La nueva presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, emitió un escueto informe y alabó al partido de Gobierno
De acuerdo al artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia “el Sistema de Justicia y órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente un informe detallado y preciso de la gestión realizada y deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados”.
Pero en el informe que presentó el pasado 31 de enero la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, durante el acto de inicio de actividades judiciales 2024, no hay detalles ni precisiones.
De acuerdo a la recién nombrada magistrada, otrora concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y alcaldesa encargada de Caracas, en 2023 se “incrementaron los índices de productividad judicial”.
Durante los 30 minutos que duró su discurso, la también presidenta de la Sala Electoral apenas aportó 11 cifras.
Informó que durante el año pasado el máximo juzgado recibió 3.800 casos, pero dictó 5.971 sentencias, lo que representó un incremento del 50,97 %, dejando una tasa de resolución general de 154,40 %.
No solo no precisó cuántos casos recibió ni cuántos decidió cada una de las salas del organismo, sino que tampoco informó cuántos asuntos de años anteriores quedan pendientes por resolver.
Anunció que los tribunales dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, lo que significó un aumento de 41,44 % respecto a 2022. Sin embargo, la ex presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2022 los jueces emitieron 423.242 sentencias, por lo que la variación sería de apenas 7,26 %.
La presidenta del TSJ tampoco precisó cuántos casos resolvieron los jueces penales, civiles, mercantiles y laborales, ni mucho menos cuántos asuntos recibieron a lo largo de los últimos 12 meses.
Dijo que la Comisión Judicial nombró 773 jueces en 2023, lo que significó un incremento de 18 %, y reportó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 345.074 inspecciones, tramitó 2.449 denuncias, abrió 1.003 procedimientos y se dictaron 181 actos conclusivos contra jueces.
Por último, informó que en 2023 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) inauguró 25 tribunales y 11 nuevos espacios (salas de audiencias y telemáticas, enfermería).
La justicia alabando al partido de Gobierno
El tiempo que Rodríguez no destinó a ofrecer cifras de la gestión judicial lo utilizó para dejar en claro la alineación de la justicia con el Gobierno.
“Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede existir: el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y oponiéndonos a toda forma de discriminación, opresión y de cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional”.
La politización del acto quedó al descubierto desde el inicio cuando al momento de interpretar el himno nacional se utilizó una grabación en la que el fallecido presidente Hugo Chávez canta el Gloria al bravo pueblo.
¿Dónde está Bárbara?
La opacidad y falta de transparencia del TSJ no solo quedó de manifiesto en las escasas cifras aportadas por su presidenta al momento de rendir cuentas, sino porque sigue sin aclarar la situación de la magistrada Bárbara César Siero.
A finales de enero, se conoció de la detención de los presuntos hermanos de la integrante de la Sala Político Administrativa, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, por su supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno.
El TSJ no ha informado sobre la situación de la funcionaria, pero su ausencia en el acto de apertura judicial no ha hecho más que aumentar las interrogantes.
Con información de Acceso a la Justicia
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