Exfiscal, exministra y sancionada por Estados Unidos. Katherine Nayarith Harrington Padrón mantenía un perfil bajo hasta el 4 de julio, cuando fue juramentada como Vicefiscal de la República por el Tribunal Supremo de Justicia, un acto carente de legitimidad pues la potestad de designar a los líderes del Ministerio Público radica únicamente en la Asamblea Nacional, la cual ratificó al ciudadano Rafael González Arias como Vicefiscal el 3 de julio.

Buena parte de la vida de Harrington ha transcurrido en el Ministerio Público, siendo la «fiscal estrella» y ocupando varios cargos. Ingresó al órgano el 17 de enero de 1994 de acuerdo a los registros del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), unos tres años antes de obtener el título de abogada en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La abogada de 45 años de San Antonio de los Altos hizo fama en Fiscalía al investigar casos políticos como el de la exdiputada María Corina Machado, al exgobernador Henrique Salas Römer, el abogado Gustavo Tarre, el opositor Diego Arria y la jueza María Lourdes Afiuni. En total trabajó 21 años en el Ministerio donde ocupó diversos cargos, pero nunca obtuvo la titularidad de ellos.

En 2010, pidió que los tribunales agilizaran la extradición de Nelson Mezerhane, propietario del intervenido Banco Federal y de Globovisión. También participó en el proceso contra Yendry Sánchez, el joven que interrumpió la toma de posesión de Maduro en abril de 2013.

En el 2014 desde el sistema penal, Harrington participó en el proceso de acusación y detención de varios opositores  con motivo de la serie de protestas que ocurrían contra el Gobierno de Maduro. Ordenó la detención de Juan Rodrigo Diamanti, director de la ONG Sin Mordaza, por un supuesto financiamiento a las “guarimbas”. La hermana de la activista Rocío San Miguel, la doctora Ana María Abreu de San Miguel quien laboraba en el servicio médico de la Presidencia de la República, tuvo su detención ordenada por la misma fiscal, porque “revelaba secretos vinculados a la seguridad del Estado”. En el momento igualmente acusó de traición a la Patria a Támara Sujú, integrante del Foro Penal.

Estuvo implicada en el caso de Lorent Gómez Saleh en 2014, a quien acusó de conspiración a la rebelión, instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública, divulgación de información falsa, expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos. Yamile Saleh, madre de Gómez Saleh, aseguró que la representante del Ministerio Público le pidió a su hijo que declarara contra dirigentes de oposición.

La fiscal acusó de conspiración, instigación pública y asociación para delinquir a un piloto privado llamado Rodolfo González, alias «El Aviador», quien fue preso por presuntamente estar tras los hechos de violencia suscitados en febrero del 2014. González se suicidó en su celda del Sebin en El Helicoide en marzo de 2015. Pero meses antes su abogado defensor, Joel García, denunció que el preso había recibido una visita de la fiscal para ofrecerle una serie de beneficios procesales si “delataba” a representantes de la oposición, según reseñó el diario El Nacional.

A principios de 2015, cuando Gaby Arellano fungía como coordinadora del Frente Universitario de Voluntad Popular, Harrington la imputó oficialmente el delito de conspiración.

Poco antes de dejar su cargo, en febrero de 2015, Harrington recibió el expediente del detenido alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusado de conspiración contra el gobierno.

Su desempeño en el Ministerio Público fue uno de los factores que la catapultó al Gabinete Ejecutivo en 2015. Otro fue la sanción que le aplicó el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de la acusación por violar derechos humanos durante las protestas que dejaron más de 40 muertes en Venezuela. La sanción conllevó el congelamiento de los bienes en Estados Unidos y la suspensión de la visa. Harrington fue una de los siete funcionarios sancionados.

Nicolás Maduro la designó como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, Justicia y Paz del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en abril del 2015. Fue removida año y medio después para formar parte del Consejo General de Policía del mismo viceministerio.