GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema de Justicia dio trámite el miércoles a una solicitud que busca que el Congreso le retire la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina por denuncias de corrupción.

La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al seguro social por 15 millones de dólares.

El presidente de la Corte Suprema, Josue Baquiax, dijo en rueda de prensa que la resolución fue unánime y será enviada inmediatamente al Congreso, que deberá elegir una comisión de cinco diputados para investigar la denuncia. En base a la decisión de la comisión, que tiene un plazo máximo de 60 días para entregar el informe, el Congreso decidirá si retira o no la inmunidad al mandatario.

Baquiax dijo que «la decisión se basó en los argumentos del denunciante».

La denuncia de Pop se basa en los casos investigados por las autoridades y por escuchas telefónicas aportadas al caso. En una llamada telefónica grabada se escucha cuando los involucrados en el caso hablan sobre que «El presidente ordenó el cambio de la forma de operar porque ya estaba en curso la investigación (de las autoridades)», dice la denuncia.

«El presidente debe someterse a un juicio penal por lo vínculos y por la posibilidad de que haya cometido varios delitos», dijo Pop.

Para el congresista, iniciar un proceso que podría terminar con el presidente de Guatemala sentado en el banquillo, una decisión sin precedentes desde la instauración de la democracia en 1985, hubiera sido impensable sin la presión de los ciudadanos. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia de Otto Pérez, una presión que ya le costó el cargo a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. “El descontento popular ha sido determinante”, subrayó.

La demanda de Pop contempla varios delitos que el presidente habría cometido durante su gestión. “El primero, el incumplimiento de deberes, a los que se añaden el encubrimiento propio y la asociación ilícita. Encubrimiento a partir de hechos notorios, como tratar de proteger a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti y al exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que permitieron su fuga”.

“Hay indicios suficiente y racionales para afirmar que el presidente cometió cuatro delitos. Entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público (Fiscalía) demostrar la existencia de tales delitos y de un juez dictar una sentencia de culpabilidad o inocencia”, añadió.

Con respecto a la posibilidad de que el Legislativo retire la inmunidad al presidente, Amílcar Pop se mostró optimista. “No creo que haya algún diputado que se atreva a contradecir la verdad tan evidente: este Gobierno y sus funcionarios crearon una estructura criminal que ha saqueado los recursos del Estado”, concluyó.

El expresidente Vinicio Cerezo, el primero de la era democrática del país, dijo a la AP que el proceso «es absolutamente histórico, porque Guatemala ha sido un país con una cultura de violencia, de cambios violentos de los sistemas democráticos, pero lo que está pasando en este momento definitivamente indica de que la democracia está operando en Guatemala».

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, desarticuló el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que desfalcó al fisco guatemalteco. Según las autoridades la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Monzón Rojas, actualmente está prófugo de la justicia.

La vicepresidenta tuvo que renunciar del cargo el pasado 8 de mayo, luego de que también se diera trámite a un antejuicio en su contra por su vinculación en la defraudación.

La fiscalía ha allanado inmuebles, inmovilizado cuentas bancarias y prohibido la salida del país de Baldetti por estos hechos. La ex vicepresidenta ha negado su vinculación.

* Con información de The Associated Press y El País