EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, los venezolanos han entrado en un remolino de acontecimientos que ponen a prueba el talante democrático como nación y como pueblo.

El 1° de abril la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 157 y 158, con las cuales se suprimían los puntos más polémicos de sus predecesoras, las sentencias 155 y 156, con las cuales el Poder Judicial le quitaba competencias al Poder Legislativo para asumirlas desde el máximo tribunal y otorgarle funciones legislativas al Poder Ejecutivo lo que representaba una flagrante violación del orden constitucional, ya que violaban la independencia de poderes establecidos en la Constitución. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, calificó: “las sentencias 155 y 156 del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional” y exhortó a los actores políticos a tomar los caminos democráticos y respetar las diferencias.

Fue en este contexto que el 2 de mayo, a través de un comunicado la Asociación Civil, Paz Activa hizo pública su preocupación y un llamado al respeto y defensa de los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente. Hoy la preocupación está más viva que nunca ya que el gobierno no escuchó el clamor de la mayoría de los venezolanos que llevan más de 100 días de protesta pacífica en las calles y que fue manifestaba de manera inequívoca en la Consulta Popular realizada el 16 de julio, donde participaron 7.535.259 personas quienes con su participación ratificaron a la Asamblea Nacional elegida el en diciembre del 2015 su mandato popular para restituir el orden constitucional.

Sin embargo, Nicolás Maduro violentando expresamente los principios constitucionales, procedió a convocar y realizar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (sin haber consultado previamente a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en cambiar la Carta Magna) sellando su atropello con la instalación de esta.

Estado Mafioso o Forajido

En julio de 2016, la Asociación Civil, Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ¿Qué tipo de estado somos?», donde se profundizó en el análisis de la problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día los hacía más vulnerables a este flagelo.

Un año antes en noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial «¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?», llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Además, con la inclusión de nuevos funcionarios de alto rango a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las inminentes sanciones que anuncia imponer la Unión Europea a los funcionarios del gobierno de Maduro, donde están incluidos el vicepresidente y el presidente de Venezuela, se confirma una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente hoy denunciada fraudulenta, el Estado Mafioso en el cual se ha convertido Venezuela, consolida la dictadura. Desatendiendo la voz de más del 80% del país.

Gobernabilidad y transición política

Las experiencias de Perú, de países en África y de la ex Unión Soviética nos demuestran que la única salida para retomar la gobernabilidad de este tipo de estados es negociando con aquellas personas que los conforman.

El pasado mes de junio, más de 30 organizaciones civiles impulsaron en Venezuela la denominada iniciativa «Justicia Transicional». Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa, una de las organizaciones promotoras de esta acción, resalta la importancia de esta propuesta en los actuales momentos que vive el país: “Ante esta realidad, se impone la negociación y la política como la opción de destrancar el juego democrático para que nos encaminen a superar esta aguda crisis. Uno de los caminos que claramente nos presenta las experiencias de naciones que han superado los grandes retos del cambio con un mínimo de trauma y violencia es lo que se conoce como Justicia Transicional”.

Esta justicia “especial” para una agenda de Paz y Gobernabilidad ofrece garantías y atenuantes a todos aquellos que deseen plegarse a ella. También garantiza el trato igualitario de las víctimas, donde la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y reparación de las víctimas está por encima de la imposición de sanciones y castigo a los culpables y compone la esencia de esta Justicia.

Es imperativo transitar pacíficamente estos tiempos difíciles que actualmente vive Venezuela para lograr una gobernabilidad sustentable que permita fortalecer el sistema democrático. Se deben abrir a los mecanismos probados y disponibles para superar este tipo crisis.