Por considerarlo «un hito muy grave» dentro de la campaña sistemática que en su contra mantienen altos funcionarios, el movimiento venezolano de Derechos Humanos denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) el asalto y el secuestro del que fue víctima el excoordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado.

Así lo anunció el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, durante una rueda de prensa que hoy ofrecieron una veintena de activistas representantes de una docena de agrupaciones en respaldo a Alvarado en la sala monseñor Oscar Romero de la Parroquia Universitaria de Caracas.

«Vamos al Sistema Interamericano (de Protección de Derechos Humanos) y al universal», afirmó Prado, quien visiblemente molesto exigió llamó a los funcionarios que tienen programas de televisión a «medir sus palabras cuando exponen a los defensores» y a las demás autoridades a garantizarle a los activistas se seguridad.

En similares términos se pronunció Alvarado, quien aseguró que en su caso «no hay elementos suficientes (para afirmar) que tenga motivaciones políticas o que no los tengan, eso le corresponde al Ministerio Público», pero «lo que sí es que hay una responsabilidad por parte del Estado venezolano en garantizar la seguridad de los activistas y en las omisiones que ha incurrido a la hora de frenar los discursos de odio por parte de otros funcionarios que utilizan los recursos del Estado».

En los últimos dos meses el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, se ha referido en cinco ocasiones al excoordinador de Provea, a quien ha señalado de recibir financiamiento internacional para conspirar contra el Estado.

El activista responsabilizó al legislador por su seguridad, pues «cualquier persona fanática te puede atacar pensando que está haciendo patria, porque está atacando a una persona que supuestamente esta conspirando contra el Gobierno».

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