Sobrinos de Cilia Fores

Dos senadores estadounidenses pidieron el miércoles al Departamento de Justicia que investigue un supuesto lazo con el narcotráfico de importantes funcionarios del Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.

En una carta al fiscal general Jeff Sessions, el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez dijeron que temían posibles lazos entre el Gobierno de Maduro y organizaciones de tráfico de drogas y que querían que se investigue para “comprender mejor el nexo entre actores criminales y miembros del círculo más cercano de Maduro”.

Rubio es el presidente del subcomité para el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense, y Menéndez es su principal integrante demócrata.

Destacan que el 1 de agosto de 2016, un tribunal de distrito de los EE UU anunció la acusación formal de Néstor Reverol, ahora ministro del Interior de Venezuela, por cargos de participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra el vicepresidente venezolano Tareck el-Aissami por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Y en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron declarados culpables en el tribunal federal de los EE. UU. por tráfico de drogas.

Rubio y Menéndez también solicitaron que apoye los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para abordar las preocupaciones de derechos humanos en Venezuela.

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Fuentes familiarizadas con la situación dijeron a el Nuevo Herald que los acusados solicitaron una nueva postergación de dos semanas de la próxima audiencia ante la corte, donde Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas —sobrinos de la primera dama, Cilia Flores— deberán declararse culpables o inocentes.

Según las fuentes, la postergación de la audiencia fue solicitada para terminar de negociar con la fiscalía la admisión de culpabilidad, que vendría acompañada por la disposición de los acusados de brindar detalles y testimonios sobre la operación de narcotráfico a la que pertenecían, a cambio de que la fiscalía le recomiende al juez dictar una pena substancialmente inferior a la que les correspondería de ser declarados culpables en un juicio.

El juez autorizó la postergación y la audiencia quedó fijada para el jueves 17 de diciembre, según documentos de la corte.

Los abogados de los acusados no pudieron ser contactados para comentar sobre el caso.

Los jóvenes arrestados, uno de los cuales fue criado por la pareja presidencial, enfrentan cargos que conllevan una pena máxima de prisión de por vida, pero que por lo general conducen a sentencias de entre 20 y 30 años de cárcel.

Un acuerdo con la fiscalía podría conducir a una pena mucho menor, pero los testimonios y los datos que deben ser brindados bajo los acuerdos de cooperación deben ser muy valiosos, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

“El caso que tiene la fiscalía contra los acusados es sumamente sólido. Tanto así que ellos están convencidos de que no necesitan una admisión de culpabilidad para conseguir una sentencia. De manera que lo que tienen los acusados que brindar tiene que ser substancial para que ellos puedan conseguir el acuerdo”, dijo la fuente con acceso a los detalles del caso y que pidió no ser identificada.

“Ahora lo van a tener que decir todo. En los próximos días, ellos van a entrar en un proceso de armar todo un inventario del tipo de detalles que ellos pueden aportar para entonces allí proceder con las negociaciones”, explicó.

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