El Parlamento venezolano –de mayoría opositora– discutirá este martes el caso de dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, hallados culpables en Estados Unidos de planificar el envío de cocaína a ese país.
“A la Asamblea se llevará el debate de los señores Flores, que dijeron que usaron el hangar presidencial para sacar drogas de Venezuela. Eso es sumamente grave”, declaró el lunes a periodistas el diputado opositor Tomás Guanipa durante una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Orden del día de la #SesionAN de mañana, martes 22 de noviembre a las 2:30pm pic.twitter.com/NvYxphT8py
— ROBERTO MARRERO (@ROBERTOMARRERO) 21 de noviembre de 2016
Por su parte, el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, opinó que el caso de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas debería ser investigado por la justicia venezolana.
“En el curso de sus declaraciones hicieron varias afirmaciones que pudiesen implicar a estructuras y a funcionarios del Estado venezolano”, advirtió.
Torrealba pidió aclarar por qué los sobrinos Flores usaban pasaportes diplomáticos y utilizaron la rampa del avión presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El gobierno venezolano no ha comentado la declaración de culpabilidad contra los jóvenes. El presidente Nicolás Maduro ignoró el tema el domingo durante su programa semanal de televisión, en el que estuvo acompañado por su esposa.
Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y uno de los principales dirigentes de la MUD, exigió una explicación.
“¿Irás Nicolás Maduro a explicarle al país sobre lo dicho en el juicio por narcotráfico de dos venezolanos con pasaportes diplomáticos?”, escribió Capriles en Twitter.
El pasado viernes, un jurado estadounidense declaró a los sobrinos de la primera dama culpables de conspiración para llevar 800 kilos cocaína a Estados Unidos, y de conspiración para manufacturar y distribuir droga en ese país.
La corte fijó como fecha tentativa de la sentencia el 7 de marzo. La pena mínima son 10 años de cárcel, y la máxima cadena perpetua.
Los abogados de los acusados –detenidos hace un año en una operación encubierta en Haití– aseguraron durante el juicio que sus clientes fueron víctimas de una trampa tendida por informantes inescrupulosos y mentirosos de la DEA y que cayeron en ella por “estúpidos” y “novatos”.
