Es sencillo. Todo aquel que transgreda el orden social debe ser castigado. El que atente contra los valores protegidos por la Ley (i.e., vida, propiedad, libertad, etc) será acreedor de una pena impuesta en virtud de la Ley misma. Claro, en Venezuela el orden social ha transmutado y los valores protegidos por la Ley ya no responden a la clásica ideología republicana, sino al dogma que en los últimos años han pretendido imponer los socialistas del siglo XXI.
Por lo tanto, si la finalidad de las cárceles es hospedar delincuentes, al ser éstos agresores de la sociedad, la Ley los obliga a estar aislados por un tiempo determinado. Recientemente, el aislamiento temporal del criminal no es la única finalidad de las cárceles, sino que más bien se procura la «rehabilitación» de reo, ofreciendo deporte, trabajo y otras actividades culturales dentro del centro penitenciario. De este se busca que el ex presidiario reingrese a la sociedad como un miembro útil, desligado definitivamente de su antigua vida delictiva. Dicha perspectiva que fue adoptada por el constituyente venezolano en 1999.
Claro, la manipulación institucional, característica de los regímenes socialistas/comunistas, no mutó el propósito de las cárceles, el cual sigue siendo albergar delincuentes (y rehabilitarlos); pero transformaron el concepto delincuentes. Ya no serán los clásicos delitos que atentan contra la vida, integridad física, propiedad y libertades de los individuos los que te llevan a prisión; pues en los regímenes totalitaristas las agresiones contra los miembros de la sociedad pueden ser toleradas, pero las agresiones contra el Estado nunca lo son, y rara vez los perpetradores salen impunes.
Las cárceles socialistas albergan un nuevo tipo de «criminales»: los enemigos del Estado. Y estos enemigos del Estado varían, pero por lo general se persigue a todo hombre productivo. Empresarios, agricultores, emprendedores, estudiantes, disidentes, políticos, etc. En fin, todo aquel que se niegue a vivir bajo el estándar de mediocridad que férreamente impone el modelo socialista.
Los productores y distribuidores de alimentos, hacendados, los banqueros, médicos, constructores, corredores de valores; son todos posibles enemigos del Estado. Por lo tanto, pueden ser calificados como delincuentes y sujetos penas privativas de libertad. Por el otro lado, tenemos a los asesinos, ladrones, narcotraficantes y corruptos, que andan libres en las calles, en oficinas gubernamentales o en resorts vacacionales, mal llamados «centros penitenciarios». La vida y muerte de Teófilo Cazorla (alias el «Conejo») no sólo deja mucho que decir de nuestro sistema penitenciario, sino que además nos lleva a pensar que la estructura política que rige en las cárceles del país (como el Penal de San Antonio en Margarita) quizá no son producto de algún tipo de desidia gubernamental, sino más bien tiene el auspicio de éste.
Basta evocar una imagen tan simbólica (y metafórica) como la de la Ministro de Asuntos Penitenciarios sentada al lado de un Pran en su cama (suite) en prisión.
Mientras los verdaderos delincuentes habitan lugares que en realidad no se les puede llamar prisiones, muchas de las personas que habitan las verdaderas prisiones es un crimen llamarlos delincuentes.
@ahobaica
