La tensión entre presos comunes y políticos fue una de las causas de la toma, que finalmente logró algunos de sus objetivos
Patricia de Ceballos teme que su esposo Daniel pueda ser trasladado a Ramo Verde
Carlos D’Hoy | @carlos_dhoy
Laura Helena Castillo | @laurahcastillo
EN MUCHAS OCASIONES, DURANTE LOS CUATRO AÑOS que lleva preso, el excalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, no pudo recibir visitas. A veces, según denunció su familia, pasó semanas aislado. Pero el miércoles en la noche, cuando fue uno de los líderes de un motín dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la sede de El Helicoide, fue entrevistado sin mayores inconvenientes y en prime time, por CNN en Español.
Faltando cuatro días para las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse hasta 2024, la toma de los calabozos del Sebin -el miércoles 16 de mayo- por parte de los reclusos deja más dudas que certezas: ¿Cómo el Sebin no logró contener un motín de reclusos que no están armados? ¿No había custodios al momento de iniciarse el conflicto? ¿Cómo permitieron la transmisión de fotos y videos denunciando las irregularidades que allí adentro ocurren? ¿Por qué permitieron que el canal CNN en Español entrevistara, vía telefónica, a los detenidos? ¿Cuál mensaje quisieron liberar las autoridades del hermético Sebin?
“Al parecer no había personal de guardia; no había funcionarios dedicados a la custodia de los detenidos, ni un solo funcionario que pusiera orden. Ese tema es uno de los que hace dudar sobre lo ocurrido y la posible vinculación de funcionarios en esos hechos”, señaló una fuente interna que pidió no ser identificada.
Patricia de Ceballos, exalcaldesa de San Cristóbal y esposa de Daniel Ceballos, cree que el Sebin prefirió optar por la calma: “Ellos trataron de evitar la entrevista con CNN y cortar la señal, pero no pudieron. No han hecho requisas porque lo que quieren es calmar la situación y tomar el control. La situación se calmó, pero los presos no están encerrados en sus celdas. No han sido más agresivos porque el encargado de negocios de Estados Unidos ha estado presente y la Iglesia católica nos ha ayudado mucho. También hay muchos medios internacionales que han venido a cubrir el fraude electoral del domingo y eso me parece que también ha frenado que el Sebin pueda hacer otra cosa”.
REPORTE Helicoide 8am Presos Políticos – Presos Comunes con boleta libertad:11 secuestrados, nunca presentados:4 en espera de examen psicosocial:4 con fianza:9 con boleta de traslado:46 -PPolíticos sin juicio y sin traslado:59 – menores de edad:4 – con orden de extradición:3 pic.twitter.com/cDAXzAN5Fs
La golpiza al dirigente estudiantil tachirense y preso político Gregory Sanabria fue, según versiones de los propios reclusos, el detonante de la toma. Fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato señalan que la existencia de presos comunes y presos políticos en los calabozos del Sebin desencadenó en una situación complicada. “Se trata de poblaciones penitenciarias completamente disímiles. Los detenidos por delitos comunes tenían la impresión de que los presos políticos cuentan con beneficios que ellos también se merecen”.
Siempre según fuentes internas, ese malestar causó una riña en la que Sanabria resultó golpeado. Fue en este momento cuando el prisionero norteamericano Joshua Holt fue grabó el video a través del cual pedía apoyo a su gobierno porque acababa de ser amenazado de muerte. Pero la riña entre bandos terminó convirtiéndose en un frente común de detenidos que exigen reivindicaciones y el debido proceso en sus causas legales.
La fuente indica que la intervención de Daniel Ceballos y otros presos políticos logró calmar los ánimos y canalizó la protesta hacia la petición de beneficios comunes. Finalmente, videos que circularon el día jueves mostraban a buena parte de los reclusos juntos gritando “Libertad”.
Makled sale de las sombras
Sin embargo, otras historias circulan alrededor de los acontecimientos. En dos de ellas aparece mencionado Walid Makled, condenado el 10 de febrero de 2015 a 14 años y medio de prisión por los delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales.
Una de las versiones señala que en El Helicoide había “un malestar por los beneficios que tenía Makled, quien se habría convertido en una especie de pran del centro de detenciones. Al parecer, se estaba planificando un ‘cambio de gobierno’; es decir, quitarle el poder a cualquier costo”, asegura la fuente.
Pero el plan del “cambio de gobierno” habría llegado a oídos de la directiva del centro de detención policial, por lo que se ordenó propinar la golpiza a Sanabria para distraer la atención sobre Makled, quien de inmediato fue trasladado a otro centro de detención.
Otra hipótesis manejada insiste en estos dos aspectos: el malestar de los presos comunes y la figura de Makled. En esta versión la raíz del conflicto es que los presos políticos no estarían pagando la “causa” (pago obligatorio que deben hacer los presos venezolanos a los pranes de cada cárcel). Makled, en un intento de poner en cintura a los presos políticos, habría ordenado la golpiza a Sanabria, lo que produjo el malestar de los presos políticos.
Temores y traslados
La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, dijo que el motín se habría generado por la agresión que sufrió Gregory Sanabria. «Varios presos políticos han sido sometidos a torturas», señaló la parlamentaria. Solórzano indicó que la instancia legislativa que encabeza se ha dedicado a atender a los familiares de los presos políticos y responsabilizó al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, de lo que le pueda ocurrir a los reclusos.
Los reclusos publicaron en redes sociales que dentro del Helicoide hay 11 presos con boleta de excarcelación, 4 que jamás han sido presentados en tribunales, 4 en espera del examen psicosocial, 9 con fianza otorgada, 59 presos políticos sin juicio ni traslado, 4 menores de edad, 3 con orden de extradición y 46 con boleta de traslados.
En su cuenta de Twitter el fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó que se trasladaron “72 privados de libertad hacia diversos centros de reclusión previamente ubicados”. También fueron liberados tres menores de edad (Betsaida Martínez y Elianis Rodríguez, de 17 años, y Andrés Aserraf, de 16). Dylan Canache, de 16 años, fue trasladado a Cochecito, un centro de detención para menores. La reclusión de menores en un centro de adultos es una violación del Código Penal venezolano.
Patricia de Ceballos y los demás familiares de presos que están a las puertas del Sebin desde hace tres días vieron pasar, la noche del jueves, a los dos autobuses en los que trasladaron a lo reclusos. “La angustia de los familiares es que no saben quiénes quedaron, quiénes se fueron ni a dónde se los llevaron. Aquí hay violación de ciertos derechos y procesos porque varios de ellos tenían boletas de traslado a ciertos lugares de reclusión y, de manera extraoficial, supimos que los llevaron a todos a la cárcel de Tocuyito”.
La información que ha recibido Ceballos desde el interior del Sebin es que delegaciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están tomando declaraciones de los presos. “Esto parece positivo pero es ilegal sin la presencia de sus abogados, que están todos aquí afuera”.
Después de la profusión de videos, comunicados y tuits, dice Ceballos que regresó el silencio a El Helicoide. “Tenemos temor de que quieran separar a los presos políticos y los trasladen. En el caso de Daniel le dijeron que lo podían llevar a Ramo Verde”.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó en Twitter un balance de la toma de El Helicoide: “Lecciones de la Rebelión de los Presos Políticos del Helicoide: Aún en condiciones muy adversas se pueden librar luchas y conquistar victorias. Sólo como consecuencia de la Rebelión se logró la libertad de los adolescentes presos y se obligó a @Defensoria_Vzla visitar el Sebin”.
El brigadista y estudiante de medicina fue la víctima número 62 de las protestas antigubernamentales de 2017 y uno de los 12 caídos en el estado Zulia según el registro de Runrunes
La nueva audiencia donde acudirá el supuesto victimario, Omar Barrios, se llevará a cabo a principios de junio de 2018
Familiares y compañeros decidieron crear una asociación con el nombre de Paul para ofrecer atención médica gratuita y dotar de medicinas a personas de escasos recursos
A UN COSTADO DE LA AVENIDA Fuerzas Armadas en Maracaibo, a la altura de la calle 42, Paul Moreno, descansaba sentado luego de prestar servicios como brigadista voluntario en una marcha que nunca llegó a la sede del Consejo Nacional Electoral. Eran días de intensa protesta en la capital zuliana y ese 18 de mayo de 2017, pasadas las 3:00 pm, Paúl había dado por concluida su misión con la Cruz Verde. Una camioneta Hilux con vidrios ahumados se detuvo a metros de donde estaba el estudiante del quinto año de Medicina en la Universidad del Zulia, pero a diferencia del resto de los vehículos no dio una vuelta en “U” para sortear la barricada que habían levantado algunos manifestantes. Aceleró, hizo un rápido giro y se llevó por delante a Paul.
El joven falleció casi en el acto. Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de LUZ, estaba a una cuadra de distancia y escuchó el brusco escape del carro. Minutos después, un desconocido se le acercó diciéndole: “mataron al paramédico, lo mataron, lo mataron”.
Varela, junto al grupo de profesionales que lidera, corrió al sitio y cuando llegó presenció una escena que jamás olvidará. “No vi a Paul tendido en el suelo, ya se lo habían llevado porque el Hospital Adolfo Pons queda muy cerca de allí. Había demasiada sangre en el piso, sabía que algo estaba mal…fue el único paciente que no pudimos atender y cuánto lo sentimos”.
En el Adolfo Pons no cabía un alma, según Varela. Allá también arribó instantes después la persona que más lamentaría el deceso de Paul: su madre, Marlene Camacho, quien solía acompañarlo a todas las manifestaciones. Ese día casualmente se quedó en casa. El propio Paul le pidió que bajara la frecuencia de participación en las protestas de calle porque se estaban tornando cada día más peligrosas. “Me tocó la puerta un compañero de él y me dijo: mami vístete porque a Paul lo atropelló un carro y necesitan tu sangre”, dijo Camacho.
Sacó fuerzas desde donde no tenía para vestirse y emprendió camino. Entró como una tromba a la emergencia del hospital. Allí un grupo de médicos la esperaban con caras largas, como tratando de atajarla antes de confrontar la dura realidad de haber perdido a un hijo.
“Yo confieso que me volví como loca, lo tenían en una camilla, me despedí con un beso, nunca me olvidaré de eso”.
Camacho asegura que ese fatídico día llamó por teléfono a su hijo cerca de la 1:00 pm y le dejó un mensaje de voz para recordarle que lo esperaba para almorzar.
“Él me dijo que no me preocupara, que iba a regresar temprano porque tenía que seguir trabajando esa tarde…a mí me daba miedo, porque para esa época ya habían como 40 muertos en el país, pero él siempre me tranquilizaba, me comentaba que ese era su trabajo: salvar vidas”.
Su hermano mayor Carlos estaba a miles de kilómetros de distancia, en Madrid, donde reside desde hace dos años. Era inevitable que Carlos, quien es periodista y fue director del periódico Versión Final, se enterase por las redes sociales porque además seguía el desarrollo de las protestas con especial interés.
“Hablamos un par de días antes del suceso y le pedí que se cuidara porque la represión estaba recrudeciendo. Le dije que los cuerpos de seguridad estaban saliendo a matar; él siempre me daba tranquilidad y me decía que ese era el trabajo que le correspondía”, aseveró Carlos desde España.
“Él estaba allí para todos, tanto para los que eran opositores como para los chavistas, socorría a los que sufrían de un lado y otro”, asegura el tío de Paul, Octavio Gómez, director de Finanzas de la Asociación Civil “Dr. Paul Moreno Camacho”.
Marlene Camacho relató que horas antes de morir Paul había auxiliado a un manifestante que sufría de asma y se había ahogado con el humo de una bomba lacrimógena. Paul se quitó la máscara que portaba y se la puso al joven afectado.
“Luego durante uno de los homenajes a mi hijo, la mamá de ese muchacho se me acercó y me dijo que Paul le había salvado la vida a su hijo”.
El supuesto culpable y proceso judicial
Luego del suceso, el Ministerio Público aún comandado por Luisa Ortega Díaz, designó al fiscal 4to del Zulia, Israel Vargas para dirigir la investigación.
A bordo de la camioneta Hilux blanca de vidrios ahumados nunca se determinó cuántas personas iban en realidad. En un principio se hablaba de tres individuos y luego se expuso que una pareja formada por Omar Andrés Barrios, de entonces 22 años y Liz Mary Hernández, de 20. También se creía que quien estaba al volante era Hernández, pero en la audiencia de presentación de ambos, Barrios asumió la conducción del vehículo.
Omar Andrés es hijo de Omar Barrios, dueño de la farmacia La Zuliana y el Supermercado La Fiorella, establecimientos donde en diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) incautó 600 cajas de medicamentos provenientes del convenio Cuba-Venezuela.
Luego de arrollar a Paul, Barrios y su compañera huyeron del lugar. Siete días después familiares del señalado como asesino de Paul aseguraron que se entregó voluntariamente, aunque Carlos Moreno niega rotundamente esa tesis.
“Estaba oculto en su residencia que, por cierto, queda en una zona acomodada de Maracaibo”, dijo el mayor de los Moreno. “Quisieron hacerlo ver como que sí se entregó y eso es mentira, fue una captura empujada por la presión social y la indignación que había en ese momento, ellos incluso trataron de contactarnos para ver si llegábamos a un arreglo”.
Posterior a dos días de deliberaciones, la jueza sexta de control, Milagros Méndez, dictó libertad plena para Hernández, mientras que a Barrios le ratificó la privativa por el supuesto delito de homicidio calificado con alevosía.
“Eso es una aberración jurídica porque ella sabía el paradero del victimario de Paul y de algunas modificaciones que se le hicieron a la camioneta Hailux que lo arrolló con la intención de que no la encontrasen, ella es cómplice”, sostuvo Carlos Moreno.
“El habló cerca de dos horas y ella por 50 minutos y ambas declaraciones estuvieron repletas de contradicciones. Ella dijo que Barrios había bajado el vidrio para mediar con quienes obstruían el tránsito, cuestión que él no hizo, entonces él manifestó que le habían lanzado piedras al vehículo y ella no, y cosas así por el estilo”, indicó Moreno.
“Tuvimos seis meses de retardo procesal por razones tan banales como que la jueza se sentía mal o que no había luz en el juzgado”, agregó.
Aunado a esa decisión en noviembre de 2017, la jueza encargada Yesiré Rincón emitió la sentencia Nro 050-2017 en la que ubica la muerte de Paul Moreno el 2 de agosto de 2009.
Con el cambio de fechas, Rincón eximió parcialmente a Barrios de la calificación intermedia de homicidio intencional a título de dolo eventual, una sentencia de criterio aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011.
En el texto, la jueza Rincón argumenta que aunque el homicidio de Paul se trató de un accidente por imprudencia de Barrios y la falta de cuidado del joven brigadista por estar en una vía pública, el hecho no encajaba en la calificación de homicidio intencional a título de dolo eventual.
“Ella dijo que no se podía apegar a una sentencia de 2011 del TSJ porque Paul había muerto en 2009, así de simple”, expuso Moreno.
De esa manera, Barrios quedaba en libertad con régimen de presentación de un año y siete meses, además de prohibición de salida del país.
“Otro de los argumentos que esgrimió la juez fue que Paul no tenía derecho de estar obstruyendo el tránsito y este señor sí lo tenía para circular”, reclamó el hermano de la víctima.
Pero las acciones de la familia Moreno surtieron efecto y la Corte de Apelaciones con ponencia de la magistrada Maurelis Vílchez decidió el 31 de enero de este año revocar la libertad a Barrios y ordenó arresto domiciliario mientras se espera una nueva audiencia preliminar.
Moreno denunció que el pasado 9 de mayo intentaron hacer una audiencia sin la presencia de los familiares y la defensa.
“A todas estas no sabemos si Barrios está cumpliendo ese arresto domiciliario, no sabemos qué organismo lo custodia, a mí me da la impresión que incluso podría estar fuera de Venezuela”, indicó Marlene Camacho.
Moreno aseguró que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 4 de junio. “Nosotros no confiamos en la justicia venezolana, no solo por el caso de Paul, sino por todas las familias de muchachos que han sido asesinados. Pese a eso, no vamos a dejar de luchar para que se haga justicia dentro y fuera del país”.
La vocación y la asociación
Para Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, Paul Moreno era una inspiración. “Yo pienso que Paul era un ejemplo porque la facultad de Medicina de LUZ tiene 8 mil estudiantes y de esos, 30 preferimos estar en la calle, ayudando a la gente”.
La brigada de la Cruz Verde surgió de manera espontánea afirmó Varela.
“El equipo comenzó a trabajar el 19 de abril de 2017 a propósito de las intensas protestas aquí en Maracaibo y motivados también por el trabajo que hicieron los colegas de la UCV en 2014”, dijo.
Varela manifestó que el grupo de voluntarios llegó a atender entre 40 y 50 heridos por día durante las protestas del año pasado.
“Establecimos una hermandad entre nosotros, nos dimos cuenta que las protestas iban escalando y también los heridos, tanto manifestantes como miembros de cuerpos de seguridad del Estado, así como gente que no tenía que ver con el asunto”.
Varela aseguró que entre los afectados resaltan 8 por arma de fuego, uno de ellos un menor de edad de 17 años que tenía una herida en la arteria femoral.
Manifestó que posterior al asesinato de Paul hubo un obvio luto y repliegue de los miembros de la Cruz Verde. “Muchos no querían salir por miedo”.
Pero pasado el tiempo retomaron las calles y concluidas las manifestaciones presenciaron un fenómeno que no esperaban.
“Hubo un interés inmenso en formar parte del equipo, desde que Paul murió empezamos a recibir solicitudes, hoy en día somos 120 voluntarios”.
“Luego de que cesaron las marchas, nos reunimos para replantearnos nuestra labor y decidimos que teníamos que ayudar a las comunidades más necesitadas, ahora hacemos jornadas médicas en 13 sitios diferentes del estado Zulia y atendemos a 4 mil pacientes”.
Pero la repentina muerte de Paul Moreno no solo inspiró a cientos de compañeros a hacer labor social, también a sus familiares que crearon una asociación con su nombre.
“La asociación civil la hicimos para que prevalezca el anhelo que Paul tuvo en la vida, que era la lucha por la igualdad”, sentenció su tío, Octavio Gómez.
La asociación se encarga de llevar a cabo acciones sociales y recolectar medicinas y nutrientes para personas de escasos recursos. Funciona tanto en Venezuela como en España con el apoyo de la Unión Europea. “Atendemos a enfermos y hacemos entregas de medicamentos gratuitos a la gente”, agregó Gómez.
Marlene Camacho, madre de Paul, entrega un donativo a nombre de la asociación
Este 18 de mayo, a un año del asesinato de Paul, familiares y compañeros aspiran llevar a cabo varios actos.
Rendirán tributo al estudiante en la Facultad de Medicina, donde hay un mural con su imagen, harán una misa cerca de su residencia y acudirán al sitio donde fue asesinado en la avenida Fuerzas Armadas, vía a la que la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales le puso el nombre de “Paul Moreno Camacho” y posteriormente el dirigente municipal Willy Casanova optó por quitar.
“Estas fechas son fuertes porque se revive todo, no hay un día que pase que no piense en mi hermano”, dijo Carlos Moreno. “Este año se me hubiese graduado de médico”, recordó su madre Marlene Camacho.
MIENTRAS PETRÓLEOS DE VENEZUELA (Pdvsa) es noticia por la caída de la producción de crudo, el Estado Mayor Político Petrolero se preocupa por aumentar la producción de votos a favor del presidente Nicolás Maduro.
Para mejorar su rendimiento, el comando madurista emplazado en el corazón de la principal industria del país echa mano de la última tecnología disponible en Venezuela: el carnet de la patria, que supuestamente nació para canalizar la ayuda social a los más necesitados y se ha convertido en un mecanismo para controlar la movilización de los electores.
Por medio de una cadena de Whatsapp enviada el lunes 14 de mayo a los trabajadores del Ministerio de Petróleo y Minería (Minpet), el Estado Mayor Político Petrolero convocó a un “ensayo electoral” que se realizó este martes 15 en las dependencias del Minpet y que – explicaba el mensaje – consistía “en el escaneo del carnet de la patria de todos los trabajadores a través del enlace https://empp.me para comprobar la efectividad de nuestro sistema, y la movilización de nuestros trabajadores”.
Entre los “lineamientos” compartidos con los funcionarios, subrayaron que en el sitio https://empp.me “se va a registrar el voto, tanto en el ensayo electoral como en las elecciones presidenciales” del domingo 20 de mayo. “En tal sentido, se debe masificar el link en nuestras bases trabajadoras, asumiéndolo como mecanismo de seguimiento al voto en tiempo real, a cuyo efecto cada centro electoral debe tener un personal que escanee el carnet de la patria. Del mismo modo, debe enviarse en mensaje de texto, el número de cédula de cada trabajador, al 242839 (CHAVEZ)”.
El Estado Mayor Político Petrolero indicó que el ensayo “debe enmarcarse dentro las actividades de agitación y movilización” de la campaña por la reelección de Maduro. Además, ordenó el despliegue de “equipos de trabajo para realizar el escaneo de los carnets de los trabajadores durante la jornada”.
Para evitar confusiones e indisciplina, el último punto del mensaje advierte: “el escaneo de control interno no colide con el que debe hacerse en los puntos rojos a la salida de los centros electorales durante el día de las elecciones”.
Un trabajador de Pdvsa que pidió no ser identificado comenta que la actividad «no tuvo mucha fuerza». Primero, «porque mucha gente no está yendo a las oficinas con la excusa de que los niños están en casa por la suspensión de clases y también por la falta de transporte». Pero segundo, y más importante, «porque la gente está molesta por la situación económica y la destrucción de la empresa».
«En mi oficina hay 70 personas y la mayoría dice que votará por el candidato Henri Falcón como castigo a Maduro», asegura este funcionario que labora en La Campiña. «La gente le tiene rabia al nuevo presidente, el mayor general Manuel Quevedo, y no se siente emoción por la campaña», acota la fuente consultada.
EL EMPUJÓN POR LA ESPALDA que le dio el coronel Bladimir Lugo a Julio Borges, entonces presidente de la Asamblea Nacional, fue una especie de preludio de lo que iba a pasar meses después. Borges, que había ido a mediar con Lugo luego de la agresión a varios diputados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, caminó fuera del cuarto sin lograr reaccionar: apenas miró a los lados buscando en ningún lugar una explicación y se fue. En el sitio quedó Lugo, uniformado, risueño y rodeado de militares, después de haber explusado -frente a una cámara encendida- al máximo representante del Poder Legislativo venezolano.
De manera similar como salió el diputado de Primero Justicia ese 27 de junio de 2017 de la oficina de la GNB en el Parlamento, así tuvo que abandonar el país meses después: sin decir una palabra. Aunque no ha confirmado que pasará a formar parte del exilio, el expresidente de la AN es candidato a engrosar las filas de la diáspora opositora, especialmente luego que el presidente Nicolás Maduro le amenazara en reiteradas oportunidades con cárcel si osa volver.
Borges lideró el diálogo en República Dominicana en el que la oposición decidió retirarse y también la corriente abstencionista frente a las elecciones presidenciales del 20M, comicios sobre los que aún hay incertidumbre entre la ciudadanía. Durante el comienzo del 2018, el ex presidente de la Asamblea Nacional fue una de las caras más visibles de la oposición hasta que, como otros políticos de la MUD, viajó sin retorno y bajó el perfil.
Según una base de datos elaborada por Runrunes el éxodo de dirigentes va por 21 y creciendo. De esas dos decenas de políticos, casi la mitad (10) pertenece a Voluntad Popular, el partido opositor más vapuleado con su máximo líder Leopoldo López encarcelado; su segundo a bordo, Freddy Guevara, protegido en la embajada chilena en Caracas luego de ser despojado de la inmunidad parlamentaria por el Tribunal Supremo de Justicia y acusado de instigación pública y su coordinador político, Carlos Vecchio, refugiado en Estados Unidos después de haber sido señalado de incendio intencional, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir a raíz de las protestas antigubernamentales de 2014.
Además, siete forman parte de Primero Justicia, partido que tiene a Borges como máximo representante y principal blanco de acusaciones por parte del gobierno por supuestamente desestabilizar la democracia. Borges, al igual que su compañero de fracción, Tomás Guanipa, inició una gira a principios de 2018 que se ha convertido en un escape de los grilletes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Tanto Alianza al Bravo Pueblo, Patria Para Todos, Copei y Acción Democrática cuentan con uno cada uno (ver infografía). La principal figura de ABP, Antonio Ledezma, se fugó el 17 de noviembre de 2017 luego de 102 días de detención. El alcalde metropolitano remitido a la cárcel de Ramo Verde y posteriormente confinado en su casa tras ser acusado de intento de Golpe de Estado hace cuatro años, salió por la frontera con Colombia burlando las autoridades venezolanas antes de llegar, siete días después, a España donde solicitó asilo político.
Pablo Medina, del PPT, se fue a Estados Unidos en el marco de las manifestaciones de 2017 y ahora es miembro de una Junta Patriótica con disidentes en Miami. Roberto Enríquez, presidente de Copei, cumplió en abril de 2018 un año protegido por la embajada de Chile en Caracas luego de que fuese detenido y liberado por el Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) e Ismael García de AD dejó su curul en la Asamblea Nacional para denunciar al gobierno de Maduro fuera de nuestras fronteras, administración que le cataloga de conspirador.
También la mitad de los integrantes de la base de datos (11) abandonaron el país en el segundo semestre del año pasado, después de la oleada de protestas en contra del gobierno madurista, lapso en que el Tribunal Supremo de Justicia dictó condena de 15 meses de prisión a los alcaldes opositores David Smolansky (El Hatillo), Ramon Muchacho (Chacao), Gustavo Marcano (Lecheria) y Omar Lares (Merida) por desacatar una sentencia que les ordenaba impedir las manifestaciones en sus respectivas jurisdicciones.
Ocho miembros de la base de datos están en Estados Unidos, tres en España, tres en Colombia, uno en Francia, dos en la embajada de Chile en Caracas y el resto en giras internacionales que no terminan.
Hay siete burgomaestres, ocho diputados y dos concejales. El promedio de edad es de 45,2 años, cifra que sería menor de no ser por Antonio Ledezma (63 años), Ismael García (64) y Pablo Medina (70).
Acéfalos
La movilización de políticos fuera de las fronteras venezolanas ha generado una acefalía en el seno de los detractores de la administración chavista, además de debilitar la cúpula de los partidos. También ha logrado que liderazgos emergentes como el de los alcaldes jóvenes sean obstaculizados en función de impedir una virtual candidatura a una gobernación o incluso a la presidencia del país.
La mayoría ya tiene la etiqueta de exiliados y a otros hay que ponerles un asterisco como el caso de Borges y sus homólogos Ismael García y Tomás Guanipa, quienes salieron por Maiquetía a denunciar la crisis democrática en Venezuela con la promesa de regresar.
“El problema es cuál es la capacidad que tiene la gente de percibir que estos líderes siguen trabajando pese a que están fuera del país”, dijo el analista político y director de ORC Consultores, Oswaldo Ramirez.
“Esta oposición que se hace ahora en el extranjero merma la capacidad organizativa dentro de los partidos políticos, ya que perdieron a sus líderes fundamentales, a las personas que de alguna forma tienen más poder de convocatoria y aupaban a participar en protestas, marchas y concentraciones”, agregó.
Una fuente vinculada a la Asamblea Nacional considera que la diáspora política opositora irá in crescendo. “Hay mucha persecución y miedo. Julio (Borges) no vuelve, ése pone un pie en Maiquetía y le ponen los ganchos”.
El propio Borges, a mediados de febrero de este año, dijo que no persigue protección de otro Estado. “No he pedido, ni pediré asilo en ningún país, haré una gira”.
Ramírez indicó que con la eventual reelección de Maduro como presidente de la República se podría potenciar el éxodo forzado de dirigentes y la persecución a la disidencia.
El cuento vuelve a repetirse
El historiador Elías Pino Iturrieta consigue similitudes entre la estampida actual de políticos de oposición con las de otras épocas como las del gomecismo (1908-1935) y el perejimenizmo (1952-1958).
“En términos cuantitativos, el éxodo de la era perejimenizta fue mayor. Hubo una salida de toda la cúpula de Acción Democrática encabezados por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Carlos Andrés Pérez. Copei partió más tarde y luego fueron los líderes de izquierda”, dijo.
“El fenómeno de la Venezuela peregrina opositora está vinculado al siglo XX. En principio comenzó en 1913 con Juan Vicente Gómez y posteriormente se repitió con Pérez Jiménez en la década de los 50”, puntualiza Pino Iturrieta y añade que en la dictadura de “El Benemérito”, los disidentes se exiliaban en las islas del Caribe. “La mayoría se fue a las antillas vecinas y diez años más tarde cogieron destinos como México y Colombia”.
Posteriormente, con la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, las naciones que recibieron a disidentes venezolanos aumentaron. “Lo más común en esa época era refugiarse en sitios donde habían democracias consolidadas como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos”.
Advirtió que en el ADN de todo político exiliado está el regresar a su patria cuando las condiciones sean favorables. “Cuando Pérez Jiménez, los políticos que no murieron en el exilio en su mayoría regresaron para formar parte de la llegada de la democracia”.
“Los líderes, los que forman parte de un partido, tienen un regreso asegurado, porque sienten el compromiso de retornar a construir lo que ha sido derrumbado”, puntualizó.
Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry De Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana.
Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.
Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La historia de Charles-Henry De Beaumont, el enlace entre esta cordillera de fortunas que se asentaron en Suiza, es la última entrega de la #ConexiónSuiza.
Puede que el nombre de Charles Henry de Beaumont no sea familiar para los venezolanos, pero su destino está ligado al surgimiento de una nueva oligarquía en la Venezuela bolivariana. Este asesor financiero, por medio de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. Esas vinculaciones han quedado al descubierto gracias a una filtración de documentos de la institución financiera suiza que Armando.info trabajó en alianza con El Pitazo, Run Runes y El Confidencial
ESTÁ CLARO: PARTE DE LA CARRERA del asesor financiero francés Charles-Henry Du Boscq de Beaumont está relacionada con las fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela.
De Beaumont, nacido en Saint Julien en Genevois, Francia, el 25 de febrero de 1976, luce como un gestor hábil de los patrimonios de los adinerados. La foto de su pasaporte muestra a un hombre de buena presencia, blanco -blanquísimo-, de 1,82 centímetros y de profundos ojos azules. Enseñándoles el anzuelo de la discreción, este asesor financiero tuvo entre su cartera de clientes a varios venezolanos que confiaron sus fortunas a la Compaigne Bancaire Helvetique (CBH), un banco suizo donde rige parcialmente el secreto bancario.
De Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se conoce como un “External Asset Manager (EAM) o gestor externo de activos. En el CBH se encargaba de atraer a clientes de mercados emergentes como Venezuela para luego ofrecerles los productos del banco. Los intermediarios como él están registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (Finma).
A partir de informes del CBH de entre 2011 y 2013 obtenidos por Armando.info, Runrunes, El Pitazo y El Confidencial, de España, es posible comprobar su relación como agente bancario de Danilo Díaz Granados, cuya riqueza se incrementó durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), y de otras polémicas fortunas forjadas al calor de los altos precios del petróleo durante buena parte de la era bolivariana.
Consultado para esta investigación, Díaz Granados asegura que conoció a De Beaumont en 2005 en el marco de las inevitables relaciones que surgen entre clientes y asesores financieros. Dicha relación, afirma, finalizó cuando De Beaumont dejó el CBH. Y agrega: “Las operaciones que él gestionó pasaron siempre los controles del banco”.
Al menos entre 2011 y 2012 De Beaumont también asesoró a Luis Alfonso Oberto Anselmi, un operador financiero que ha escogido promocionar su perfil de coleccionista de arte para desviar la atención sobre el origen de su fortuna; a Alejandro Betancourt y Francisco Convit, propietarios de Derwick, una compañía venezolana de ingeniería que durante el reinado del chavismo ha obtenido contratos para obras eléctricas y perforar pozos petroleros sin haber acreditado experiencia; a Daniel Jesús Medina Sarmiento, exfiscal 73 del Ministerio Público y abogado de Diosdado Cabello en la demanda introducida por el vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra los editores de los diarios venezolanos Tal Cual, El Nacional y el agregador de contenidos La Patilla, y al bróker venezolano austríaco Martín Lustgarten
De Beaumont urdió una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y paraísos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar también las de sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es también propietaria al 50 por ciento de algunas de sus empresas. Ambos registraron sociedades y se abrieron cuentas en Panamá, San Vicente y las Granadinas, Suiza o el archipiélago portugués de Madeira. Algunas de sus compañías son Amblia Limited, Upson Columbus Corp. o Novopax Consulting INC.
Entre sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito Santo portugués en 2013, describe De Beaumont de su puño y letra están la misma petrolero estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd. (San Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces Diazgranados.
Interrogado sobre la relación con los clientes, De Beaumont responde: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada con CBH”. El intermediario añade: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”.
Esto es parcialmente cierto. Lustgarten, por ejemplo, fue arrestado en abril de 2015 en Estados Unidos acusado de lavar unos 100 millones de dólares provenientes del narcotráfico, aunque en diciembre de 2015, como reveló la investigación de los llamados Panamá Papers, recobró su libertad. Los agentes que realizaban la investigación –abierta en una corte de Massachusetts y procesada en una de Florida– no lograron obtener de los gobiernos de Hong Kong, Singapur, Panamá, Colombia y Suiza los estados financieros que probaban el origen ilícito de los fondos movilizados desde las cuentas del empresario. Los cargos en su contra fueron retirados.
***
De Beaumont trabajó en el CBH entre 27 de junio de 2011, de acuerdo con la Gaceta Oficial de Comercio de Suiza, y el 13 de marzo de 2013, cuando en la misma publicación consta que le revocaron los poderes como director de la sede del CBH en Ginebra. Esa etapa cubre el anuncio de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, hecho a finales de junio de 2011, y su muerte, en marzo de 2013.
En aquellos años confusos para el chavismo apenas despuntaban los escándalos de corrupción relacionados, por ejemplo, con el manejo de la crisis eléctrica de Venezuela en 2010.
Todos los negocios originados en el modelo económico chavista, se sabría después de la salida de De Beaumont del CBH, engordarían los patrimonios de la banca asentada en paraísos fiscales. Con la llamada Lista Falciani se supo en 2015 que el gobierno de Chávez (1999-2013) colocó entre 2005 y 2007, cuando se produjo el viraje al socialismo, unos 12 mil millones de dólares en la filial suiza del HSBC. Las certezas crecieron en marzo de 2016, porque el diario Irish Examiner aseguraba que Suiza había acordado con Estados Unidos la entrega de los registros de al menos 18 instituciones financieras cuyas transacciones involucraban a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre esos bancos estaba la CBH.
Fue un golpe a la credibilidad de Suiza como el destino predilecto de quienes buscaban la discreción de su sistema financiero. En marzo de 2017, una investigación periodística transnacional sumó nuevas razones para criticar a los países con legislaciones offshore y a los clientes que buscaban protección bajo su ala. El proyecto de Denuncia de Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que el CBH fue una parte de la trama de la llamada Lavandería Rusa, un plan para trasladar de 2010 a 2014 entre 20 y 80 mil millones de dólares provenientes de Rusia a través de una red de bancos globales, muchos de ellos ubicados en Moldavia y Letonia. En un escalafón que elaboró OCCRP el CBH estaba entre los 50 bancos receptores de depósitos del dinero ruso. En total, siempre según los cálculos de OCCRP, el CBH había recibido 287.351.865 millones de dólares.
***
En 2013, cuando ya se había marchado del CBH, De Beaumont recomendó a Luis Oberto Anselmi la discreción de la filial del CBH en Bahamas para manejar no solo su perfil de coleccionista de arte, sino para ocultar de los curiosos los ingresos provenientes de sus actividades como asesor financiero.
Ambos estaban preocupados por el cambio que representaba para la discreción que buscan los hombres acaudalados la firma de un acuerdo entre Suiza y Estados Unidos, conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés). Dicha ley obligaba a las empresas extranjeras con cuentas en Suiza a reportar al Servicio de Rentas Internas, la dependencia encargada de recaudar los impuestos en EE. UU., todas las cuentas de contribuyentes estadounidenses que superaran los 50 mil dólares.
En virtud de esos cambios, escribía De Beaumont en la carta de recomendación dirigida a Ursula Rolle, de la sucursal del CBH en Nassau, Bahamas, “el señor Luis Alfonso Oberto Anselmi ha decidido cerrar su cuenta en el CBH de Suiza para abrirla en la oficina de Bahamas”. Unos párrafos después, De Beaumont ofrecía las mejores referencias de Oberto Anselmi, a quien dice haber frecuentado “en numerosas ocasiones” en Venezuela. “Es uno de los dueños de Seguros Venezuela, una de las más compañías aseguradoras más grandes del país”, escribió.
El CBH de Bahamas mantuvo a partir de 2013 el dinero de sus compañías La Chianda S.A y Kashy Holdings. La primera de ellas se había establecido a finales de 2012 en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, sobre el margen oriental del Caribe insular, y la segunda en 2010 en Belice, que también ofrece un sistema financiero libre de impuestos para sociedades internacionales. Con la primera manejaría sus ingresos como asesor financiero. Con la segunda continuaría con la tradición familiar de coleccionistas iniciada por su padre Ignacio Oberto Fuguett. Kashy Holdings, de hecho, sería el vehículo que utilizaría “para el único propósito de comprar arte en Sotheby’s y Christies”, de acuerdo con el perfil del cliente en poder del CBH elaborado en su oportunidad por De Beaumont.
Luis Oberto Anselmi luce en los documentos como un cliente importante para el banco. Sus ahorros sumaban entonces unos 20 millones de dólares, según se lee en el perfil del cliente, y estimaba ingresar en La Chianda en un año entre cinco y siete millones de dólares, desde las cuentas que poseía su hermano Ignacio Oberto Anselmi y de otras compañías. Con Kashy tendría un saldo promedio de entre 50 y 70 millones de dólares y solo transferiría dinero a las famosas casas de subasta.
El paso de Charles Henry De Beaumont por el CBH ha debido ser la cima de su carrera financiera a juzgar por lo que vino después de retirarse del banco, en diciembre de 2012. Pero antes de revelar por qué vale la pena repasar su trayectoria.
En junio de 1998, luego de completar una maestría en Finanzas y Mercadeo en la Escuela Europea de Negocios, que incluyó un semestre en el Regent’s College (London UK), De Beaumont se unió a los emprendedores de Euro Nocopi, un startup especializada en el desarrollo de protocolos de seguridad para detectar productos falsificados. El joven De Beaumont era el responsable del equipo de marketing y ventas en Europa, abrió oficinas en Inglaterra y Alemania y desarrolló una base de clientes en Europa dentro de la industria de productos de lujo y bienes de consumo. En su currículum se atribuía la expansión de las ventas de la compañía en un cuatrocientos por ciento en un año, hasta llegar a unos diez millones de francos franceses.
De ese emprendimiento se retiró en diciembre de 1999. Todavía la mayoría de los países de Europa no habían adoptado una moneda común, pero, gracias a esa experiencia internacional, De Beaumont se hacía de un nombre propio dentro del cruel mundo de las finanzas, siempre según la información que colocaba en su hoja de vida, para moverse por toda Europa en su afán de conocer a los hombres más ricos. Y, lo más importante, sabía dónde se originaban las fortunas que buscaban productos de lujo para acreditar su estatus.
Con el nuevo milenio De Beaumont también cambió de trabajo. En enero de 2000 se convirtió en bróker de Linnco Europa. Estaba a cargo de la gerencia, desde el Reino Unido, de las cuentas bancarias de los clientes millonarios de Oriente Medio y Europa. A ellos les ofrecía productos para diversificar el riesgo de tener todo el dinero concentrado en una cuenta.
En alguna medida esas relaciones que cultivó durante los 17 meses que pasó en esa compañía lo ayudaron en el siguiente empleo que tuvo entre mayo de 2001 y noviembre de 2003. Fue contratado entonces por la empresa Vennworks LLC como consultor senior en Inglaterra. Su trabajo ahí consistió en intentar captar el dinero de clientes dentro de los Emiratos Árabes Unidos y socios comerciales para las compañías del portafolio de Vennworks.
En los próximos siete años -noviembre de 2003-noviembre de 2010- De Beaumont terminaría de consolidar el perfil de bróker internacional concentrándose en el mercado en Sudamérica. En ese cargo se relacionó con administradores de activos y de fondos de pensiones en Venezuela y Brasil. De esos años data el contrato de mandato para abrir una cuenta limitada corporativa de Pdvsa Petróleo, S.A. con BNP-Paribás, el 15 de mayo de 2009. Por la estatal petrolera venezolana firmaron Hernán Gamboa y Heberto Fernández.
Ese contacto con Venezuela se acrecentaría durante su paso por la CBH. Los exfuncionarios venezolanos de más alto cartel con quienes se relacionó De Beaumont entonces, siempre según los documentos consultados, fueron Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera.
Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, está detenido desde el año pasado en España a solicitud de una corte de Texas, en Estados Unidos, donde cursan dos causas criminales en su contra. Tanto él como Alvarado, expresidente de la Electricidad de Caracas, están siendo investigados por la Audiencia Nacional de España por recibir presuntas comisiones de la empresa ibérica Duro Felguera a cambio de la adjudicación de contratos en Venezuela.
Los documentos consultados solo establecen la relación entre De Beaumont y los exfuncionarios del gobierno chavista, pero no dan pistas del dinero que habrían manejado. En una nota publicada en diciembre de 2017, el diario El País de Madrid reveló que Villalobos y Alvarado intentaron ocultar el supuesto origen ilícito de sus fortunas en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde recientemente se levantó el secreto bancario. Los pagos de las supuestas coimas recibidas se abonaron en la BPA entre 2007 y 2012 y luego saltaron hacia paraísos fiscales en Belice y Suiza, justo el país donde operaba De Beaumont.
Carlos Aguilera es exoficial del Ejército venezolano que participó en la intentona golpista de febrero de 1992, comandada por el teniente coronel Hugo Chávez. En 2002 era el director de la policía política cuando fue derrocado el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego dejó la política para concentrarse en los negocios.
***
Una vez que De Beaumont salió del CBH fundó junto a su esposa una empresa denominada Continuum TH 7, LLC, que tiene como domicilio fiscal una dirección en una exclusiva zona del sur del estado de Florida, en Estados Unidos -50 S Pointe Dr Miami Beach, FL 33139- y también siguió relacionado con los empresarios venezolanos que lo conocieron como el gestor financiero dentro del banco suizo.
Con Alejandro Castillo, exdirector del Ministerio Público, y Daniel Medina, también exfiscal, De Beaumont está asociado en la compañía Umvar Limited S.A, registrada en Panamá. En ese país también mantiene una sociedad con Carlos Aguilera Borjas llamada Río Arriba 6, S.A. Y con Rafael Reiter, detenido en España en octubre pasado a petición de Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo de capitales y corrupción a través de las oficinas comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ese país, mantiene desde octubre de 2015 Inversiones RC 58 Inc.
A pesar de los escándalos de corrupción De Beaumont mantiene la sociedad con Reiter Muñoz. Como con Lustgarten, tampoco es cierto que sus socios estén completamente libres de pecados.
Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana
Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios
Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung
Una filtración de documentos demuestra que Nervis Villalobos, acusado en España y EEUU de blanqueo de capitales y corrupción internacional, maneja su fortuna en bancos suizos
NERVIS GERARDO VILLALOBOS NO ES UN CIUDADANO VENEZOLANO CUALQUIERA. Ingeniero especializado en el sector eléctrico se formó en su país, Estados Unidos y Francia. Ocupó varios altos cargos en el Gobierno deHugo Chávez hasta que dejó la función pública en 2006 para dedicarse al mundo de los negocios tras ser despedido por el presidente. Hoy contempla el perfil de la Sierra de Madrid desde la prisión de Soto del Real. No puede disfrutar su casa de lujo situada en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja que adquirió en 2014.
Entre sus puestos alcanzados al calor del chavismo, fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en ese mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Este también ha caído en desgracia al ser destituido por el presidenteNicolás Maduroen diciembre pasado como representante de su país ante Naciones Unidas y después de que en enero de 2018 el fiscal generalTarek William Saab informara que había emitido una orden de captura en su contra por corrupción.
Villalobosfue arrestado en Madrid a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otros tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en la ciudad tejana de Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Elauto de acusación del tribunal de Houston de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros excargos públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.
La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros exaltos funcionarios venezolanos y directivos de la compañíaDuro Felguera de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.
La querella de laFiscalía Anticorrupción narra cómo Duro Felguera, para construir una central eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (hasta al menos un total de 105.627.600 dólares USA) al querellado Nervis Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito de querella- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estaodunidenses y suizos.
Ahora, una investigación realizada realizada por El Confidencial junto a los medios venezolanosArmando.info,El Pitazo yRunrun.es, que parte de una filtración de documentos internos delCompagnie Bancaire Helvétique (CBH), revela nuevos datos que se acomodan al espíritu de los procedimientos judiciales abiertos en España y Estados Unidos a Nervis Villalobos.
El trabajo periodístico #ConexiónSuiza muestra cómo en una memoria interna de 2013 del CBH firmada porLeandre Sappino, entonces gestor de carteras y consejero de inversiones de la entidad suiza, se refiere que Villalobos “dispone de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH”. Informa la memoria que abrió una cuenta en julio de 2011, justo en la época en que las investigaciones judiciales lo acusan de urdir esos supuestos esquemas de corrupción. La misiva está dirigida a Stephane Strub y Philippe Cordornier, vicepresidente y director general de CBH, respectivamente.
Los responsables de los mecanismos de verificación del banco CBH conocen que los llamados ‘PEPs’ (‘politically exposed persons’) -responsables que han ocupado cargos políticos en cualquier gobierno- tienen restringidos muchos movimientos financieros internacionales dentro de los diez años posteriores a dejar sus funciones en todos los países.
Eso no fue obstáculo para que Villalobos tuviera cuentas en CBH y otras entidades suizas. Él había dejado la función pública en 2006, por lo que hasta 2011 sólo habían pasado cinco años. Sin embargo, la nota bancaria habla de Villalobos como un “un cliente de calidad que no representa mayor riesgo para el banco y que tiene un gran potencial de desarrollo”.
Consultado el banco CBH sobre sus relaciones con un ‘PEP’ como Villalobos, un portavoz contestó escuetamente con un email en el que argumentaba: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. El mensaje añadía: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
“Tuvo cuentas bancarias en distintos países y en distintas instituciones bancarias principalmente porque las entidades multinacionales con quien el señor Villalobos hacía negocio tenían sus bancos preferidos para las transacciones», responde un abogado del empresario venezolano.
Añade su representante legal que el patrimonio del exalto funcionario chavista procede de dos fuentes fundamentales: “Su trabajo como consultor y experto en ingeniería eléctrica y sus inversiones en diversas industrias que incluyen inversiones en mercados cambiarios” de divisas.
Un experto en finanzas internacionales que conoce bien Latinoamérica y que prefiere guardar su anonimato explica que hubo empresarios avezados que en los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera del país que más reservas de crudo tiene del mundo, PDVSA, vendía fuera su producción y ganaba muchos dólares, pero le hacían falta bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por dólares llevándose una plusvalía. No era una actividad ilegal.
Villalobos y Duro Felguera
Los medios de #ConexiónSuiza han tenido acceso en exclusiva al escrito de la querella de laFiscalía Anticorrupción de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.
Al margen de Nervis Villalobos, los querellados son su mujer e ingeniera de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Melan, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de C.A. Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Angel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.
El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas TERCA, C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Melean, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.
Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, «TERCA e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, C. A. (INGESPRE), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. TERCA cedió entonces todos los derechos a INGESPRE sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Lean era un testaferro de Villalobos y que TERCA era controlada por este desde un principio. Sólo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.
Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.
Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él -entre las citadas por la instrucción judicial y las halladas por #ConexiónSuiza y en un listado conservador- están Kingsway Holdings Overseas Ltd registrada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Lda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kinsway Europe, SL de España y Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.
En sus declaraciones al juez, Villalobos reconoció que firmó una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no admitió nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Pero solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con INGESPRE, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.
Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaa o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.
Añade que esos pagos grandes siempre los autorizaba Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está. Porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.
Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.
Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido, aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.
Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querellada, manifiesta que “no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.
Por Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado de 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación #ConexiónSuiza. También sale citado en la documentación de CBH como “otro cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.
Alvarado Ochoa era una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente solo un día antes que la de Nervis Villalobos.
La memoria interna de CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los 20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.
Por otro lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 “por motivos personales”.
Houston lo reclama
Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros exaltos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de PDVSA, y ya extraditado a Texas.
La Justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos a través de sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de la petrolera PDVSA. Según elescrito de acusación, practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon decenas de millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.
Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.
El auto judicial señala de forma anonimizada varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario “Swiss Account 1”, a donde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del supuesto esquema de corrupción por el que se le investiga.
Los abogados de Nervis Villalobos tienen un gran reto por delante. Un reto transnacional.
Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana.
Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.
Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La historia millonaria del bróker venezolano Danilo Díazgranados es la tercera entrega de esta #ConexiónSuiza.
Niño travieso, agente de bolsa en la década de los 90, empresario, socio de un banco estadounidense y uno de los operadores financieros predilectos del chavismo, en los tiempos de Hugo Chávez
Díazgranados fue el encargado de comprar bonos británicos con 1,3 millardos de libras esterlinas provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional y de quedarse, en medio de la operación, con una jugosa comisión
@loremelendez | @garcirrey
MIENTRAS TODOS PONÍAN SU MEJOR CARA PARA LA FOTO del tercer grado, el pequeño Danilo Alfonso Díazgranados Manglano –quien para entonces tenía entre 8 y 9 años de edad– ni siquiera se preocupó por mirar a la cámara. Penúltimo de la tercera fila, a la izquierda, estaba en otra cosa, en una travesura delatada por el ademán que ese día inmortalizó el flash. De pie, con una media sonrisa, y con la cabeza hacia abajo, miró fijamente su mano derecha y la “V” que formó con sus dedos índice y medio instantes antes de ponerlos detrás de la cabeza de una de sus compañeras de clase. ¿Su intención? Mofarse de la niña que tenía delante de él al ponerle un par de cuernos.
Aquel gesto no era nada raro. Exalumnos del colegio, una institución para niños de clase media alta ubicada en el Este de la capital venezolana, aseguraron que aquel chico siempre fue así de travieso, así de tremendo. Por eso, en los noventa, décadas después de aquella época escolar, no les extrañó que el muchacho pícaro hubiese elevado al máximo esa mínima muestra de indisciplina: estar supuestamente implicado en una serie de seis explosiones ocurridas en distintos puntos de las ciudad que lograron que bajaran los valores de la Bolsa de Caracas y el precio de los bonos venezolanos en mercados internacionales. A Díazgranados, específicamente, lo señalaban de ser cómplice de la colocación de un coche-bomba en un centro comercial cercano a la Base Aérea de La Carlota. De todo el proceso, salió sin ningún tipo de cargos penales.
A Díazgranados también lo recuerdan por llevar costosos relojes y zapatos de marca al colegio y porque en aquella casa grande de su niñez, en la urbanización Prados del Este, tenía juegos de video que ninguno de sus amigos poseía y hasta un televisor a color. Él fue el primero de la clase que tuvo uno de estos innovadores aparatos en su hogar.
Hoy, Díazgranados continúa una vida de ostentación, aunque lejos de las fronteras venezolanas y bastante retirado de los flashes. Lo hace desde la casa que compró en la exclusiva zona de Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana, donde reside desde hace casi 10 años con su familia y donde cada vivienda está valorada por encima del medio millón de dólares. Allí pasa sus días luego de haberse convertido en banquero en Nueva York, de haber comprado una empresa a uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberse convertido en socio de una de las compañías de desarrollos móviles más importantes de Latinoamérica y de amasar una fortuna mientras trabajaba en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano en la era chavista.
Esta última actividad la reseñan un par de memorandos internos de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), los cuales fueron intercambiados entre empleados y altos cargos directivos de la entidad suiza para incluir la información en su cartera clientelar. Los documentos forman parte de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrun.es, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial.
En ambos memorandos, fechados en 2011 y 2013, se certifica que Díazgranados era cliente de ese banco desde 1991 y se le describe como un importante empresario y un conocedor, y al mismo tiempo actor, del mercado financiero venezolano donde durante años trabajó como intermediario en la compra y venta de valores para “instituciones de la República Bolivariana de Venezuela”. La intención de los mismos era contar quién era el hombre que estaba detrás de una nueva e importante cuenta: la de una offshore bautizada como Craft Financial.
Craft Financial S. A.está enopencorporates.comcomo una empresa registrada en Panamá el 12 de agosto de 2011, apenas mes y medio antes de que se enviara el primer memorando de la CBH. Documentos oficiales confirman esta información y señalan que la compañía se abrió con un capital de 10.000 dólares americanos. El nombre de Díazgranados no aparece por ninguna parte, ni al momento del registro (cuando suscribieron Marco A. San Berguido, Luz E. Rivera y Ernesto Castillo Cho, con Alemán, Cordero & Lee), ni al de la renovación de su junta directiva, hecha en marzo de 2017. Sí están, en cambio, el de una serie de personas que también integran las juntas directivas de cientos de sociedades del istmo. El directorio lo encabezanJusto Reyna(director / presidente),Ruyh (Ruth) Giannina de Sánchez(director / tesorero),Oscar Augusto Cedeñoy Edgardo Medina (suscriptores) y Lineth Ponce (director / secretario). Los tres primeros están en la base de datos deOffshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como socios de distintas compañías radicadas en paraísos fiscales. Ponce, empleada del bufete panameño Morgan & Morgan, tiene el cargo de director / tesorero en una empresa panameña de Díazgranados: Panros Global Inc.
Fue precisamente a través de Craft Financial que, de acuerdo con los documentos de la CBH, se hizo una operación de 1,3 millardos de libras esterlinas que requirió de una estructura financiera que permitió sacar al exterior fondos del Estado venezolano en dólares americanos o bonos, que fueron cambiados a libras esterlinas y posteriormente aGilts (bonos del gobierno británico). Así se cobraron comisiones por las transacciones y se regresó el dinero al Banco Central de Venezuela a través de una plataforma llamadaClearstream, con sede en Luxemburgo, que funciona como un sistema de pago y entrega de títulos y dinero totalmente informatizado, desde y hasta cualquier parte del mundo.
“Craft Financial S.A. retiene el spread(diferencia entre compra y venta de un activo financiero) en la cuenta CBH y luego realiza inversiones por cuenta propia. El objetivo de Craft es generar nuevas operaciones. También estamos planificando abrir un fondo de las Bahamas para administrar bonos venezolanos en nombre de otras instituciones en el país”, se lee en ambos memos.
En las comunicaciones de la CBH se registra una serie de transacciones financieras de miles de millones de dólares provenientes de las arcas del Estado venezolano. En el caso de Díazgranados, las operaciones que involucraron a Craft Financial tuvieron su origen en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), institución creada por Hugo Chávez en 2005 con la intención de destinar, de forma directa, el excedente de los ingresos por exportaciones petroleras del país en proyectos de “inversión social” –es decir, aquellos que buscan el bienestar sin retorno económico– con énfasis en infraestructura y transporte.
El primero de estos memorandos data del 29 de septiembre de 2011 y su autor es Charles-Henry De Beaumont, el operador financiero de la CBH que ayudó a varios funcionarios venezolanos a colocar sus fortunas, forjadas durante los años de los gobiernos chavistas, en la entidad bancaria. Está dirigido a Jacques (Jacky) Ramet, quien aunque no figuraba en la junta directiva, era una de las firmas autorizadas dentro del consejo del banco. De este informe, se remitió una copia a Joseph Benhamou, presidente de la organización y cabeza de la familia que es accionista mayoritaria de la CBH desde 2009; a Christian Maréchal, entonces director adjunto y miembro de la dirección general; y a Turan Henden, quien ocupaba el cargo de asistente de banca privada.
El segundo memorando –fechado en junio de 2013 y con más detalles sobre la trayectoria de Díazgranados– lo escribió Leandre Sappino, quien para ese momento era asesor de inversión del banco, y estaba dirigido a Ramet, con copia a Philippe Cordonier, director general adjunto, y a Stéphane Strub, director adjunto de la CBH.
La operación entre el Fonden y el banco suizo deja algunas dudas en los expertos consultados. Una de estas es la tercerización de la transacción, pues no se explica por qué una institución del Estado relegó las compras de Gilts a la offshore de Díazgranados, tal como lo indican los documentos. “Como los montos son sustanciales y no quieren aparecer en los mercados, Fonden ha decidido confiar esta delicada tarea a Craft Financial S.A., así como a otro intermediario financiero”, subraya el memorando de la CBH. En esa orden pudiera existir un quebrantamiento de las normas.
El administrador, abogado y ex superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, destacó que la entrada a la negociación de bonos por parte de una empresa intermediaria genera desconfianza. “Allí pudiera estar planteada una desviación de fondos con unas comisiones creadas artificialmente, porque el Banco Central no tiene necesidad de buscar intermediario para realizar algún tipo de inversión”, apuntó.
“Desde mi perspectiva, no hay nada usual en esa transacción. ¿Por qué un gobierno compraría tal cantidad de bonos a través de una entidad offshore? ¿Quién fue el beneficiario de esta cuenta? Comparado con nuestros estándares, esto se haría a través de la Reserva Federal o del banco nacional y no desde una compañía extranjera”, explicó David Zollinger, experto suizo en banca privada y mercados.
El economista Francisco Rodríguez, ex director de la firma financiera Torino Capital, discrepó e indicó que para poder comprar bonos sí se debía acudir a un tercero. Sin embargo, señaló la peculiaridad de que se hubiese recurrido a una offshore recién creada. Hervé Falciani, quien sustrajo la información del banco suizo HSBC que dio origen a la Lista Falciani, está en la misma línea:“Todos los bonos se compran a través de un bróker, incluso son si proceden de fondos públicos”.
Cáribas sostuvo que el Fonden jamás estuvo concebido para hacer compras de Gilts como las que se hicieron a través de la CBH. “Nunca el propósito fue hacer algún tipo de inversiones para que se produjera renta al país, porque para eso era el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), del que ellos se olvidaron. El Fonden tenía una línea de gasto social. Todo el proceso inflacionario viene por allí”, aseveró.
Pero estas compras sí se hacían con frecuencia, aunque lo usual no era que se adquirieran bonos británicos sino deuda pública a países aliados. Así lo relató un reportaje de Reuters titulado “Fonden: la caja negra de Hugo Chávez”.
“Otro de los puntos más polémicos del Fonden ha sido su uso como instrumento de inversión, que lejos de buscar activos seguros apostó por valores de alto rendimiento que, además, servían para echar una mano a países aliados del Gobierno, según un informe de la entidad filtrado a la prensa, que hace referencia a una auditoría hecha al ente en el 2011. El fondo ha evitado revelar cuánto dinero ha perdido o ganado con estas inversiones”, indicó el reportaje.
Otra de las posibles faltas cometidas en el negocio con Craft Financial está en la recepción de los fondos que retornaron Venezuela y el por qué se utilizó Clearstream para estas transferencias. Cáribas advirtió que este tipo de movimientos no son usuales, aunque no hay ninguna ley o normativa que legalmente los prohiba. “Por lo general, desde el Banco Mundial le dan una cierta amplitud a los bancos para realizar algún tipo de negociación, pero la práctica administrativa no es esa”, enfatizó.
Díazgranados confirmó la ejecución de la operación a través de dos respuestas por escrito –del 16 de abril y el 4 de mayo de 2018– emitidas por Llorente & Cuenca, una prestigiosa consultora española especializada en comunicación y gestión de la reputación, que se ha encargado de ser la voz del bróker ante cualquier consulta sobre el tema. En la contestación se señala que la CBH participó en la compra de Gilts, luego de que el Fonden solicitara ofertas a varias entidades financieras.
“Esta entidad –de la que es cliente desde los años 90 y con cuyo propietario principal tiene una relación de cercanía– propone a Danilo Díazgranados Manglano tomar parte en la operación para afrontar conjunta, y únicamente, el riesgo cambiario derivado del posible retraso de pagos de Venezuela tras recibir la oferta”, indica el documento del gabinete de gestión de crisis, a pesar de que los memorandos del banco suizo dejan claro que fue la institución venezolana la que sacó a relucir el nombre del agente financiero debido a sus buenas relaciones.
La respuesta de Llorente & Cuenca también apunta que la offshore de Díazgranados nació con el propósito de hacer la transacción entre el Fonden y la CBH. “Para contar con un vehículo operativo legalmente aceptado en operaciones como la planteada para asumir conjuntamente el riesgo cambiario, se crea la compañía Craft Financial (2011). Como todas la operaciones financieras en las que ha participado, esta se ejecutó conforme a las regulaciones vigentes en el momento de realizarse y en los términos y condiciones pactadas entre las partes involucradas, incluidas las contraprestaciones pactadas entre ambas partes. Todas las operaciones fueron certificadas por FINMA, la institución del gobierno suizo que regula de forma independiente los mercados financieros. A lo largo de la operación de venta de Gilts será la CBH quien mantenga en exclusiva el contacto con el Fonden, manteniéndose Díazgranados Manglano al margen de esta relación”, indica el documento.
Al bróker se le preguntó por escrito cuánto dinero había percibido por esta operación, pero en la última comunicación afirmó, siempre a través de Llorente & Cuenca, que nada le había quedado. “Danilo Díazgranados nunca recibió pago alguno por la gestión de la transacción de compra-venta de los bonos en sí misma, de la que el único beneficiario fue el banco a través de los cargos acostumbrados para dicho tipo de transacción”, se lee en el comunicado.
Un documento obtenido por esta investigación reveló que Díazgranados tenía un poder firmado por un abogado para hacer cualquier movimiento a través de Craft Financial a pesar de que no aparecía como miembro de la junta directiva. El escrito permite que el bróker realice amplias actividades financieras a nombre de empresa, como por ejemplo, acordar contratos con gobiernos, compañías y personas. Al final, aparece la rúbrica de todos los miembros de la compañía registrada en Panamá.
Sobre esto, el economista Asdrúbal Oliveros indica que si bien las operaciones con intermediarios suelen estar permitidas, siempre hay una ganancia por parte de ese tercero. “Nadie va a crear una offshore sin tener algún tipo de beneficio. Tiene que haber o comisión o un diferencial de compra que le haya quedado a él. Y si se trata de una offshore, alguien tiene que haber pagado por los costos asociados a la creación de la compañía, impuestos, registro, erogaciones”, añade Oliveros quien aclara que, aunque el Fonden pudo haber cubierto los gastos de Craft Financial, debe haber quedado una comisión para quien estuvo detrás de esta.
Al respecto de las operaciones, la CBH no ofreció información. Un portavoz de la institución, interrogado por un periodista de los medios que trabajaron en esta investigación, dijo que el banco, como institución suiza, “cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Tras la aclaración, agregó: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
Tampoco De Beaumont quiso pronunciarse sobre el tema cuando se le pidió confirmación de los hallazgos. “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasado con CBH (…) No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”, respondió.
Un fondo financiero opaco
Del Fonden salió el dinero para expandir la Misión Alimentación que intentó contener, a través de las importaciones de productos, el desabastecimiento que ya se veía en 2013; así como para la construcción de las líneas 4 y 5 (aún sin terminar) del Metro de Caracas, las estaciones hoy activas del Metro de Valencia, Los Teques y Maracaibo, el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora (tramo Valles del Tuy), la rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occidental “Simón Bolívar”, la autopista Barquisimeto – Acarigua, el Metrocable de San Agustín, la planta de papel Pulpaca; también se financiaron trabajos que todavía hoy no se han culminado como el tercer puente sobre el río Orinoco y el Sistema Metro Ligero Caracas – Guarenas – Guatire.
Pero, sobre el dinero que maneja la institución, comenzaron a existir dudas desde 2007 cuando por última vez se entregó el informe semestral de gestión –contemplado en los estatutos fundacionales del Fonden – a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El mecanismo de rendición de cuentas se acabó y aunado a ello se dificultó el acceso a documentos públicos que confirmaran el porcentaje de ejecución de los proyectos financiados. “Opacidad” empezó a hacerse una palabra de uso frecuente en las notas periodísticas que hablaban del fondo.
El destino de los mil millonarios ingresos del Fonden, poco a poco, se perdió de vista. En elInforme de Gestión 2011 de Petróleos de Venezuela S. A., la empresa estatal señalaba que entre 2005 y 2011 había aportado al fondo 44.187 millones de dólares. Solo en ese último año –2011, el mismo del primer memorando– le había entregado a la institución 14.475 millones de dólares, lo que representaba un incremento de 755% con respecto a los 1.334 millones que había otorgado en 2010.
En junio de 2012, unreporte de Transparencia Venezuelacuestionaba el uso de ese dinero. De acuerdo con la ONG, solo 18.743 millones de dólares habían sido invertidos en obras conocidas, pero sobre el resto poco se sabía. “¿En qué proyectos han sido gastados los restantes 25.444 millones de dólares? ¿En qué bancos se encuentran estos recursos? ¿Cuánto se ha ganado en intereses por los recursos no asignados? ¿Estos recursos no asignados tienen un destino o proyectos ya definidos?”, apuntaba el documento. Seis años después, todavía no se tiene respuestas a estas preguntas.
En medio de toda esa opacidad, aparece el nombre de Díazgranados. De acuerdo con los memos de la CBH, el bróker tenía “excelentes relaciones” con el Fonden, de allí la confianza que depositaban en él para hacer operaciones mil millonarias en moneda dura.
Cuando se escribió la primera comunicación de la CBH, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, era el presidente del Fondo, mientras que la secretaría del ente la llevaba la ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén, quien fue retirada del cargo en abril 2013, apenas meses antes de que circulara el segundo memorando y justo en medio de la transición entre la muerte de Hugo Chávez y la llegada de su sucesor, Nicolás Maduro, al poder.
Díaz Guillén, una militar retirada que también fue enfermera de Chávez y que hoy tiene una orden de captura internacional solicitada por el Ministerio Público venezolano por presunta legitimación de capitales, apareció en la investigación global sobre paraísos fiscales Panamá Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en la cual se expuso que justo después de dejar su cargo en el Fonden, comenzó a hacer vuelos constantes desde Venezuela hasta República Dominicana, donde tenía una residencia, igual que Díazgranados. Su esposo, el ex edecán presidencial Adrián Velásquez Figueroa, creó Bleckner Associates Limited S.A., una empresa offshore registrada en el paraíso fiscal de Seychelles, que fundó por medio del bufete panameño Mossack Fonseca.
Tras la salida de Díaz Guillén,Temir Alfredo Porras Ponceleónse convirtió en el secretario Ejecutivo. En septiembre de 2013 (tres meses después del memo de la CBH y apenas cinco meses de su nombramiento), Porrasfue sustituido por Simón Alejandro Zerpa Delgado, uno de los funcionarios venezolanos que hoy están sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
El BCV, la entidad receptora de aquellos fondos, estuvo encabezado por Nelson Merentes y, posteriormente, por Edmée Betancourt, quien al igual que Porras había sido designada en abril de 2013 para el cargo. El 13 de agosto del mismo año (dos meses después del memo de la CBH)había sido reemplazada por Eudomar Tovar, quien venía de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En el directorio del BCV figuraban Merentes, Jorge Giordani, José Salamat Khan Fernández, Armando León Rojas y José Félix Rivas Alvarado.
Tanto Giordani como Betancourt se distanciaron públicamente del gobierno de Nicolás Maduro poco después de que este tomó las riendas de Miraflores. Giordani, quien se negó a responder vía telefónica o en persona sobre la compra de Gilts hecha por el Fonden a través de la banca suiza, salió del gabinete en junio de 2014, mientras que Betancourt fue depuesta del BCV en agosto de 2013.
Destino: Islas Vírgenes Británicas
El nombre de Díazgranados también aparece como uno de los beneficiarios de las comisiones de una serie de transacciones hechas a través de Violet Advisors SA, una empresa offshore propiedad de los hermanos Luis e Ignacio Oberto, denunciados en 2013 por Henrique Capriles como operadores financieros del chavismo. El documento fichado como “Personal y Confidencial”, escrito por Charles-Henry De Beaumont, anunciaba que en los días siguientes se haría una transferencia de 16 millones y medio de dólares, monto que se dividiría entre las cuentas de dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Anam Asset Management Ltd., del bróker venezolano –cuyo registro no fue hallado–, y Mach Advisory Ltd. (que salió del registro de empresas de las islas en 2014 por impago de tarifas anuales), perteneciente a Alessandra Gherardi, esposa del operador De Beaumont.
La carta suscrita por De Beaumont, quien se presentó como vicepresidente senior y asesor a la presidencia de la CBH, data del 13 de junio de 2012 y estaba dirigida a Philippe Schellenberg, especialista en derecho comercial, bancario y financiero, quien para entonces era colaborador (hoy es uno de los socios) del bufete de abogados Budin & Associés, con oficinas en las ciudades suizas de Zug, Lausana y Ginebra. Es a la dirección de esta última a dónde se envió el escrito.
En el documento, De Beaumont es quien ordena la recepción de los fondos para las transferencias y explica que provienen de las comisiones que fueron “pagadas directamente por las contrapartes a los intermediarios”. Seguidamente, menciona a quienes aportaron el dinero sin indicar la cantidad que entregó cada uno, pues aclara que eso lo hará en comunicaciones siguientes.
La mayoría de estos intermediarios está vinculado a casas de bolsa en Venezuela, de acuerdo con datos recabados por la alianza de medios que ha trabajado en esta investigación. Allí se leen los nombres de Gabriela María Dorado Pizzorni, presidenta de Italcambio (único grupo autorizado para operar en la frontera venezolana), fundadora de Casa Blanca Fashion Group y esposa de Carlos Dorado, allegado al gobierno de Maduro; Ricardo IV Montilla, presidente de la Asociación Venezolana de Operadores (AVO) y de Mercosur Casa de Bolsa; Álvaro Ignacio Rodríguez Hernández, director principal de Caja Caracas Casa de Bolsa; Bruno José Pianezzola Trujillo, director de Cuadra Casa de Bolsa, Manuel Ángel Suena Cagiao, corredor público de títulos valores y asesor de inversión hasta 2017, cuando la Superintendencia Nacional de Valores le retiró la autorización; el empresario Samir Samuel Ibrahim Fares y sus hijos Fouad José y Samir Alberto Ibrahim Chacón, propietarios de la empresa Sistema Integral de Monitoreo SIMSA, y los hermanos Oberto.
“Díazgranados no tiene relación alguna con una sociedad llamada Anam Asset Management Ltd. de Islas Vírgenes Británicas. Cualquier supuesta operación vinculada a esta sociedad, en la que no participa ni ha participado, es completamente ajena a su conocimiento”, subrayó la consultora Llorente & Cuenca en su respuesta escrita. En esa misma contestación, negó que hubiera hecho tratos con Violet Advisors o con los hermanos Oberto, a quienes sí admitió conocer “socialmente”.
El intermediario
Antes de sus operaciones con el Fonden, a Díazgranados se le había mencionado en varias publicaciones digitales en el caso de las notas estructuradas del Banco Central de Venezuela. La webCuentas Claras Digital, especializada en casos de corrupción, indicó en un reportaje que durante 2006, cuando Tobías Nóbrega llevaba las riendas del BCV, se crearon estos productos financieros que permitieron la emisión de bonos en dólares, pagaderos en bolívares, que fueron utilizados para llevar divisas del Estado que se cotizaron en el mercado negro. “Carmen Meléndez, la actual ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la asesoría de su gran amigo Danilo Díazgranados, junto a Merentes en el ministerio de Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial”, apunta la publicación digital.
Díazgranados, a través de Llorente & Cuenca, dijo que nunca había prestado sus servicios financieros a Meléndez o a su esposo Orlando Maniglia, ex ministro de la Defensa venezolano. Lo mismo dijo sobre Merentes y Rodrigo Cabezas, y destacó nunca haberlos conocido en persona.
El 30 de agosto de 2006, un cable sobre el sector bancario venezolano enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas hacia otras sedes diplomáticas en Suramérica, incluyó el nombre del bróker venezolano.
De acuerdo con el documento, que se conoció a través de la filtraciónWikileaks, el alto diplomático norteamericano Kevin Whitaker, quien en ese momento estaba en Venezuela, afirmó que un contacto le había asegurado que Díazgranados era “el intermediario” entre el gobierno de Hugo Chávez y los bancos de inversión extranjeros para los “depósitos y bonos de deuda (tanto de Argentina como de Venezuela)” que estaban fuera de los balances oficiales (off the books activities). Es decir, de operaciones que no dejaban rastro o documentos registrados pese a que se hacían con dinero público.
Díazgranados, “facilitador primario” entre los negocios del gobierno venezolano e instituciones financieras en el extranjero
Por esos años, a Díazgranados también se le vinculó con otro polémico empresario y asesor de inversiones, Moris Beracha, quien fue el asesor del ex ministro de Finanzas, Rafael Isea, en el mismo caso de las notas.
Pero Díazgranados –por medio de la consultora española– se libró de todos los señalamientos y aseguró que “nunca fue empleado público ni asesor de ningún gobierno”. Sí admitió que ha hecho inversiones en sectores que van desde los seguros y las entidades financieras hasta las bebidas, en naciones tan distintas como Estados Unidos, Suiza, Bélgica y España, entre otras.
“Todos los negocios emprendidos son plenamente conformes con las regulaciones y normativas legales de cada país, a través de compañías y entidades financieras debidamente registradas, autorizadas, reguladas, supervisadas y auditadas. Su ejecutoria empresarial se ha desarrollado siempre libre de cualquier indagación judicial”, añade el documento de Llorente & Cuenca.
Según los dos memos de la CBH, Díazgranados es poseedor de una fortuna superior a los $2 millardos, razón por la que se autoimpuso un destierro. El “riesgo de secuestro para personas de su calibre” es tan alto en Venezuela, dice la comunicación, que se mudó en 2008 a La Romana, desde donde realiza todas sus operaciones financieras y donde también ha tenido participación en el negocio inmobiliario, como en la construcción del Blue Mall de Santo Domingo, que aloja tiendas de marcas tan exclusivas como Cartier, Carolina Herrera y Louis Vuitton, alberga las instalaciones del JW Marriot y es propiedad del Fondo de Valores Inmobiliarios, del también venezolanoLuis Emilio Velutini.
La consultora también indicó que Díazgranados es accionista minoritario del séptimo grupo de Estados Unidos de cerveza artesanal y un socio importante de Dolium, una compañía belga que fabrica barriles de plástico para cerveza.
Sueño americano
Desde aquellos años colegiales, de burlas y travesuras, Díazgranados guardaba una cercana relación con Estados Unidos. Frecuentemente, rememoran ex alumnos de su colegio, hablaba de los viajes, largos o cortos, que hacía a aquel país. En uno de sus cumpleaños, cuando todavía no era un adolescente, sus padres complacieron un capricho muy a tono con aquella afinidad ‘gringa’: le regalaron un uniforme completo –con hombreras y casco incluidos – del equipo de fútbol americano de los Dolphins de Miami.
Los años no hicieron más que alimentar esa fascinación por el país norteamericano. Al graduarse de bachiller, Díazgranados despegó con rumbo al estado de Florida para estudiar en la Universidad de Miami. Años después se casó con María Josefa (Fefi) Salvatierra, nieta del banquero Salvador Salvatierra, fundador y propietario del Grupo Unión (que tenía entre sus empresas al Banco Unión), que hasta la década de los 90 fue una de las más grandes e importantes empresas financieras de Venezuela.
Entre finales de los 80 y principios de los 90, abrió varias empresas en Estados Unidos que hoy aparecen inactivas.Mondia Inc. (Miami, 1987),Overseas International Suppliers Inc. (Miami, 1989),U. Travel Inc.(Coral Gables, 1990) yHDC Travel Inc.(Coral Gables, 1990), fueron algunas de estas compañías. Entre todas, destacaMagna International, Inc.(Miami, 1989), donde se hizo socio de Walter Alexander (Alex) Del Nogal, su concuñado, quien años después fue señalado por “terrorismo financiero” en Venezuela, y por tráfico de drogas en Italia.
Fue justamente este allegado quien, según las palabras de Díazgranados, lo involucró en el caso de las seis explosiones sucesivas de 1993 en distintas calles de Caracas, que comenzaron con un sobre-bomba en la Corte Suprema de Justicia e incluyeron un coche-bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, muy cercano a la Base Aérea de La Carlota, al noreste de la capital. “La hermana menor de mi esposa, que se llama Marisol, estaba casada con Alex Del Nogal (…) Cuando él se mete en el lío empieza a decir que era un cuento financiero, montó un show y nombró a 14 personas”, explicó el bróker al diarioEl Mundoen mayo de 2010 a raíz de un perfil que se publicó sobre él en este periódico.
Eldiario El Tiempode Bogotá recuerda en una notaque “las explosiones forzaron bajas en la Bolsa de Caracas y, en forma especial, en los mercados internacionales en los cuales cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta y que pudieron ser comprados por los autores de los atentados”. Los episodios dejaron tres heridos, entre ellos Hugo Betancourt Zerpa, un archivador que perdió la mano al abrir el sobre explosivo en una oficina del máximo tribunal venezolano.
Los negocios del bróker no se vieron afectados por el “episodio bomba”. Durante los noventa –cuando su suegro le pidió que volviera a Caracas a trabajar en InverUnión– y la primera década de 2000, Díazgranados se mantuvo en Venezuela con una fructífera labor de asesor financiero que le permitió hacer crecer su fortuna, mientras mantenía fija la idea de invertir en Estados Unidos. Fue en 2010 cuando se convirtió en noticia por figurar entre los accionistas del Savoy Bank, una entidad que abrió sus puertas en 2008 –y que él mismo ayudó a fundar, según dijo– en el corazón de Manhattan y que tenía entre sus propietarios a los premiados cineastas Ethan y Joel Coen. “Soy el único venezolano aprobado por la Reserva Federal de Estados Unidos para operar un banco… En Estados Unidos te piden justificar el origen de cada dólar. Todo el mundo te revisa”, advirtió al diario venezolano El Mundo. Al mando de la entidad estaba, y continúa, otra venezolana:Elena Sisti, a quien losmedios de comunicación describieron como una experta en banca, graduada en Barnard College, que estuvo durante 25 años en Citibank.
Justo por esos años, el empresario venezolano fundóRon Transatlantic Energy Partners, LLC., localizada en Washington D. C., la compañía que en 2016 lo puso de nuevo en los titulares internacionales. Fue esta sociedad, donde aparece como director y única persona visible, la quecompró la mayor parte de las acciones de SkyBridge Capital, una firma de inversiones que era propiedad de Anthony Scaramucci, el especialista en finanzas de Wall Street que Donald Trump echó luego de apenas 10 días como director de Comunicaciones de la Casa Blanca.
El trato entre Díazgranados y Scaramucci se hizo poco antes de que el segundo asumiera funciones en el Ejecutivo estadounidense y, de acuerdo con especialistas consultados por Bloomberg, estuvo muy por encima de los 180 millones de dólares en los que estaba valorada SkyBridge y se cree que alcanzó los 230 millones de dólares. Para lograrlo, el venezolano se alió con el conglomerado chino HNA Group Co., que durante los últimos años ha mostrado interés por integrarse al mercado latinoamericano. Una muestra de ello fue laintención de compra de la aerolínea Avianca.
Bloomberg también apuntó que, para finales de 2016, Díazgranados tenía en su poder 10% de las acciones de Skybridge. Sin embargo, su abogado Gregory Craig, aseguró a la publicación que su cliente no era parte del grupo de compradores actuales y que ya no tenía participación en la antigua compañía de Scaramucci. “Se negó a comentar más sobre la transacción”, dice la nota.
Un año antes, en marzo de 2015, el nombre del bróker se mencionó en un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le vinculó a otro empresario cercano al chavismo: Wilmer Ruperti, señalado por haber pagado la defensa de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores que fueron sentenciados a 18 años de prisión por conspirar para traficar droga a Estados Unidos.
En ese archivo se indica que Díazgranados es el propietario de la cuenta Latin American Petroleum Inc. en la CBH, la cual fue congelada por autoridades suizas luego de tener indicios de que se trataba, realmente, de una cuenta de Ruperti, a quien se le condenó en Reino Unido por estafar y cobrar comisiones millonarias a la compañía Novoship (UK) Limited en nombre de Pdvsa. Fue esta misma empresa la que inició un proceso judicial contra Ruperti en Suiza, al denunciarlo por fraude, administración indebida y lavado de dinero.
El documento revela además otra propiedad de Díazgranados: un apartamento en un rascacielos de concreto y cristal ubicado en el corazón de la isla de Manhattan (150 West 56th Street, New York), adyacente a Central Park y al Carnegie Hall.
Fachada y entrada del edificio donde Díazgranados tiene su apartamento en Manhattan
En Estados Unidos estuvo, hasta 2016, el hijo de Díazgranados que lleva su mismo nombre. El joven se hizo conocido, primero, por ser una de las cabezas de Toys for Boys, una boutique de lujo que abrió sus puertas en Miami en 2013 y que ofrece desde relojes hasta costosos autos.
En julio de 2016, Díazgranados Jr. organizó un evento para un exclusivo grupo de clientes del que todavía se pueden leer reseñas en la web. Ahí, los asistentes disfrutaron desde delicias de alta cocina, saboreadas con botellas de Don Perignon, hasta paseos en helicóptero y carreras en pistas automovilísticas. «Quería darles a nuestros invitados la oportunidad de vivir una experiencia única en sus vidas (…) Los hombres de Miami ahora cuentan con un lugar donde pueden encontrar los más extravagantes productos y lugares únicos», comentó enuna nota de PR Newswire.
El hijo del bróker asistió a Babson College, en Wellesley, Massachusetts, donde obtuvo un título en Ciencias Económicas y Empresariales. Poco después fundó su tienda de lujo y, en 2016, se hizo novio de la blogger e influencer de moda, Michelle Salas, la hija del cantante mexicano Luis Miguel. Las publicaciones del corazón siguieron durante meses el noviazgo con atención, incluso cuando ella se mudó a Madrid, donde él hacía estudios de postgrado. A finales de 2017, terminaron la relación.
Los otros negocios
Después de las explosiones, las notas estructuradas, los cables diplomáticos que lo identificaron como el intermediario de los negocios del chavismo y de hacerse socio de un banco en Nueva York, Díazgranados continuó siendo noticia cuando se supo que una de sus antiguas compañías había sido la protagonista de una estafa. En 2008, Basurvenca Servicios Sanitarios – registrada en 2000 por el bróker y su madre, María de la Concepción de Díazgranados – cobró a Banesco un fideicomiso de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, para importar 21 camiones compactadores de desechos que terminaron siendo catalogados como “chatarra”.
Ocho años después del hecho, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió aplicar unembargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal C.A., y no contra Basurvenca, por más de siete millones de dólares (USD 7.751.233,90). Para ese momento, Díazgranados ya no estaba en la empresa, pues tanto él como su madre la dejaron en manos de uno de los socios: Luis Eugene Blayton.
“La operación se realizó dentro de la legalidad, los vehículos le fueron entregados a las autoridades municipales de entonces en perfecto estado y así fueron recibidas por ellas, entregando el documento de descargo”, comentó al respecto el gabinete de crisis que representa a Díazgranados.
Blayton es de nacionalidad americana
Antes y durante los años de Basurvenca, con la que logró firmar varios contratos con alcaldías, Díazgranados se había movido con soltura como asesor de inversiones. Siguió incrementando sus participaciones en negocios tan disímiles como la compra del equipo de baloncesto profesional Delfines de Miranda, que lo llevó hasta la presidencia de la liga, y hasta con una compañía minera que explotaba diamantes (Inversiones Mineras Alto Caroní C. A.), de acuerdo con el currículo de un antiguo empleado suyo. “Su éxito fue tal que las instituciones gubernamentales le consultaron y contrataron para que trabajara para ellos. Él estructuró muchos productos sobre las deudas de varios países de América Latina con numerosos bancos de la talla JP Morgan, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, UBS”, dice el memorando de la CBH.
El CV de un ex empleado de Díazgranados revela la participación del bróker en la explotación minera
Díazgranados junto a Carmelo Cortez, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Foto: Jacobo Lugo
Lo que sí frenó ligeramente su ascenso –añade el documento de la banca suiza– fue la orden de Hugo Chávez de cerrar las casas de bolsa que, como consecuencia, provocó una caída en los mercados bursátiles en los que se movía tan bien Díazgranados. Pero también ante esta clausura halló una solución: “Los intermediarios financieros no encontraron otra opción que recurrir a vehículos offshore (Islas Vírgenes, Panamá)”, apunta la comunicación. Fue así como creó Craft Financial.
Además de esta offshore, Díazgranados abrió otras tres empresas en Panamá en las que se desempeña como presidente y director: Panros Global Inc., abierta desde agosto de 2012, donde figura la consultora Morgan & Morgan como agente y tres de sus empleados como miembros: Lineth Ponce (director / secretario de Craft Financial) y José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Matos de Ospino, mencionados en Investiga Lava Jato, un proyecto colaborativo que involucró a veinte periodistas de América Latina y África para contar las historias del caso de corrupción más importante de la historia brasileña. El bróker también está al mando deNewdome Inc., inscrita en el registro público de ese país en octubre de 2000, yBell Financial Corp., creada en junio de 2004. En esta última aparece como tesorera, secretaria y directora Jessica Blayton, hija de quien fuera su socio en Basurvenca.
Díazgranados es hoy uno de los directores de Iberonews Limited, creada en mayo de 2012 y registrada en Barbados, que a su vez es propietaria de la web del diario El Nacional. Por eso, su cargo lo comparte con varios miembros del directorio de ese periódico, como Francisco Varela Galino, José Elarba Haddad, Jorge Papatzikos, gerente general del impreso y Miguel Henrique Otero Castillo, presidente-editor de El Nacional. Allí figuran además José I. Palacios Osambela, Ramiro Molina Ríos y José E. Álvarez. La información fue confirmada a través de documentos obtenidos a través deOffshore Leaks – una fuente de información elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que permite navegar en los registros de más de 520 mil sociedades inscritas en distintos paraísos fiscales o jurisdicciones tributarias “blandas” – que señalan que esta empresa fue registrada como una compañía de negocios internacionales.
Pero esta relación con los medios de comunicación no es nueva, y menos con El Nacional. En 2004, Díazgranados entró en el grupo de nuevos accionistas del diario, e incluso ocupar la posición de director adjunto, cuando este decidió ampliar sus fuentes de financiamiento para hacer crecer su capital. Así lo señala el perfil del diario venezolano El Mundoque indica que cuatro años después, en 2008, tres empresas que tenía en sociedad con Moris Beracha (Inmuebles y Acciones Gradiaz C. A., Inversiones 97399 C. A. e Inversiones 26397 C. A.) compraron las revistas Cocina y Vinoy Exceso, las cuales funcionaban en las nuevas instalaciones de El Nacional que, para entonces, había mudado su sede a la urbanización Los Cortijos, en Caracas. De estas, sin embargo, se retiró poco después de adquirirlas. “No soy periodista y eso trae muchos enemigos”, comentó al respecto en El Mundo.
Los intereses del bróker también han pisado territorio español. En Madrid,entre 2011 y 2014, estuvo en la vicepresidencia deMovilway, una empresa dedicada a ofrecer servicios de recargas electrónicas y sistemas de pago a través del móviles, que se ubica como una de las líderes en Latinoamérica. Su llegada supuso, meses después, un salto gigante en el capital de la compañía que de 10.000 euros pasó a superar los 8 millones de euros.
Movilway, a su vez, es filial deCelistics Transatlantic, donde también estuvo Díazgranados como consejero entre 2012 y 2017. Es en esta última, considerada en el memorando como “la mayor operadora y distribuidora de equipos electrónicos (GSM, teléfonos inteligentes, tablas) y prepagos para América del Sur”, volvió a toparse con su antiguo socio, Beracha, quien lo sustituyó en esa posición y fue, hasta 2013, presidente y consejero deCelistics Holdings, la corporación que agrupa a ambas sociedades.
Los nombres de Beracha y Díazgranados también están en otro de los memorandos proporcionados por la filtración, con el mismo remitente y los mismos destinatarios: los directivos de la CBH Leandre Sappino, Jacky Ramet, Philippe Cordonier y a Stéphane Strub. Allí se explica que ambos brókers invirtieron ahorros en Glassbox Fund, creado por DCSI Group, una empresa administradora de activos con sede en Miami que se especializa en la selección y gestión de Obligaciones Hipotecarias Garantizadas (CMO, por sus siglas en inglés).
En Glassbox Fund, se explica, cada cliente tiene su propia clase. “Este fondo no se comercializa públicamente. Se trata de inversores privados venezolanos relacionados Rafael Casas (otro asesor de banca y finanzas) que abren ‘clases’ en las que colocan una parte de sus ahorros para que Glassbox pueda gestionarlos a través de las CMO”, informa el comunicado.
Tal comunicación hizo constar que el dinero del fondo saldría del HSBC Genève a las arcas de la CBH. Una de estas transferencias se hizo a través de Upson Columbus Corp., firma propiedad de De Beaumont, identificado como intermediario.
En medio de todos los escándalos, Danilo Díazgranados permanece de muy bajo perfil y cuesta verlo en alguna fotografía reciente. Sin embargo, hay una imagen que lo muestra en su hábitat actual. Está en la esquina de un grupo de hombres maduros, vestido con short y camiseta azul, con la cabeza de una raqueta apoyada sobre su pecho. Una bandana le sostiene el cabello, ya canoso, y evita que le tape las cejas pobladas y oscuras que le caracterizan. Acababa de participar en el torneo de tenis “Dueños 2017”, en La Terraza Tennis Center, un club ubicado dentro de su vecindario dominicano de Casa de Campo donde suelen reunirse los propietarios de las villas millonarias que rodean el lugar. Su rostro, aunque con el gesto relajado, revela hoy la misma media sonrisa que mostró de chico en la foto colegial.
Díazgranados en una cancha del club La Terraza Tennis Center de La Romana
Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana.
Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.
Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Un retrato de las conexiones financieras de Carlos Luis Aguilera Borjas, exguardaespaldas de Hugo Chávez -quien lo llamaba “El invisible”- es la segunda entrega de esta #ConexiónSuiza
Un hombre clave para entender cómo funcionan los entresijos del chavismo en Venezuela se mantiene casi siempre oculto. Es “El invisible”, “el que nadie lo ve”. A pesar de orbitar durante largos años en la llamada revolución bolivariana —antes encarnada por el difunto presidente Hugo Chávez, ahora por su sucesor, Nicolás Maduro— nuestro hombre en la sombra es ahora un capitalista acérrimo.
De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los «principios de la revolución».
Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.
El invisible. «El que nadie lo ve». Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.
El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).
Pero no por ser «invisible», Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.
El nombre del exfuncionario de Chávez se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP); a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.
Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España «procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano».
Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobismo que a la defensa de los valores de «la revolución» que vio nacer.
Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.
Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro.El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza. .
Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.
El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33% de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.
En el CBH describen a Aguilera Borjas como «un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.
Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como «los únicos dos accionistas» de la firma. Ambos son conocidos por la institución «desde hace años» a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.
El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra «representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas». Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.
El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como «interlocutores
representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.
El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre», cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.
El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH «los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela». Aclara que se trata de «una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas». Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.
La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un «presunto acto de corrupción» tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.
La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) «CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año».
Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por «asesoría», «apoyo comercial» o «representación», según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).
En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.
Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que «como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
Una empresa con pérdidas y facturas millonarias
En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.
Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.
Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.
Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.
Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año.
Aguilera, el importador
El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de «los muchachos del 4 de febrero», «un rebelde», «un alzado» y un «revolucionario», al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.
No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.
Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a «la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas», ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como «antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista».
En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.
El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al «deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados». Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.
Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello «dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.
Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite «obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos».
Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.
A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.
Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.
La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius https://www.importgenius.com/ registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos, productos farmacéuticos $31.173.781 entre 2009 y 2013.
Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.
El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.
El capitán en Paradise Papers
El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta «compañía internacional de negocios» tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.
La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria «offshore». El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.
Negocios que tomaron vuelo
Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.
El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.
Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).
Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.
Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares. Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.
Otras empresas “marca CLAB”
Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.
Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el Comandante Chàvez, y estaba (Henry) Rangel Silva», ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.
Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28 mil al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.
Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria – de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007–no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.
Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.
El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.
Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de «la revolución bolivariana», hiciera su última aparición pública
El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores
En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y la entidad bancaria suiza.
Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.
Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.
El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal». En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra, que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.
