El Ministerio Público solicitó medidas de protección y seguridad para dos familiares de uno de los 28 mineros presuntamente acribillados el viernes 4 de marzo en la población de Tumeremo, en el estado Bolívar.

Las medidas «consisten en el recorrido de la Guardia Nacional (policía militarizada) por los próximos seis meses en la zona donde residen los familiares de esta presunta víctima, quienes denunciaron la situación el pasado domingo 6 de marzo ante el Ministerio Público (MP)», según un comunicado de la Fiscalía.

El MP designó además a dos fiscales para verificar los hechos denunciados.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que hasta el momento no hay indicios de personas fallecidas en esa entidad, aunque no descartó el hecho.

Rangel Gómez aseguró que «no existen datos precisos» de estas supuestas desapariciones denunciadas durante el fin de semana, salvo las fotografías de ocho de las presuntas víctimas que están en una pancarta en la entrada de uno de los poblados de la localidad, donde algunos familiares iniciaron una protesta.

Asimismo lamentó que «se trate de politizar una situación, sin pruebas, dando ligeramente cifras y datos para alarmar y causar angustia», dijo.

La búsqueda de las autoridades se inició luego de que, según relatos de supuestos sobrevivientes difundidos por los diputados por la zona, los opositores Américo de Grazia y Andrés Velásquez, un grupo de 28 mineros fue tiroteado por delincuentes que operan en las minas de oro de la zona y que luego escondieron los cuerpos.

En la misma jornada en la que se hizo la denuncia, Rangel Gómez negó la supuesta masacre, y dijo que lo que sí se registró en el poblado de Tumeremo fue un enfrentamiento entre bandas pero que no dejó fallecidos.