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La Guardia Nacional y la PNB serán las instituciones más activas para vigilar y contener la manifestación que exigirá el avance del proceso revocatorio. El plan “retardatriz” está en marcha

@javiermayorca

DESDE EL FIN DE SEMANA, los cuerpos de seguridad manejados por el gobierno central permanecen en estado de alerta con motivo de la manifestación opositora conocida como La Toma de Caracas.

Esta actividad, pautada para el 1 de septiembre, fue convocada por el liderazgo del Movimiento para la Unidad Democrática (MUD) en virtud de los retardos manifiestos en la ejecución del proceso revocatorio al presidente Nicolás Maduro.

Aunque el actual gobernador de Miranda Henrique Capriles ha reiterado que la protesta tendrá un carácter pacífico, las perspectivas apuntan hacia una participación multitudinaria, similar a las registradas en actos llevados a cabo en la capital durante el lapso 2002-2006. La encuestadora Datincorp calcula que el 32% de los caraqueños podría tomar la calle el jueves. Aún si la asistencia fuese equivalente a la mitad de esta cifra se trataría de una multitud cercana al medio millón de personas. A este contingente se unirán los grupos que se están trasladando desde el interior del país por distintos medios.

El Gobierno a través del alcalde de Libertador Jorge Rodríguez negó el permiso para manifestar más allá de Chacaíto. Esto implica que la protesta opositora se restringirá a los confines mirandinos del Distrito Capital. Sin embargo, tres de los siete puntos de concentración para la marcha fueron fijados en ese municipio (avenida O´Higgins, Santa Mónica y Plaza Venezuela). Esto podría ocasionar algunas fricciones previas a la manifestación.

Despliegue “retardatriz”

Con la llegada al ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del mayor general Néstor Reverol se diseñó el llamado plan Retardatriz contra la Toma de Caracas.

Esta iniciativa involucra tanto a la Policía Nacional Bolivariana como a la Guardia Nacional y los colectivos. Comporta la colocación de diversos escollos para impedir o en todo caso dificultar la concentración ciudadana el 1 de septiembre.

Una primera señal de las características de este plan fue recibida por un grupo de manifestantes que pretendía trasladarse el fin de semana desde Cojedes. Una denuncia consignada ante la Guardia Nacional de Tinaquillo el 28 de agosto señala que las víctimas querían unirse a una caravana que había partido previamente desde Portuguesa.

“Cuando llegamos a la salida de Tinaquillo, específicamente en la Troncal 5 frente a un Mercal del sector La Floresta fuimos emboscados por militantes del Psuv, que trancaron la vía y estaban destacados con palos, piedras e incluso armas de fuego. Fuimos perseguidos y atacados. Pudimos retroceder y huir del lugar”, indica la denuncia.

Como parte de este plan se prevé la colocación de “puntos de control” en los principales accesos a Caracas. Desde el miércoles, los funcionarios desplegados en ellos serán especialmente meticulosos en la verificación de los transportes públicos, y tienen la orden de retener los vehículos que susciten la menor sospecha.

Formalmente, estas acciones serán justificadas como parte del despliegue ejecutado desde la semana pasada a propósito del relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

Foto: DesdeLaPlaza.com

Sin acuartelamiento

Hasta el martes, el Ministerio de la Defensa no había ordenado acuartelamiento en ninguno de los componentes castrenses. Los acuartelamientos fueron frecuentes durante la fase previa a la elección de Hugo Chávez en 1998, y siguieron aplicándose cuando la jerarquía castrense percibía la posibilidad de una revuelta o alzamiento, y quería tener a la disposición la mayor cantidad posible de tropas. Pero según la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en la actualidad casi no los ordena.

“Ellos (los jefes militares) prefieren dar instrucciones a los que les interesa. A veces incluso los acuartelamientos son contraproducentes. Los órganos de inteligencia trabajan más cómodos sin acuartelamiento”, explicó.

Aún así, desde el fin de semana los jefes de la FANB se han mantenido en permanente evaluación del contexto político. En la Guardia Nacional, por ejemplo, fue impartida la orden de que los jefes de unidades instruyan a sus subordinados sobre los supuestos planes para subvertir el orden que atribuyen a sectores de la oposición. En este sentido, se ordenó activar todos los recursos de “inteligencia social” a través de las comunas y los milicianos.

Según San Miguel, “el miedo de los órganos superiores y las presiones desde Miraflores son muy grandes”.

La analista advirtió que el Ejecutivo está tratando de cerrar por todos los medios la posibilidad de que la marcha se lleve a cabo, y si llega a efectuarse intentará desdibujarla para que no tenga el impacto deseado por los opositores.

Indicó que esto incluye la posibilidad de que los manifestantes sean asediados tanto por los efectivos policiales y militares como por los integrantes de los colectivos armados.

“La foto de una manifestación masiva perturbaría mucho al Gobierno”, sostuvo.

El plan Guaicaipuro

Para la vigilancia y la contención de la protesta del jueves, el Ejecutivo dispone en principio de diez mil efectivos militares y policiales. Este contingente puede ampliarse en 40% con el traslado de agentes de la Policía Nacional Bolivariana desde Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui.

Se ordenó además la suspensión hasta nuevo aviso de los traslados de tropas de otros componentes hacia sitios distintos al Distrito Capital. Esto permitiría reforzar rápidamente los grupos desplegados en las calles, de presentarse alteraciones graves al orden público. Es el principio contemplado en el llamado Plan Guaicaipuro.

Los colectivos y militantes radicales del partido de Gobierno se aglutinarán en cinco locaciones llamadas “puntos de fuerza operativa”, según indica un instructivo repartido entre la militancia oficialista. El más importante sería el correspondiente a la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña. Coincide con uno de los sitios de concentración escogidos por la oposición.

Las fuerzas operativas serán complementadas por “grupos móviles”, provistos de motocicletas.

Según la directora de Control Ciudadano, desde 2014 los colectivos tendieron puentes con elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Guardia del Pueblo a propósito de las acciones para contrarrestar a los manifestantes que participaban en La Salida. Ese nexo se ha mantenido hasta el día de hoy.

Para la politóloga Francine Jácome, en este momento la pregunta clave es a quién favorecerían los enfrentamientos armados con motivo de la manifestación.

Dijo que el control a la violencia no sólo es un desafío para los cuerpos de seguridad sino también para el liderazgo de la MUD, que aparece convocando a la jornada de protesta.

“Creo que en la medida en que la manifestación sea más multitudinaria, será más difícil atacarla por parte de grupos externos”, añadió.

Disputa por el aire

Desde el fin de semana, el ministerio de la Defensa prohibió los vuelos denominados de “aviación general” (avionetas y helicópteros privados) así como también de naves no tripuladas, conocidas comúnmente como drones.

Según el ministro de Transporte, Ricardo Molina, la decisión intenta “procurar la paz y la tranquilidad”. En la práctica impediría a los opositores el monitoreo aéreo de la marcha, pues los drones pueden ser equipados con cámaras de alta resolución. De allí que el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos haya anunciado que no será acatada esta orden gubernamental.

El Ejecutivo, de hecho, también ha dispuesto de una flota de tales aparatos para la jornada del 1 de septiembre, según lo anunciado este martes por el titular del MRI Néstor Reverol.