechos civiles y políticos y el derecho constitucional al voto. Tras una serie de obstáculos impuestos por las autoridades del Consejo Nacional Electoral finalmente fue vetada de manera fraudulenta esta vía electoral.

Pero esa no fue la única decisión en materia comicial tomada arbitrariamente. El siguiente punto del documento reseña que el anuncio de la suspensión de las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre de 2016 sin mayores explicaciones y la posterior declaración del presidente Maduro de adelantar las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lesionaron aún más las normas democráticas y detonaron el rechazo en la población.

Capítulo aparte merece lo que Cepaz considera el punto de inflexión en el orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela: las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en marzo de 2017, que en un primer momento disolvieron las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional, marcando un hecho sin precedentes que agravó la institucionalidad democrática en el país. Aunque tres días después el gobierno anunció  la revisión de las sentencias para resolver “la controversia de poderes”, en la práctica el máximo tribunal mantiene un acoso permanente a la gestión del Poder Legislativo, anulando sus actos con el argumento del desacato y de que los diputados incurrieron en el delito de traición a la patria. Con esto el TSJ demuestra que sus decisiones son políticas y no judiciales, y que es un operador de los intereses del Ejecutivo.

El desconocimiento a las atribuciones de la AN y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente conllevaron a una reactivación de la protesta ciudadana en busca de una solución a la crisis en el país. En esta parte del estudio se explica cómo el gobierno dejó de lado las apariencias para dar paso a procederes arbitrarios y represores que se tradujeron en miles de detenciones y actos de persecución contra la disidencia política, al punto de calificar las protestas y movilizaciones pacíficas como actos terroristas. Precisa que en sus actuaciones los cuerpos de seguridad, bajo órdenes del Ejecutivo, incurrieron en prácticas contrarias al debido proceso establecido en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ante esto, “Estocada a la Democracia” registra la reacción de organismos internacionales y gobiernos del mundo que exhortaron a Nicolás Maduro a permitir las protestas pacíficas.

El informe incluye un aspecto en el cual Cepaz ha venido trabajando y denunciando: la identificación de nuevos patrones de persecución política. El inicio de procedimientos judiciales ante tribunales militares, la anulación de pasaportes a la disidencia política, el inicio de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes (al menos 23 alcaldes han sido destituidos, por medio de procesos arbitrarios y fraudulentos) se suman a los métodos de acoso aplicados en 2014, 2015 y 2016: persecución a través de medios de comunicación; destitución de cargos públicos a políticos disidentes; allanamientos irregulares a la propiedad privada; allanamiento a la inmunidad parlamentaria; inhabilitación política; usurpación de las funciones públicas; y consentimiento de actos violentos en contra de dirigentes políticos.

La crisis institucional a raíz de los pronunciamientos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz que derivaron en la aprobación de un antejuicio de mérito en su contra y su posterior destitución también forma parte del análisis. Se indica que con sus afirmaciones contrarias a los intereses del gobierno, Ortega Díaz se convirtió en el riesgo más grande para la actual administración y en el disparador de la crisis más importante en las filas del partido de gobierno. Añade el estudio que actualmente se evidencia un clima de conflictividad y desprestigio entre los poderes públicos.

Los hitos antidemocráticos objeto de estudio culminan con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada, tras una errónea interpretación, por el propio mandatario nacional. La organización y ejecución de la elección de los representantes de la ANC le tomó al Consejo Nacional Electoral apenas 60 días, lo que contrasta con los 300 días que argumentó para realizar el referendo revocatorio presidencial. Este hecho dejó constancia de la parcialidad del Poder Electoral, con lo cual, su credibilidad una vez más quedó comprometida.

Sobre la Constituyente se concluye que tomando en cuenta que los demás poderes públicos quedan subordinados a ella y las acciones que ha tomado desde su instalación, eso constituye la última estocada a la democracia venezolana, pues es la representación de la constitucionalización de una dictadura militar socialista.

“En Venezuela no hay vestigios de democracia”

Beatriz Borges, directora de Cepaz, nos habla de la importancia de este tipo de informes para que la sociedad civil y la comunidad internacional comprendan con detalle los elementos que conllevan a afirmar que en Venezuela no hay democracia.

—¿Por qué “Estocada a la Democracia”?

—“Estocada a la Democracia” es un reporte que realizamos en Cepaz con el que se pretende evidenciar el deterioro vertiginoso de la democracia en Venezuela.  Este análisis lo presentamos en el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, fecha seleccionada por las Naciones Unidas como una oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo, y con él mostramos a la sociedad venezolana y al mundo que en Venezuela no existe una democracia. Para hacer el estudio y llegar a esa afirmación no solo aplicamos los instrumentos de las Naciones Unidas, sino los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Evaluamos los elementos  fundamentales que deben existir para que un gobierno se pueda llamar democrático.

—¿Qué período incluye el estudio?

—Hacemos referencia a los últimos 18 años y cómo la democracia se ha ido debilitando y deteriorando de manera paulatina, pero el enfoque principal lo hacemos en los últimos 10 meses, de octubre de 2016 a agosto de 2017, cuando una serie de hechos antidemocráticos que terminaron con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente le dieron esa “estocada a la democracia”. El punto de inflexión de ese declive se dio con las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales, desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional con el objeto en orientar la habilitación del Ejecutivo Nacional para legislar en aspectos clave sin contar con el aval del legislativo. Esas sentencias carecieron de toda racionalidad legal en la ya deteriorada democracia y el casi inexistente Estado de Derecho en Venezuela.

—¿Qué motivó a hacer el informe?

—El deseo y la necesidad de generar conciencia tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional de que en estos 10 meses fueron muchas las cosas que le ocurrieron a los venezolanos. Hemos tenido poca capacidad de procesar que no existe una democracia en Venezuela y muestra de ello fueron las manifestaciones ciudadanas masivas ocurridas entre abril y agosto, esa fue la reacción de la sociedad para defender la democracia, fue lo que movilizó a miles de venezolanos. Ante eso nuestra intención y mayor motivación es dar esa labor pedagógica de comprensión de qué es lo que ocurre en el país, y de que haya conciencia plena de que en Venezuela no hay vestigios de democracia.

—¿Quiénes trabajaron en el estudio?

—Principalmente participó el equipo de investigación de Cepaz; sin embargo, los insumos los recibimos de nuestras redes, en especial de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Durante todo este proceso de lucha por la recuperación de la democracia se ha hecho un monitoreo permanente de todas las situaciones que han estado ocurriendo  en Venezuela.

—¿A qué conclusiones llegaron?

—A que fueron diferentes hitos antidemocráticos, pero con una intención política deliberada, los que configuraron esa estocada a la democracia en Venezuela: la suspensión del referendo revocatorio en 2016 con el cual se anuló el derecho y el ejercicio a la participación política; la suspensión de las elecciones regionales y la reprogramación en un proceso tan adverso y sin garantías; la represión, tortura y violación de derechos humanos en las manifestaciones de abril a agosto; la agudización de la persecución política; el quiebre de la institucionalidad democrática con el Poder Judicial protegiendo al propio poder; y la instalación de la Asamblea Constituyente que con sus primeras decisiones lo que ha buscado es perseguir políticamente a la disidencia y quebrantar el Estado de Derecho. Todos esos hechos le han dado muerte a la democracia en Venezuela.

—¿Qué hacer con esos resultados?

—Nos toca seguir luchando por la recuperación de la democracia, que la comunidad internacional apoye a los venezolanos en este proceso. El hecho de que en estos momentos no haya manifestaciones masivas y que se anunciaron unas elecciones regionales no significa que estamos en democracia porque los elementos sustanciales que la definen no están presentes. Este tipo de estudios como el que ahora presentamos son muy importantes porque permiten hacer un diagnóstico de la situación para que la ciudadanía comprenda claramente por qué el gobierno no puede llamarse democrático, eso es fundamental. Y por eso nuestra organización, veladora de los derechos humanos, va a seguir llevando registro de las violaciones por parte del Estado y haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en Venezuela.

—¿Enviarán este estudio a organismos internacionales?

—Lo estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a embajadas, misiones y a órganos de protección de Naciones Unidas, entre otros.